Miguel Ángel Juárez Corona

Expediente 673/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
673/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
24/08/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Juárez Corona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA III. *EJECUTORIA-SOBRESEE-ARCHIVO* VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE REFIERE EL ARTÍCULO.. SIN QUE A LA FECHA SE HAYA INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS... EN ESAS CONDICIONES... SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA QUE SOBRESEE... HA CAUSADO EJECUTORIA... POR OTRA PARTE SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... EL PRESENTE ASUNTO NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL. PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO... REMÍTASE AL ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III *SENTENCIA* POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO... NOTIFIQUESE

  3. Principal

    MESA III *RAZÓN ACTUARIAL, SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA A QUEJOSA* SE AGREGA LA RAZÓN SIGNADA POR EL ACTUARIO ADSCRITO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A TRAVÉS DE LA CUAL INFORMA LA IMPOSIBILIDAD QUE TUVO PARA LLEVAR A CABO LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO, POR LOS MOTIVOS QUE EN ELLA EXPONE. SE AGREGA A SUS AUTOS LA RAZÓN DE CUENTA, TOMANDO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. SE ORDENA REALIZAR LA CITADA NOTIFICACIÓN, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE PARA TALES EFECTOS EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ANTE A IMPRECISIÓN DEL DOMICILIO SEÑALADO Y HASTA EN TANTO LA PARTE QUEJOSA PROPORCIONE UN NUEVO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por Sergio Abraham Ríos Guadarrama, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga la vista otorgada en auto de veintinueve de junio del presente año, asimismo pretende ampliar su demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el escrito de mérito tomando conocimiento de su contenido. Previo a acordar lo que en derecho corresponda se estima pertinente puntualizar que mediante escrito presentado en este Juzgado Federal el cinco de junio de dos mil dieciocho, la parte quejosa promovió juicio de amparo, en donde señaló lo siguiente: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Directora General de Regularización Territorial de la Ciudad de México. IV. EL ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión de dar contestación a la solicitud realizada de manera respetuosa y pacífica, por escrito y en ejercicio a mi Derecho Humano de petición, presentada en fecha dos de febrero del año 2017." Ahora bien, la Ley de Amparo en su artículo 111, prevé expresamente la figura de la ampliación de la demanda, la cual procede en los supuestos siguientes: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." De la fracción II, del artículo transcrito se advierte que procede la ampliación de demanda cuando la parte quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en tesis aisladas la procedencia de la ampliación de demanda en determinados casos, y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercerse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional. En ese orden de ideas, a efecto de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la admisión o desechamiento de la presente solicitud de ampliación de demanda de amparo indirecto y siendo que ésta es susceptible de ser ampliada en relación a cualquiera de los elementos que la conforman y que se encuentran señalados en el artículo 108 de la Ley de Amparo, entre los que se encuentran principalmente: * Actos Reclamados * Autoridades Responsables * Conceptos de Violación Por tanto, la posibilidad de ampliar la demanda está condicionada a la aparición de nuevos elementos que hayan sido desconocidos por el quejoso al momento de presentar su acción constitucional y que con posterioridad sean de su conocimiento, siempre que tales actos de autoridad guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, tal como se precisa en la fracción II, del transcrito artículo 111 de la ley de la materia. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, Agosto de 1992, Octava Época, página 549 que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del análisis de criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este tema, se llega al conocimiento de que no sólo se puede ampliar la demanda de garantías antes de que todas las responsables rindan su informe, sino también cuando se dan las siguientes condiciones: 1) que a través de los informes emitidos por algunas de dichas autoridades, o por todas, el quejoso conozca la intervención de otras en la realización de los actos que reclama o la existencia de nuevos actos que violen sus garantías; y 2) que tal ampliación se haga dentro del término legal para ejercer la acción constitucional, el cual, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, es de quince días y empieza a correr a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del auto por el que se haya dado vista al quejoso con los aludidos informes. Así pues, como en el presente caso se reúnen esos requisitos, es obvio que la negativa a dar trámite a la ampliación de demanda, resulta ilegal". En este contexto, después de realizar un estudio minucioso de la causa de pedir contenida en el ocurso que se atiende, este órgano de control constitucional estima que no es procedente admitir a trámite la ampliación de demanda propuesta por la parte quejosa, respecto de los conceptos de violación. Lo anterior, con apoyo en los razonamientos jurídicos que se exponen a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, y después del estudio minucioso del escrito de demanda, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 217, Sexto Transitorio y 113, de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse la ampliación de la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el ordinal 217 y Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, al considerar que el autorizado no puede ampliar la demanda de amparo. En ese tenor, el artículo 217 del Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, es obligatoria para este Juzgado de Distrito, en ese tenor se estima pertinente señalar lo que nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ha resuelto es relación al acto que por esta vía se pretende impugnar. Ahora bien, como base medular del presente asunto, se debe determinar que en la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, permite que el agraviado o el tercero interesado autoricen a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. Sin embargo, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar la demanda de amparo, pues aun cuando el artículo 12 de la Ley de Amparo, les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del quejoso o del tercero interesado, su actuación debe ser congruente con las demás reglas que rigen el juicio de amparo, en especial, con el principio de instancia de parte agraviada. Esto es, previamente a la realización de actos por parte del autorizado, debe concurrir la exigencia que establecen los artículos 107 de la Constitución General de la República y 6° de la Ley de Amparo, es decir, que haya habido instancia de parte agraviada. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, en tanto que constituye el ejercicio de una nueva acción que por cuestiones relativas al principio de economía procesal, se incorpora a la litis constitucional, afectando de ese modo su configuración a través del señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados novedosos, así como la formulación de conceptos de violación diferentes a aquellos expresados cuando fue ejercida por primera vez la acción de amparo; lo cual a su vez origina la obligación de rendir informes justificados o previos. En consecuencia, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, consiguientemente también deberá ocuparse de ampliar la demanda. De ahí que el autorizado no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción del escrito inicial de demanda o en su caso, de su ampliación, que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Todo lo anterior conduce a concluir que tratándose del juicio de amparo, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, pues lo contrario equivaldría a que el autorizado en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, promoviera nuevos juicios adoptando el papel de agraviado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, junio de 2011, página 68, que dispone lo siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Debe señalarse que tal criterio jurisprudencial sigue siendo obligatorio en términos del artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, en virtud de que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley de Amparo abrogada continuará en vigor en lo que no se oponga a la actualmente vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Tercera Sala de la otrora integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JURISPRUDENCIA, OBLIGATORIEDAD DE LA. El artículo 192 de la Ley de Amparo dispone que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, es obligatoria tanto para ella, como para las Salas que la componen, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados, Distrito y Territorios Federales y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales. El artículo 193 del mismo ordenamiento legal tiene idéntico contenido que el anterior, solamente que se refiere a las Salas de este Alto Tribunal; de ahí que únicamente en el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia estableciendo que una ley ordinaria es contraria a la Constitución, los tribunales del orden común deben dejar de aplicarla en acatamiento a dicha jurisprudencia." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente ampliación de demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En apoyo se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro y texto establecen: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 217, Sexto Transitorio y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. Corolario de lo expuesto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la ampliación de la demanda de amparo, con el objeto de evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Cecilia Susana Vázquez Castillo, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizada de conformidad con el oficio número CCJ/ST/3594/2018 de diez de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal), asistida por la Secretaria Melina Sánchez García, quien autoriza y da fe. Doy fe. CSVC/MSG/ddz LA ENCARGADA DEL DESPACHO LA SECRETARIA

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,173 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano