Miguel Ángel Jiménez Castro
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Ángel Jiménez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PRAL.918/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintiuno. 1° Estado de autos. Vistos los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio; sin que lo hubiese hecho. 2° Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3° Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las autoridades responsables, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia referida en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5° Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia dictada en este juicio sea consultable por internet. 6° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 8° Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Anotaciones. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 918/2021-8 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, como se ordenó en proveído de treinta de septiembre del año en curso, estando presente el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Acto seguido, se declara abierta la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: 1) escrito de demanda, 2) auto admisorio e 3) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Además, CERTIFICA: Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente en el momento procesal oportuno. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno, por lo que al no haber pruebas pendientes por desahogar, se cierra esta etapa. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, en el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho por escrito o a través de algún medio electrónico; con lo anterior, se da por concluida esta etapa, se declaran vistos los autos, y se dicta la resolución correspondiente. VISTOS, para dictar sentencia en el juicio de amparo 918/2021; y, RESULTANDOS: ÚNICO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado en la misma data a este órgano jurisdiccional, Miguel Ángel Jiménez Castro, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección constitucional contra actos del presidente municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca y de otra autoridad; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Asimismo, en dicho auto se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; además de que se trata de un asunto de naturaleza administrativa, y la residencia de las autoridades responsables tienen lugar dentro la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de la totalidad de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables 1) presidente y 2) síndico Hacendaria, ambos del municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, lo siguiente: (Imagen escaneada). Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado. No obstante también agregaron: "(.) Es por ello que en fecha desde (sic) 21 de agosto de 2021, se ejecutó orden de clausura al establecimiento con nombre comercial "BAR ALFRED", por incumplir de forma reiterada las disposiciones en materia de salud emitida por mi representada, como lo es; el cierre en determinado horario, de acuerdo a las determinaciones emitidas por el Gobierno Estatal y adoptadas por este Gobierno; sobre la contingencia sanitaria y epidemiológica generada por el virus SARS CoV2, COVID 19, aunado a esto por falta de LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (.)" "En fecha 23 de septiembre de 2021, la policía preventiva municipal hace de mi conocimiento que el "BAR ALFRED" estaba funcionando y prestando servicio al público, violentando los sellos oficiales de clausura. Es importante hacerle de su conocimiento que esta autoridad no ha ejecutado sanción alguna por los actos ilegales del establecimiento en mención." 3.1. Desvirtúa negativa. En esas condiciones y toda vez que dichas manifestaciones evidencian la existencia del acto reclamado, se desvirtúa la negativa vertida en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1) presidente y 2) síndica Hacendaria, ambos del municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca y se tiene por cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente por ser de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En este contexto, de oficio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". La figura del interés jurídico consiste en el derecho que asiste a los particulares para reclamar cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra y que repudien violatorio de derechos humanos. Es decir, en defensa a un derecho subjetivo que protege alguna norma legal y que se ve afectado por determinado acto de autoridad jurisdiccional, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. En ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Resulta aplicable al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De ahí que todo aquel que acude ante el órgano jurisdiccional de control constitucional aduciendo trasgresión de derechos fundamentales por parte de una autoridad jurisdiccional tiene la carga de la demostración plena de su interés jurídico, que no es otra cosa que el acreditamiento de la titularidad de los derechos sustantivos que dice se transgredieron y la afectación que resiente en ellos con el acto de autoridad que se reclama. Entonces, el interés necesario para acudir al juicio constitucional entraña la existencia de dos elementos, a saber: a) Un derecho subjetivo y, b) Una afectación al mismo por un acto de autoridad. Caso concreto. En este juicio la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: la orden de clausura escrita del local ubicado en el Callejón Héroes de Chapultepec, número tres en el centro de la ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Empero, no obstante que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, tener aproximadamente un año de dedicarse a trabajar, dice, de manera honesta y pública a expender bebidas alcohólicas en el Bar Alfred, ubicado en el Callejón Héroes de Chapultepec, número tres, en el Centro de la ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca; tal manifestación no es suficiente para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello, porque para acreditar el interés jurídico no basta que aquélla en su demanda aduzca que lo que manifiesta en ella lo hace bajo protesta de decir verdad, sino que requiere de la aportación de medios probatorios que demuestren lo que en la misma se afirma. En apoyo a lo anterior se cita la tesis número 3a./J. 27/90 que sustenta la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 229, del Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen. "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". Luego, si la parte quejosa no exhibió documento alguno que demuestre que es propietaria y que cuenta con los permisos y/o licencia vigente, para operar con el giro comercial que refiere y que por esta vía defiende; resulta evidente que carece de interés jurídico para promover este juicio. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio de amparo, con sustento en el precepto 63, fracción V, de la ley invocada. QUINTO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Miguel Ángel Jiménez Castro, contra la orden de clausura del inmueble ubicado en callejón Héroes de Chapultepec número tres (03) en el centro de la ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC.918/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintiuno. Correos informa. Agréguese el oficio de cuenta signado por el jefe de Atención al Público de la Dirección Regional Sur del Servicio Postal Mexicano, Gerencia Estatal Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; mediante el cual remite copia de seguimiento de los números de registrados MN680116604MX y MN680116603MX, relativos a los acuses de recibo de los oficios 22748/2021 y 22749/2021, del índice de este Juzgado; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que dichas piezas postales ya obran en este expediente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 918/2021-8 AUDIENCIA INCIDENTAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con veintiocho minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental, según proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Miriam Carolina Ramos León, secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 138, fracción II, y 144 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia incidental; sin que las partes solicitaran asistir a dicha audiencia. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentra copia de la demanda de amparo promovida por el quejoso Miguel Ángel Jiménez Castro e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Enseguida, se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede. ETAPA PROBATORIA. A continuación, se abre el periodo probatorio, en el que se hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno, por lo que se cierra esta etapa. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta esta fase, se hace constar que las partes no los formularon, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado presentó pedimento. Por tanto, se declara cerrado este período y se procede a dictar la siguiente resolución: VISTO, para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 918/2021; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en cumplimento al proveído de la misma fecha, dictado en el juicio de amparo principal 918/2021, se formó el incidente de suspensión respecto del amparo promovido por el quejoso Miguel Ángel Jiménez Castro, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridades responsables que se precisarán en el considerando respectivo. SEGUNDO. En dicho auto se proveyó sobre la suspensión provisional del acto reclamado en los términos y condiciones ahí calificadas y se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos. TERCERO. Previos trámites relativos, se señaló hora y fecha para la audiencia incidental, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 103 y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 125 a 169 de la Ley de Amparo vigente; 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. SEGUNDO. Presunción de certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables presidente y síndico Hacendaria, ambos del municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, no rindieron su informe previo, no obstante haber quedado notificadas de su petición el catorce de septiembre de este año, como se advierte de los acuses respectivos incorporados al expediente electrónico relativo a este incidente el dos del mes actual; por tanto, se presume cierto el acto que se les reclama. En esas condiciones, la suspensión definitiva se provee en los siguientes términos: TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con el objeto de proveer en relación a la suspensión definitiva solicitada, en términos del artículo 128, de la Ley de Amparo, es necesario precisar que la parte quejosa reclama: (Imagen escaneada). Y solicita la suspensión definitiva de ese acto reclamado, en los términos siguientes: (Imagen escaneada). CUARTO. Estudio de la suspensión definitiva. Bajo ese contexto, únicamente será materia de análisis en esta determinación de suspensión definitiva, lo expresamente solicitado por la parte quejosa en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, lo que encuentra apoyo en las jurisprudencias 2ª./J.5/93 y 2a./J. 111/2003, registros 206395 y 182529, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 12 y 98, de los tomos 68 y XVIII, agosto y diciembre de 1993, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con los rubros siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Ahora, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que los requisitos que deben satisfacerse para otorgar la suspensión definitiva, son: a) Que lo solicite la parte quejosa. b) Que no se contravenga el orden público e interés social. El primer punto está satisfecho, pues del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso solicita expresamente la suspensión del acto reclamado. En tanto que, respecto a la segunda exigencia, es prudente destacar que, por ahora, no existe dato que refleje que la concesión de la suspensión cause un perjuicio al orden público e interés social. Empero, es necesario que la parte quejosa acredite, por lo menos de manera indiciaria, su interés suspensional; por tanto, en el caso, debe demostrar que cuenta con la licencia vigente para el funcionamiento del establecimiento comercial que refiere le fue clausurado. En ese orden, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la orden de clausura del inmueble ubicado en callejón Héroes de Chapultepec número tres (03) en el centro de la ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca; sin embargo, no exhibíó documento alguno que acredite su interés jurídico o legítimo para gestionar en su favor la medida cautelar solicitada; en razón a que no acredita, ni aun indiciariamente, la titularidad de algún derecho, sea en propiedad o en posesión que le pudiera (n) ser clausurado (s); máxime que tampoco exhibe permiso alguno expedido por la autoridad competente para realizar la actividad comercial que refiere (venta de bebidas alcohólicas). En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica la tesis siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario, debe concluirse que no se surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues en primer lugar no se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión sea el agraviado; y tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación". Así como la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación". QUINTO. Archivo. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino del original (destruible). Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva de los actos reclamados, el original de este expediente será DESTRUIBLE una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente. Destino del duplicado (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. Instrucción carátula expediente. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula de los expedientes -original y duplicado- conste la leyenda de que los mismos son destruibles. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso Miguel Ángel Jiménez Castro, contra la orden de clausura del inmueble ubicado en callejón Héroes de Chapultepec número tres (03) en el centro de la ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. En su momento, dése cumplimiento al último considerando de esta resolución interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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