Miguel Angel Herrera Rodriguez

Expediente 741/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
741/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Herrera Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó archivar el presente expediente como asunto concluido y que obran por separado dos cuadernos de pruebas; uno correspondiente al remitido por el Juez Quinto de Ramo Penal en esta ciudad, como justificación a su informe de ley, consistente en el duplicado del proceso penal 81/2017, de su índice; y otro, relativo al anexo que allegó al presente sumario la Juez Octavo de Distrito en el Estado, consistente en copias certificadas del juicio de amparo 1306/2017-VI, de su índice; en consecuencia, devuélvanse los mismos a las aludidas autoridades. Por otra parte, toda vez que no existen actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, como esta ordenado en proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, remítase el mismo al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso impugnara el auto dictado en este asunto el treinta y uno de julio del año en curso, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el treinta y uno de julio del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009.

  3. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Quinto del Ramo Penal en esta ciudad, mediante el cual informa a este Juzgado que el aquí quejoso Miguel Ángel Herrera Rodríguez, se presentó ante dicha autoridad responsable el veinte de julio del año en curso, y se le tomó su declaración preparatoria. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que el quejoso Miguel Ángel Herrera Rodríguez, no dio cumplimiento dentro del término concedido con las medidas de aseguramiento impuestas en interlocutoria de veinticuatro de julio del año en curso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; por tanto, de acuerdo al apercibimiento contenido en dicha resolución, es inconcuso que ha dejado de surtir efectos la medida otorgada, por lo que deberá notificarse dicha circunstancia a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, el hecho de que la parte quejosa haya inobservado los requisitos impuestos en la interlocutoria correspondiente, no significa que haya precluido el derecho a hacerlo, sino únicamente que las autoridades responsables tienen expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la tesis XV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1182, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Enero de 1998, Materia Común, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido.". Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada XIX.1o.P.T.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, visible a fojas 3206 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, octubre de 2010, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación.". Notifíquese.

  4. Incidental

    Vista la certificación que antecede se advierte que el término de tres días concedido al quejoso para que se presentara ante el Juez Quinto del Ramo Penal en esta ciudad, para la continuación del procedimiento correspondiente, ya transcurrió, sin que hasta la fecha éste o el juez responsable hayan informado si se dio cumplimiento a dicho requerimiento. En tal virtud, con fundamento en los artículos 150, 162, 163 y 168 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, requiérase al Juez Quinto del Ramo Penal en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se le notifique este proveído, informe a este juzgado si el quejoso dió cumplimiento con tal exigencia y en caso de haberlo hecho, remita copia certificada que lo acredite. Apercibido de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.

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