Miguel Angel Herrera Moguel

Expediente 1665/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1665/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Herrera Moguel

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del cinco al once de diciembre del año en curso. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el escrito de *********, parte quejosa. En atención a su contenido, con apoyo en el ordinal 3º de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, y entréguense en cuanto las labores de este juzgado lo permitan, previo recibo que se otorgue en autos, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto. Notifíquese y cúmplase

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la razón de cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguese a estos autos el escrito de cuenta del quejoso ************, y en atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad la devolución de los documentos originales que exhibió en su demanda de amparo, toda vez que el proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de mérito, no ha causado estado. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase las copias certificadas que solicita, haciéndole entrega de las mismas por el conducto que señala, previa identificación y recibo que otorgue en autos.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Herrera Moguel, se le tiene solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de las autoridades siguientes: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos: La aprobación, promulgación y publicación del decreto que contiene la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 37, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión: El dictado y aprobación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual contiene el artículo 37 , fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México: El refrendo del decreto que contiene el artículo 37, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del Director del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México: La publicación del decreto que contiene la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del Administrador del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia de Yucatán, con sede en esta ciudad: La ejecución de actos tendentes a privarlo del cincuenta por ciento (50%) de sus percepciones. Del Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en esta ciudad: La orden de realizar el trámite para privarle del cincuenta por ciento de sus percepciones. De la Secretaría Administrativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en esta ciudad: Ejecutar y realizar el trámite para privarle del cincuenta por ciento de sus percepciones que devienen como empleado al encontrarse con licencia médica por enfermedad de veintiocho días, que traerá como consecuencia, el pago de la mitad de su sueldo. Del Coordinador Nacional de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en la Ciudad de México: La ejecución de la orden de pagar únicamente el cincuenta por ciento de los sueldos y emolumentos derivados de su empleo. Fórmese expediente, regístrese con el número 1665/2019-IV-B, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) "Artículo 5: Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De conformidad con los dispositivos legales antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros, probables e inciertos. Asimismo, es menester indicar que el accionante del amparo, en lo sustancial, reclama la inconstitucionalidad del artículo 37, fracción IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y su aplicación. Por tanto, a continuación procede determinar si el suscrito se encuentra facultado legalmente para pronunciarse o no, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas, para lo cual, debe determinarse previamente la existencia o no del acto de aplicación reclamado, ya que, cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o un acto con efectos generales, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el órgano de control constitucional está obligado al realizar un estudio para determinar si existe o no aplicación de las disposiciones legales impugnadas, vinculadas con el acto cuestionado. Es orientador al respecto, el criterio que sustenta la tesis P. XVII/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, página 34, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Al respecto, es menester indicar que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. De igual manera, ha sostenido que el agravio debe ser directo, esto es, quien sufra tal afectación debe promover juicio de amparo en su contra, por ser quien resulta directamente perjudicado con el acto reclamado, y no así, por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona, como se advierte de la tesis de rubro y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." Sentado lo anterior, se colige que el agravio que hace permisible la acción de amparo debe ser directo, es decir de realización presente, cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasada, cuando dichos efectos ya han concluido; o bien, que ese agravio sea inminentemente futuro pero de realización cierta, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado; por tanto, el agravio futuro, remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo. En la especie, el impetrante del amparo hace derivar la impugnación de las normas que considera inconstitucionales partiendo de un acto de aplicación futuro y de realización incierta al momento de la presentación de la demanda de amparo. En efecto, del ocurso constitucional, se advierte que el justiciable señala que el once de noviembre de dos mil diecinueve le fue expedida una licencia médica por el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin que se le haya efectuado descuento alguno en su pago de nómina, por lo que teme que en el mes de diciembre le sea descontada la mitad de su sueldo, porque probablemente le apliquen el artículo 37, fracción IV, de la ley del instituto aludido. De lo anterior, es claro que el quejoso pretende impugnar como acto reclamado destacado un evento que aún no se ha realizado, que lo es el descuento de su salario por la posible aplicación en su contra del artículo 37, fracción IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que, de acuerdo a lo que refiere en la demanda, en un futuro próximo se le puede aplicar tal numeral y, como consecuencia de ello, la autoridad responsable sólo le cubriría el cincuenta por ciento (50%) de su sueldo; lo que en la especie aun no acontece, y no existe certeza absoluta de que en realidad vaya a suceder. Sin embargo, en concepto del suscrito, respecto a tal acto de autoridad reclamado se considera de naturaleza futura, puesto que, como lo señala, actualmente se encuentra percibiendo su sueldo de manera íntegra, sin descuento alguno, por lo que no existe acto de aplicación de la norma que tilda de inconstitucional. Sin que de las pruebas documentales que adjuntó a la demanda de amparo, se advierta de alguna de ellas, que se le haya realizado descuento alguno a su salario de nómina, o bien, la invocación o aplicación de las normas que señala como inconstitucionales. Ello es así, en atención a que, como ya se señaló, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto de autoridad sea real y actual; en ese contexto, si de acuerdo a lo narrado en la demanda de amparo, el acto reclamado es la probable y futura aplicación del artículo 37, fracción IV, lo que se vería materializado con el posible descuento que hiciera el Instituto Nacional de Antropología e Historia al cubrirle sólo el cincuenta por ciento (50%) de su salario como arquitecto perito del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), es inconcuso que el acto del que se duele el quejoso es futuro e incierto. Por tanto, toda vez que el acto reclamado se trata de un acto futuro e incierto para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la misma ley. Por otra parte, en lo atinente a los actos legislativos que combate el amparista, es preciso señalar lo siguiente: El artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general". De la disposición señalada se obtiene que el juicio de amparo indirecto contra leyes, puede promoverse cuando se reclamen leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, en razón de que, la ley no establece distinción en cuanto a la naturaleza de la disposición general reclamada, máxime que en la parte final de la citada fracción I del numeral antes mencionado, se alude, genéricamente, a que la ley puede reclamarse por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso. Ahora bien, respecto a la norma que se reclama con motivo de su aplicación, debe señalarse que el acto de aplicación de una ley o de los dispositivos que la integran, cuya constitucionalidad pretende controvertirse a través del juicio de amparo, puede consistir en un acto dirigido en forma concreta y específica hacia el peticionario del amparo, o bien, en una diversa disposición de observancia general. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo reclamándola como heteroaplicativa, no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al quejoso, sino que también puede serlo un acto normativo general a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, pero en virtud del cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada, puedan dar lugar a que se considere por el quejoso que lo afectan en su interés jurídico causándole perjuicios reales y actuales. En esos términos, cuando se señala como acto reclamado uno derivado de la aplicación de una ley, reclamando también la inconstitucionalidad de ésta, como en el caso acontece, el juzgador de amparo no debe desvincular el estudio de la ley controvertida del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que, toda vez que en el presente juicio de amparo en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley con motivo de su acto de aplicación, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ello imposibilita analizar los actos legislativos que reclama el amparista del Presidente Constitucional de los Estados Unidos; Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; Secretario de Gobernación; y Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el dictado, aprobación, refrendo, promulgación y publicación del artículo 37, fracción IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior, en virtud de que, cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez de amparo no puede desvincular dicho estudio del que concierne al acto concreto de su aplicación; acto que se consideró en párrafos precedentes que no causa perjuicio al amparista al ser uno de naturaleza futura e incierta. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de jurisprudencia por reiteración 149, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda, Apéndice 2011, Materia Constitucional, Séptima Época, que establece: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". Sobre la base de las consideraciones expuestas, de manera notoria e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, lo que también imposibilita a admitir la demanda de amparo sólo por lo que respecta a los actos legislativos al no reclamárseles vicios propios. En consecuencia, en términos del numeral 113 de dicha ley de la materia, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por MIGUEL ÁNGEL HERRERA MOGUEL. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados con las limitaciones que establece el dispositivo 12 de la Ley de Amparo a Amelga María Herrera Moguel y Orlando Antonio Estrella Estrella, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el dispositivo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y regístrese. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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