Miguel Ángel Herrera Gómez
Expediente 783/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Ángel Herrera Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
mesa 6 Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Vistos; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al Miguel Ángel Herrera Gómez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, la copia certificada del expediente 193/2019, constante de un tomo y a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el cuadernillo del recurso de queja XLIX/2019-I, en un tomo, las cuales se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
mesa Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTRO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DO MIL VEINTIUNO. SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 783/2020-6, promovido por Miguel Ángel Herrera Gómez, por su propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibido el once de septiembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Miguel Ángel Herrera Gómez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y las autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución emitida dentro del recurso de queja XLIX/2019-1, dictado por parte de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el que el Tribunal responsable resolvió en doce de marzo de dos mil veinte, la admisión de un recurso de apelación y decretó pensión alimenticia a favor de la aquí tercero interesada. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 783/2020-6, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÒN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para la audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, QUINTO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. En diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se reconoció el carácter de tercero interesada a Ana Bertha Coll Roche, quien se apersonó al presente juicio de amparo mediante proveído de siete de mayo del año en curso. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de doce de marzo de dos mil veinte, emitida dentro del recurso de queja XLIX/2019-1, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el que se determinó la admisión del recurso de apelación interpuesto por la aquí tercero interesada. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido las autoridades responsables al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las constancias que acompañaron consistentes en el cuadernillo del recurso de queja XLIX/2019-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, formado con las compulsas del expediente 193/2019, del índice del juzgado responsable, así como con las copias certificadas del expediente civil 193/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, (dos tomos) los cuales obran por cuerda separada y bajo el resguardo de este órgano jurisdiccional para su consulta. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en Huimanguillo, Miguel Ángel Herrera Gómez, demandó en la vía ordinaria civil, Juicio de Divorcio Incausado, en contra de Ana Bertha Coll Roche, a quien le reclamó la disolución del vínculo matrimonial. 2. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en Huimanguillo, quien por auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la admitió y registró con el número 193/2019 de su índice, en dicho proveído se ordenó emplazar a la parte demandada a efecto de que en el término de nueve días diera contestación a la demanda incoada en su contra. 3. En diligencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve se emplazó a juicio a la demandada Ana Bertha Coll Roche. 4. Por auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, la demandada Ana Bertha Coll Roche, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, ordenándose correr traslado a la parte actora con copia simple del citado escrito; asimismo, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia previa y de conciliación. 5. En diverso auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso Miguel Ángel Herrera Gómez, desahogando la vista otorgada con la contestación de la demanda realizada por la demandada. 6. Mediante auto de uno de julio de dos mil diecinueve, la demandada Ana Bertha Coll Roche, interpuso recurso de apelación, en contra del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, el cual se desechó por notoriamente improcedente. 7. Posteriormente, el quince de julio de dos mil diecinueve, la citada demandada Ana Bertha Coll Roche, interpuso recurso de queja, en contra del auto de uno de julio de dos mil diecinueve, el cual quedó radicado bajo el expediente XLIX/2019-I. 8. Finalmente, el doce de marzo de dos mil veinte, la sala responsable resolvió parcialmente fundados los agravios hechos valer por la demandada, ordenando al juzgado de origen dar trámite al recurso de apelación que interpuso, en contra de los puntos tercero y cuarto del auto de catorce de junio de dos mil diecinueve. Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación. Ahora, y como cuestión previa, conviene señalar que en la controversia de origen no se advierte que opera en favor de alguna de las partes la suplencia de la queja deficiente; lo anterior, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. En se tenor, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa Miguel Ángel Herrera Gómez, refiere como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan: La resolución reclamada no cumple con las formalidades del procedimiento, al no encontrarse debidamente fundada ni motivada, pues la responsable solo parte de conjeturas y actúa con vaguedad y de manera genérica, ya que en el caso particular se le está determinando un acto de molestia sobre sus propiedades, violándose los principios de legalidad y de debido proceso. Que la autoridad responsable viola sus derechos constitucionales, toda vez que no puede ordenarse que se le exija que rinda cuentas sobre los bienes comunes, puesto que la demandada no demostró de manera presuntiva que existan dichos bienes comunes, lo cual jurídicamente constituye un requisito de procedibilidad, ya que los bienes comunes no se presumen, si no deben demostrarse plenamente, lo que no acontece en el asunto, dado que la citada demandada tampoco demostró que haya contribuido o adquirido esos bienes, y que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, ya que se desempeñaba como profesora de educación primaria; por tanto, carece de derecho para exigir que rinda cuentas de bienes comunes. Es ilegal lo resuelto por la Sala responsable, al ordenar recabar de manera oficiosa los medios de pruebas para decidir sobre los bienes comunes los cuales no existen, ya que aduce el quejoso estar casado bajo el régimen de separación de bienes y porque la aquí tercero interesada no acredita ni de manera indiciaria la existencia de dichos bienes, por lo que al tener bienes propios su cónyuge y contar con capacidad económica, se extingue el derecho de una pensión compensatoria; además, de que el impetrante dice acreditar plenamente los ranchos que posee su cónyuge, por lo que no se encuentra en el desamparo ni tiene derecho a solicitar esa compensación. Existe una violación a mis garantías individuales, toda vez que no puede existir una compensación por trabajo doméstico, ya que la demandada tercero interesada no se dedicó a las labores del hogar, pues se desempeñó como profesora de educación primaria, aunado que al haberse casado bajo el régimen de separación de bienes, conservó un patrimonio propio y ningún derecho sobre esos bienes tiene su cónyuge, quien tiene sus bienes propios, además de que no contribuyó a la adquisición de los mismos, por lo que, constituye un exceso que se determine otorgarle el 50% de sus bienes, cuando no existe un régimen de sociedad conyugal. La resolución que se combate es contraria a derecho, toda vez que no existen bienes en mancomunidad, además de que su cónyuge tiene propiedades y por lo tanto no está en un estado de abandono o en ruina; asimismo, debe demostrar la citada demandada que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, lo que no aconteció en virtud que no procrearon hijos en su matrimonio, por lo que, resulta ilegal que por ser el presente asunto de orden familiar se tiene que fijar una pensión alimenticia provisional en favor de la tercero interesada, pasando por alto que su cónyuge no necesita los alimentos por tener amplia absorbencia económica, agregando que dicha determinación fue tomada a la ligera sin hacer un estudio exhaustivo. Le causa agravio que la Sala responsable haya declarado procedente que se admita el recurso de apelación, a fin de que rinda cuentas y manifieste bajo qué calidad se encuentra dentro de la sociedad denominada ganadero de la Chontalpa S.P.R de R.L., pasando por alto como anteriormente lo ha manifestado que se encuentra casado bajo el régimen de separación de bienes, aduciendo que por tal motivo no puede exigirle esa información, ya que la aquí tercero interesada carece de ese derecho al ser ajena de su patrimonio, pasando por alto la sala responsable el artículo 214 del Código Civil, que establece que son propios de cada uno los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que se obtuvieren por servicios personales, por el desempeño de un empleo o por el ejercicio de una profesión, comercio o industria. En apoyo a dichos argumentos, el impetrante citó la siguiente tesis: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN. DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL, NO ES RETROACTIVA NI MODIFICA EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LOS CÓNYUGES RESPECTO DE MATRIMONIOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. SOCIEDAD CONYUGAL, PARA DETERMINAR SI UN BIEN ADQUIRIDO POSTERIORMENTE A LA SEPARACIÓN MATERIAL DE LOS CÓNYUGES CORRESPONDE A ESE RÉGIMEN, DEBE PRECISARSE SI EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, EL CÓNYUGE DEMANDANTE SE DEDICÓ PREONDERANTEMENTE AL HOGAR, ASÍ COMO AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS. MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. ELEMENTOS QUE DEBE REVISAR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL AL DETERMINAR LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. ALIMENTOS. LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS NO ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN EN LA EXISTENCIA FÍSICA DE UN LUGAR DETERMINADO, PROPIO O AJENO, DENOMINADO DOMICILIO CONYUGAL, SI NO QUE SE VINCULA CON EL ROL Y LAS ACTIVIDADES QUE EJERCE UNO DE LOS ESPOSOS QUE SE DEDICA AL CUIDADO DE LA CASA Y SU IMPOSIBILIDAD PARA OBTENER RECURSOS PROPIOS. ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. QUIEN LOS DEMANDA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FORMULADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA, RELACIONADOS CON LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, SON ANALIZABLES EN AMPARO INDIRECTO, A PARTIR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 696 Y 697 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. ALIMENTOS PROVISIONALES. SUPUESTOS EN QUE PUEDEN CONTROVERTIRSE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 2.110 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. QUIEN LOS DEMANDA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ. SEPARACIÓN DE BIENES. LOS CÓNYUGES CONSERVAN LA PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES QUE ADQUIERA CADA UNO, ASÍ COMO SUS FRUTOS Y ACCESIONES. LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN Los planteamientos antes sintetizados resultan inoperantes e infundados, como se verá a continuación. Ahora bien, por lo que respecta al primer concepto de violación marcado con el inciso a), en el cual el impetrante aduce que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada, dicha alegación deviene infundada. Ciertamente, del estudio de la resolución que se combate, se advierte que contrario a lo alegado por el impetrante ésta cumple con los principios constitucionales enunciados en el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna, pues la responsable en la resolución reclamada expresó los preceptos legales aplicables al caso y señaló con precisión las circunstancias especiales tomadas en consideración para la emisión del acto; existiendo en ésta una adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas. En efecto, en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la garantía de seguridad jurídica, la cual se puede entender como el sistema de normas que dan certidumbre a la esfera jurídica de las personas; normas que se instituyen a fin de asegurar el respeto de dicha garantía por parte de los órganos del Estado, pues prescribe que éstos deberán sujetarse a los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico correspondiente para que puedan afectar la esfera jurídica de las personas. Dicha garantía comprende diversas sub-garantías, tales como las de legalidad, fundamentación, motivación, competencia, irretroactividad y audiencia; y su cumplimiento, implica una obligación para las autoridades responsables a efecto de que sus actos no resulten arbitrarios. En relación a éstas, se resalta que del análisis del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Mexicana, se desprenden las condiciones que deben cumplir los actos emitidos por autoridad, los cuales son: Que se exprese por escrito; Que provenga de autoridad competente; y, Que en el documento escrito se funde y motive la causa legal del procedimiento. El último punto establece la subgarantía de fundamentación y motivación, sobre la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Al respecto la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal ha establecido que para cumplir con lo anterior deben satisfacerse dos clases de requisitos, de forma y de fondo, el elemento formal queda surtido cuando en el acto se citan las disposiciones legales que se consideran aplicables al caso y se expresan los motivos que precedieron a su emisión; en cambio, para cumplir con los de fondo es necesario que los motivos invocados sean ciertos y que, conforme a los preceptos legales invocados, sean bastantes para provocar el acto de autoridad. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, del siguiente rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así como la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36, volumen XLVIII, Tercera Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido establece: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. El artículo 16 de la Carta Magna es terminante al exigir, para la validez de todo acto autoritario de molestia, que el mismo esté fundado y motivado, debiendo entenderse por fundamentación la cita del precepto que le sirva de apoyo, y por motivación la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto de que se trate, encuadra en la hipótesis prevista en dicho precepto. No basta, por consiguiente, con que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que sólo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente. Por otra parte, la circunstancia de que el acto reclamado satisfaga las garantías del mandamiento escrito y de autoridad competente, no le libera del vicio de inconstitucionalidad consistente en la ya apuntada falta de fundamentación, pues todas estas garantías son concurrentes y deben, por lo mismo, ser respetadas por la autoridad en el mismo acto que de ella emane. En ese tenor, en el caso, se precisa que el acto reclamado por el impetrante lo constituye la resolución de doce de marzo de dos mil veinte, emitida dentro del recurso de queja XLIX/2019-1, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el que se determinó la admisión del recurso de apelación interpuesto por la aquí tercero interesada. Ahora bien, la sala responsable determinó declarar parcialmente fundada la queja hecha valer por la demandada (tercero interesada), en virtud que en relación a la pensión alimenticia solicitada por dicha demandada, el juzgado de origen no desechó ni admitió esa solicitud de pensión alimenticia, sino la reservó hasta que el quejoso diera cumplimiento al requerimiento que se le realizó, a fin de que acreditara su capacidad económica; sin embargo, la sala responsable concluyó que tomando en consideración que el presente asunto es de orden familiar, y lo que se peticiona son los alimentos, el juez natural deberá decretarlo con base a lo que obre en autos y a la información proporcionada por la citada demandada, y si no hubiere mayores datos, deberá decretarlo en salario mínimo; todo ello, sin dejar de lado lo preceptuado en el artículo 195 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Asimismo, la responsable estableció que en los juicios de divorcio necesario, como es el caso, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, decisión de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan pedido; por lo que, desde la iniciación del procedimiento el juzgador deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para decidir sobre tales cuestiones, lo anterior, independientemente del régimen bajo el cual se contrajo el matrimonio. Concluyendo la sala responsable declarar parcialmente fundada la queja interpuesta por la aquí tercero interesada, ya que el artículo 246, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, prevé que el auto que admita o deseche pruebas será apelable en efecto devolutivo, cuando fuere apelable la sentencia definitiva, por lo que instó al juzgado de origen para que diera trámite al recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de los puntos tercero y cuarto del auto de catorce de agoso de dos mil diecinueve. Aí las cosas, como se dijo con anterioridad, la resolución reclamada no carece de la debida y suficiente fundamentación y motivación, pues la Sala responsable señaló los fundamentos y razones jurídicas que estimó desde su particular punto de vista, para determinar parcialmente fundados los agravios expuestos por la aquí tercero interesada Ana Bertha Coll Roche, respecto del recurso de queja que interpuso en el expediente 193/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario, promovido por el impetrante Miguel Ángel Herrera Gómez, en el cual instó al juzgado responsable para que acordara lo conducente al trámite del recurso de apelación que promovió la citada tercero interesada en el mencionado juicio de origen y que fuera desechado en proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, por el citado juzgado responsable. En efecto, como anteriormente se indicó, la responsable al emitir la resolución reclamada, consideró que de conformidad con el artículo 487 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tabasco, todos los asuntos inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad. De igual forma, invocó el numeral 488 del citado Código Adjetivo Civil, el cual establece que en todos los asuntos del orden familiar los jueces y tribunales estarán obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de hecho y de derecho. Asimismo, apoyó su determinación a la luz del artículo 508 del Código antes mencionado, el cual prevé que en los juicios de divorcio necesario, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, decisión de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan pedido; por lo que desde la iniciación del procedimiento el juzgador deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para decidir sobre tales cuestiones. Ciertamente, la sala responsable correctamente analizó el auto de uno de julio de dos mil diecinueve, en el cual el juzgado responsable desechó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, bajo la consideración que el auto impugnado no se encontraba dentro de los recurribles a través del medio de defensa invocado, pues la ley de la materia no contempla disposición expresa que así lo determine, sustentándolo con el artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles, que establece las disposiciones que pueden ser apelables. Por tanto, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la sala responsable determinó que al haberse desechado las probanzas ofrecidas por la demandada en el auto recurrido de uno de julio de dos mil diecinueve, y en virtud que el artículo 246, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, prevé que el auto que admita o deseche pruebas será apelable en efecto devolutivo, declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la citada demandada, a fin de que el juzgado responsable diera trámite al recurso de apelación en contra de los puntos tercero y cuarto del auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve. Porque, como ya se dijo la sala responsable en la determinación reclamada tomó en cuenta lo que establece el artículo 246, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, el cual prevé que el auto que admita o deseche pruebas será apelable en efecto devolutivo; en razón de lo anterior, es que se estima que deviene infundado el argumento del impetrante hecho valer respecto a que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Por otra parte, resultan inoperantes los diversos conceptos de violación identificados con los incisos del b) al f), los que hizo consistir el quejoso en que la Sala responsable no puede ordenar que se le exija que rinda cuentas sobre los bienes comunes que tiene, puesto que la demandada no demostró de manera presuntiva que existan dichos bienes comunes, ni tampoco demostró que haya contribuido o adquirido esos bienes, y que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, ya que se desempeñaba como profesora de educación primaria. Asimismo, alegó el impetrante que dicha responsable no puede ordenar recabar de manera oficiosa los medios de pruebas para decidir sobre los bienes comunes los cuales no existen, ya que se encuentra casado bajo el régimen de separación de bienes y porque la aquí tercero interesada no acredita ni de manera indiciaria la existencia de dichos bienes. Además, el quejoso sostuvo que no puede existir una compensación por trabajo doméstico, ya que la demandada no se dedicó completamente a las labores del hogar, pues se desempeñó como profesora de educación primaria, aunado que al haberse casado bajo el régimen de separación de bienes, conservó un patrimonio propio y ningún derecho sobre esos bienes tiene su cónyuge, quien aduce también tiene sus bienes propios. Lo anterior es así, pues aduce que su cónyuge tiene propiedades y por lo tanto no está en un estado de abandono o en ruina; además, que resulta ilegal que por ser el presente asunto de orden familiar se tenga que fijar una pensión alimenticia provisional en favor de la tercero interesada, pasando por alto que su cónyuge no necesita los alimentos por tener amplia absorbencia económica. Concluyendo el disconforme que dicha determinación le agravia, pues se le solicita que rinda cuentas y manifieste bajo qué calidad se encuentra dentro de la sociedad denominada ganadero de la Chontalpa S.P.R de R.L., pasando por alto que se encuentra casado bajo el régimen de separación de bienes, y que por tal motivo no se le puede exigir esa información. Como se ve, los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa, en modo alguno van encaminados a controvertir los argumentos torales de la resolución impugnada, esto es, porqué la sala responsable consideró declarar parcialmente fundada la queja hecha valer por la aquí tercero interesada, en la cual estableció que los autos que admitan o desechen pruebas serán apelables en efecto devolutivo, además de señalar que en los juicios de divorcio necesario, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, la patria potestad, la división de los bienes comunes, los alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan pedido. Aunado a lo anterior, los argumentos que alega el impetrante, tampoco refutan lo determinado por la sala, en donde estableció que desde el inicio del juicio de divorcio necesario, el juzgador deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para decidir sobre las cuestiones relativas a la división de los bienes comunes, patria potestad, alimentos, etc; todo ello, independientemente del régimen bajo el cual se contrajo el matrimonio. Lo anterior es así, pues el impetrante únicamente se concretó en alegar cuestiones relativas a la rendición de cuentas sobre los bienes comunes existentes en su matrimonio, alegando que dicha rendición le agravia, en virtud que la demandada no demostró de manera presuntiva que existan dichos bienes comunes, lo cual jurídicamente constituye un requisito de procedibilidad, aunado a que indicó encontrase casado bajo el régimen de separación de bienes. Asimismo, el quejoso vertió manifestaciones en el sentido de que su cónyuge tiene propiedades y por lo tanto no está en un estado de abandono o en ruina, agregando que resulta ilegal que por ser el presente asunto de orden familiar se tenga que fijar una pensión alimenticia provisional en favor de la tercero interesada, pasando por alto la responsable que su cónyuge no necesita los alimentos por tener amplia absorbencia económica, sin que, como ya se indicó controvertirá los argumentos torales de la resolución reclamada. Por lo tanto, es evidente que era necesario para que este órgano de control constitucional pudiera analizar el acto reclamado con base en los razonamientos esgrimidos en su contra; que controvirtiera las determinaciones de la responsable, a fin de que este juzgador estuviera en posibilidad de analizar la resolución reclamada que permita poner de relieve las violaciones cometidas por la autoridad que lo emitió. En esa virtud, se insiste que los conceptos de violación deben contener los argumentos suficientes que tiendan a destruir las consideraciones en que se apoyó la responsable para resolver en la forma en que lo hizo, para así conocer las pretensiones de la parte quejosa, y de esa suerte verificar su constitucionalidad, lo que en modo alguno se suple con el solo hecho de alegar violaciones de manera genérica o imprecisas, por lo que, dichos conceptos de violación se estiman inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/15, de registro 191572, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 621, del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. De igual modo, es aplicable la jurisprudencia siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste. De ahí que resulten inoperantes los citados conceptos de violación. En ese contexto, también se desestiman las tesis invocadas por el impetrante, en virtud que no son aplicables al caso en estudio, por las consideraciones que se expusieron en la presente sentencia. Por las relatadas consideraciones, al declararse infundado e inoperantes los conceptos de violación analizados, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercero interesada, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Ángel Herrera Gómez, contra el reclamado y las autoridades responsables precisadas en el resultando PRIMERO; por las consideraciones establecidas en el considerando SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 783/2020-6, promovido por Miguel Ángel Herrera Gómez, por su propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibido el once de septiembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Miguel Ángel Herrera Gómez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y las autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución emitida dentro del recurso de queja XLIX/2019-1, dictado por parte de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el que el Tribunal responsable resolvió en doce de marzo de dos mil veinte, la admisión de un recurso de apelación y decretó pensión alimenticia a favor de la aquí tercero interesada. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 783/2020-6, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÒN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para la audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, QUINTO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. En diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se reconoció el carácter de tercero interesada a Ana Bertha Coll Roche, quien se apersonó al presente juicio de amparo mediante proveído de siete de mayo del año en curso. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de doce de marzo de dos mil veinte, emitida dentro del recurso de queja XLIX/2019-1, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el que se determinó la admisión del recurso de apelación interpuesto por la aquí tercero interesada. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido las autoridades responsables al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las constancias que acompañaron consistentes en el cuadernillo del recurso de queja XLIX/2019-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, formado con las compulsas del expediente 193/2019, del índice del juzgado responsable, así como con las copias certificadas del expediente civil 193/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, (dos tomos) los cuales obran por cuerda separada y bajo el resguardo de este órgano jurisdiccional para su consulta. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en Huimanguillo, Miguel Ángel Herrera Gómez, demandó en la vía ordinaria civil, Juicio de Divorcio Incausado, en contra de Ana Bertha Coll Roche, a quien le reclamó la disolución del vínculo matrimonial. 2. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en Huimanguillo, quien por auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la admitió y registró con el número 193/2019 de su índice, en dicho proveído se ordenó emplazar a la parte demandada a efecto de que en el término de nueve días diera contestación a la demanda incoada en su contra. 3. En diligencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve se emplazó a juicio a la demandada Ana Bertha Coll Roche. 4. Por auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, la demandada Ana Bertha Coll Roche, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, ordenándose correr traslado a la parte actora con copia simple del citado escrito; asimismo, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia previa y de conciliación. 5. En diverso auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso Miguel Ángel Herrera Gómez, desahogando la vista otorgada con la contestación de la demanda realizada por la demandada. 6. Mediante auto de uno de julio de dos mil diecinueve, la demandada Ana Bertha Coll Roche, interpuso recurso de apelación, en contra del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, el cual se desechó por notoriamente improcedente. 7. Posteriormente, el quince de julio de dos mil diecinueve, la citada demandada Ana Bertha Coll Roche, interpuso recurso de queja, en contra del auto de uno de julio de dos mil diecinueve, el cual quedó radicado bajo el expediente XLIX/2019-I. 8. Finalmente, el doce de marzo de dos mil veinte, la sala responsable resolvió parcialmente fundados los agravios hechos valer por la demandada, ordenando al juzgado de origen dar trámite al recurso de apelación que interpuso, en contra de los puntos tercero y cuarto del auto de catorce de junio de dos mil diecinueve. Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación. Ahora, y como cuestión previa, conviene señalar que en la controversia de origen no se advierte que opera en favor de alguna de las partes la suplencia de la queja deficiente; lo anterior, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. En se tenor, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa Miguel Ángel Herrera Gómez, refiere como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan: La resolución reclamada no cumple con las formalidades del procedimiento, al no encontrarse debidamente fundada ni motivada, pues la responsable solo parte de conjeturas y actúa con vaguedad y de manera genérica, ya que en el caso particular se le está determinando un acto de molestia sobre sus propiedades, violándose los principios de legalidad y de debido proceso. Que la autoridad responsable viola sus derechos constitucionales, toda vez que no puede ordenarse que se le exija que rinda cuentas sobre los bienes comunes, puesto que la demandada no demostró de manera presuntiva que existan dichos bienes comunes, lo cual jurídicamente constituye un requisito de procedibilidad, ya que los bienes comunes no se presumen, si no deben demostrarse plenamente, lo que no acontece en el asunto, dado que la citada demandada tampoco demostró que haya contribuido o adquirido esos bienes, y que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, ya que se desempeñaba como profesora de educación primaria; por tanto, carece de derecho para exigir que rinda cuentas de bienes comunes. Es ilegal lo resuelto por la Sala responsable, al ordenar recabar de manera oficiosa los medios de pruebas para decidir sobre los bienes comunes los cuales no existen, ya que aduce el quejoso estar casado bajo el régimen de separación de bienes y porque la aquí tercero interesada no acredita ni de manera indiciaria la existencia de dichos bienes, por lo que al tener bienes propios su cónyuge y contar con capacidad económica, se extingue el derecho de una pensión compensatoria; además, de que el impetrante dice acreditar plenamente los ranchos que posee su cónyuge, por lo que no se encuentra en el desamparo ni tiene derecho a solicitar esa compensación. Existe una violación a mis garantías individuales, toda vez que no puede existir una compensación por trabajo doméstico, ya que la demandada tercero interesada no se dedicó a las labores del hogar, pues se desempeñó como profesora de educación primaria, aunado que al haberse casado bajo el régimen de separación de bienes, conservó un patrimonio propio y ningún derecho sobre esos bienes tiene su cónyuge, quien tiene sus bienes propios, además de que no contribuyó a la adquisición de los mismos, por lo que, constituye un exceso que se determine otorgarle el 50% de sus bienes, cuando no existe un régimen de sociedad conyugal. La resolución que se combate es contraria a derecho, toda vez que no existen bienes en mancomunidad, además de que su cónyuge tiene propiedades y por lo tanto no está en un estado de abandono o en ruina; asimismo, debe demostrar la citada demandada que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, lo que no aconteció en virtud que no procrearon hijos en su matrimonio, por lo que, resulta ilegal que por ser el presente asunto de orden familiar se tiene que fijar una pensión alimenticia provisional en favor de la tercero interesada, pasando por alto que su cónyuge no necesita los alimentos por tener amplia absorbencia económica, agregando que dicha determinación fue tomada a la ligera sin hacer un estudio exhaustivo. Le causa agravio que la Sala responsable haya declarado procedente que se admita el recurso de apelación, a fin de que rinda cuentas y manifieste bajo qué calidad se encuentra dentro de la sociedad denominada ganadero de la Chontalpa S.P.R de R.L., pasando por alto como anteriormente lo ha manifestado que se encuentra casado bajo el régimen de separación de bienes, aduciendo que por tal motivo no puede exigirle esa información, ya que la aquí tercero interesada carece de ese derecho al ser ajena de su patrimonio, pasando por alto la sala responsable el artículo 214 del Código Civil, que establece que son propios de cada uno los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que se obtuvieren por servicios personales, por el desempeño de un empleo o por el ejercicio de una profesión, comercio o industria. En apoyo a dichos argumentos, el impetrante citó la siguiente tesis: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN. DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL, NO ES RETROACTIVA NI MODIFICA EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LOS CÓNYUGES RESPECTO DE MATRIMONIOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. SOCIEDAD CONYUGAL, PARA DETERMINAR SI UN BIEN ADQUIRIDO POSTERIORMENTE A LA SEPARACIÓN MATERIAL DE LOS CÓNYUGES CORRESPONDE A ESE RÉGIMEN, DEBE PRECISARSE SI EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, EL CÓNYUGE DEMANDANTE SE DEDICÓ PREONDERANTEMENTE AL HOGAR, ASÍ COMO AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS. MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. ELEMENTOS QUE DEBE REVISAR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL AL DETERMINAR LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. ALIMENTOS. LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS NO ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN EN LA EXISTENCIA FÍSICA DE UN LUGAR DETERMINADO, PROPIO O AJENO, DENOMINADO DOMICILIO CONYUGAL, SI NO QUE SE VINCULA CON EL ROL Y LAS ACTIVIDADES QUE EJERCE UNO DE LOS ESPOSOS QUE SE DEDICA AL CUIDADO DE LA CASA Y SU IMPOSIBILIDAD PARA OBTENER RECURSOS PROPIOS. ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. QUIEN LOS DEMANDA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FORMULADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA, RELACIONADOS CON LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, SON ANALIZABLES EN AMPARO INDIRECTO, A PARTIR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 696 Y 697 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. ALIMENTOS PROVISIONALES. SUPUESTOS EN QUE PUEDEN CONTROVERTIRSE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 2.110 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. QUIEN LOS DEMANDA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ. SEPARACIÓN DE BIENES. LOS CÓNYUGES CONSERVAN LA PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES QUE ADQUIERA CADA UNO, ASÍ COMO SUS FRUTOS Y ACCESIONES. LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN Los planteamientos antes sintetizados resultan inoperantes e infundados, como se verá a continuación. Ahora bien, por lo que respecta al primer concepto de violación marcado con el inciso a), en el cual el impetrante aduce que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada, dicha alegación deviene infundada. Ciertamente, del estudio de la resolución que se combate, se advierte que contrario a lo alegado por el impetrante ésta cumple con los principios constitucionales enunciados en el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna, pues la responsable en la resolución reclamada expresó los preceptos legales aplicables al caso y señaló con precisión las circunstancias especiales tomadas en consideración para la emisión del acto; existiendo en ésta una adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas. En efecto, en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la garantía de seguridad jurídica, la cual se puede entender como el sistema de normas que dan certidumbre a la esfera jurídica de las personas; normas que se instituyen a fin de asegurar el respeto de dicha garantía por parte de los órganos del Estado, pues prescribe que éstos deberán sujetarse a los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico correspondiente para que puedan afectar la esfera jurídica de las personas. Dicha garantía comprende diversas sub-garantías, tales como las de legalidad, fundamentación, motivación, competencia, irretroactividad y audiencia; y su cumplimiento, implica una obligación para las autoridades responsables a efecto de que sus actos no resulten arbitrarios. En relación a éstas, se resalta que del análisis del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Mexicana, se desprenden las condiciones que deben cumplir los actos emitidos por autoridad, los cuales son: Que se exprese por escrito; Que provenga de autoridad competente; y, Que en el documento escrito se funde y motive la causa legal del procedimiento. El último punto establece la subgarantía de fundamentación y motivación, sobre la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Al respecto la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal ha establecido que para cumplir con lo anterior deben satisfacerse dos clases de requisitos, de forma y de fondo, el elemento formal queda surtido cuando en el acto se citan las disposiciones legales que se consideran aplicables al caso y se expresan los motivos que precedieron a su emisión; en cambio, para cumplir con los de fondo es necesario que los motivos invocados sean ciertos y que, conforme a los preceptos legales invocados, sean bastantes para provocar el acto de autoridad. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, del siguiente rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así como la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36, volumen XLVIII, Tercera Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido establece: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. El artículo 16 de la Carta Magna es terminante al exigir, para la validez de todo acto autoritario de molestia, que el mismo esté fundado y motivado, debiendo entenderse por fundamentación la cita del precepto que le sirva de apoyo, y por motivación la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto de que se trate, encuadra en la hipótesis prevista en dicho precepto. No basta, por consiguiente, con que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que sólo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente. Por otra parte, la circunstancia de que el acto reclamado satisfaga las garantías del mandamiento escrito y de autoridad competente, no le libera del vicio de inconstitucionalidad consistente en la ya apuntada falta de fundamentación, pues todas estas garantías son concurrentes y deben, por lo mismo, ser respetadas por la autoridad en el mismo acto que de ella emane. En ese tenor, en el caso, se precisa que el acto reclamado por el impetrante lo constituye la resolución de doce de marzo de dos mil veinte, emitida dentro del recurso de queja XLIX/2019-1, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el que se determinó la admisión del recurso de apelación interpuesto por la aquí tercero interesada. Ahora bien, la sala responsable determinó declarar parcialmente fundada la queja hecha valer por la demandada (tercero interesada), en virtud que en relación a la pensión alimenticia solicitada por dicha demandada, el juzgado de origen no desechó ni admitió esa solicitud de pensión alimenticia, sino la reservó hasta que el quejoso diera cumplimiento al requerimiento que se le realizó, a fin de que acreditara su capacidad económica; sin embargo, la sala responsable concluyó que tomando en consideración que el presente asunto es de orden familiar, y lo que se peticiona son los alimentos, el juez natural deberá decretarlo con base a lo que obre en autos y a la información proporcionada por la citada demandada, y si no hubiere mayores datos, deberá decretarlo en salario mínimo; todo ello, sin dejar de lado lo preceptuado en el artículo 195 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Asimismo, la responsable estableció que en los juicios de divorcio necesario, como es el caso, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, decisión de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan pedido; por lo que, desde la iniciación del procedimiento el juzgador deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para decidir sobre tales cuestiones, lo anterior, independientemente del régimen bajo el cual se contrajo el matrimonio. Concluyendo la sala responsable declarar parcialmente fundada la queja interpuesta por la aquí tercero interesada, ya que el artículo 246, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, prevé que el auto que admita o deseche pruebas será apelable en efecto devolutivo, cuando fuere apelable la sentencia definitiva, por lo que instó al juzgado de origen para que diera trámite al recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de los puntos tercero y cuarto del auto de catorce de agoso de dos mil diecinueve. Aí las cosas, como se dijo con anterioridad, la resolución reclamada no carece de la debida y suficiente fundamentación y motivación, pues la Sala responsable señaló los fundamentos y razones jurídicas que estimó desde su particular punto de vista, para determinar parcialmente fundados los agravios expuestos por la aquí tercero interesada Ana Bertha Coll Roche, respecto del recurso de queja que interpuso en el expediente 193/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario, promovido por el impetrante Miguel Ángel Herrera Gómez, en el cual instó al juzgado responsable para que acordara lo conducente al trámite del recurso de apelación que promovió la citada tercero interesada en el mencionado juicio de origen y que fuera desechado en proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, por el citado juzgado responsable. En efecto, como anteriormente se indicó, la responsable al emitir la resolución reclamada, consideró que de conformidad con el artículo 487 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tabasco, todos los asuntos inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad. De igual forma, invocó el numeral 488 del citado Código Adjetivo Civil, el cual establece que en todos los asuntos del orden familiar los jueces y tribunales estarán obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de hecho y de derecho. Asimismo, apoyó su determinación a la luz del artículo 508 del Código antes mencionado, el cual prevé que en los juicios de divorcio necesario, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, decisión de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan pedido; por lo que desde la iniciación del procedimiento el juzgador deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para decidir sobre tales cuestiones. Ciertamente, la sala responsable correctamente analizó el auto de uno de julio de dos mil diecinueve, en el cual el juzgado responsable desechó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, bajo la consideración que el auto impugnado no se encontraba dentro de los recurribles a través del medio de defensa invocado, pues la ley de la materia no contempla disposición expresa que así lo determine, sustentándolo con el artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles, que establece las disposiciones que pueden ser apelables. Por tanto, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la sala responsable determinó que al haberse desechado las probanzas ofrecidas por la demandada en el auto recurrido de uno de julio de dos mil diecinueve, y en virtud que el artículo 246, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, prevé que el auto que admita o deseche pruebas será apelable en efecto devolutivo, declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la citada demandada, a fin de que el juzgado responsable diera trámite al recurso de apelación en contra de los puntos tercero y cuarto del auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve. Porque, como ya se dijo la sala responsable en la determinación reclamada tomó en cuenta lo que establece el artículo 246, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, el cual prevé que el auto que admita o deseche pruebas será apelable en efecto devolutivo; en razón de lo anterior, es que se estima que deviene infundado el argumento del impetrante hecho valer respecto a que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Por otra parte, resultan inoperantes los diversos conceptos de violación identificados con los incisos del b) al f), los que hizo consistir el quejoso en que la Sala responsable no puede ordenar que se le exija que rinda cuentas sobre los bienes comunes que tiene, puesto que la demandada no demostró de manera presuntiva que existan dichos bienes comunes, ni tampoco demostró que haya contribuido o adquirido esos bienes, y que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, ya que se desempeñaba como profesora de educación primaria. Asimismo, alegó el impetrante que dicha responsable no puede ordenar recabar de manera oficiosa los medios de pruebas para decidir sobre los bienes comunes los cuales no existen, ya que se encuentra casado bajo el régimen de separación de bienes y porque la aquí tercero interesada no acredita ni de manera indiciaria la existencia de dichos bienes. Además, el quejoso sostuvo que no puede existir una compensación por trabajo doméstico, ya que la demandada no se dedicó completamente a las labores del hogar, pues se desempeñó como profesora de educación primaria, aunado que al haberse casado bajo el régimen de separación de bienes, conservó un patrimonio propio y ningún derecho sobre esos bienes tiene su cónyuge, quien aduce también tiene sus bienes propios. Lo anterior es así, pues aduce que su cónyuge tiene propiedades y por lo tanto no está en un estado de abandono o en ruina; además, que resulta ilegal que por ser el presente asunto de orden familiar se tenga que fijar una pensión alimenticia provisional en favor de la tercero interesada, pasando por alto que su cónyuge no necesita los alimentos por tener amplia absorbencia económica. Concluyendo el disconforme que dicha determinación le agravia, pues se le solicita que rinda cuentas y manifieste bajo qué calidad se encuentra dentro de la sociedad denominada ganadero de la Chontalpa S.P.R de R.L., pasando por alto que se encuentra casado bajo el régimen de separación de bienes, y que por tal motivo no se le puede exigir esa información. Como se ve, los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa, en modo alguno van encaminados a controvertir los argumentos torales de la resolución impugnada, esto es, porqué la sala responsable consideró declarar parcialmente fundada la queja hecha valer por la aquí tercero interesada, en la cual estableció que los autos que admitan o desechen pruebas serán apelables en efecto devolutivo, además de señalar que en los juicios de divorcio necesario, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, la patria potestad, la división de los bienes comunes, los alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan pedido. Aunado a lo anterior, los argumentos que alega el impetrante, tampoco refutan lo determinado por la sala, en donde estableció que desde el inicio del juicio de divorcio necesario, el juzgador deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para decidir sobre las cuestiones relativas a la división de los bienes comunes, patria potestad, alimentos, etc; todo ello, independientemente del régimen bajo el cual se contrajo el matrimonio. Lo anterior es así, pues el impetrante únicamente se concretó en alegar cuestiones relativas a la rendición de cuentas sobre los bienes comunes existentes en su matrimonio, alegando que dicha rendición le agravia, en virtud que la demandada no demostró de manera presuntiva que existan dichos bienes comunes, lo cual jurídicamente constituye un requisito de procedibilidad, aunado a que indicó encontrase casado bajo el régimen de separación de bienes. Asimismo, el quejoso vertió manifestaciones en el sentido de que su cónyuge tiene propiedades y por lo tanto no está en un estado de abandono o en ruina, agregando que resulta ilegal que por ser el presente asunto de orden familiar se tenga que fijar una pensión alimenticia provisional en favor de la tercero interesada, pasando por alto la responsable que su cónyuge no necesita los alimentos por tener amplia absorbencia económica, sin que, como ya se indicó controvertirá los argumentos torales de la resolución reclamada. Por lo tanto, es evidente que era necesario para que este órgano de control constitucional pudiera analizar el acto reclamado con base en los razonamientos esgrimidos en su contra; que controvirtiera las determinaciones de la responsable, a fin de que este juzgador estuviera en posibilidad de analizar la resolución reclamada que permita poner de relieve las violaciones cometidas por la autoridad que lo emitió. En esa virtud, se insiste que los conceptos de violación deben contener los argumentos suficientes que tiendan a destruir las consideraciones en que se apoyó la responsable para resolver en la forma en que lo hizo, para así conocer las pretensiones de la parte quejosa, y de esa suerte verificar su constitucionalidad, lo que en modo alguno se suple con el solo hecho de alegar violaciones de manera genérica o imprecisas, por lo que, dichos conceptos de violación se estiman inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/15, de registro 191572, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 621, del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. De igual modo, es aplicable la jurisprudencia siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste. De ahí que resulten inoperantes los citados conceptos de violación. En ese contexto, también se desestiman las tesis invocadas por el impetrante, en virtud que no son aplicables al caso en estudio, por las consideraciones que se expusieron en la presente sentencia. Por las relatadas consideraciones, al declararse infundado e inoperantes los conceptos de violación analizados, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercero interesada, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Ángel Herrera Gómez, contra el reclamado y las autoridades responsables precisadas en el resultando PRIMERO; por las consideraciones establecidas en el considerando SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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