Miguel Ángel Hernández Salas
Expediente 212/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel Ángel Hernández Salas
- Antonio García Jacobo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Juicio de amparo: 212/2021 El once de julio de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del siete al veinte de junio del año en curso; sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. No se tramitó incidente de suspensión; Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos en el que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en cuatro tomos (cuatro legajos de copias certificadas). Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del doce de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE 30 DE MAYO DE 2022, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Hernández Salas, José Manuel Mauricio Juárez, Liliana Hernández Estrada, Antonio García Jacobo y Hugo Abraham Martínez Zapata, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero del presente fallo por los motivos expuestos en último considerando de esta determinación. Notifíquese; personalmente....
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V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 212/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Ángel Hernández Salas, José Manuel Mauricio Juárez, Liliana Hernández Estrada, Antonio García Jacobo y Hugo Abraham Martínez Zapata, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que más adelante se describen. SEGUNDO. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de derechos y se registró con el número 212/2021, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; así como los diversos 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, resulta necesario precisar los actos reclamados, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y de las constancias que obran agregadas al juicio de garantías, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo, preferentemente, la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese sentido, de un análisis acucioso de la demanda de amparo, se permite precisar que los actos reclamados a las autoridades responsables, se hacen consistir en los siguientes: Autoridades responsables: -Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas. -Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas. Actos reclamados: "Lo es el oficio número PF/1062021, de fecha 25 de enero de 2021, expedido por el entonces titular de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, DR. Jorge Miranda Castro, mediante el cual da la negativa de cumplir con la sentencia definitiva emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas del trece de junio de 2019. (mismo que nos fuera notificado el día 1 de marzo de 2021) y por tanto negándose a pagarnos nuestras prestaciones ya ganadas en juicio. También impugno el auto de fecha 22 de febrero de 2021, por el que se tiene por recibido oficio en cumplimiento de requerimiento, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Licenciado Uriel Márquez Cristerna, dentro del expediente TJA/492/2018-P3. (Mismo que nos fuera notificado el día 1 de marzo de 2021) por no resolver nada al respecto de nuestro pago." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado señalaron que son ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; por su parte el Tribunal responsable, adujo que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por oficio 1162-III, requirió a la nombrada en segundo término el pago en cumplimiento a la sentencia emitida dentro de los autos del juicio de nulidad TJA/492/2018-P3; y, ante su incumplimiento, por diverso proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, giró a la referida Secretaría de nueva cuenta oficio 022-III, requiriendo el cumplimiento del citado fallo. (fojas 47 y 48 del cuaderno principal). Asimismo, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, manifestó que es cierto que exista negativa para dar cumplimiento al oficio 022-II de trece de enero de dos mil veintiuno, emitido dentro de los autos del juicio de nulidad TJA/492/2018-P3, suscrito por el presidente y secretaria general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, en razón de existir imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al requerimiento judicial emitido dentro de los autos del aludido juicio de nulidad; ello en virtud de que por una parte dicha autoridad no fue parte en dicho juicio, así como que en virtud de que el marco legal que regula la distribución y aplicación de los recursos que la federación transfiere a los estados y municipios por concepto de participaciones, lo es la ley de Coordinación Fiscal y Colaboración financiera para el estado de Zacatecas y sus municipios, los que prohíben por regla general la afectación, embargo y la alteración de las participaciones; y, para justificar lo anterior expresó diversos argumentos (fojas 50 a 77 del cuaderno original). CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narrarán los antecedentes del acto reclamado: 1. Que los quejosos Miguel Ángel Hernández Salas, José Manuel Mauricio Juárez, Liliana Hernández Estrada, Antonio García Jacobo y Hugo Abraham Martínez Zapata, promovieron juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, al que le correspondió el número TJA/492/2018-P3, contra el presidente Municipal y Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, demandando el pago de diversas prestaciones. 2. Sentencia. Continuado por sus etapas, el trece de junio de dos mil diecinueve, se emitió sentencia en la que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. 3. Requerimiento de pago. Al quedar firme dicha determinación, por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por oficio 1162-III, el magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, requirió a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, el pago en cumplimiento a la sentencia emitida dentro de los autos del juicio de nulidad TJA/492/2018-P3, para que descontara de la partida presupuestal la cantidad a que fue condenada la parte demandada y procediera a dar cumplimiento al fallo de trece de junio de dos mil diecinueve, esto es, descontar de las participaciones de dicho municipio $1,854,331.96 (Un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y un pesos 93/100 moneda nacional). Por lo anterior, el órgano jurisdiccional administrativo envió al secretario exactor el supracitado oficio. 4. Segundo requerimiento de pago. Al no dar cumplimiento la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, con el requerimiento formulado mediante oficio 1162-III, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte; el trece de enero de dos mil veintiuno, giró de nueva cuenta el oficio 022-III, a la referida autoridad, requiriéndole de nueva cuenta el cumplimiento del fallo definitivo. De ahí que, la negativa por parte de la Secretaría de Finanzas de dar cumplimiento al fallo definitivo emitido dentro de los autos del juicio de nulidad administrativo TJA/492/2018-P3, constituye el acto reclamado. QUINTO. Causa de sobreseimiento del juicio de amparo (hipótesis actualizada). Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de derechos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, este órgano jurisdiccional advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la negativa por parte de la Secretaría de Finanzas de dar cumplimiento al fallo definitivo emitido dentro de los autos del juicio de nulidad administrativo TJA/492/2018-P3, constituye el acto reclamado. A su vez, la autoridad responsable magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, remitió como complemento a su informe justificado, copia certificada del convenido celebrado dentro de los autos del juicio de nulidad administrativo TJA/492/2018-P3, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; de la que se desprende en esencia, se celebró convenio entre José Manuel Mauricio Juárez, Liliana Hernández Estrada, Antonio García Jacobo y Hugo Abraham Martínez Zapata, hecha excepción de Miguel Ángel Hernández Salas y la demanda representada por la licenciada Alma Delia Cordero Juárez, en su carácter de síndica suplente del Ayuntamiento de Trancosco, Zacatecas: "La propuesta de pago en parcialidades a los demandados respecto de lo contenido en la sentencia dictada en el juicio que nos ocupa, se propone a todos los actores para efectuarse en cuatro meses (junio, julio, agosto y septiembre de dos mil veintiuno). Conforme a las siguientes cantidades que serán depositadas ante este Tribunal para efecto de su entrega formal, en los días último de cada mes a reserva del mes que se haría el pago el día hábil posterior. -José Mauricio Juárez: $87,624.14 (ochenta y siete mil seiscientos veinticuatro pesos con catorce centavos, moneda nacional). -Liliana Hernández Estrada: $88,740.06 (ochenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos con cero seis centavos. moneda nacional). -Antonio García Jacobo: $107,226.30 (ciento siete mil doscientos veintiséis pesos con treinta centavos, moneda nacional). -Hugo Abraham Martínez Zapata: $113,008.91 (ciento trece mil ocho pesos con noventa y un centavos, moneda nacional). Y en lo que respecta a Miguel Ángel Hernández Salas, aún y cuando no se encuentra en esta diligencia, los pagos correspondientes se harán en los mismos términos propuestos que lo aquí presentes, donde se establece pagar la cantidad mensual de $101,220.82 (ciento un mil doscientos veinte mil pesos con ochenta y dos centavos, moneda nacional, para efecto de que por sí o por quien autorice a su nombre reciba lo pactado ante este Tribunal. (..)" (fojas 308 y 309 del cuaderno de pruebas 1/3 que obra por separado). Por otro lado, en el legajo de pruebas del juicio de nulidad administrativo, obra la comparecencia a cargo de Miguel Ángel Hernández Salas, de ocho de abril de dos mil veintiuno, de la que se desprende, lo conducente: "Determinado lo anterior, y en uso de la voz el compareciente Miguel Ángel Hernández Salas manifiesta lo siguiente: "El motivo de mi comparecencia, lo fue primero con la intención de notificarme del convenio que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, celebraron mis compañeros codemandantes en el juicio TJA/492/2018-P3, toda vez que no me fue posible presentarme a escuchar la propuesta que en cumplimiento de sentencia realizó la autoridad demandada, por lo que una vez notificado del contenido del acta y de los términos y cantidad fijada por dicha autoridad, es mi deseo adherirme a tales términos y aceptar de conformidad, al igual que mis compañeros, el pago en parcialidades propuesto por el Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, y recibir ya sea por mi o en o por quien yo legalmente autorice, en los meses junio, julio, agosto y septiembre del dos mil veintiuno, la cantidad de mensual (sic) de $101,220.82 (ciento un mil doscientos veinte pesos con ochenta y dos centavos, moneda nacional); como pago de lo que adeuda a mi persona la demandada en este juicio. Siendo todo lo que deseo manifestar." A continuación se hace constar que previa lectura del acta se procede a ratificar las manifestaciones del compareciente haciendo constar su conformidad con lo pactado, aceptando en sus términos la propuesta realizada en el convenio del veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, con la única salvedad de que al incumplimiento de cualquiera de los pagos pactados el mismo quedará sin efecto legal alguno y seguirá el procedimiento de ejecución de la sentencia. Por lo anterior se acuerda notificar conforme a derecho a la autoridad demandada en el juicio en que se actúa para efecto de que esté enterada del contenido de la presente comparecencia. (.)" Medio de prueba que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo preceptuado por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí, que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues la negativa de ejecutar la sentencia en el juicio de nulidad TJA/492/2018-P3, dejó de existir dado que los actores celebraron un convenio con la parte demandada, en la que fijaron plazos para tener por concluido el procedimiento. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento penal. De ahí que, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede SOBRESEER el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Hernández Salas, José Manuel Mauricio Juárez, Liliana Hernández Estrada, Antonio García Jacobo y Hugo Abraham Martínez Zapata, contra actos del Magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Hernández Salas, José Manuel Mauricio Juárez, Liliana Hernández Estrada, Antonio García Jacobo y Hugo Abraham Martínez Zapata, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero del presente fallo por los motivos expuestos en último considerando de esta determinación. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza, el día de hoy treinta de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Ángeles En Zacatecas, Zacatecas a treinta de mayo de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo: 212/2021 Zacatecas, Zacatecas, a tres de febrero de dos mil veintidós, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con quince minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con quince minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio; sin embargo, de autos se obtiene que no obra constancia que permita acreditar que los terceros interesados Ayuntamiento y Presidente, ambos del Municipio de Trancoso, Zacatecas, hayan quedado notificados de los oficios 27650/2021 y 27651/2021, mediante los cuales se les dio vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, tampoco obra en el sumario el acuse de recibo del oficio 36676/2021, dirigido al tercero interesado Síndico Municipal del Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, a efecto de que se impusiera del contenido del proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de no demorar la pronta y expedita impartición de justicia a que alude el numeral 17 Constitucional, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase vía mensajería rápida a los mencionados terceros interesados para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados, informen a este juzgado de Distrito, vía mensajería rápida o al correo oficial 1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx la fecha en que recibieron dichos comunicados. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Por tanto; para dar oportunidad de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cuatro de febrero de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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