Miguel Ángel Hernández Pérez
Expediente 690/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Hernández Pérez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el veinticuatro de junio pasado, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 102/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El cuatro de febrero de dos mil veinte, Israel Carbajal Solórzano presentó demanda de amparo indirecto contra de actos de autoridad. En la misma, el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 102/2020. Previo los trámites de ley, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución; el amparo fue resuelto por sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Tribunal Colegiado revoca sentencia y repone procedimiento. En proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido oficio del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos de junio del año en curso, dentro del recurso de revisión 121/2022, por el que revocó la sentencia dictada por este juzgado y ordenó reponer el procedimiento, para que este juzgado celebrara nuevamente la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, y emitiera la resolución correspondiente, firmándose por los funcionarios que intervengan en su formulación, en la forma y términos que estableció en dicha ejecutoria. Ante ello, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridades, cuya ejecución tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De la autoridad Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Zitácuaro, Michoacán; Director de la Unidad Especializada en Combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado; Alberto Sales Díaz, Tammi Anguiano Zamudio, Sandra Aguirre López y Juan Carlos Leiva Macías, Agentes del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, todos con residencia en esta ciudad: ( La orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En relación a la orden de aprehensión es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Zitácuaro, Michoacán, porque así lo reconoce dicha autoridad al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con el disco óptico de audio y video que contiene la audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veinte, en la que se concedió orden de aprehensión en contra del quejoso, por hechos considerados por la ley como delito, dentro la causa penal 20/2020, el cual tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este último ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por otro lado, en relación a las autoridades responsables Director de la Unidad Especializada en Combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado; Alberto Sales Díaz, Tammi Anguiano Zamudio y Juan Carlos Leiva Macías, Agentes del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes negaron los actos reclamados; sin embargo, dichas negativas debe desvirtuarse, dado que la autoridad ordenadora aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada, entonces como el actuar de dichas autoridades se encuentra supeditado a la orden de captura emitida por la autoridad ordenadora, debe estimarse cierto. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 del Volumen 97-102, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías." Por otro lado, respecto de la autoridad responsable Sandra Aguirre López, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, esta fue omisa en rendir su informe con justificación, no obstante que fue debidamente notificada el cinco de febrero de dos mil veinte, por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este juzgador advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio constitucional del acto. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en contra de la orden de aprehensión reclamada devienen infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir a su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. La parte quejosa en la demanda de amparo refiere que la orden de captura reclamada trastoca sus derechos fundamentales. En efecto, el acto reclamado es la orden de aprehensión de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 24/2020, en contra del quejoso Israel Carbajal Solórzano por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado en agravio de E. N. T., previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b), c) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 8 y 9, párrafo primero y 13 fracción III del Código Penal Federal. Los preceptos legales citados establecen: " LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Capítulo II De los Delitos en Materia de Secuestro Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;" [.]. Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: (.). b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; (.). e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;" Código Penal Federal ARTICULO 8o.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. ARTICULO 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y [.]. ARTICULO 13.- Son autores o partícipes del delito: [.]. III.- Los que lo realicen conjuntamente; Ahora bien, es pertinente establecer los parámetros constitucionales y legales para efectos de emitir una orden de aprehensión. El artículo 16 Constitucional en su párrafo tercero, establece: "(párrafo tercero)... No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De la trascripción anterior se desprende que para la emisión de una orden de aprehensión se requiere denuncia o querella previa de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En consonancia, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". En ese tenor, los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión son: Que sea emitida por autoridad judicial competente debiendo estar fundada y motivada. Que exista denuncia o querella. Que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho considerado como delito. Que obren datos de los que se advierta la posible participación del imputado en su comisión. Que el delito tenga señalada pena privativa de libertad. La necesidad de cautela. Requisitos que se cumplieron cabalmente, y que traen como consecuencia que los conceptos de violación que refiere el quejoso, sean calificados como infundados. Ahora, de las constancias que anexó la autoridad responsable se advierte que la orden de captura emitida en la causa penal 20/2020, se dictó por autoridad judicial competente, pues fue librada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zitacuaro, quien tiene jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos - Hotel Rosales del Valle ubicado en Avenida Revolución Sur, número 56 de la Colonia Melchor Ocampo, Zitácuaro, Michoacán- en términos de los artículos 20, fracción I, 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los numerales 36, fracción XXIII, y 37 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Orden que fue librada el veinticuatro de enero de dos mil veinte, en contra del ahora quejoso Israel Carbajal Solórzano por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como de secuestro agravado, en agravio de E. N. T.. Por lo que hace al requisito consistente en la existencia de una denuncia se encuentra satisfecho, dado que la víctima indirecta J. J. N. T., quien resulta ser hermano de la víctima directa E. N. T., manifestó su deseo de presentar denuncia penal en contra del aquí quejoso, por su probable participación en el hecho probablemente constitutivo de delito. Lo anterior quedó corroborado, con la solicitud de la orden de aprehensión formulada por la fiscalía al juez de control de veintitrés de enero de dos mil veinte, misma que fue reiterada en la audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veinte, en la que a su vez fue narrada la denuncia formulada. Por lo que hace a los requisitos consistentes en que obren datos de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la posible participación del imputado en este, también se satisfacen. Se afirma lo anterior porque en esencia el hecho referido por la autoridad responsable, por el cual se dictó la orden de aprehensión, consiste en que el diez de septiembre de dos mil diecinueve, la victima E. N. T., quien es discapacitado, toda vez que es parapléjico, fue privado de su libertad, en contra de su voluntad en el Hotel de nombre "Rosales del Valle", con domicilio en la avenida Revolución sur, número cincuenta y seis, de la colonia Melchor Ocampo, de Zitácuaro, Michoacán, cuando un sujeto armado le indicó al primo de la víctima de nombre Efrén Orozco Hernández, quien lo acompañaba para que le cambiara el pañal para después subirlo a una camioneta de la marca Astro, color gris, llevándose a la víctima para mantenerlo en cautiverio, condicionando su libertad bajo la exigencia en inicio de la cantidad de $80,000.00 dllrs (ochenta mil dólares), para con posterioridad demandar $290,000.00 dllrs (doscientos noventa mil dólares) y finalmente pedir $301,000.00 dllrs (trescientos un mil dólares); razón por la cual la victima indirecta J. J. N. T., entregó el quince de septiembre de dos mil diecinueve, a un individuo de complexión delgada de aproximadamente veinte años, en el centro de la ciudad de Tuxpan, Michoacán, la cantidad de $707,000.00 (setecientos siete mil pesos 00/100 moneda nacional), así como $8,000.00 dllrs (ocho mil dólares), sin que la víctima directa E. N. T., fuera liberada. Posteriormente se pactó la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que fue entregada el primero de octubre de dos mil diecinueve, por la víctima indirecta J. J. N. A. en la misma ciudad de Tuxpan, Michoacán, sin que de nuevo fuera liberada la víctima directa; fue hasta las diez horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve, que lo liberaron en un camino de terracería, ubicado en la colonia Emiliano Zapata de Zitácuaro, Michoacán. Los datos de prueba con los cuales sustentó el Juez de instancia la orden de aprehensión son los siguientes: Denuncia de J. J. N. T.. Entrevista de la víctima indirecta. J. J. N A.. Informes policiales de siete, ocho nueve, once dieciocho, veintiuno y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por Macario Arturo Hernández Barajas. Entrevista de Efrén Orozco Hernández. Estudio psicológico de J. J. N. T.. Solicitud de datos conservados de líneas telefónicas. Dictamen en materia de análisis e información. Entrevista de Juan Manuel González García alías "La Gallina". Informe policial de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por José Noé Gutiérrez Contreras. Entrevista de Javier Arturo Albarran Maldonado. Oficio de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emitido por Dunsa Audi Center. Informe policial de dos de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por Omar Frutis Sánchez, Melania Castañeda Martínez y Josué Contreras Velázquez. Entrevista de la víctima directa E. N. T.. Dictamen pericial en materia de descripción vehicular. Dictamen pericial en materia de inspección de lugar. Dictamen pericial en materia de extracción de información. Dictamen pericial en materia de inspección ocular. Dictamen pericial en materia de textualización. Dictamen pericial en materia de análisis de video. Dictamen pericial en materia de psicología practicado a la víctima directa E. N. T.. Certificado médico de treinta de octubre de dos mil diecinueve, practicado a la víctima directa E. N. T.. Así, el Juez de control apreció debidamente los datos que le fueron mostrados, pues concluyó que se cometió un hecho que la ley considera como delito (secuestro agravado) y la probable participación del quejoso Israel Carbajal Solórzano, es decir, la fijación de las circunstancias de su ejecución así como los preceptos legales aplicables al caso. En efecto, el Juez refirió sustancialmente que el delito que la ley señala como secuestro agravado quedó demostrado, al precisar que el ahora quejoso participó en los actos tendentes a privar de la libertad al pasivo. Se considera de tal forma ya que de la entrevista efectuada a la víctima directa E. N. T., se desprende que este conocía a sus captores, entre ellos al ahora quejoso Israel Carbajal Solórzano, ya que como refiere Juan Manuel González García, alías "La Gallina", se los presentó por el mes de abril de dos mil diecinueve, con la finalidad de que pudiera llevar a cabo algunos negocios e invertir con ellos, ya que éste último le señaló que tienen muchos negocios en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, Estado de México y Querétaro. Asimismo, señaló en su entrevista que después de varias reuniones y al advertir que posiblemente se dedicaban a actividades ilícitas, como lo es el trasiego de cocaína a la frontera, decidió no hacer negocios con ellos. Fue entonces que en el mes de agosto de dos mil diecinueve, recibió la llamada de Luis Octavio Carbajal Solórzano, hermano del ahora quejoso, quien le dijo que se encontraba en la ciudad de Morelia y que lo quería ver para platicar algunas cosas con él; una vez reunidos le comentó que no encontraba, ni podía localizar a un conocido de la víctima que le había presentado de nombre Jairo y que éste le debía dinero, que si no lo localizaba y le pagaban a más tardar en un mes y medio, él iba a ser el responsable de la deuda y que tendría que pagar las consecuencias, a lo que la víctima le señaló que no, porque él no le debía el dinero. No obstante la victima señaló que el día nueve de septiembre, recibió diversas llamadas por parte de Israel Carbajal Solórzano, quien le señaló que su hermano Luis Octavio Carbajal Solórzano lo quería ver y que tenía que dirigirse a la ciudad de Zitácuaro, que no era si quería y que si no lo hacía iban a ir por él, o por alguno de sus familiares ya sea su padre o hermanos, que esa misma noche lo quería allá. Por tal motivo decidió trasladarse a la ciudad de Zitácuaro, en compañía de su primo Efrén Orozco Hernández, quien lo apoya y lo cuida debido a la condición en que se encuentra (parapléjico); por lo que una vez que llegaron a la ciudad de Zitácuaro, se comunicó con Israel Carbajal Solórzano, quien le señaló que se hospedara en un hotel ya que su hermano llegaría hasta el día siguiente, por lo que se hospedaron en el Hotel "Rosales del Valle" que se ubica en la avenida Revolución Sur, número cincuenta y seis de la colonia Melchor Ocampo de Zitacuaro, Michoacán. Esa misma noche acudió al hotel la persona que conoce como Laurialin Jaimes Durán, quien sabe trabaja para los hermanos Carbajal Solórzano, quien le confirmó lo dicho por Israel, asimismo les señaló que no se movieran de ese lugar, sin embargo se percató que éste había dejado a una persona cuidándolos por fuera del hotel. Así, siendo las veintiuna horas del diez de septiembre de dos mil diecinueve, llegó de nuevo la persona de nombre Laurialin Jaimes Durán a la habitación del hotel en donde se encontraba con su primo Efrén Orozco Hernández, quien sacó un arma de fuego que traía fajada y apuntándoles le dijo a su primo que le cambiara el pañal y que lo sacara a la calle, enseguida su primo accedió e hizo lo que le indicó, salieron a la calle y le dijo que lo subiera a la camioneta de la marca Astro, color gris, y que se largara de ahí. Enseguida arrancó la marcha la camioneta y se percató de que un Audi color gris, con vidrios polarizados, que antes le había visto a Israel Carbajal Solórzano los seguía, por lo que llegando al libramiento se detuvieron en un local con varias cortinas color blanco, el cual es una pollería, ahí lo bajan de la camioneta y lo meten a ese lugar. Después de estar ahí cerca de cuarenta minutos, lo llevaron a otro lugar donde se encontraba Israel Carbajal Solórzano, quien se bajó de un vehículo de la marca Audi, color rojo, modelo reciente que ya le había visto con anterioridad, quien a su vez veía que trataba de comunicarse con su hermano Luis Octavio Carbajal Solórzano, pero decía que lo mandaba a buzón, fue entonces que lo bajaron de la camioneta y lo metieron a un inmueble tipo nave con tejado, permaneciendo ahí hasta como a la una de la mañana del once de septiembre de dos mil diecinueve, hasta que Israel Carbajal Solórzano recibió una llamada de su hermano Luis Octavio Carbajal Solórzano al que le informó que ya lo tenían en la bodega, ordenándole este último que lo llevaran a la cabaña de su otro hermano Óscar Carbajal Solórzano, motivo por el que lo trasladan a dicho lugar, haciendo una parada en una cafetería de "Lilian´s Coffe" en donde ingresó Israel Carbajal Solórzano para sacar las llaves de la cabaña y entregárselas a Laurialin Jaimes Durán. Una vez estando en la cabaña, Israel Carbajal Solórzano le comento que si ya sabía que se trataba de dinero y que no tardaba en llegar su hermano para que decirle en cuánto le salía poder regresar a Morelia, fue entonces cuando aproximadamente a las dos de la mañana entró Luis Octavio Carbajal Solórzano en compañía de Israel Carbajal Solórzano y le dijeron que no era nada personal, que él tenía que recuperar su dinero, que ya lo habían investigado y que sabían que su papá movía mucho dinero; que las cosas eran muy sencillas que si su papá pagaba regresaba a Morelia, y si no lo hacían por cualquier circunstancia o denunciaban, lo iban a matar, por lo que ellos no iban a perder. Posteriormente se retiraron Luis Octavio Carbajal Solórzano e Israel Carbajal Solórzano, dejando a Laurialin Jaimes Durán, cuidándolo y haciendo vigilancia en la cabaña. En concordancia, con el dato de prueba referido con antelación obra la entrevista practicada a Juan Manuel González García quien coincidentemente señaló en lo que interesa que él fue quien le presentó a la victima E. N. T., a Israel Carbajal Solórzano, así como el hecho de que llegaron a reunirse en varias ocasiones para ver si hacían negocios juntos. Así como la entrevista de Efrén Orozco Hernández, la que concuerda con la forma en que fue privado de su libertad E. N. T., el diez de septiembre de dos mil diecinueve, en el Hotel "Rosales del Valle", ubicado en avenida Revolución Sur, número cincuenta y seis de la colonia Melchor Ocampo de Zitacuaro, Michoacán. De lo antes narrado, el juez de control apreció legalmente que de la entrevista practicada a la víctima existen indicios suficientes para presumir que efectivamente conocía a sus captores, que los reconoce, ya que había tenido varias reuniones con ellos, circunstancia que de igual forma fue afirmada por Juan Manuel González García. Asimismo, fue acertado en señalar que de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que narró, sin duda alguna observó a sus captores, por lo que se puede advertir que Israel Carbajal Solórzano participó y realizó actos tendentes a privar de la libertad a la víctima. Datos de prueba que fueron correctamente apreciados por el Juzgador de Control, ya que de ellos se desprende hasta ese momento que el quejoso participó en la privación de la libertad a la víctima E. N. T. Por otro lado, probablemente los hechos narrados por el Fiscal actualizan la agravante establecida en el artículo 10, fracción I, inciso b), c) y e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al privar de la libertad a la víctima E. N. T., intervinieron más de dos personas, aunado a que la privación de libertad se llevó a cabo con violencia, toda vez que fue sustraído del hotel donde se encontraba bajo amenaza con un arma de fuego, máxime que se considera que éste no se encontraba con capacidad para resistir tal acto delictivo al tratarse de una persona con discapacidad motriz. De este modo, es factible concluir que el ahora quejoso participó en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado. Asimismo, se acredita la necesidad de cautela, ya que como lo afirmó la autoridad responsable, el hecho que se investiga amerita en su caso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, aunado a que la finalidad de dictado es la conducción del imputado al proceso. En tales condiciones, el Juez natural libró la orden reclamada bajo los lineamientos legales marcados tanto por la Constitución como por las disposiciones adjetiva y sustantiva aplicables; razones por las que, sin duda, son infundados sus conceptos de violación. Finalmente, se atiende al concepto de violación en el que la parte quejosa sostiene que se violentó la garantía de audiencia, pues previo a la emisión de la orden de captura, debió ser escuchado por la autoridad responsable. Tal argumento es infundado, dado que en términos de lo que establece el artículo 16 de la Constitución Federal así como los numerales 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se establece tal requisito para la emisión de la orden de captura. Como sustento de lo anterior se cita por aplicable la tesis de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". En consecuencia, al no existir violación a los derechos fundamentales del quejoso que reparar, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Israel Carbajal Solórzano contra la orden de aprehensión librada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución en razón de que no se impugnan por vicios propios, ya que su inconstitucionalidad se hizo depender de manera directa del acto reclamado controvertido, de acuerdo con la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, ya trascrita de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". Por último, no se soslaya que la fiscal adscrita formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Israel Carbajal Solórzano, por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos, fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando último, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por medio de lista que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Miguel Ángel Guillén Valdez433/2021
- Miguel Ángel Gutiérrez Aburto1377/2022
- Miguel Ángel Guzmán Sánchez1210/2022
- Miguel Ángel Hernández León1402/2022
- Miguel Ángel Hernández Pérez565/2021
- Miguel Ángel Hernández Pérez857/2021
- Miguel Ángel Herrera Lara351/2021
- Miguel Ángel Herrera Lara439/2022
- Miguel Ángel Lemus Garcilazo905/2023
- Miguel Angel López Juárez1078/2023
- Miguel Ángel Martín Franco426/2023
- Miguel Ángel Martínez803/2017