Miguel Ángel Hernández Mejía
Expediente 105/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2021
Partes del expediente
- Miguel Ángel Hernández Mejía
- Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit.
Actuaciones
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta efectos la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandra Zaraí Canché Chan, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Hernández Mejía, por propio derecho, contra actos del Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit y otras autoridades. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 105/2021-III. ? No se apertura incidente de suspensión, pese a haberse solicitado, por los motivos que más adelante se expondrán. ? Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen. 1 Juicio en línea Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o., de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. ??????????????? Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Fijación de los actos reclamados. 1. Del Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit: a) La omisión de realizar operativos y dar instrucciones a sus subordinados, para emitir infracciones por prestar el servicio público sin las concesiones que otorga el Gobierno del Estado de Nayarit y como consecuencia de ello, la omisión para impedir la explotación ilegal de servicio público de pasajeros, de diversas unidades con placas del servicio público federal, con placas del servicio público del Estado de Nayarit e inclusive con duplicidad de placas federales y estatales, en los fraccionamientos Altavela, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. b) La no aplicación de la norma estatal, específicamente del artículo 31 fracciones XXIX, XXXV y XLII de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, en el fraccionamiento de Altavela en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 2. Del Delegado de la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. a) La omisión de elaborar boletas de infracción a los operadores de los autobuses Autotransportes Medina de Puerto Vallarta, Sociedad Anónima de Capital Variable, por prestar un servicio público de pasajeros de manera ilegal en el fraccionamiento de Altavela, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 3. Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. a) La omisión de realizar operativos y dar instrucciones a sus subordinados, para emitir infracciones por prestar el servicio público sin las concesiones que otorga el Gobierno del Estado de Nayarit y como consecuencia de ello, la omisión para impedir la explotación ilegal de servicio público de pasajeros, de diversas unidades con placas del servicio público federal, con placas del servicio público del Estado de Nayarit e inclusive con duplicidad de placas federales y estatales, en el fraccionamiento Altavela, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 4. Del Comandante de la Policía Estatal de Caminos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. a) La omisión de elaborar boletas de infracción a los operadores de los autobuses Autotransportes Medina de Puerto Vallarta, Sociedad Anónima de Capital Variable, por prestar un servicio público de pasajeros de manera ilegal en el fraccionamiento de Altavela, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Desechamiento Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso, debió acudir directamente a solicitar a la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit, el procedimiento conciliador que establece la Ley de Movilidad, cuando existan controversias entre personas que tienen concesiones y permisos para operar el trasporte público, previo a instaurar el juicio de amparo contra los actos que aquí se analizan, como se verá a continuación. En efecto, la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.. La fracción invocada establece, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente respecto de actos de autoridades administrativas distintas de las de carácter jurisdiccional, cuando las leyes que los rigen establezcan un juicio o medios ordinarios de defensa en su contra, que tenga el alcance de modificar o revocar dichos actos. Es decir, el enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo; el cual establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación administrativa que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados; por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra determinaciones recurribles. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, pueden combatirla a través del juicio de amparo, el cual, constituye un medio extraordinario de defensa. Ahora, es su escrito de demanda la parte quejosa manifiesta lo siguiente: "[. Increíble fue para nosotros ver que el día 22 veintidós de febrero del año en curso que de repente se incorporaron al fraccionamiento ALTAVELA 10 DIEZ AUTOBUSES DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLARTA S.A DE C.V. de diferentes marcas, números económicos, placas y modelos a prestar el servicio federal de pasaje en el fraccionamiento en la cual fue concesionados años atrás, en la modalidad de taxi que es lo que quiero resaltar. ¡Que éramos suficientes para dar el servicio tanto en contingencia de salud o pandemia, que este tipo de unidades las considero una competencia ruinosa, que con la nueva normalidad seremos suficientes para prestar el servicio, que no existe suficiente pasaje como para que entren unidades con placas federales sin el permiso correspondiente del estado de Nayarit en el fraccionamiento Altavela y que son de capacidad diez veces mayor que las nuestras, que el encarpetado de estos fraccionamientos no son de una capacidad/densidad que pueda resistir estos tonelajes, que pudieran ocasionar accidentes vehiculares por su dimensión y peso, en las avenidas o dañar personas. ??????? Tengo amplio conocimiento de que la empresa denominada AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUERTO VALLARTA S. A. de C.V. no cuenta con los permisos para prestar servicio público de pasajeros en los fraccionamientos ALTAVELA y VALLE DORADO, y también estoy convencido de que el gobierno del estado de Nayarit no pudiera PERMISIONARLOS en estos fraccionamientos toda vez que no cumplen con los requisitos como persona moral para obtener permisos que le permitieran trabajar en estos desarrollos pues la empresa en mención es del estado de Jalisco y cuenta con su domicilio fiscal principal en esa ciudad como se puede apreciar en su RFC AMP7904LCO folio C6868482 JAL-16/07/2003-R y su domicilio en Puerto Vallarta es, CALLE BRASIL#1410 COLONIA 5 DE DICIEMBRE C.P.48350 PUERTO VALLARTA JALISCO IMAIL. Medina_atm@hotmail.com, del que anexo en copia simple para su mayor ilustración y entre los requisitos fundamentales que se tiene que cumplir para que el estado de Nayarit permisione a una empresa en los fraccionamientos Altavela y Valle Dorado y en el estado de Nayarit tienen que cumplir con lo que establece el artículo 359 de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit y sus fracciones ya mencionados las cuales se citan a continuación: [. En ese sentido, de una interpretación integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa manifiesta que, mediante constancia de permisionario, con folio 23890, el Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit, le otorgó una concesión de servicio público de transporte púbico en el sitio "Altavela", la cual ha venido operando a la fecha; no obstante, que desde el veintidós de febrero del año en curso, un diverso concesionario denominado "Autotransportes Medina Puerto Vallarta Sociedad Anónima de Capital Variable", se incorporó al fraccionamiento Altavela, con la finalidad de prestar el servicio de transporte público y, a su dicho, dicha moral no cuenta con los permisos necesarios para ello y, que por ello, exige que las autoridades responsables realicen inspecciones y que impongan multas a los vehículos de la citada empresa. De lo anterior, se colige que en el presente asunto, nos encontramos ante un conflicto suscitado entre dos concesionarios del trasporte público, es decir, entre el aquí quejoso Miguel Ángel Hernández Mejía, con la moral Autotransportes Medina Puerto Vallarta Sociedad Anónima de Capital Variable", lo cual aduce el quejoso afectada la prestación de dicho servicio en la ruta denominada Altavela y Valledorado, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. En ese contexto, el artículo 31, en sus fracciones XXXVI y XXXIX del rubro "Gestión del transporte público y especializado", de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, dispone lo siguiente: "Artículo 31. La Secretaría tendrá las atribuciones siguientes: [.] Gestión del transporte público y especializado: [.] XXXVI. Fungir previa solicitud como instancia conciliadora, cuando se vea afectada la prestación del servicio y, en las controversias que surjan entre las personas que tienen concesiones y permisos para operar el servicio de transporte público y especializado con las autoridades municipales, y entre éstas; sin perjuicio de la aplicación de sanciones en el ámbito de su competencia en caso de persistir la afectación del servicio; [.] XXXIX. Ordenar la suspensión temporal o total del servicio de transporte público, colectivo e individual cuando no reúna las condiciones de seguridad, higiene, calidad y eficiencia; [.]" De dicho precepto se advierte que, la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, el cual como ya se dijo es un medio de defesa extraordinario, puede acudir ante la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit, a plantear su conflicto suscitado entre con la empresa "Autotransportes Medina Puerto Vallarta Sociedad Anónima de Capital Variable", para que dicha autoridad actúe como instancia conciliadora para darle una solución, al ser una controversias entre personas que tienen concesiones y permisos para operar el servicio de transporte público. Así, se considera que en el caso, el acto en análisis, se ubica dentro del supuesto establecido en el precepto y fracción antes aludidos de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, pues la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit, tiene como facultad, la conciliación entre personas con concesiones de trasporte público, para la ??????????????? solución de sus conflictos, como es el planteado en el presente juicio de amparo. Además, la fracción XXXIX, del citado artículo 31 de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, establecen la figura de la suspensión, pues la Secretaría de Movilidad del Estado puede ordenar la suspensión temporal o total del servicio de transporte público, colectivo e individual cuando no reúna las condiciones de seguridad, higiene, calidad y eficiencia. Así, con la presente demanda de amparo, la parte quejosa pretende que se revise y se solucione un conflicto entre concesionarios de transporte público, sin haber realizado una previa solicitud a la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit, quien es la facultada para resolver dicho tipo de controversias, por lo que debe entenderse que a la presentación de la demanda, los actos destacados no le causan un perjuicio real y actual, al no haber acudido previamente a agotar el procedimiento conciliatorio ante la citada autoridad. En tal virtud, se itera, por medio del presente juicio de amparo no puede analizarse lo relativo a un conflicto entre transportistas, lo que lo atribuye a la omisión de las responsables de vigilar, sancionar y multar a un diversa empresa dedicada al servicio de transporte público, pues se insiste, que la resolución de dicho conflicto derivado de concesionarios del transporte público, debe ser ante la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit que cuenta con las facultades y la autoridad para darle solución a ello, y no de un órgano de control constitucional, a quien le corresponderá -en su caso-, dicho análisis, previa substanciación del procedimiento de conciliación antes citado. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta, por su notoria e indudable improcedencia. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo; asimismo, en términos del artículo 5o. del Acuerdo General 21/2020, del pleno del consejo de la judicatura federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 , proporciona el correo electrónico transbborg@mail.com. Se tienen por autorizado a Virina Gómez Viniegra, en términos del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuentan con cédula profesional debidamente registrada. Asimismo, se tiene por autorizado exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a José Alberto de los Santos López, para oír notificaciones e imponerse de autos a las personas que se señalan en la demanda de amparo, en los términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, por no acreditar dicho requisito. ??????????????? Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen las notificaciones, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma
- Principal
...Dado que la parte quejosa no cumplió con lo solicitado por la actuaria en aviso de 3333333333333, se ordena la notificación del auto de radicación del presente juicio de garantías por lista que se publica en los estrados....
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