Miguel Ángel Hernández Cruz
Expediente 831/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2020
Partes del expediente
- Miguel Ángel Hernández Cruz
- Décima Séptima Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Analizadas las constancias del presente juicio de amparo, se desprende que a la fecha no obra en autos la notificación personal al quejoso Miguel Casillas Pérez, del auto de once de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme a lo ordenado en el diverso proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte. En atención de lo anterior y a fin de resolver conforme a derecho, se comisiona nuevamente a los actuarios de la adscripción, a fin de que inmediatamente notifiquen al incoante el auto de once de agosto de dos mil veinte. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Tengase por recibido el oficio 08.17/3821/2020 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado y remite un anexo certificado para acreditar su dicho, el cual, de conformidad a los numerales 119 y 123 de la citada normatividad, se admite y se tiene por desahogado en razón de su propia y especial naturaleza. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, así como el contenido del comunicado y anexo que allegó la autoridad responsable, se advierte que se ha actualizado una hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado por el cual se admitió la presente litis constitucional consiste en la omisión por parte de la autoridad responsable emitir el proveído correspondiente al ocurso que presentó la parte quejosa el nueve de septiembre de dos mil diecinueve al juicio laboral 2411/2018 de su índice. Sin embargo, de las constancias que se acompañaron al comunicado de cuenta se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que se acreditó que por auto de veintinueve de septiembre del año en curso se proveyó la omisión reclamada. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la esencia de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del citado proveído en el juicio natural. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las catorce horas del trece de octubre de dos mil veinte. Cambio de titular. En otro contexto, acorde a la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de tema: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Miguel Ángel Franco Solorio1754/2021
- Miguel Ángel Gómez Contreras1056/2023
- Miguel Angel Gómez Contreras742/2021
- Miguel Ángel González Pérez1093/2022
- Miguel Ángel Guzmán Villagómez1508/2018
- Miguel Ángel Guzmán Zepeda1411/2018
- Miguel Ángel Hernández Cruz805/2021
- Miguel Ángel Higinio De Lira Parra218/2019
- Miguel Ángel Higinio de Lira Parra2629/2022
- Miguel Ángel Jaramillo Rios2532/2019
- Miguel Ángel Jiménez Ahedo1983/2022
- Miguel Ángel Jiménez Ahedo721/2023