Miguel Ángel Hernández Calixto
Expediente 1069/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Miguel Ángel Hernández Calixto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que en acuerdo de siete de noviembre del año en curso, se abrió a trámite este asunto, por lo que hace a las autoridades responsables denominadas Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Actuario adscrito a la Central de Actuarios, ambos del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en virtud de la ampliación acordada en el juicio principal; asimismo, se les requirió su informe previo, se concedió la medida cautelar y la audiencia incidental se fijó para este día. Sin embargo, las nombradas responsables no han rendido sus informes previos y tampoco existe constancia que demuestre que hayan recibido el oficio por el que se les requirió. En consecuencia, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se reserva la audiencia incidental fijada para el día de hoy, y en su lugar, se señalan las nueve horas con cinco minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Ampliación de demanda. Téngase por recibido el ocurso suscrito por el quejoso Miguel Ángel Hernández Calixto, mediante el cual desahoga la vista conferida en acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso, y al efecto solicita la ampliación de su demanda respecto a los capítulos de autoridades responsables y actos reclamados; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, por lo que hace a los capítulos relativos a las autoridades responsables y acto reclamado; y se le confiere tal carácter al Juez Primero de Primera Instancia Civil y del Actuario adscrito a la Central de Actuarios, ambos del Quinto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. Informes justificados. En consecuencia, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiéraseles sus informes justificados, mismos que deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras, cada autoridad omisa, a una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Causas de sobreseimiento. Asimismo, requiérase a las partes para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con veinte centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Incidente de suspensión. Toda vez que la parte agraviada solicita la suspensión provisional de los actos reclamados por lo que hace a las nuevas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con copia simple del ocurso de cuenta provéase lo conducente en el incidente de suspensión ya aperturado. Audiencia constitucional. De autos se advierte que la audiencia de ley se encuentra señalada para las diez horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés; sin embargo, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes, se evidencia que será imposible su desahogo en la referida fecha, por ello, se difiere la misma desde este momento, y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta y tres minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese, y personalmente al quejoso Miguel Ángel Hernández Calixto, a la Fiscal de la Federación adscrita y a las terceras interesadas Claudia Méndez Villagómez y Dora Celia Navarro Reyes. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura de incidente. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con la copia simple del escrito de ampliación de demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1069/2023, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y del Actuario adscrito a la Central de Actuarios, ambos del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Informes previos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 139 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a las citadas responsables sus informes previos que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, apercibidas de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, cada autoridad omisa, se hará acreedora a una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, con apoyo en el numeral 260, fracción I, de la legislación de la materia. Asimismo, se solicita a las autoridades responsables que, a fin de agilizar la tramitación del presente asunto, en la medida de lo posible, remitan a este órgano jurisdiccional su respectivo informe previo vía interconexión; correo electrónico a la dirección 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx; o bien por el medio ágil que estimen pertinente. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, cítese a las partes a la audiencia incidental, cuyo verificativo tendrá lugar a las nueve horas con veintitrés minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Suspensión provisional. Tocante a la medida cautelar, es pertinente destacar que para determinar la procedencia de la medida suspensiva, se debe tener en cuenta que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud de la agraviada (interés jurídico y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa) y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En términos de la fracción I del referido artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado, lo que implica que es necesario que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés jurídico o legítimo por el acto reclamado. La fracción II del citado artículo 128 establece que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor con el otorgamiento de la medida que el que se pudiera causar al quejoso, en lo particular, de no otorgarla, ya sea privándolos de un beneficio que les otorgan las leyes o causándoles un daño. Por tanto, se estima que en el caso a estudio, se encuentran satisfechos a cabalidad dichos requisitos; ya que los actos reclamados son susceptibles de suspenderse, existe solicitud de la parte agraviada y con su otorgamiento, no se ocasiona perjuicio al interés de la sociedad, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de algún beneficio y sí, en cambio, de ejecutarse los actos que reclama le causarían daños y detrimentos de difícil reparación. Ello, toda vez que el quejosa solicita la suspensión con efectos positivos, para ser restituida en la posesión del inmueble situado en calle ********************, toda vez que refiere fue lanzada del mismo, sin ser oída y vencida en juicio seguido en su contra. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que se restituya a ******************** en la posesión del inmueble ubicado en calle ********************, siempre y cuando no exista impedimento jurídico o material para ello; en virtud de con tal determinación no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y, además, de acuerdo con la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, hasta en tanto se notifique a las partes la resolución incidental sobre la suspensión definitiva. Es importante mencionar que se otorga esta medida cautelar sin perjuicio de la continuación del procedimiento de ejecución del que derivan los actos reclamados, por ser éste de orden público y por tanto, insuspendible. La medida cautelar se concede con efectos restitutorios, toda vez que en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, la parte quejosa acredita su interés suspensional, principalmente, con la documental que adjuntó a su escrito de demanda, consistente en la dictaminación y ejercicio de créditos líneas I a V, de fecha ocho de noviembre del año dos mil, en la que se aprecia la adquisición del inmueble de mérito por parte del aquí quejoso ********************. Con el aludido documento, se prueba con efectos indiciarios suficientes que el agraviado cuenta con un derecho previo que puede ser protegido de manera provisional. En esas condiciones, si en el caso se solicitó por ******************** como tutela constitucional la suspensión del acto reclamado y no se ubica en alguno de los supuestos que impiden concederla en los términos del artículo 129 de la Ley de Amparo y no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, por tratarse de un conflicto entre particulares ventilado ante las instancias judiciales como corresponde al estado de derecho, resulta viable conceder la suspensión, pues en un asomo de la apariencia del buen derecho se puede asumir la probabilidad que el quejoso pudiera tener un título que amparara la posesión que detentaba cuando se realizó el lanzamiento. Sin que esta afirmación implique considerar si dicho título es eficaz o no, porque ello corresponde al fondo del asunto. Así las cosas, este órgano jurisdiccional considera que la quejosa cuentan con un derecho que pudiera ser tutelado, dados los efectos anticipados que permite el artículo 147 de la ley de la materia, que abonan al restablecimiento de la agraviada en el goce del derecho afectado. Por ser aplicable al caso concreto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2011829, que a la letra dice: LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado. Requisitos de efectividad. Con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, para salvaguardar daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a las partes terceras interesadas, con motivo de la presente suspensión provisional, se impone como garantía que deberá exhibir la parte quejosa la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100, moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley; en la inteligencia de que si opta por garantizar con billete de depósito, éste deberá contener la autorización para que el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, proporcione información a la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y a esta última a solicitar y recibir notificación respecto de su expedición y pago para el control del mismo, cuando, como en el caso, se constituye a disposición del Poder Judicial de la Federación; bajo apercibimiento que de no contener la anterior inscripción no se tendrá por otorgada la garantía respectiva, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 32 del Acuerdo General 7/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del primer párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la quejosa no otorga tal garantía, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído. Notifíquese, y personalmente al quejoso ********************, a la Fiscal de la Federación adscrita y a las terceras interesadas ********************. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Incidental
II. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercero interesada Claudia Méndez Villagómez, el proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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