Miguel Ángel Hernández Bravo
Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Miguel Ángel Hernández Bravo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Causa ejecutoria Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de diez de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el proveído que SOBRESEYÓ ANTES DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Hernández Bravo, por propio derecho, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo Glósese a los presente autos, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; realícense las anotaciones DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 580/2022 respectivas en el libro de gobierno, y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia De conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental En cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión son destruibles al sobreseerse antes de audiencia el juicio de amparo, negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que se ubican en las hipótesis previstas en los capítulos séptimo artículo 21, incisos b) y c), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 580/2022 ??A???????????? transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.
- Principal
Aviso: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo: Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Causa ejecutoria Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de diez de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el proveído que SOBRESEYÓ ANTES DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Hernández Bravo, por propio derecho, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo Glósese a los presente autos, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; realícense las anotaciones DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 580/2022 respectivas en el libro de gobierno, y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia De conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental En cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión son destruibles al sobreseerse antes de audiencia el juicio de amparo, negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que se ubican en las hipótesis previstas en los capítulos séptimo artículo 21, incisos b) y c), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 580/2022 ??A???????????? transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio que remite la Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; por medio del cual informa, que se remite testimonio certificado de la notificación del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós por medio de boletín laboral con el fin de dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de mayo del año en curso; medio de convicción que constituye documento público y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, registro 394,182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, se advierte que el peticionario de amparo acudió a este Juzgado Federal, a reclamar que la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, había sido omisa en proveer respecto a la presentación de la demanda en el expediente laboral SAT47/2022, así como su notificación, luego, toda vez que de las documentales enviadas en apoyo a su informe justificado, se desprende que la responsable emitió el acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, en el que admitió a trámite el citado expediente y en esta misma data remite la constancia de notificación del mismo al quejoso. En consecuencia, este juzgador federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, se sobresee en el presente juicio de amparo antes de audiencia, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En efecto, el acto reclamado del que se duele el quejoso, es la omisión de proveer respecto de la procedencia de la demanda que promovió, misma que fue registrada con el expediente laboral SAT47/2022, así como su notificación, siendo que, como se advierte, de las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en el auto de veintiséis de mayo del año en curso, así como su notificación, hecha mediante boletín laboral el dos de junio de la presente anualidad, por ello se estima, que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, desde el momento de la notificación. Por supuesto, si el acto reclamado es de naturaleza omisiva, y el actuar de la responsable fue del conocimiento del quejoso con posterioridad a haber instado la acción de amparo, entonces, cesa en sus efectos a partir del momento en que tuvo conocimiento del actuar que por esta vía pretende, así, las violaciones o perjuicios de los que se dolió en su demanda inicial, dejan de producir efectos, pero no solo eso sino que, con el actuar de la responsable el quejoso es restituido en pleno goce del derecho violentado, como si le hubiere sido otorgado el amparo, de tal manera que disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos con motivo de que el veintiséis de mayo del año en curso, se dictó el auto correspondiente, en el que se admitió a trámite la demanda que promovió y el dos de junio de la presente anualidad, fue notificado al quejoso, quien se encuentra restituido en su derecho violentado, de ahí que al haber cesado la conducta omisa que reclamó el peticionario de amparo, como se dijo anteriormente, por lo que indudablemente se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causa de improcedencia invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando dicha causal es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las diez horas con un minuto del veinte de junio de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese.
- Principal
Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de: Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio que remite la Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; por medio del cual informa, que se remite testimonio certificado de la notificación del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós por medio de boletín laboral con el fin de dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de mayo del año en curso; medio de convicción que constituye documento público y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, registro 394,182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, se advierte que el peticionario de amparo acudió a este Juzgado Federal, a reclamar que la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, había sido omisa en proveer respecto a la presentación de la demanda en el expediente laboral SAT47/2022, así como su notificación, luego, toda vez que de las documentales enviadas en apoyo a su informe justificado, se desprende que la responsable emitió el acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, en el que admitió a trámite el citado expediente y en esta misma data remite la constancia de notificación del mismo al quejoso. En consecuencia, este juzgador federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, se sobresee en el presente juicio de amparo antes de audiencia, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En efecto, el acto reclamado del que se duele el quejoso, es la omisión de proveer respecto de la procedencia de la demanda que promovió, misma que fue registrada con el expediente laboral SAT47/2022, así como su notificación, siendo que, como se advierte, de las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en el auto de veintiséis de mayo del año en curso, así como su notificación, hecha mediante boletín laboral el dos de junio de la presente anualidad, por ello se estima, que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, desde el momento de la notificación. Por supuesto, si el acto reclamado es de naturaleza omisiva, y el actuar de la responsable fue del conocimiento del quejoso con posterioridad a haber instado la acción de amparo, entonces, cesa en sus efectos a partir del momento en que tuvo conocimiento del actuar que por esta vía pretende, así, las violaciones o perjuicios de los que se dolió en su demanda inicial, dejan de producir efectos, pero no solo eso sino que, con el actuar de la responsable el quejoso es restituido en pleno goce del derecho violentado, como si le hubiere sido otorgado el amparo, de tal manera que disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos con motivo de que el veintiséis de mayo del año en curso, se dictó el auto correspondiente, en el que se admitió a trámite la demanda que promovió y el dos de junio de la presente anualidad, fue notificado al quejoso, quien se encuentra restituido en su derecho violentado, de ahí que al haber cesado la conducta omisa que reclamó el peticionario de amparo, como se dijo anteriormente, por lo que indudablemente se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causa de improcedencia invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando dicha causal es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las diez horas con un minuto del veinte de junio de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese.
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