Miguel Ángel Gutiérrez Bravo
Expediente 10/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Gutiérrez Bravo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por José Cerpa Fajardo, apoderado jurídico del quejoso Miguel Ángel Gutiérrez Bravo; en atención a su contenido, como lo solicita, hágasele devolución de los documentos que indica, previa comparecencia que por su recibo deje en autos a satisfacción de este juzgado para debida constancia legal. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que trascurrió el plazo legal para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y el mismo encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, toda vez que, como se advierte de la certificación de cuenta, no fueron exhibidos documentos originales en el presente sumario, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento al respecto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por Susana Reyes Campos y José Cerpa Fajardo, apoderados jurídicos del quejoso Miguel Ángel Gutiérrez Bravo; atento a su contenido, téngasele cumpliendo con la prevención formulada en proveído de diez de enero del año en curso. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. En esas condiciones, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: "Del Ciudadano Juez reclamo la admisión y seguimiento del Juicio Sucesorio Intestamentario número 182/2017 a bienes del extinto Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez; y, del Ciudadano Actuario Judicial reclamo la falta de emplazamiento a nuestro representado y los terceros interesados ahora señalados, dentro del intestado que refiero." En efecto, de lo transcrito se aprecia claramente que el acto que se reclama ante esta potestad federal es el siguiente: fijación del acto reclamado. La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 182/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, así como todo lo actuado he dicho procedimiento. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario y, que, respectivamente, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". El primero de los preceptos legales citados establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el segundo de los numerales transcritos, se desprende que el juicio de amparo procede en contra de actos que afecten a personas extrañas. A ese respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dentro del juicio existen dos supuestos en que a las personas pueden considerarse terceras extrañas a juicio, a saber: a) Terceros extraños en sentido estricto: cuando no son llamados a juicio (persona diversa a los sujetos que forman parte de una controversia); o b) Terceros extraños al procedimiento por equiparación: por no haber sido emplazados a juicio, o haber sido emplazados en forma diversa a la prevista por la ley. De este modo, se tiene que, conforme lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la afectación que resiente la persona extraña a juicio deriva de la sentencia dictada en el proceso en el cual no formó parte y que afecta alguno de sus derechos, ello al no haber estado en posibilidad de promover los medios de defensa ordinarios ante la ausencia del llamamiento a juicio o, bien, cuando fue llamado en forma ilegal. Ahora dicha fracción, interpretada en sentido contrario, nos permite concluir que, el juicio de amparo es improcedente cuando la persona quien acude a él, carece de carácter de tercero extraño. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, consideró que cuando una persona acude al juicio de amparo ostentando el carácter de extraña a juicio, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen cuando aún no se ha dictado la sentencia respectiva, en ese supuesto se desvirtúa la calidad de persona extraña y, por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de amparo. Lo anterior guarda congruencia con la finalidad que persigue el juicio de amparo indirecto tratándose de la persona extraña a juicio, la cual tiene como propósito permitir al gobernado acudir al juicio natural a deducir sus derechos mediante los recursos o medios ordinarios de defensa cuando se afecten sus intereses, en aquellos casos en los que se haya seguido un juicio en su totalidad si haber sido llamado o, bien, cuando fue emplazado en forma distinta a lo prevenido en la ley. De dicha contradicción de tesis emergió la jurisprudencia 2ª./.J. 47/2011, de texto y rubro siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En el caso que nos ocupa, el acto aquí reclamado es el siguiente: La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 182/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, así como todo lo actuado de dicho procedimiento. Mismo que se reclama el quejoso partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercero extraño a juicio. Ahora, del contenido de los antecedentes expresados en la demanda y en el escrito aclaratorio que, bajo protesta de decir verdad se realizaron, se desprende que en el juicio sucesorio 182/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, se dictó sentencia interlocutoria que resolvió la primera sección, la cual se declaró firme el ocho de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan concluido las tres secciones restantes del sucesorio en comento. Esto es, no se ha concluido el procedimiento sucesorio en su totalidad, pues como se expuso no se han concluido las tres secciones faltantes. Por tal motivo es factible concluir que la parte quejosa, quien aduce tener carácter de heredero de la sucesión a bien de Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, está en aptitud de hacer valer sus derechos dentro del juicio sucesorio que aún no ha concluido, con lo cual, se desvirtúa su calidad de tercero extraño a juicio a que se refiere el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo. Lo anterior se explica, pues, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1031, 1032, 1033, y 1035 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, quien denuncia una sucesión intestamentaria está obligado a señalar el nombre y domicilio de los demás coherederos, por lo que una vez dictado el auto de radicación de la sucesión intestamentaria, el juez debe publicar un edicto en la puerta del juzgado por treinta días convocando a los que se crean con derecho a la herencia, para que los interesados comparezcan a deducirlo en dicho término, el cual debe considerarse a partir de la fecha de fijación del edicto, en tanto que para los coherederos nombrados por el denunciante, el término comienza a correr el día siguiente hábil en que se haga la notificación respectiva. Ahora, si bien el llamamiento de un presunto heredero a juicio sucesorio intestamentario no puede considerarse como un emplazamiento, porque un juicio sucesorio no tiene como objetivo dar a conocer una controversia judicial en la que si no comparece el demandado se le puede tener en rebeldía, lo cierto es que, en caso de que no comparezcan a juicio los herederos, quedan a salvo sus derechos para que realicen la petición correspondiente, por tanto, podría decirse que los efectos del llamamiento a un juicio sucesorio contiene efectos similares a los producidos por un emplazamiento, pues dicho llamamiento tiene como finalidad que los presuntos herederos comparezcan al procedimiento sucesorio a hacer valer sus derechos hereditarios. En ese orden de ideas, cuando el presunto heredero promueve amparo indirecto y reclama que no fue legalmente llamado al juicio sucesorio, porque el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos establecidos en la ley adjetiva civil aplicable, es evidente que en esa hipótesis éste adquiere la calidad de persona extraña a juicio por equiparación, precisamente porque la falta o ilegal llamamiento a juicio sucesorio intestamentario conlleva una infracción al derecho de audiencia garantizado en el artículo 14 constitucional, pero sólo opera en el supuesto de que se haya concluido definitivamente el juicio sucesorio. Sin embargo, como sucede en el caso concreto, si el recurrente manifestó bajo protesta de decir verdad que tiene conocimiento de que aún no se han cuncluido las tres secciones restantes -de inventario y avalúos, rendición de cuentas y administración y división y partición de la herencia, es inconcuso que no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio. Por tanto, el juicio promovido con esa calidad es improcedente, precisamente porque al no estar terminado el juicio sucesorio intestamentario, el quejoso está obligado a comparecer al procedimiento y agotar los recursos y medios de defensa ordinarios para obtener su reconocimiento como heredero del auto de la sucesión. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ BRAVO. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por Susana Reyes Campos y José Cerpa Fajardo, apoderados jurídicos del quejoso Miguel Ángel Gutiérrez Bravo; atento a su contenido, téngasele cumpliendo con la prevención formulada en proveído de diez de enero del año en curso. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. En esas condiciones, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: "Del Ciudadano Juez reclamo la admisión y seguimiento del Juicio Sucesorio Intestamentario número 182/2017 a bienes del extinto Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez; y, del Ciudadano Actuario Judicial reclamo la falta de emplazamiento a nuestro representado y los terceros interesados ahora señalados, dentro del intestado que refiero." En efecto, de lo transcrito se aprecia claramente que el acto que se reclama ante esta potestad federal es el siguiente: fijación del acto reclamado. La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 182/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, así como todo lo actuado he dicho procedimiento. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario y, que, respectivamente, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". El primero de los preceptos legales citados establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el segundo de los numerales transcritos, se desprende que el juicio de amparo procede en contra de actos que afecten a personas extrañas. A ese respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dentro del juicio existen dos supuestos en que a las personas pueden considerarse terceras extrañas a juicio, a saber: a) Terceros extraños en sentido estricto: cuando no son llamados a juicio (persona diversa a los sujetos que forman parte de una controversia); o b) Terceros extraños al procedimiento por equiparación: por no haber sido emplazados a juicio, o haber sido emplazados en forma diversa a la prevista por la ley. De este modo, se tiene que, conforme lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la afectación que resiente la persona extraña a juicio deriva de la sentencia dictada en el proceso en el cual no formó parte y que afecta alguno de sus derechos, ello al no haber estado en posibilidad de promover los medios de defensa ordinarios ante la ausencia del llamamiento a juicio o, bien, cuando fue llamado en forma ilegal. Ahora dicha fracción, interpretada en sentido contrario, nos permite concluir que, el juicio de amparo es improcedente cuando la persona quien acude a él, carece de carácter de tercero extraño. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, consideró que cuando una persona acude al juicio de amparo ostentando el carácter de extraña a juicio, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen cuando aún no se ha dictado la sentencia respectiva, en ese supuesto se desvirtúa la calidad de persona extraña y, por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de amparo. Lo anterior guarda congruencia con la finalidad que persigue el juicio de amparo indirecto tratándose de la persona extraña a juicio, la cual tiene como propósito permitir al gobernado acudir al juicio natural a deducir sus derechos mediante los recursos o medios ordinarios de defensa cuando se afecten sus intereses, en aquellos casos en los que se haya seguido un juicio en su totalidad si haber sido llamado o, bien, cuando fue emplazado en forma distinta a lo prevenido en la ley. De dicha contradicción de tesis emergió la jurisprudencia 2ª./.J. 47/2011, de texto y rubro siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En el caso que nos ocupa, el acto aquí reclamado es el siguiente: La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 182/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, así como todo lo actuado de dicho procedimiento. Mismo que se reclama el quejoso partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercero extraño a juicio. Ahora, del contenido de los antecedentes expresados en la demanda y en el escrito aclaratorio que, bajo protesta de decir verdad se realizaron, se desprende que en el juicio sucesorio 182/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, se dictó sentencia interlocutoria que resolvió la primera sección, la cual se declaró firme el ocho de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan concluido las tres secciones restantes del sucesorio en comento. Esto es, no se ha concluido el procedimiento sucesorio en su totalidad, pues como se expuso no se han concluido las tres secciones faltantes. Por tal motivo es factible concluir que la parte quejosa, quien aduce tener carácter de heredero de la sucesión a bien de Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, está en aptitud de hacer valer sus derechos dentro del juicio sucesorio que aún no ha concluido, con lo cual, se desvirtúa su calidad de tercero extraño a juicio a que se refiere el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo. Lo anterior se explica, pues, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1031, 1032, 1033, y 1035 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, quien denuncia una sucesión intestamentaria está obligado a señalar el nombre y domicilio de los demás coherederos, por lo que una vez dictado el auto de radicación de la sucesión intestamentaria, el juez debe publicar un edicto en la puerta del juzgado por treinta días convocando a los que se crean con derecho a la herencia, para que los interesados comparezcan a deducirlo en dicho término, el cual debe considerarse a partir de la fecha de fijación del edicto, en tanto que para los coherederos nombrados por el denunciante, el término comienza a correr el día siguiente hábil en que se haga la notificación respectiva. Ahora, si bien el llamamiento de un presunto heredero a juicio sucesorio intestamentario no puede considerarse como un emplazamiento, porque un juicio sucesorio no tiene como objetivo dar a conocer una controversia judicial en la que si no comparece el demandado se le puede tener en rebeldía, lo cierto es que, en caso de que no comparezcan a juicio los herederos, quedan a salvo sus derechos para que realicen la petición correspondiente, por tanto, podría decirse que los efectos del llamamiento a un juicio sucesorio contiene efectos similares a los producidos por un emplazamiento, pues dicho llamamiento tiene como finalidad que los presuntos herederos comparezcan al procedimiento sucesorio a hacer valer sus derechos hereditarios. En ese orden de ideas, cuando el presunto heredero promueve amparo indirecto y reclama que no fue legalmente llamado al juicio sucesorio, porque el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos establecidos en la ley adjetiva civil aplicable, es evidente que en esa hipótesis éste adquiere la calidad de persona extraña a juicio por equiparación, precisamente porque la falta o ilegal llamamiento a juicio sucesorio intestamentario conlleva una infracción al derecho de audiencia garantizado en el artículo 14 constitucional, pero sólo opera en el supuesto de que se haya concluido definitivamente el juicio sucesorio. Sin embargo, como sucede en el caso concreto, si el recurrente manifestó bajo protesta de decir verdad que tiene conocimiento de que aún no se han cuncluido las tres secciones restantes -de inventario y avalúos, rendición de cuentas y administración y división y partición de la herencia, es inconcuso que no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio. Por tanto, el juicio promovido con esa calidad es improcedente, precisamente porque al no estar terminado el juicio sucesorio intestamentario, el quejoso está obligado a comparecer al procedimiento y agotar los recursos y medios de defensa ordinarios para obtener su reconocimiento como heredero del auto de la sucesión. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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