Miguel Angel Gutierrez Arroyo
Expediente 173/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguel Angel Gutierrez Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de julio de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Asimismo, que en el incidente de suspensión derivado de éste último, se concedió la medida cautelar provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO DE LOS INCIDENTES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 18, fracción l, inciso a) del acuerdo general relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis. En términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil veintiuno, Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, conforme a la autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CCJ/ST/1785/2021, para el periodo comprendido del uno al quince de julio de dos mil veintiuno, por vacaciones del Secretario autorizado para desempeñar las funciones de titular, asistido por el licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 173/2021, promovido por Miguel Ángel Gutiérrez Arrollo, por su propio derecho, contra actos de la Jueza Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. 3.- Los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento de alegatos el cual se ordenó agregar en auto de catorce de junio del año en curso. Asimismo, el Secretario certifica: Que no existe promoción con la cual dar cuenta. Enseguida, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las aportó. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el que se tiene que únicamente los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación mediante pedimento agregado en el sumario en auto de catorce de junio de dos mil veintiuno. A lo que el suscrito Secretario encargado del despacho, acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de mérito en la forma y términos ahí contenidos. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, el Secretario encargado del despacho acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 173/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Miguel Ángel Gutiérrez Arrollo, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente 173/2021, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esto al reclamarse actos cuya ejecución se materializa en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: _ La orden de aprehensión librada en su contra en la carpeta 0100- 089-0502-2021, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Comandante Regional de la Policía Especializada, la Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, y la Fiscal del Ministerio Público Investigador 5 de la Unidad de Violencia Familiar y Delitos Sexuales Fronterizo Costa, todos con residencia en esta ciudad, negaron categóricamente los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa con medio de convicción alguno. En ese sentido, al constituir los informes justificados documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga valor probatorio pleno. En ese tenor, resultan inexistentes los indicados actos reclamados, máxime que la parte quejosa, no demostró lo contrario. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador 5 de la Unidad de Violencia Familiar y Delitos Sexuales Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, respecto a que se encuentra conociendo de un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en la carpeta de investigación número 0100-089-0510-2021, en contra del aquí quejoso; sin embargo, afirma que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra. Máxime que, al tratarse el procedimiento de origen en una carpeta de investigación, no puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, pues no implica que necesariamente se vaya a judicializar dicha indagatoria en su contra. De estimarse lo contrario, se provocaría que la representación social incumpliera con los postulados que consagra en su favor el pacto federal, traduciéndose en la obstaculización de su integración y con ello, de las actuaciones subsecuentes. Encuentra orientación a lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con datos de localización: Registro digital: 2015500, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1947, Tipo: Aislada, del rubro y texto siguientes: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Miguel Ángel Gutiérrez Arrollo, contra el acto precisado en el considerando segundo, atribuido a las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero, atento los razonamientos expuestos en el mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, conforme a la autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CCJ/ST/1785/2021, para el periodo comprendido del uno al quince de julio de dos mil veintiuno, por vacaciones del Secretario autorizado para desempeñar las funciones de titular, quien a su vez es asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se tiene por recibido el pedimento firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración en la etapa respectiva de la audiencia constitucional. Asimismo, solicita tener acceso al expediente electrónico, a través del Portal de Servicios en Línea con el nombre de usuario "Nayeli90", y por tanto, que la tramitación del presente asunto se continúe bajo el esquema de "juicio en línea". En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numeral 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a la representación social federal, la consulta del expediente electrónico vía internet, haciéndole de su conocimiento que este acuerdo y las subsecuentes resoluciones, le serán notificados de forma electrónica por así haberlo solicitado expresamente, a través de la plataforma dispuesta para ello en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se da instrucciones a la encargada del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que proceda a la verificación y alta del usuario "Nayeli90". Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, una vez que se haya dictado sentencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en su oportunidad expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido de la licenciada Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentran transcurriendo los ocho días dentro de los cuales debe darse vista a las partes con el informe justificado rendido por la Fiscal del Ministerio Público Investigador Cinco, con sede en esta ciudad. En consecuencia, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo ese acto procesal. La fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el numeral 115 de la ley de la materia, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE". Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por la licenciada Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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