MIGUEL ÁNGEL GUEVARA CONTRERAS y Otros.

Expediente 1947/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1947/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2017

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Guevara Contreras
  • MIGUEL ÁNGEL GUEVARA CONTRERAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto y toda vez que hasta la fecha en que se actúa, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, no ha dado debido cumplimiento al fallo protector, no obstante encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como se aprecia del acuse de recibo que obra en autos. En consecuencia y, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, NUEVAMENTE se REQUIERE al: 217.5 S TESORERO MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. Para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído dé cumplimiento al fallo protector, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final de la sentencia dictada en el presente asunto el veintiocho de abril del año en curso, misma que le fue notificada a través del oficio arriba indicado el cuatro de mayo de este año, según consta del acuse de recibo que obra en autos (foja 109). ". En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto de la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Ajalpan, Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017, en especial el artículo 21, inciso b), así como el acto de su aplicación y ejecución, que establece el pago del derecho de alumbrado público (DAP), para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa la referida norma y, por tanto, no se cobre dicho concepto sobre su consumo tarifario determinado por la Comisión Federal de Electricidad, únicamente por lo que hace al ejercicio fiscal de 2017 y respecto al municipio de Ajalpan, Puebla; en consecuencia, la dependencia respectiva del Ayuntamiento, es decir, la Tesorería Municipal de ese lugar, deberá proceder a la devolución de las cantidades que por concepto de derecho de alumbrado público pagó la quejosa por lo que hace al periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, respecto de los servicios números 238 890 100 933 y 238 130 612 527, así como las subsecuentes que hubiera enterado por el mismo concepto en cumplimiento a la norma reclamada, para lo cual, en este último aspecto, en el momento procesal oportuno, dicha quejosa deberá precisar aquellas cantidades pagadas en cumplimiento a la norma referida. Ello, tomando en consideración que la protección constitucional abarca la esfera jurídica de la quejosa en su totalidad, de ahí que no comprende únicamente el pago de dicho derecho que se analizó como acto concreto de aplicación en este juicio, sino que se hace extensivo a los posteriores de los mismos servicios, y aquellos que haya realizado respecto a otros servicios que tenga contratados y que se sustenten en la aplicación del artículo referido, en la porción normativa indicada, y para que no se le efectúe cobro alguno por dicho derecho en el futuro, de conformidad con el criterio jurisprudencial P./J. 112/99, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Del mismo modo, la devolución de la cantidad debe realizarse en forma actualizada, con el fin de restituir a la solicitante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, con independencia de que las disposiciones del cuerpo normativo local puedan o no establecer que la devolución de cantidades a cargo de los municipios, deba ser realizada con la actualización correspondiente. Ello, en la inteligencia de que la actualización de mérito, debe calcularse a la fecha concreta en que se acredite efectivamente el pago realizado. ." (fojas 97 a 99). Por tanto, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al citado Tesorero Municipal, por conducto de su superior jerárquico, es decir, por medio del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJALPAN, PUEBLA, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, conmine al Tesorero responsable para que dé debido cumplimiento al fallo protector. Se APERCIBE a las citadas autoridades que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá a cada una multa equivalente a ciento ochenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete; y para el caso de no hacerlo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste a este juzgado federal, si a la fecha en que reciba la notificación de este acuerdo, el Tesorero responsable ya le hizo entrega o en su caso, la transferencia correspondiente a la devolución de impuestos por concepto de derecho de alumbrado público. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Rodolfo Vélez Ortiz mediante el cual promueve incidente de liquidación de sentencia; al respecto, dígasele que se reserva el acuerdo correspondiente, hasta en tanto se tenga conocimiento del cumplimiento que den las autoridades responsables

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de Patricia Rodríguez Flores, en su carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el quejoso CIRO OLOARTE LÓPEZ, por medio del cual objeta el informe justificado rendido por el Director General del Centro SCT Puebla y, en virtud de que los argumentos vertidos se dirigen a combatir cuestiones relativas al fondo del presente asunto y no a la autenticidad de dicho informe; dígase que las manifestaciones que del escrito de cuenta se desprenden, serán tomadas en consideración al momento de resolverse en definitiva el presente juicio de garantías. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa, ofreciendo como prueba de su parte, la impresión del Manual de Procedimientos para la Liberación del Derecho de Vía de Carreteras Federales, para que sean tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto, con su contenido, fórmese el Anexo 2, del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a disposición de las partes las cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano