Miguel Ángel Guerrero Vázquez

Expediente 648/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
648/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Guerrero Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Promoción Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico, y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 648/2023. Acto reclamado De la lectura íntegra del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que el quejoso ***, reclama del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad: 1) La resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, relativa al incidente de nulidad de notificaciones, promovido dentro del diverso incidente de liquidación de sociedad conyugal, que tiene su origen en el juicio de divorcio incausado radicado con el número ***, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en la que decretó improcedente la aludida incidencia hecha valer en contra de la diligencia de diez de julio del año que cursa, por la que se notificó a la ahora parte quejosa el inicio a trámite del incidente de liquidación en comento. Antecedentes En primer término, de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación que plasma la parte quejosa en el escrito de demanda, se desprende lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, se tramita el incidente de liquidación de sociedad conyugal, que tiene su origen en el juicio de divorcio incausado, radicado con el número ***, promovido por ****, en contra del aquí quejoso ****. 2. Dentro del mencionado incidente de liquidación de sociedad conyugal, el ahora quejoso promovió un diverso incidente de nulidad de notificaciones, contra la diligencia de notificación realizada el diez de julio del año en curso, por medio de la cual se hizo de su conocimiento el inicio a trámite de la aludida incidencia. 3. Así, el veintisiete de octubre de la presente anualidad, el juez responsable decretó improcedente por infundado el incidente propuesto por el quejoso y como consecuencia de ello, declaró legalmente válida la notificación impugnada. Cuestión previa En principio, conviene precisar que en tratándose de juicios de divorcio sin expresión de causa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2019, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES).", estableció, entre otras cuestiones, lo siguiente: "[.] 56. De esta forma, la acumulación de las pretensiones dentro del procedimiento de divorcio no se traduce en que forzosamente deban resolverse en una sola sentencia, pues existe la posibilidad de escindir o separar esas pretensiones accesorias cuando no existan las condiciones procesales adecuadas para el pronunciamiento de una sentencia de fondo sin vulnerar derechos fundamentales; de manera que no solamente resulte conveniente, sino necesaria su escisión. 57. En las circunstancias apuntadas, si el juicio de divorcio sujeto a examen es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones y la ley que lo regula admite la posibilidad de escisión en el supuesto en que no es posible resolver ambas en una misma resolución, es válido concluir que el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. [.] 84. Entonces, el procedimiento es susceptible de escisión, para resolver sobre el divorcio por no encontrarse alguna situación que impida emitir resolución sobre ello o porque las partes estuvieron de acuerdo con la disolución del vínculo matrimonial, en cuyo caso puede concluir válidamente con la emisión de dos sentencias definitivas: una sobre la pretensión principal -el divorcio- y la otra respecto a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. 85. Luego, al escindir el proceso, el Juez dicta la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial y dispone la continuación del procedimiento sobre las cuestiones inherentes a aquél. [.]" De lo anterior, se advierte que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en un juicio de divorcio las pretensiones no forzosamente deben resolverse en una sola sentencia, pues existe la posibilidad de escindir o separar esas pretensiones accesorias cuando no existan las condiciones procesales adecuadas para el pronunciamiento de una sentencia de fondo sin vulnerar derechos fundamentales. De modo que es dable asumir que en este tipo de procedimientos -juicio de divorcio sin causa- se ventilan dos o más pretensiones y la ley que lo regula admite la posibilidad de escisión en el supuesto en que no es posible resolverlas en una misma resolución; por lo que es válido concluir que el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva: una sobre la pretensión principal -el divorcio- y la otra respecto de las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial (liquidación de sociedad conyugal, alimentos, guarda y custodia de los hijos, compensación, etcétera). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 111/2012 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del país, de contenido siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación armónica y sistemática de diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se advierte que el juicio de divorcio sin expresión de causa se integra por un solo proceso que concluye con una sentencia, que puede ser emitida desde el inicio cuando se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio, o al final, cuando se resuelven totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio. Ahora bien, la resolución que sin decretar el divorcio, sólo se ocupa de cuestiones inherentes al matrimonio, adquiere la calidad de sentencia y no de interlocutoria, las cuales conforme a los artículos 685, 685 Bis y 691, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son apelables. De ahí que, acorde con los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los recursos de apelación interpuestos contra la resolución que sólo resuelven cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, son definitivas para la procedencia del juicio de amparo directo." Así como la diversa tesis (IV Región) 1o.15 C (11a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, de rubro y texto: "INTERLOCUTORIA DE DECRETO Y COMPENSACIÓN DE MEDIDA ALIMENTARIA EN EL JUICIO DE DIVORCIO. AUNQUE DERIVE DE UN TRÁMITE INCIDENTAL, CONSTITUYE MATERIALMENTE UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). Hechos: Uno de los cónyuges reclamó en la vía incidental el otorgamiento de una compensación de medida alimentaria, derivado de un juicio de divorcio por voluntad unilateral de uno de ellos (artículos 730, 735, 739 y 740 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche) y se decretó en su favor esa compensación, sin que esté declarado el divorcio. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la interlocutoria de decreto y compensación de medida alimentaria en el juicio de divorcio es una sentencia definitiva y procede en su contra el juicio de amparo directo. Justificación: Lo anterior, porque la denominación de interlocutoria y que su origen sea un trámite incidental no es suficiente para concluir que tenga un carácter distinto al de una sentencia definitiva, pues la naturaleza de este tipo de resolución es que resuelva el fondo de la controversia en relación con un derecho sustantivo y que se hayan satisfecho las formalidades esenciales del procedimiento, aunque haya sido de forma abreviada. Ahora bien, el juicio de divorcio puede resolverse mediante una sola sentencia definitiva o con dos o más, teniendo en cuenta que se resuelve sobre pretensiones diversas que comprenden derechos sustantivos independientes entre sí. Así, aunque la pretensión principal inicial sea el divorcio, también pueden formar parte de la litis, concomitante o posterior al divorcio, las demás cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial (pensión compensatoria, guarda y custodia, régimen de convivencia, alimentos, etcétera), por lo que puede existir una sentencia definitiva o más, teniendo en cuenta que cada una puede contener una determinación de fondo que resuelva cada una de esas cuestiones inherentes al divorcio. De modo que cada resolución que decida sobre un derecho sustantivo, aunque derive de un trámite incidental, constituye materialmente una sentencia definitiva con independencia de las alusiones o denominaciones formales del procedimiento en el cual se dicte, porque la denominación depende de la voluntad del legislador, pero la naturaleza de la resolución para determinar la procedencia del amparo directo, corresponde analizarla al Tribunal Colegiado de Circuito." Entonces, se estima que la resolución que recaiga al incidente de liquidación de sociedad conyugal dentro del cual se promovió el aludido incidente de nulidad de notificaciones, tendrá la calidad de una sentencia definitiva, contra la que procede el juicio de amparo directo, pues ésta, en forma definitiva se ocupará de dilucidar sobre un derecho sustantivo inherente al matrimonio, como lo es la liquidación de la sociedad conyugal habida entre la quejosa y su ex cónyuge Desechamiento de demanda Así, previamente a la admisión de la demanda de amparo, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto de desechamiento de demanda. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Se cita al caso, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Bajo esa precisión, se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa fracción V, precepto 107, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Concatenado con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos durante un procedimiento seguido en forma de juicio, que causen al gobernado una ejecución de imposible reparación. En relación con lo anterior conviene precisar que un acto tiene una ejecución de imposible reparación cuando es susceptible de afectar de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales; es decir, aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas -como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otras-, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos; así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Esto es, la afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos reconocidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa que no pueden ser reparados con el dictado de la sentencia definitiva. Sin embargo, el juicio de amparo indirecto es improcedente respecto de actos cuyos efectos sean intraprocesales o adjetivos, que puedan ser reparados si se obtiene fallo favorable en el fondo; o en caso contrario, se puede hacer valer dicha violación a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo; y al respecto este último numeral, estima entre otros actos que violan las reglas esenciales del procedimiento, los siguientes: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Cabe precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en relación con el tema de personalidad con motivo de la Ley de Amparo, sostuvo que únicamente era procedente el juicio de amparo indirecto, respecto de actos dictados dentro de juicio que fueran de imposible reparación por afectar derechos sustantivos. Que lo anterior era así, porque de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducían dos condiciones que el legislador secundario había dispuesto para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicha jurisprudencia es del contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De ahí que son actos de ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En sentido contrario, son actos intraprocesales aquellos que no afectan inmediatamente derechos fundamentales, sino que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene fallo favorable a sus intereses en el fondo ya sea en primera o segunda instancia; o en caso contrario, de seguirle siendo desfavorable a sus intereses, se puede hacer valer dicha violación a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, es claro que en el caso a estudio el acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente ****, relativo al incidente de liquidación de sociedad conyugal, promovido por ****, en contra del aquí quejoso ****, en el que se declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones propuesto contra la diligencia de diez de julio del año en curso, no constituye un acto dentro del procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos, sino únicamente intraprocesales, ya que puede ser reparado si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, en caso contrario, puede hacer valer dicha violación en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia en términos del artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, y en caso de seguirle siendo desfavorable la sentencia de segunda instancia, puede hacer valer la violación de referencia al promover el juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto por los artículos 170, 171 y 172 de la citada Ley de Amparo. Por tanto, es claro que en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, interpretada en sentido contrario, la Jurisprudencia I.11o.C. J/14, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. NO PROCEDE SU ANÁLISIS EN EL AMPARO DIRECTO CUANDO NO AFECTAN LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 158 de la Ley de Amparo, para que las violaciones a las leyes del procedimiento puedan impugnarse en amparo directo es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) que afecten las defensas del quejoso; y, b) que trasciendan al resultado del fallo; por tanto, si la violación procesal impugnada se hace consistir en la admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, y el sentido de la sentencia de primer grado no se apoyó en esas probanzas, es evidente que tal violación no afectó las defensas del quejoso ni trascendió al resultado de dicho fallo y, por consiguiente, es de concluirse que no procede su análisis en el amparo directo respectivo." De igual forma la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar 3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, publicada en la página 1283, tomo XXVIII, de noviembre de 2008, de la Novena Época. huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución."7 Aunado a lo anterior, también se actualiza de manera manifiesta y notoria la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que en términos del artículo 928 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, procede el recurso de apelación contra la resolución reclamada; de ahí que al no haberse agotado el principio de definitividad, también por este motivo resulta improcedente el juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Autorizado y domicilio Como lo solicita, se tiene como sus autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que se encuentra registrado en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo, téngase como domicilio procesal el que señala en su escrito de cuenta; sin embargo, se privilegia el envío de notificaciones de carácter personal mediante el juicio en línea. Acceso al expediente electrónico Como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el nombre de usuario "***", y además, se le autoriza para recepción de notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II, del artículo 30 de la Ley de Amparo, deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "***", únicamente por lo que respecta al juicio de amparo en que se actúa. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, y 22, cuarto párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Luis Alberto González Villa, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, por licencia de la titular; designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, comunicada mediante oficio SEADS/2289/2023, del índice de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del propio Consejo, asistido de Cynthia González López, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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