Miguel Ángel Guerrero Pineda
Expediente 539/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Miguel Ángel Guerrero Pineda
- Miguel Ángel Guerrero Pineda y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese sin mayor proveído los oficios 2493/2023 y 2521/2023, remitidos por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial con residencia en Compostela, Nayarit, por conducto de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones, a través de los cuales remite diversas documentales relativas al presente expediente; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de treinta y uno de octubre de la anualidad, se tuvieron por recibidas las mismas, acordándose lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Liliana Margarita Villarreal Medrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 2521/2023, remitido electrónicamente por la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial con residencia en Compostela, Nayarit, por conducto de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones, a través del cual informa los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector y, al efecto, remite diversas constancias a fin de acreditar su dicho. No obstante a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita las constancias con las cuales se acredite que el Instituto Registral y Catastral del Estado, con residencia en esta ciudad, y la Notaria Pública Número 4, con sede en San Blas, Nayarit, han dado cumplimiento a lo requerido en sus oficios 2491/2023 y 2489/2023; toda vez que ello resulta necesario para que este juzgado esté en aptitud legal de pronunciarse sobre el particular. ... Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, haya sido recurrida por las partes legitimadas para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que amparó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Juez Mixto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial, con residencia en Compostela, Nayarit; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo. El apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Liliana Margarita Villarreal Medrano, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 539/2023-IV, promovido por********************, por propio derecho; y, PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en Tamaulipas, con sede en esta localidad, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Compostela en el Estado de Nayarit, y otras autoridades, descritos en fojas cuatro y cinco del presente sumario, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este juzgado de Distrito, el que mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, la admitió a trámite (fojas 18-20), quedando registrada con el número de expediente 539/2023; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; tuvo al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, con el carácter de tercero interesado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, quien formuló alegatos; y, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Competencia. PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con base en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 segundo párrafo y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la quejosa promovió el presente juicio en calidad de tercero extraño por equiparación (competencia del amparo indirecto); además de que los efectos del juicio que se le siguió tienen ejecución, además de otra, en esta localidad (competencia territorial). Fijación del acto reclamado. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención del accionante, prescindiendo de calificativas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad; sobre esa base, se tiene que los actos reclamados consisten en: El emplazamiento practicado al quejoso dentro del juicio hipotecario 297/2014, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Compostela en el Estado de Nayarit, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, así como todo lo posteriormente actuado, incluyendo la sentencia y su ejecución. Negativa de los actos reclamados. TERCERO. Las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron los actos que se les reclaman (fojas 25-31), sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia, y con apoyo en la jurisprudencia número 1089, consultable en la página 755, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Existencia del acto reclamado. CUARTO. La autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Compostela en el Estado de Nayarit, y Notificadora adscrita a dicho juzgado, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman; por lo que dichos actos se tienen por legalmente ciertos. Lo cual se corrobora con las constancias almacenadas en el disco versátil digital DVD, relativas al juicio especial hipotecario 297/2014, que el citado Juez responsable envió en alcance a su informe justificado; el cual tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por su parte, la diversa autoridad responsable Notaría Pública Número Tres de la Segunda Demarcación Notarial con residencia en el Puerto de San Blas, Nayarit, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber quedado legalmente notificada, según se advierte del acuse de recibo del oficio a través del cual se le notificó (foja 47); por tanto, se tiene por presuntivamente cierto el acto que a ella se reclama, toda vez el Juez responsable admitió su existencia, por lo que en atención a que fue señalada como ejecutora la autoridad que nos ocupa, a ésta corresponde la emisión de la escritura y trámite de inscripción correspondiente. Causales de Improcedencia. QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, quien aquí resuelve no advierte causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, así como tampoco fue invocada una por las partes; motivo por el que procede realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Conceptos de violación. SEXTO. Ahora, es de precisarse que no causa indefensión a la parte quejosa el que no se transcriban los conceptos de violación, dado que no se le priva del derecho de recurrir esta resolución y alegar lo conducente para evidenciar, en su caso, la ilegalidad de la misma, habida cuenta que no lo exige el artículo 74 de la Ley de Amparo, al momento de dictar la sentencia respectiva, y tampoco se incumple con los principios de congruencia y exhaustividad, en virtud de que el suscrito juzgador estudiará los planteamientos que haya hecho valer; lo anterior, aún más queda corroborado con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Como cuestión previa, debe decirse que del disco versátil digital que remitió la juez responsable, se advierte como antecedentes del juicio especial hipotecario 297/2014, lo siguiente: Por auto de treinta de mayo de dos mil catorce, se admitió en la vía especial hipotecaria la demanda promovida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, en contra de********************, y otros, ordenándose el emplazamiento de los demandados; diligencia que se practicó el dos de junio de dos mil catorce (fojas 20661, 021918 a 022138, del disco versátil digital). El tres de julio de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la parte demandada a pagar en favor de la actora las prestaciones reclamadas. (foja 25574 de las constancias que obran en el disco versátil digital que se envió como complemento del informe justificado) En auto de catorce de agosto de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio (foja 40536). Análisis del fondo del asunto. OCTAVO. Este Juzgado de Distrito considera que los conceptos de violación resultan fundados, para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal que solicita la quejosa, suplida su deficiencia en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, por advertirse que en contra de********************, existe una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, en atención a las consideraciones que más adelante se expondrán. Es aplicable a lo anterior, en tanto no se opone a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Común, visible en la página 22, registro 190656, del rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Así como la tesis (IX Región) 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región; consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia Común, página 2084, registro 2009514, que dice: "EMPLAZAMIENTO. LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO, EN EL SENTIDO DE QUE EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ILEGALIDAD O FALTA DE DICHA DILIGENCIA, OBLIGA AL JUEZ DE AMPARO A ANALIZARLO ATENDIENDO A LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Del artículo 79, fracción VI y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que en materias diversas a la penal, agraria y laboral opera la suplencia de la queja deficiente en los conceptos de violación y en los agravios cuando el órgano jurisdiccional advierta que existió contra el quejoso o particular recurrente una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa, siempre y cuando se formulen motivos de disenso para controvertir la actuación combatida. En ese sentido, cuando el acto reclamado lo constituye la omisión o ilegalidad en el emplazamiento de un juicio, procede la suplencia de la queja deficiente, de conformidad con esa disposición, toda vez que esa simple manifestación del quejoso constituye, por sí misma, un concepto de violación mediante el cual se controvierte la legalidad de esa actuación y, por ende, obliga al juzgador de amparo a analizar dicho acto procesal de trascendencia relevante, dada su importancia con las demás formalidades del procedimiento, desde diversas perspectivas no planteadas frontalmente por el inconforme, pues con su solo señalamiento como acto reclamado se cumple con la exigencia de formular un planteamiento que puede ser mejorado en ejercicio de la suplencia de la deficiencia de la queja. Tal conclusión se corrobora al considerarse que, de pretender mayores solemnidades o exigencias en la formulación de los conceptos de violación o agravios se desnaturalizaría la razón de ser de dicha institución jurídica, pues se obligaría a construir silogismos perfectos, ante lo cual, sería innecesario que el juzgador interviniera con sustento en esa figura, pues limitaría su estudio a lo estrictamente planteado en la demanda correspondiente, convirtiendo así al asunto, para fines prácticos, en uno de estricto derecho." Así, tenemos que el quejoso********************, reclama el emplazamiento realizado en el juicio especial hipotecario 297/2014, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Compostela en el Estado de Nayarit, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, en su contra; y, como consecuencia, todo lo actuado posteriormente. El impetrante de amparo aduce medularmente que se violan en su perjuicio los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que el emplazamiento al juicio especial hipotecario 297/2014, del índice del Juzgado responsable, no se realizó de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, y por ende, no fue oído ni vencido en juicio. Sentado lo anterior, es conveniente destacar que el emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional, destinado a hacer saber al demandado la existencia de una demanda que se ha interpuesto en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica es considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, por ende, reviste gran importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia, establecido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: ". Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." En ese contexto, queda claro que el derecho de audiencia consagrado en el precepto constitucional transcrito, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento, y que de no cumplirse con ellas se infringiría el referido derecho de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Así, conforme a lo dispuesto en el citado dispositivo, para que se cumpla con el derecho de audiencia es menester tener la oportunidad de defenderse en forma previa al acto privativo de los bienes jurídicos tutelados por la constitución como la vida, la libertad, la propiedad, los derechos, papeles y posesión, esto es, implica: a) Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; b) Se dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; c) Se le dé la oportunidad de formular alegatos; y, d) Se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Robustece lo aquí sostenido, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento treinta y tres, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, con número de registro 200234, cuyo rubro y texto dicen: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Por otra parte, las formalidades esenciales del procedimiento que se dicen conculcadas, son principios formativos del procedimiento judicial necesarios para que las partes tengan la posibilidad real de lograr una decisión justa de la controversia planteada, la cual desde luego está vinculada con los derechos de acción y defensa como lo proclama el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En ese sentido, es necesario explicar que el emplazamiento es un acto complejo integrado por dos partes, una notificación propiamente dicha y la concesión de un plazo para acudir a producir contestación a una demanda sin pena de resentir las consecuencias de asumir una conducta omisa, el cual conlleva un requerimiento o convocatoria que se hace a una persona, física o jurídica, para que comparezca al tribunal dentro del término que se le designe, con el objeto de defenderse de los cargos que se le hacen y, de oponerse a la demanda. La doctrina y la jurisprudencia han sido coincidentes en conceptualizar al emplazamiento como un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que ejerza su derecho de defensa. Con ese acto procedimental las autoridades jurisdiccionales cumplen con el derecho fundamental de audiencia, por consiguiente, en toda controversia judicial en que se practique el llamado a juicio, existe la presunción legal de que en ella se cumple con ese derecho, dado que por su conducto se da inicio al derecho que tiene todo demandado de ser oído y vencido en uno, pues a fin de resentir una condena legal derivada de una relación jurídica de cualquier índole, es requisito indispensable el que se observe estrictamente ese derecho público subjetivo, cuyo cumplimiento ha de exigirse con mayor rigor por los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento. Con base a los argumentos expuestos en párrafos que anteceden, se analizará el acto reclamado; por ende, es conveniente transcribir los preceptos 68 y 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, que establecen: "Artículo 68.- Las notificaciones se harán: I. De forma personal en: a. La primera resolución;(.)" "Artículo 69.- Las notificaciones personales se harán bajo las siguientes formalidades: I. Quien haga la notificación deberá cerciorarse previamente que la casa designada para hacerla es el domicilio de la persona que ha de ser notificada y asentará en la razón correspondiente, los medios de que se valió para ese efecto; II. Encontrando presente al interesado o a su autorizado, le entregará copia de la resolución que notifica y en su caso, de la demanda y documentos que con ésta se hubieren exhibido. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y la notificación se tendrá por hecha; III. Si no encuentra a la persona que deba ser notificada, el notificador se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número de expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista. Si la persona con quien se entiende la diligencia se niega a recibir el citatorio o firmar su recepción, así se hará constar, y IV. Si el notificador encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto y que se encuentra habitado, lo hará constar e introducirá en el mismo el citatorio o en su defecto, fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta, se notificará por lista, pudiendo el referido órgano tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal, si así lo estima pertinente. En los casos de las fracciones III y IV, las notificaciones y el emplazamiento se tendrán por hechos al ocurrir el interesado o su autorizado o de no ocurrir ninguno de ellos, transcurrido el término para ello, y se realice la notificación por lista. Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse, será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo. En todos los casos a que se refieren las fracciones anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada de la diligencia." El primero de los numerales citados prevé que siempre se notificará personalmente la primera resolución. En el segundo, se establece las formalidades a observar en la práctica de dicha diligencia, de donde destaca: 1. El funcionario actuante deberá cerciorarse de que la casa designada es el domicilio del demandado, asentando en la razón correspondiente los medios de que se valió para ello; 2. Si se encontrara presente al interesado o su autorizado, se le entregará copia de la resolución que se notifica y en su caso, de la demanda y documentos que con ésta se hubieren exhibido. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y la notificación se tendrá por hecha; 3. Si no encuentra a la persona que deba ser notificada, el notificador se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número de expediente; 4. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista. Si la persona con quien se entiende la diligencia se niega a recibir el citatorio o firmar su recepción, así se hará constar; 5. Si el notificador encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto y que se encuentra habitado, lo hará constar e introducirá en el mismo el citatorio o en su defecto, fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta, se notificará por lista; pudiendo el referido órgano tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal, si así lo estima pertinente. En los casos de las fracciones III y IV, las notificaciones y el emplazamiento se tendrán por hechos al ocurrir el interesado o su autorizado o de no ocurrir ninguno de ellos, transcurrido el término para ello, y se realice la notificación por lista. 6. De todo lo anterior, el notificador asentará razón en la constancia correspondiente. En mérito de lo expuesto, claramente se colige que en los juicios civiles, tratándose de la primera notificación personal, el notificador encargado de realizarla tiene la obligación ineludible de cerciorarse por cualquier medio bastante y convincente que la persona que va a emplazar o notificar es la que se ostenta como tal, tiene su domicilio, habita o trabaja en el local o casa señalado en autos para ese efecto, debiendo expresar además, en forma precisa los elementos en que apoye la diligencia que realice; en otras palabras, es indispensable que el funcionario asiente con claridad si se cumple con dicha hipótesis haciendo constar los medios de convicción que le lleven a concluir si efectivamente el notificado o emplazado es la persona quien dice ser y los medios y conclusión de sus actos. Lo anterior, con la finalidad de tener certeza de que la persona demandada se ha enterado cabalmente del procedimiento iniciado en su contra y puede así preparar la defensa que más convenga a sus intereses. Ahora, del examen de las constancias que conforman el juicio natural, cuyo valor probatorio fue tasado con antelación, se advierte que el dos de junio de dos mil catorce, el notificador (secretario de acuerdos en funciones de ejecutor) se constituyó en el domicilio ubicado en calle General Rocha e Hidalgo, número 7, de la colonia Centro de Compostela, Nayarit, y entre otros, emplazó al demandado********************, según consta a fojas 021918 a 022138, del disco versátil digital remitido por el juez responsable. De dicha diligencia se desprende que el fedatario se constituyó en el domicilio señalado como del demandado, no encontrándolo, no obstante haberle dejado cita de espera (misma que no se advierte en las constancias que la responsable adjuntó en apoyo a su informe justificado), y entendió la diligencia con Geovane Sánchez Castro, quien le dijo ser trabajador de la demandada, y se identificó con credencial para votar. Asimismo, se desprende que el fedatario judicial asentó haberse cerciorado que se encontraba en el domicilio correcto del demandado, porque así se lo manifestó la persona que lo atendió, además de que así se desprende de la nomenclatura existente, por lo cual procedió a emplazar, entre otros, al demandado, hoy quejoso,********************, por conducto de Geovane Sánchez Castro. Así, es claro que esa diligencia no satisface las exigencias del artículo 69, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, pues este dispone, en lo que interesa, que si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, precisamente el notificador se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio con la persona que ahí se encuentre, para que dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse; y que si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista. Sin embargo, como ya se asentó, en el caso concreto se advierte que el Secretario Ejecutor se apersonó en el domicilio señalado por la parte actora para realizar el emplazamiento del demandado********************, -aquí quejoso-, y al constituirse en el mismo fue atendido por Geovane Sánchez Castro, siendo el caso que la persona buscada no se encontraba presente, por lo que al no haberlo esperado, no obstante el supuesto citatorio, entendió la diligencia con dicha persona, y por su conducto emplazó, entre otros, a********************; consecuentemente, resulta evidente que la responsable transgredió lo dispuesto por el artículo 69, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, toda vez que el secretario en funciones de ejecutor tenía la obligación de dejar citatorio para que dentro de los dos días hábiles siguientes, la persona buscada acudiera al órgano jurisdiccional a notificarse; y en caso que ésta no acudiera a la cita, la notificación se haría por lista; lo que en la especie no ocurrió. En efecto, contrario a lo que dispone el artículo 69, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, el fedatario judicial, después de haber dejado una supuesta cita de espera en el domicilio del demandado, hoy quejoso, se constituyó nuevamente en el mismo y practicó el emplazamiento, no obstante que el indicado precepto legal dispone que el citatorio se dejará para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, el demandado acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Además, de autos se desprende que el juicio de donde derivan los actos reclamados se instauró en contra de diversos demandados (más de cien), y que en la diligencia correspondiente al emplazamiento que ahora nos ocupa, se llamó a juicio al aquí quejoso y todos sus codemandados, en un sólo domicilio, y se entendió la diligencia con Geovane Sánchez Castro, quien, entre otras cosas, le manifestó que era trabajador de la demandada; sin embargo, no se asentó de cuál de todos los demandados era trabajador, por lo que la diligencia reclamada no genera convicción, ya que la posibilidad de que la citada persona sea trabajador de todos los demandados es prácticamente imposible. Además, no se pasa por alto que el expediente de origen constituye un juicio hipotecario instaurado en contra de diversos demandados, en los que se dilucida lo concerniente a varias hipotecas y no a una sola respecto de algún bien inmueble que los demandados tengan en común. Sin que en el caso la parte tercera interesada haya comparecido a este juicio a justificar lo contrario, no obstante de encontrarse debidamente emplazada. Por lo anterior, es innegable que la sentencia dictada dentro del juicio especial hipotecario 297/2014, tramitado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Compostela, en el Estado de Nayarit, se realizó en contravención a las formalidades establecidas en la normatividad aplicable, lo que impidió que la parte demandada estuviera en aptitud de comparecer a juicio y defender sus derechos, por lo que al no hacerlo así, quedó en un estado de indefensión, porque se le coartó el derecho de excepcionarse y ofrecer pruebas conforme a sus intereses, lo que como se anticipó, trastoca en su perjuicio, el derecho de audiencia previsto en el arábigo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concesión de amparo y efectos. En mérito de los argumentos expuestos y de conformidad al dispositivo 77, fracción I, de la ley de la materia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso********************, para que el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Compostela Nayarit, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 297/2014, de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento del citado demandado; y, en su caso, ordene su emplazamiento conforme a los lineamientos establecidos por la ley. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a la Notaría Pública Número Tres de la Segunda Demarcación Notarial con residencia en el Puerto de San Blas, Nayarit. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 539/2023-IV, promovido por********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a********************, en el juicio de amparo 539/2023-IV, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia, por los razonamientos jurídicos vertidos y para los efectos que se indican en el octavo considerando de este fallo constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa; hoy veintisiete de julio de dos mil veintitrés ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.
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