Miguel Ángel Granados Ramírez
Expediente 1107/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Granados Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
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RECEPCIÓN DE TESTIMONIO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 1/2019. EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DECIMOSEXTO CIRCUITO, EN GUANAJUATO, DETERMINÓ: PRIMERO. ES INFUNDADO RECURSO.-SEGUNDO. SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ACÚSESE RECIBO. CON FUNDAMENTO ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009, SE DETERMINA DEPURAR PIEZA ACTUACIONES. ARCHÍVESE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
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AGRÉGUESE OFICIO SIGNADO ACTUARIO JUDICIAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO MATERIA ADMINISTRATIVA DECIMOSEXTO CIRCUITO, COMUNICA QUE SE ADMITE RECURSO DE INCONFORMIDAD QUEDÓ REGISTRADO NÚMERO 1/2019. SE TOMA DEBIDO CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a diez de diciembre de dos mil dieciocho. Interposición y trámite de recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Miguel Ángel Granados Ramírez, y en atención a su contenido, téngasele interponiendo el recurso de inconformidad previsto en los artículos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 325 a 328); en consecuencia, una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado correspondiente, para el trámite y resolución del referido medio de impugnación. Debe destacarse, que la autoridad competente para conocer de la inconformidad planteada contra el auto que tiene por cumplida la sentencia de amparo, resulta ser ahora el tribunal colegiado, ello de conformidad con el "Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaría a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito". Tal acuerdo en el punto Cuarto, fracción IV, establece: "CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: (.) IV. Los incidentes de inejecución derivados del incumplimiento de una sentencia de amparo, del incidente de repetición del acto reclamado y del incidente de inejecución derivado de la falta de acatamiento de lo resuelto en un incidente para la determinación de la forma y cuantía de la restitución correspondiente al cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario respectivo, así como los recurso de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III del artículo 201 de la Ley de Amparo". En ese orden, dicho acuerdo determinó en su octavo punto, fracción I, lo siguiente: "La remisión de los expedientes a los Tribunales Colegiados de Circuito se sujetará, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, a las siguientes reglas: --- I. Los amparos en revisión y los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III del artículo 201 de la Ley de Amparo, se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito que hubiese dictado la sentencia respectiva." En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias, que en su caso, deberá quedar en éste juzgado para los fines legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe."
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. I. Se declara cumplida sentencia. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de dos de febrero de dos mil dieciocho (fojas148 a 159), se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; determinación que fue revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el amparo en revisión administrativo 47/2018 (fojas 223 a 250), quien en resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, concedió el amparo al quejoso, para los siguientes efectos: "(.) que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado, así como los actos posteriores que hubieran derivado del mismo y, en caso de resultar procedente, emita uno nuevo de manera fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, en el que se den a conocer al quejoso de forma detallada los hechos o conductas imputadas, por los que se pretende seguir el procedimiento, pormenorizando cuál o cuáles evaluaciones de control de confianza no aprobó y las razones de la no aprobación, así como las hipótesis normativas en que encuadran. Para lo cual podrá, en su caso, abrir nuevamente el periodo de información previa, con apoyo en la aplicación supletoria del artículo 180 del Código de Procedimiento y Justicia Administra (sic) para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a efecto de recabar las documentales que considere necesarias, incluidas las evaluaciones o exámenes que componen el control de confianza que el ahora quejoso no aprobó, ya que no obran en el expediente del procedimiento administrativo de separación. Respecto a esto último no pasa inadvertido que dichas evaluaciones o exámenes tienen carácter confidencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, primer párrafo, del Reglamento en Materia de Evaluaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, vigente en las fechas en las que el ahora recurrente fue evaluado. Sin embargo, el mismo precepto reglamentario establece como salvedad a dicha confidencialidad, que los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se conformen con los mismos sí deben presentarse en los procesos administrativos o jurisdiccionales cuando se consideren indispensables para la resolución del asunto. El texto completo de dispositivo es el siguiente: "Artículo 24. Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se conformen con los mismos serán confidenciales, salvo aquellos casos en que deban presentarse en procesos administrativos o jurisdiccionales por considerarse indispensables para la resolución del asunto. El Centro y las Instituciones de Seguridad Pública deberán establecer mecanismos para salvaguardar la confidencialidad de la información derivada del Proceso de Evaluación.". En el mismo sentido, el artículo 21 del Reglamento de Evaluaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, a la fecha en vigor, publicado en el Periódico Oficial el siete de octubre de dos mil dieciséis, y que abrogó al anterior, dice lo siguiente: "Artículo 21. Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se conformen con los mismos serán confidenciales, salvo aquellos casos en que deban presentarse en procesos administrativos o jurisdiccionales por considerarse indispensables para la resolución del asunto. El Centro, las Instituciones de Seguridad Pública y las empresas deberán establecer mecanismos para salvaguardar la confidencialidad de la información derivada del Proceso de Evaluación." Ahora bien, mediante acuerdo de treinta de agosto del año en curso (fojas 251 y 252), se requirió al Director de Asuntos Internos como Secretario Técnico de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la referida autoridad responsable mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el cuatro de septiembre del año en curso (fojas 260 a 264), allegó el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual determinó dejar insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia, dentro del expediente 121/16-POL-CC, instruido en contra del quejoso; asimismo, ordenó se realizaran las acciones conducentes para recabar la información complementaria respecto del probable incumplimiento por parte del quejoso a los requisitos de permanencia establecidos en la normatividad aplicable, debiendo pormenorizar cuál o cuáles evaluaciones de control de confianza no fueron aprobadas, las razones de no aprobación y las hipótesis normativas en las que encuadren. El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este órgano de control constitucional el oficio SHA/DAI/4321/2018, mediante el cual la autoridad responsable allegó el acuerdo de once de septiembre pasado, en el que determinó el inicio del procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia del solicitante del amparo, emitido en acatamiento a la ejecutoria de amparo (fojas 278 a 287 de autos). Así las cosas, mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho, al calificar el cumplimiento efectuado por el Director de Asuntos Internos como Secretario Técnico de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, este Juzgado Federal consideró que no se colmaron los requisitos establecidos en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, para efecto de tener por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo, incurriendo la autoridad responsable en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, toda vez que al emitir el nuevo acuerdo de inicio del procedimiento de separación, si bien estableció que se encontraron factores de riesgo en el resultado integral que provienen de los hallazgos ocurridos en la evaluación poligráfica, fue omiso en pormenorizar las razones de la no aprobación, al no bastar para ello que haya ordenado poner a la vista del quejoso las copias certificadas del expediente correspondiente, sino que debió dentro del mismo acuerdo citar cuál o cuáles fueron las razones por las cuales el solicitante del amparo no aprobó la evaluación poligráfica. Motivo por el cual en el referido acuerdo de cinco de octubre del año en curso (fojas 300 a 304), se requirió de nueva cuenta al Director de Asuntos Internos como Secretario Técnico de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, para que subsanara el defecto en el cumplimiento y atendiera cabalmente la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, se recibió el quince de octubre del año en curso, en la oficialía de partes de este Juzgado Federal (fojas 308 a 316), el oficio SHA/DAI/4761/18, a través del cual la referida autoridad allegó el acuerdo de esa misma fecha, dictado en el expediente 121/16-POL-CC, en el que decretó el inicio de procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia del solicitante del amparo; con ello, mediante diverso auto de dieciséis de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. Posterior a ello, la parte quejosa presentó promoción recibida el veintitrés de octubre de este año (fojas 320 a 323), a través de la cual se inconformó con el cumplimiento emitido por la autoridad responsable. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Como se dijo con antelación, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el amparo en revisión administrativo 47/2018 (fojas 223 a 250), concedió el amparo al solicitante del amparo, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acuerdo reclamado, así como los actos posteriores que hubieran derivado del mismo y, en caso de resultar procedente, emitiera uno nuevo de manera fundada y motivada, bajo los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en el que se dieran a conocer al quejoso de forma detallada los hechos o conductas imputadas por los que se le pretende seguir el procedimiento, pormenorizando cuál o cuáles evaluaciones de control de confianza no aprobó y las razones de la no aprobación, así como las hipótesis normativas en que encuadran, para lo cual, en su caso, podría abrir nuevamente el periodo de información previa. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 310 a 316), las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: Emitió un nuevo acuerdo de inicio de procedimiento de separación por incumplimiento a uno de los requisitos de permanencia previstos en el artículo 33 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato, particularmente en su fracción VI, la cual establece: "Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza", requisito que se consideró no cubierto por el quejoso; ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del referido reglamento, que dispone: "A efecto de poder permanecer en el servicio, los policías deberán cumplir con los requisitos de permanencia previstos en las Leyes Generales y Estatales". Lo anterior, se justificó con las siguientes pruebas: - Oficio DIR/CMSPCPML/12070/2016, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por la encargada del despacho de la Dirección Técnica de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, en el que informó la presunción de incumplimiento por parte del quejoso de las obligaciones y requisitos de permanencia establecidos en las Leyes y Reglamentos, para lo cual anexó copia simple de la constancia de resultados del oficio de vinculación CECCEG/CIRC/206/2016, de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por el Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, así como impresión fotográfica y copias simples del expediente laboral. - Oficio CECCEG/CAJ/166/2016, de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, al que adjuntó copias certificadas de la constancia de resultado correspondiente al oficio de vinculación CECCEG/CIRC/206/2016, de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, a nombre del evaluado quejoso, en el que como resultado, se enunció la leyenda "NO APROBADO"; asimismo, se anexó copia certificada del resultado integral de control de confianza, en cuya conclusión se refiere que se identificaron riesgos en el área de cumplimiento de los deberes establecidos, con fundamento en el artículo 89, fracción II, inciso f), de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Guanajuato. - Oficio CECCEG/CAJ/133/2018, de siete de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, en el que informó: "que los factores de riesgo señalados en el resultado integral provienen de los hallazgos ocurridos en la evaluación poligráfica", para lo cual acotó que al quejoso se le aplicó la prueba poligráfica el tres de diciembre de dos mil quince, en el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, siendo examinado por "System Administrador", con la finalidad de evaluar el apego del quejoso a principios, normas y valores institucionales. De igual forma, la responsable asentó que el impetrante refirió haber entendido todas las preguntas de su examen, plasmándose las magnitudes de presión del evaluado, registro electrodermal e impreso electrodermal, mismo que al dar contestación a diversas preguntas que se le realizaron dentro de la evaluación a la que fue sometido, refirió haber aceptado en múltiples ocasiones beneficios económicos indebidos, tales como compensaciones y gratificaciones, puntualizando haber cometido en forma reiterada actos de corrupción. También se asentó que el impetrante de su propia iniciativa, durante el desarrollo de la prueba de mérito, manifestó sin reticencia haberse apoderado de diversos objetos de los detenidos y remitirlos por faltas administrativas cuando éstos habían cometido delitos de posesión de droga. En virtud de lo cual se concluyó como resultado de la misma no satisfactorio pues se identificaron factores de riesgo en el desarrollo de la aplicación de la prueba poligráfica que resultan incompatibles con el correcto desempeño de la función pública policial, al advertirse que dicha persona no observó un comportamiento apegado a los valores de honradez y respeto irrestricto a la ley que debían caracterizar su trabajo en la corporación policiaca. En ese orden, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. No se desatiende para arribar a la anterior conclusión, lo manifestado por la parte quejosa en su escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho en la oficialía de partes de este Juzgado Federal (fojas 320 a 323), a través del cual se inconforma de nueva cuenta con el cumplimiento efectuado por la autoridad responsable, pues contrario a lo aduce, la autoridad responsable en el acuerdo de inicio de procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, le da a conocer que fue la prueba poligráfica la que no aprobó el impetrante, exponiendo los motivos para llegar a tal conclusión, así como las hipótesis normativas que aplicó para ello. Comuníquese a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe."
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