Miguel Ángel González Vales

Expediente 2670/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2670/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel González Vales
  • Jorge Carlos Montalvo Cobo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de diciembre próximo pasado en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado inciso y numeral ya citados, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación del Director en Jefe y por el Director General de Registro y Control Documental, todas del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; con un anexo que acompaña, sin que haya lugar a dictar disposición alguna al respecto, dado que el treinta de diciembre anterior se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con quince minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 2370/2022, promovido por Miguel Ángel González Vales, Raúl Montalvo Vales, Jorge Carlos Montalvo Cobo, Mauricio Montalvo Vales, Sebastián Garza T. Junco, René Iván Viana Centurión y Jorge Carlos Luján Gamboa, por su propio derecho, contra un acto de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y de otras autoridades; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, el Secretario encargado del despacho ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Informe justificado de las autoridades responsables. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con las documentales, instrumental de actuaciones y de presunciones legales y humanas ofertadas por la parte quejosa, así como con las documentales remitidas por la encargada del despacho de la Delegación responsable. Atento a lo antes señalado, el Secretario encargado del despacho acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra esta etapa de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, el Secretario encargado del despacho procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 2670/2022-VII. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Miguel Ángel González Vales, Raúl Montalvo Vales, Jorge Carlos Montalvo Cobo, Mauricio Montalvo Vales, Sebastián Garza T. Junco, René Iván Viana Centurión y Jorge Carlos Luján Gamboa, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y de otras autoridades, que hicieron consistir en la omisión de emitir la calificación registral relativa a la solicitud presentada el veinte de junio de dos mil veintidós, correspondiente a la adopción de dominio pleno de la parcela colectiva 1677, del Ejido Cosgaya, municipio de Mérida, Yucatán. SEGUNDO. De dicha demanda, correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en tanto que por proveído de dieciocho de noviembre siguiente, se admitió, únicamente por lo que toca al acto precisado en el resultando que antecede, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el expediente 2670/2022-VII; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza omisiva y, por ende, carece de ejecución material; por tanto, para fincar la competencia para conocer de él, debe estarse al lugar de residencia de la autoridad ordenadora, que en la especie tiene su sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Es aplicable al caso, la tesis que a la letra dice: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: - La omisión de emitir la calificación registral relativa a la solicitud presentada el veinte de junio de dos mil veintidós, correspondiente a la adopción de dominio pleno de la parcela colectiva 1677, del Ejido Cosgaya, municipio de Mérida, Yucatán. TERCERO. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en un acto omisivo, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de la demanda de amparo, pues se trata de una omisión en el actuar de las autoridades responsables, respecto de la cual la parte quejosa desconoce los motivos y razones que ésta tiene para proceder en ese sentido; de ahí que el amparo pueda promoverse en el momento en que la peticionaria de amparo estime que las citadas responsables violan en su perjuicio sus derechos públicos subjetivos. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. La encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, así como el Director en Jefe y el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, ambos sitos en la Ciudad de México, al rendir sus informes con justificación, manifestaron que no era cierto el acto reclamado, aduciendo que ya se había emitido la calificación relativa a la solicitud realizada por la parte quejosa; en esa virtud, es dable tener por cierto el precitado acto, precisamente porque al promoverse la demanda de amparo, no se había emitido la calificación en cuestión, ya que si bien aparece dictada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, no se advierte que haya sido hecha del conocimiento de la parte quejosa, por lo que debe considerarse posterior a la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, se insiste, debe tenerse por cierto el acto que de dichas responsables se reclama. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas a la solicitud de trámite 31220007498, que remitió la autoridad responsable local como justificación de su informe. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora, una vez sentado lo anterior, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de orden público, y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, tomo Parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985 al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se reitera, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de las autoridades responsables de emitir la calificación registral relativa a la solicitud presentada el veinte de junio de dos mil veintidós, correspondiente a la adopción de dominio pleno de la parcela colectiva 1677, del Ejido Cosgaya, municipio de Mérida, Yucatán. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable local, así como de las manifestaciones vertidas por las responsables foráneas, se advierte que el cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitió la calificación que recayó a la solicitud de marras, declarándola positiva. Empero, al no advertirse que dicha respuesta hubiere sido hecha del conocimiento de la parte quejosa, debe considerarse emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que las autoridades responsables ya han emitido la calificación que recayó a la solicitud planteada por la parte quejosa. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de las autoridades responsables, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Debe decirse que la anterior determinación impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel González Vales, Raúl Montalvo Vales, Jorge Carlos Montalvo Cobo, Mauricio Montalvo Vales, Sebastián Garza T. Junco, René Iván Viana Centurión y Jorge Carlos Luján Gamboa, por su propio derecho, contra el acto que reclamaron de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y de otras autoridades; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos indicados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por primer escrito signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), en representación del Delegado de dicho Instituto, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en auto de catorce de noviembre en curso, pues informa que el Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es el hospital que puede realizar el estudio de resonancia magnética craneal con gadolino, por ser un hospital de tercer nivel de atención. Ahora bien, ya que resulta necesario el estudio de resonancia magnética craneal con gadolino que fue requerida por el perito oficial en este juicio de amparo, a efecto de que se encuentre en aptitud de rendir su dictamen pericial en materia médica, en relación a la prueba médica que fue ofrecida en el presente juicio de amparo, a efecto de determinar si el directo quejoso Arcadio Huchim Montalvo, a fin de determinar si este se encuentra en sus facultades mentales, si tiene uso de razón, conocimiento, tiempo y espacio en el que se encuentra; en tal virtud, requiérase al Director del Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que coadyuve con este Juzgado, a efecto de que se pueda llevar a cabo el desahogo de una prueba pericial medica en materia de psiquiatrica, por lo que se le solicita atentamente, fije fecha y hora para que le sea practicada una resonancia magnética craneal con gadolino, al aquí quejoso Arcadio Huchim Montalvo, dado que la misma resulta necesaria para que se pueda emitir el dictamen relativo a la prueba pericial de que se trata, Con el apercibimiento que en caso de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento que tuviere para ello, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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