Miguel Ángel González Rosales

Expediente 532/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 27 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
532/2013
Año
2013
Actuaciones
27
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel González Rosales
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Jorge Hugo Arciniega Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el quejoso Miguel Ángel González Rosales, a través del cual solicita se cotejen los dos tantos que exhibe en copia simple y se certifiquen los mismos. Consecuentemente, con sustento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de las copias certificadas que solicita. En el entendido de que dado que la solicitud es en copia certificada, el interesado debe generar una cita a través del sistema de citas, -dentro de un tiempo prudente- para que el personal adscrito a este juzgado logre el debido cotejo y formalización de dichas documentales, hecho lo cual siguiendo el protocolo de sana distancia, después de recibirlas firmará de recibido. En ese tenor, el promovente debe generar previamente una cita mediante código QR, la cual en la fecha y hora asignadas mostrará al personal de acceso al inmueble ante el que se registrará e identificará debidamente y sujetándose, en todo caso, a las medidas sanitarias que le sean indicadas, como pudieran ser la toma de temperatura corporal, el uso de cubrebocas, la sanitización de manos y el mantener una distancia segura con los demás asistentes al edificio, entre otras. Luego, una vez que el interesado haya ingresado, observará las reglas para su legal estancia en el edificio, como conservar adecuadamente el cubrebocas y mantenerse en el espacio asignado dentro de la sede jurisdiccional, sin que la obtención del código QR, el cual puede presentar electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, impreso, lo faculte para visitar órganos diferentes al que le expedirá las copias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa dentro del término que le fue concedido por auto de doce de marzo del año en curso, no hizo manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo por parte de las autoridades responsables; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veintisiete de noviembre de dos mil trece (fojas 199 a 210 del tomo I), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: "La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del expediente administrativo de responsabilidad CD-PAQ 08/2013, deje sin efectos el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil trece, exclusivamente en la parte en la que se le aplicaron los artículos 126.5 y 131.1.h, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por medio de los cuales se le impuso a la parte quejosa la suspensión temporal de su nombramiento de Titular del Juzgado Mixto de Ahuacatlán, Nayarit; en la inteligencia de que deberá cubrir al quejoso las percepciones que por su trabajo debió recibir durante el tiempo que fue suspendido temporalmente, en caso de que no se le hubiera pagado; Dicte una nueva determinación en la que no aplique las disposiciones reclamadas; y, Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso y no se le aplique en lo presente o en el futuro el contenido de los artículos 126.5 y 131.1.h, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, es decir, para que a la parte quejosa no se le suspenda durante la tramitación de un procedimiento de responsabilidad de su cargo, empleo o comisión, para la conducción de las investigaciones relacionadas con los procedimientos de responsabilidad administrativa en comento." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del expediente administrativo de responsabilidad CD-PAQ 08/2013, dejará sin efectos el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil trece, exclusivamente en la parte en la que se le aplicaron los artículos 126.5 y 131.1.h, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit; por medio de los cuales se le impuso a la parte quejosa la suspensión temporal de su nombramiento como titular del Juzgado Mixto de Ahuacatlán, Nayarit; además, cubrir al quejoso las percepciones que por su trabajo debió recibir durante el tiempo que fue suspendido temporalmente, en caso de que no se le hubiera pagado; Dictar nueva determinación en la que no se le aplicaran las disposiciones reclamadas. Se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso y no se le aplicara en el presente ni en el futuro el contenido de los artículos antes mencionados, esto es; para que a la parte quejosa no se le suspendiera durante la tramitación de un procedimiento de responsabilidad de su cargo para la conducción de las investigaciones con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa. En cumplimiento a lo anterior y requeridas las autoridades responsables para el debido acatamiento a la sentencia protectora de garantías, por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, consideró que resultaba evidente la imposibilidad jurídica y material que tenían las autoridades responsables para cumplir con la ejecutoria de amparo en cuanto a los incisos b) y c); lo anterior, con motivo de que el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (foja 1295 tomo III), el Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, informó que existía imposibilidad jurídica y material para cumplir con dicha ejecutoria, en virtud de que durante la secuela de ejecución de la resolución dictada dentro de este juicio de amparo 532/2013; previamente el Sexto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, en el recurso de revisión 617/2015, confirmó la sentencia recurrida dentro del juicio de amparo 703/2015, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, que confirmó a su vez la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CD-PAQ-08-2013, de seis de marzo de dos mil quince, en la que estaba sujeto a procedimiento administrativo Miguel Ángel González Rosales, en la que se determinó sancionarlo con la destitución del cargo, inhabilitación y multa, al haberse acreditado la comisión de faltas administrativas en el desempeño de su cargo, quedando firme la resolución impugnada por el servidor público con fecha catorce de abril de dos mil dieciséis (foja 1313); de ahí la imposibilidad de las autoridades para a llevar a cabo la reincorporación del quejoso al cargo de Juez Mixto de Primera Instancia de Ahuacatlán, Nayarit, por haberse resuelto el procedimiento de responsabilidad en su contra y haberse negado la protección constitucional en el juicio de amparo 703/2015. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa por escrito de quince de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 1464 a 1472), interpuso recurso de inconformidad, la que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, misma que por ejecutoria pronunciada el dos de febrero de dos mil dieciocho, declaró infundado dicho recurso. En ese orden de ideas, respecto al inciso a), en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, las autoridades responsables por conducto de la Secretaria de Acuerdos, de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y del Secretario de Administración, todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, procedieron a dar cumplimiento al fallo protector; por ende, mediante proveídos de once, veintiséis y veintisiete de junio, así como diez de septiembre todos de dos mil catorce, se ordenó dar vista al quejoso con los oficios signados por las autoridades en mención. Luego, éste Órgano Jurisdiccional mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil catorce, ordenó de oficio la apertura del incidente innominado para determinar la cantidad exacta que debía pagarse al quejoso por los conceptos y montos con motivo de la concesión del amparo y se ordenó hacer del conocimiento de las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; A lo anterior, la parte quejosa por escrito recibido ante este órgano jurisdiccional el veinticinco de noviembre de dos mil catorce (fojas 655 a 661 del tomo I), al desahogar la anterior vista manifestó que existía un faltante a pagar por la cantidad de $72,097.55 (setenta y dos mil noventa y siete pesos 55/100 moneda nacional). Posteriormente, mediante oficios signados por la Secretaria de Acuerdos del Consejo y Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina, Secretario de Administración y Jefa del Departamento de Recursos Humanos, todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, realizaron manifestaciones en el sentido de dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante diversos comunicados; además, la segunda y tercera de las autoridades anexaron la impresión del comprobante correspondiente de la transferencia electrónica efectuada a favor del quejoso por la cantidad de setenta y dos mil noventa y siete pesos con cincuenta y cinco centavos. Así, el dieciséis de enero de dos mil quince, se determinó declarar improcedente el incidente innominado por las consideraciones ahí vertidas; por ende, el veintidós de mayo de dos mil quince se procedió a declarar cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo definitivo como asunto concluído. Con motivo de la inconformidad planteada por el quejoso Miguel Ángel González Rosales en contra del auto de referencia, el treinta de julio de dos mil quince el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, a quien por razón de turno le correspondió conocer de la misma, declaró fundada la inconformidad interpuesta, para determinar lo anterior, consideró entre otros los siguientes aspectos: "Ahora bien, con el objeto de poner de relieve lo fundado que resulta el medio de impugnación que ahora se resuelve, debe tenerse presente que mediante sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil trece, el Juez a quo concedió a la parte quejosa la protección constitucional para el efecto siguiente: "En ese orden de ideas, lo que se impone es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados contra la iniciativa, exposición de motivos, discusión, dictado, promulgación y publicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, respecto de los dispositivos 126.5 y 131.1.h, así como su acto de aplicación para el efecto de que: "1. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del expediente administrativo de responsabilidad CD-PAQ 08/2013, deje sin efectos el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil trece, exclusivamente en la parte en la que se le aplicaron los artículos 126.5 y 131.1.h, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por medio de los cuales se le impuso a la parte quejosa la suspensión temporal de su nombramiento de Titular del Juzgado Mixto de Ahuacatlán, Nayarit; en la inteligencia de que deberá cubrir al quejoso las percepciones que por su trabajo debió recibir durante el tiempo que fue suspendido temporalmente, en caso de que no se le hubiera pagado; 2. Dicte una nueva determinación en la que no aplique las disposiciones reclamadas; y, 3. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso y no se le aplique en lo presente o en el futuro el contenido de los artículos 126.5 y 131.1.h, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, es decir, para que a la parte quejosa no se le suspenda durante la tramitación de un procedimiento de responsabilidad de su cargo, empleo o comisión, para la conducción de las investigaciones relacionadas con los procedimientos de responsabilidad administrativa en comento." Como puede verse, la protección constitucional se otorgó para el efecto de que La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de Nayarit, dejara sin efecto el acuerdo de suspensión temporal del nombramiento de titular del Juzgado Mixto de Ahuacatlán, Nayarit, dictado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CD-PAQ 08/2013, específicamente en la parte que se aplicaron los artículos 126.5 y 131.1.h de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Para lo cual, expresamente se indicó que se debería cubrir al quejoso las percepciones que por su trabajo debió recibir durante el tiempo que fue suspendido temporalmente. De la relatoría de la evolución procesal del juicio de amparo que se hizo en el capítulo de antecedentes de la presente resolución, se advierte que mientras estaba pendiente de cumplirse la ejecutoria de amparo respecto a la suspensión temporal, la autoridad responsable dictó sentencia de fondo en el procedimiento de responsabilidad administrativa determinando la destitución e inhabilitación del quejoso en el mencionado cargo. Al respecto, el quejoso promovió en contra de esta última resolución el diverso amparo indirecto 1155/2014 del índice del propio Juzgado de origen, el cual al dictar sentencia determinó conceder para que dejara sin efecto la sentencia y en su lugar se dictara una diversa, lo cual fue confirmado en sus términos por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito al resolver el recurso de revisión 459/2014. En esas condiciones, las actuaciones del juicio de amparo de origen informan que el estado procesal actual del procedimiento de responsabilidad administrativa, sigue sin dictarse nuevo acuerdo en sustitución del emitido el veintiséis de abril de dos mil trece, relativo a la suspensión temporal, en el que, con motivo de la concesión de amparo, la autoridad responsable se debe abstener de aplicar los artículos 126.5 y 131.1.h de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit y que además actualmente no existe dato que informe que ya se dictó resolución definitiva, lo que significa que la imposibilidad jurídica que impedía el cumplimiento de la ejecutoria, respecto de este punto, quedó sin efecto, dado que la concesión de amparo señalado hace desaparecer ese motivo. En cuanto a la concesión para que se le cubrieran al quejoso las percepciones que por su trabajo debió recibir durante el tiempo que fue suspendido temporalmente, si bien existe una conciliación de cifras entre las que señala el quejoso y las autoridades responsables, ello fue hasta antes de que se dejara sin efectos las sentencia definitiva del procedimiento de responsabilidad; lo cual, por efecto de la concesión del diverso amparo indirecto 1155/2014, vuelve a continuar el trámite. Por tanto, se tiene que hasta la fecha sigue sin dictarse el acuerdo de suspensión temporal ni acreditarse que se pagaron todas las percepciones al quejoso con motivo de la suspensión temporal, además que, de conformidad con las actuaciones del presente juicio de amparo, actualmente sigue sin dictarse sentencia definitiva. Respecto al punto relativo al pago de percepciones del quejoso con motivo de la suspensión temporal, este Tribunal Colegiado carece de elementos para establecer su alcance y su cumplimiento, pues ello implica necesariamente determinar en cuanto a su monto y su periodicidad, de ahí que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo implica que se determine en forma líquida el monto correspondiente, máxime que la ejecutoria de amparo no se ocupó de hacerlo, para lo cual es necesario que antes de tramitar el incidente de inejecución de sentencia relativo, el Juez de Distrito determine la cantidad exacta que ha de pagarse, para lo cual debe solicitar a las partes -quejosa y autoridad responsable- toda la documentación que requiera para hacerlo. De tal manera que no es posible que de manera válida se formule requerimiento o pronunciamiento de cumplimiento de la ejecutoria, si previamente no se determinó en cantidad líquida el monto de lo que debe pagar la autoridad responsable, para lo cual se debe abrir el incidente correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 61/2009 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, correspondiente a agosto de dos mil nueve, página 46, de rubro y texto siguientes: (.) De acuerdo a lo anterior, es posible establecer que aun cuando se acredite que la autoridad responsable entregó al quejoso diversas cantidades de dinero, ello es insuficiente para verificar si con ello se debe considerar que la ejecutoria de amparo quedó debidamente cumplida, dado que no existe pronunciamiento sobre la cantidad líquida que implica la protección del amparo, y en el caso concreto el Juez de Distrito no dispuso la substanciación del incidente correspondiente. En ese orden de ideas el proceder del Juez de Distrito al hacer pronunciamiento de tener por cumplida la ejecutoria de amparo es incorrecto; puesto que, previamente a hacer tal calificación, debió ordenar la substanciación de un incidente para determinar la cantidad líquida que implicaba "cubrir al quejoso las percepciones que por su trabajo debió recibir durante el tiempo que fue suspendido temporalmente, en caso de que no se le hubiere pagado" pues no es posible hacer señalamiento de que una ejecutoria se ha cumplido, si para ello se requiere establecer en cantidad líquida uno de los aspectos materia de la concesión, en cuyo caso es menester que primero se determine la cantidad que debió percibir el quejoso durante el tiempo de la suspensión. En ese contexto, los agravios del quejoso recurrente, que son el sentido de que la determinación de tener por cumplido el fallo protector no contiene un argumento fundado y motivado respecto de sus manifestaciones que hizo por escrito para establecer que existe una inejecución de sentencia, para lo cual agregó que la imposibilidad para inaplicar las disposiciones legales materia de la concesión del amparo; así como que la autoridad responsable ha incurrido en cumplimiento extemporáneo, suplidos en la medida que lo requirieron, resultaron fundados pero para concluir que el Juez de Amparo: Debe requerir a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura que deje sin efectos el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil trece, dentro del procedimiento administrativo CD-PAQ 08/2013 en el que aplicó los artículos 126.5 y 131.1.h de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por el que impuso al quejoso la suspensión temporal de su nombramiento de Titular del Juzgado Mixto de Ahuacatlán, Nayarit; y, En cuanto al pago de las percepciones que debió recibir el quejoso durante el tiempo que fue suspendido, debe ordenar la apertura del incidente para su cuantificación con base en sus conceptos, montos y duración. . [Lo resaltado no es de origen] En consecuencia, el diecinueve de agosto de dos mil quince, en atención a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el treinta de julio de dicha anualidad, se ordenó la apertura de incidente innominado para el efecto de determinar el pago de las percepciones que debió recibir el quejoso durante el tiempo que fue suspendido de su cargo como Titular del Juzgado Mixto de Ahuacatlán, Nayarit, con base en sus conceptos, montos y duración, lo que se hizo del conocimiento de las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho fuera pertinente. Así pues, seguido los trámites legales por interlocutoria pronunciada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 1690 a 1699), se declaró procedente el incidente innominado, para determinar la cantidad que debían cubrir las autoridades responsables, al promovente de garantías Miguel Ángel González Rosales, con motivo del fallo protector emitido en autos; siendo que éstas debían de cubrir a la parte quejosa la cantidad de $395,569.50 (trescientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 50/100 m.n.), como consecuencia del fallo protector otorgado, esto es, las percepciones que debió recibir como Titular del Juzgado Mixto de Ahuacatlán, Nayarit, durante el tiempo que fue suspendido de su encargo en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia amparadora. Inconforme con dicha interlocutoria, las autoridades responsables Consejero Presidente y Presidente de la Comisión de Disciplina, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, promovieron recurso de queja (fojas 1707 a 1710 del tomo III), la que fue resuelta por ejecutoria de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, quien declaró infundado el mencionado recurso (fojas 2754 a 2762 tomo III). Así entonces, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, por oficio recibido el once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 2785 a 2793 tomo III), el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina, Secretario de Administración y Jefe de Recursos Humanos, todos del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntaron copia de la transferencia bancaria realizada el siete de marzo de la anualidad citada, a nombre del quejoso Miguel Ángel González Rosales de la que se advierte devolvieron la cantidad de $395,569.50 (trescientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 50/100 m.n.), con base a lo indicado en el incidente innominado, el que se determinó la cantidad que debían cubrir las autoridades responsables, como consecuencia del fallo protector otorgado, esto es, las percepciones que debió recibir el quejoso como Titular del Juzgado Mixto de Ahuacatlán, Nayarit, durante el tiempo que fue suspendido de su encargo. De ahí que, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, declara cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- ...". Sin que obste lo anterior lo manifestado por el quejoso Miguel Ángel González Rosales, en su ocurso de cuenta, quien aduce lo siguiente: Se proceda a requerir a las autoridades responsables para que justifiquen haber cubierto las deducciones por concepto de aportación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales en el Estado, pago de impuesto y pago al fondo de pensiones, que como salarios caídos tiene derecho. Al respecto cabe precisar que contrario a lo que refiere la parte quejosa, como se indicó en párrafos anteriores sí se encuentra cumplida la ejecutoria que nos ocupa, aunado a que los alcances de la sentencia protectora, no se concedieron para el fin que pretende hacer valer el impetrante del amparo en el ocurso que se provee. Máxime que de los artículos 20 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con los numerales 2, 4, 6, 10 y 43, fracción VI, de la misma legislación, todo trabajador que preste un servicio físico o intelectual, o ambos, para una dependencia o entidad pública que sea propio de una relación laboral, tiene derecho, entre otras prestaciones, a la de seguridad social; por ello, los titulares de todas las dependencias y entidades públicas tienen la obligación de inscribir a los trabajadores al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que puedan gozar de los diversos seguros que prevé el régimen obligatorio; sin embargo, cuando la dependencia incumple con la obligación de inscribir y retener las cotizaciones que corresponden durante el transcurso de la relación laboral, deberá ser condenada a cubrirlas en su integridad, porque el espíritu de la norma indica que ante la omisión del descuento, las consecuencias recaen en el patrón. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.13o.T. J/11 (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página dos mil cuatrocientos cuarenta y seis, Libro 30, Mayo de dos mil dieciséis, Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA OMISIÓN DE INSCRIBIRLOS ANTE EL ISSSTE DURANTE LA VIGENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, CONLLEVA LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE CUBRIRLAS EN SU INTEGRIDAD (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO). .... Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintidós de mayo de dos mil quince (fojas 835 a 838), entre otras cuestiones, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio, así como el destino de los cuadernos incidentales respectivos; en consecuencia, devuélvanse al archivo judicial de este juzgado, a efecto de que sean resguardados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito presentado por el quejoso M*******, al cual adjunta en dos juegos copias simples de diversas actuaciones relativas a este sumario constitucional, de las que solicita su cotejo y certificación para la realización de diversos trámites legales; en consecuencia, como se solicita, se ordena el cotejo y certificación de las copias que se acompañan, y previa identificación y constancia que de recibo se deje en autos, háganse entrega de las mismas al promovente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense a sus autos las misivas y anexos de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit y Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, el Secretario de Administración y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, rinden informe en cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el comunicado de mérito y anexo, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación al cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo que realizaron las responsables en cita; apercibidas que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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