Miguel Angel González Ramos

Expediente 3/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
3/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
17/02/2015

Partes del expediente

  • Miguel Angel González Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, SE ORDENA ARCHIVAR EL EXPEDIENTE Y SE HACE LA INDICACIÓN DE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. SE ORDENA DAR VISTA AL PETICIONARIO DEL AMPARO, PARA QUE EN EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, ACUDA AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A FIN DE DEVOLVERLE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE EXHIBIÓ, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO, EN EL PLAZO Y FORMA SEÑALADOS, SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN DE QUE SE TRATA JUNTO CON ESTE EXPEDIENTE.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, a cuatro de febrero de dos mil quince. Vista la comparecencia de cuenta, de la cual se advierte que el quejoso Miguel Ángel González Ramos ratifica el contenido y la firma que calza su escrito presentado el veintidós de enero del presente año, en el que cumple el requerimiento realizado en proveído de seis de enero anterior; con apoyo en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo vigente, glósese a los autos. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En primer lugar, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha establecido que por "motivo manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el "motivo indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En el caso concreto, la parte quejosa en su escrito aclaratorio señaló como acto reclamado el siguiente: ".lo que demando como acto reclamado es la conducta con la que se condujo la autoridad señalada como responsable al decretar el laudo definitivo que fue recaído en el juicio laboral número 905/2011, conductas mismas que se encuentran descritas en i (sic) escrito inicial de demanda de amparo dentro del cual se promueve y como acto reclamado también me refiero a la conducta con la que se condujo dicha responsable." En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la finalidad de satisfacer el propósito anunciado, cabe precisar que el citado numeral 61, fracción XXIII, del ordenamiento invocado, en su parte conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: "Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados." El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, prevé los principios y bases en que se sustenta el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. En suma, se entiende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera general el sistema de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, otorgando el poder al Congreso de la Unión y a las Legislaturas locales para dictar leyes que regulen las obligaciones de los servidores públicos, sanciones y procedimientos, y autoridades que los integren, tramiten y resuelvan, tendiendo en todo momento al cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función pública. A su vez, los artículos 1°, 2°, 3° fracción XII y 4°, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establecen: "Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de: I.- Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; II.- Las obligaciones en el servicio público; III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público; IV.- Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y V.- El registro patrimonial de los servidores públicos. Artículo 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales. Artículo 3. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: (.) XII.- Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes. Artículo 4. Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, serán autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República." El primero de los artículos mencionados señala que la ley en cita tiene por objeto reglamentar las responsabilidades, obligaciones y sanciones administrativas de los servidores públicos, así como el registro patrimonial de los mismos. Mientras que el segundo numeral referido establece que los servidores públicos federales referidos en el párrafo primero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, son sujetos de dicha ley. Por otro lado, el artículo tercero nos habla del ámbito de competencia de los órganos jurisdiccionales e instituciones facultadas para aplicar la citada ley. Además, el ordinal cuarto establece que para llevar a cabo la investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos y recursos, existen autoridades competentes como los contralores internos, los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República. Finalmente, el artículo 51 del Reglamento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje prevé las responsabilidades, sanciones administrativas, las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones. Regulación que en el ámbito federal y en lo que atañe a los servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se encarga de reglamentar dicho régimen constitucional en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Sobre la base expuesta, debe precisarse que en el caso, el acto que reclama el quejoso es "la conducta con la que se condujo la autoridad señalada como responsable al decretar el laudo definitivo que fue recaído en el juicio laboral número 905/2011". En este punto cabe destacar que a pesar de que mediante proveídos de seis y diecinueve de enero del año en curso, se previno al promovente del amparo a fin de que precisara el acto reclamado, pues del estudio integral de la demanda se advertía que quizá en realidad reclamaba el laudo emitido en el juicio laboral 905/2011; sin embargo, en los escritos presentados el quince y veintidós de enero anterior, el quejoso insistió en señalar sólo como acto reclamado, tal conducta, y como parte de la pretensión que deduce en su demanda de amparo, es "SOLICITA LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR MAL EJERCICIO DE LAS MISMAS" En consecuencia, no es procedente el juicio de amparo indirecto contra dichas "conductas" reclamadas, toda vez que este Juzgado de Distrito no está facultado para determinar el cumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; así como aplicar las sanciones por los actos u omisiones en que incurran y llevar a cabo sus procedimientos, pues dicho actuar lo regula la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyo régimen reglamenta el marco constitucional en materia de responsabilidades administrativas, sus sanciones, autoridades y procedimientos para aplicarlas, lo que obviamente escapa del ámbito de procedencia de la acción constitucional de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 3° fracción XII, y 4° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y 51 del Reglamento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la legislación de amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Miguel Ángel González Ramos, contra actos del Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

  3. Principal

    IV) GLÓSESE A LOS AUTOS LA COMPARECENCIA DE CUENTA. SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RAMOS

  4. Principal

    IV) SE REQUIERE AL PROMOVENTE PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, ANTE LA PRESENCIA DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, RATIFIQUE EL CONTENIDO Y FIRMA DE SU OCURSO, APERCIBIDO QUE EN CASO DE SER OMISO SE TENDRA POR NO PRESENTADO EL ESCRITO DE CUENTA.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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