Miguel Ángel González Manjarrez
Expediente 753/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 25/07/2017
Partes del expediente
- Miguel Ángel González Manjarrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Ahora bien, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el principal, pues se sobreseyó el amparo y carece de relevancia documental, y de depuración el original del incidente de suspensión, pues se concedió y se negó la medida cautelar provisional y negó la definitiva, por tanto, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3267/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa, asistido del secretario Tomás Carbajal Arellano, que da fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 753/2017-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el ********************, el dieciocho de mayo del año en curso, turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede, en la cual se hizo efectivo el apercibimiento con el que se conminó al quejoso en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso y no se tuvo como autoridad responsable al Coordinador de Protección Civil y bomberos del municipio de ********************, ********************, continuándose la secuela procesal en los términos planteados en la demanda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, por reclamarse un acto a autoridades administrativas, cuya ejecución tendría verificativo dentro del territorio en que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Organismo de Agua y Saneamiento, ambas del Ayuntamiento de ********************, ********************: La desposesión respecto del predio que indica es de su propiedad ubicado en ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, al realizar trabajos de construcción sobre dicho inmueble. TERCERO. Dichas autoridades al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama, no obstante, de una revisión de las constancias adjuntadas a los informes rendidos, se advierte la existencia de los trabajos de construcción sobre las calles que precisa el peticionario, se encuentra el inmueble que defiende, por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las responsables. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que el juzgador federal las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Órgano de Control Constitucional advierte, de oficio, que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en fracción XII, del artículo 61 de la Ley de la materia, por las razones que se enseguida se exponen. El numeral en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." En efecto, para la procedencia del juicio de garantías se requiere de la existencia de un agravio real y directo en la esfera jurídica del gobernado, derivado ya sea de la emisión o de la ejecución de un acto de autoridad. Ello es así, puesto que en términos de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien le violan los derechos previstos en el artículo 1º de la legislación en comento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que, como presupuesto de la procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico al proceso natural, que se traduce en cualquier hecho o cualquier situación que además de ser benéfica para un gobernado, esté debidamente tutelada por el orden jurídico nacional. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis de jurisprudencia 852, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte TCC, materia Común, consultable en la página 581, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO." Luego, para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que de pruebas aportadas en el juicio de las que se acredite plenamente el interés jurídico (ser titular del derecho subjetivo alegado) y no inferirse éste a base de presunciones; por tanto, corresponde a la parte quejosa demostrar la afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. En el caso, el quejoso argumenta, es propietario y poseedor del inmueble ubicado en ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, con base en las siguientes documentales: Copia fotostática simple de la escritura pública número veintiséis mil seiscientos siete, del índice del Notario Público Número ciento tres (103), por el que se realiza protocoliza un contrato de compraventa entre el quejoso ********************, con el carácter de comprador y ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, como vendedores; Copia simple de una credencial para votar a nombre del quejoso ********************; y, Seis copias simples de impresiones fotográficas. En este orden de ideas, el supuesto básico de procedencia del juicio de garantías es que se acredite la titularidad del derecho a la posesión del inmueble materia de la litis con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias; pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la posesión susceptible de protección en el juicio constitucional es aquella que se sustenta en un precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de los documentos exhibidos por el impetrante, resultan insuficientes para demostrar su interés jurídico, ya que las reproducciones simples presentadas en juicio, sólo generan la mera presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sea bastante cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. Además, las copias fotostáticas simples, al ser consideradas como indicios, resultan insuficientes para demostrar fehacientemente los hechos o datos que en ellas se consignan, por ende, es necesario que esos indicios estén adminiculados con otros elementos de prueba que permitan corroborar la veracidad de su texto. A ese respecto, el Máximo Tribunal del País también ha establecido el criterio de que las copias fotostáticas constituyen una reproducción de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, lo cual genera la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado o manipulado que, para efectos de su fotocopiado, permita reflejar la existencia irreal del documento que se pretende hacer aparecer. Lo mismo ocurre tratándose de la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, que constituyen elementos de prueba aportados por la ciencia o el avance tecnológico. En ese sentido, se reitera, las documentales que adjunto la parte quejosa con su demanda de amparo carecen de valor probatorio, debido a que fueron exhibidas en copias fotostáticas simples, sin contar con certificación que autentique su contenido, el cual tampoco fue perfeccionado con algún otro medio de convicción. Resultan aplicable, la jurisprudencia 3a. 18, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, página 379, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Así, como la jurisprudencia V.2o. J/70, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 68, Agosto de 1993, Octava Época, página 73, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." En ese orden, es evidente que el peticionario de garantías no satisfizo lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, por lo que indudablemente provoca que se actualice la causa de improcedencia que se examina, por falta de afectación a su interés jurídico, en relación a los actos reclamados, que de ningún modo le afectan en su esfera; y procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Luego, al resultar improcedente la acción de garantías y ante el sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra legalmente impedido para estudiar los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto, conforme al criterio sostenido en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro incida "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto de los actos señalados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso cuarto de la presente sentencia.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida la resolución interlocutoria de ocho de junio de la presente anualidad; en ese orden, se levanta la reserva de proveído de catorce de junio pasado, y se hace la aclaración, que en la interlocutoria señalada, se negó la medida cauterlar solicitada en el presente expediente, a ***, siendo el nombre correcto del quejoso ****, quedando subsistente la totalidad de la resolución que nos ocupa, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Jorge Manuel Cano Corona, que da fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México, catorce de junio de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por la autoridad que lo suscribe, por medio de cual solicita una aclaración respecto de la negativa de la suspensión definitiva, dictada en interlocutoria de ocho de junio pasado. Atento a lo anterior, es menester precisar que la aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia. De lo anterior, se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio o a petición de parte; sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de resoluciones firmes, pues es hasta ese momento cuando adquiere el carácter de definitiva. En consecuencia, se reserva acordar lo conducente, hasta que la interlocutoria cause firmeza procesal, una vez hecho lo anterior, se proveerá lo que en derecho corresponda. Es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, cuyo rubro dice: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS." Notifíquese.
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