Miguel Ángel González González

Expediente 101/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
101/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
26/04/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel González González
  • Juana Acevedo Rentería
  • Gobernador Constitucional del Estado de Durango y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Amparo en revisión

    EN TAL VIRTUD, COMO EL PRESENTE ASUNTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDO SE ORDENA REMITIRLO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA. EN TÉRMINOS DE LO PRESCRITO POR LOS PUNTOS NOVENO Y VIGÉSIMO PRIMERO, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 2/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. TODA VEZ QUE ESTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

  2. Amparo en revisión

    POR LO EXPUESTO Y FUNDADO; SE R E S U E L V E: PRIMERO. QUEDA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONSIDERANDO OCTAVO DE LA PRESENTE EJECUTORIA. SEGUNDO. EN LA MATERIA DE REVISIÓN, SE MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA. TERCERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ***, EN CONTRA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL, AMBOS DEL ESTADO DE DURANGO, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO NOVENO DE LA PRESENTE EJECUTORIA. CUARTO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ***, EN CONTRA DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS Y DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO, QUE RECLAMÓ DE LAS AUTORIDADES QUE SEÑALÓ COMO RESPONSABLES. QUINTO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ***, EN CONTRA DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS Y DE APLICACIÓN DE LOS ORDINALES 13, 14, 15 Y 16 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO, QUE RECLAMÓ AL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO, AL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, AL SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y AL DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE RENTAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EL AMPARO SE CONCEDE PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN LA PARTE FINAL DEL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.

  3. Amparo en revisión

    AGRÉGUESE EL ESCRITO SIGNADO POR LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL ARAMINTA NERIO ÁLVAREZ, AUTORIZADA PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA DE CIRCUITO, MEDIANTE EL CUAL SE ACOMPAÑAN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, Y UN TANTO DE LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, EN CONSECUENCIA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CITADA LEGISLACIÓN DE AMPARO, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. FINALMENTE, EN SU OPORTUNIDAD VUELVA EL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA CORRESPONDIENTE. AL RESPECTO LA RFERIDA CAUSAL EN LO CONDUCENTE DICE: ".Este tribunal revisor advierte de oficio que en el juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Secretario General de Gobierno y al Director del Periódico Oficial del Estado de Durango. Para sustentar esta determinación, se parte de la base de que el juicio ahora en revisión se configuró como un amparo contra leyes, en cuya vertiente como acción de inconstitucionalidad de leyes, el ordenamiento que se estima irregular se impugna en un verdadero proceso, en el cual figuran como contraparte del quejoso los órganos del Estado que intervinieron en el proceso legislativo; quienes integran esa relación jurídico-procesal autónoma junto con aquel y el juez de amparo que lo dirige; estando llamadas las autoridades a defender la constitucionalidad de los actos reclamados a través de su informe justificado, contradiciendo los conceptos de violación, precisando si son o no ciertos los antecedentes del acto y haciendo valer las causas de improcedencia del juicio que estiman se actualizan. Este informe justificado perfecciona dicha relación procesal trilateral, pero esta inicia con la demanda de amparo, mediante la cual el gobernado ejercita la acción constitucional, y en la que debe señalar las autoridades responsables y expresar los conceptos de violación por los actos que a cada una de ellas impute (artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo), a fin de desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la que gozan las disposiciones normativas en nuestro sistema jurídico. Así, conforme a dicho numeral 108, fracción III, de la ley de la materia, en el supuesto en que se reclamen normas generales, el quejoso debe señalar como autoridades responsables a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, únicamente cuando impugne estos últimos actos por vicios propios. Si el quejoso no combate tales actos legislativos por vicios propios, las autoridades responsables no están obligadas a rendir su informe con justificación, ni se les puede imponer una multa por esa omisión, en términos del artículo 260, segundo y tercer párrafos, de la citada legislación. De esta manera, ese requisito legal de la demanda de amparo se erige como un presupuesto procesal de la pretensión, cuya satisfacción debe ser verificada por el juzgador, pues su inobservancia califica como una causa de improcedencia del juicio. Entonces, ante la ausencia no solo de concepto de violación, sino de causa de pedir e, inclusive, sin advertir procedencia de la suplencia de la queja en beneficio del peticionario de amparo, el Juez del conocimiento debe decretar la improcedencia del juicio, pues no existen los elementos necesarios para dar curso a la pretensión de inconstitucionalidad de los actos reclamados. Lo anterior pudiera determinarse desde el auto inicial de trámite de la demanda, con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en el proceso de amparo, prescindiendo de autoridades cuya participación no es relevante en el juicio, al no reclamárseles actos considerados en sí mismos inconstitucionales. En similares términos se pronunció el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 27/2014, que dio origen a las jurisprudencias J/50 A (10a.) y J/49 A (10a.), cuyos criterios se comparten por este órgano colegiado. En el caso concreto, de una lectura íntegra de la demanda de amparo, no se advierte que la quejosa hubiese impugnado por vicios propios los actos de refrendo y publicación del decreto que contiene la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que se tildó de inconstitucional; es decir, no se aprecia concepto de violación alguno ni causa de pedir, que sustente la pretensión de inconstitucionalidad formal de esos actos legislativos. En consecuencia, por lo antes justificado y con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento del presente juicio constitucional, respecto de dichos actos reclamados al Secretario General de Gobierno y al Director del Periódico Oficial del Estado de Durango, respectivamente."

  4. Amparo en revisión

    CON MOTIVO DE QUE, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, APROBÓ LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN, RELATIVA A LA REUBICACIÓN DEL MAGISTRADO JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ AL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE DURANGO; LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL PROPIO CONSEJO, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DE DICHO CONSEJO, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, MEDIANTE SESIÓN DE DOCE DE FEBRERO DE LA ANUALIDAD EN CURSO, AUTORIZÓ A LA LICENCIADA ARAMINTA NERIO ÁLVAREZ, SECRETARIA DE TRIBUNAL, PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA DE CIRCUITO EN ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CON EFECTOS A PARTIR DEL DIECISÉIS DE ESE MES Y AÑO, EN TANTO ESA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL O EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ADSCRIBA MAGISTRADO DE CIRCUITO A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. EN TAL VIRTUD, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, POR MEDIO DE LISTA, QUE ESTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE DURANGO, A PARTIR DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LOS MAGISTRADOS JOSÉ DEKAR DE JESÚS ARREOLA (PRESIDENTE) Y CARLOS CARMONA GRACIA, ASÍ COMO POR LA SECRETARIA DE TRIBUNAL ARAMINTA NERIO ÁLVAREZ, EN FUNCIONES DE MAGISTRADA DE CIRCUITO. FINALMENTE, CON APOYO EN EL DIVERSO NUMERAL 41, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RETÚRNESE ESTE ASUNTO A LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE MAGISTRADA DE CIRCUITO DE MÉRITO, PARA QUE FORMULE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN; ASIMISMO, SE CERTIFIQUE LA FECHA EN QUE SEA LISTADO ESTE ASUNTO PARA SER RESUELTO. EL PRESENTE AUTO DE TURNO HACE LAS VECES DE CITACIÓN PARA SENTENCIA.

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