Miguel Angel González Gamino
Expediente 340/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Angel González Gamino
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2°de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse tenido por no presentada la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se le otorgara a la parte promovente para que dé cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintitrés de abril del año en curso, dictado en el presente juicio; consecuentemente, llevando adelante el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda con que se formó este expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel González Gamino, contra actos reclamados al Fiscal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 340/2019-V-B. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO. Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 108, fracciones II y V, 112 y 114, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en lo referente establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.]" Como se advierte de los dispositivos transcritos, es obligación del gobernado indicar con precisión el acto que pretende combatir y bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen a éste, así como indicar el nombre y domicilio del tercero interesado, o en su caso, bajo protesta de decir verdad que no conoce a quién le asiste tal carácter; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de la Materia, y cuando el juzgador advierta que los mismos resultan confusos o que faltan datos relevantes para proveer conforme a derecho la demanda intentada, deberá prevenir al quejoso para subsane dichas deficiencias. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda, el suscrito aprecia la ausencia de datos que resultan indispensables para proveer conforme a derecho la demanda intentada. Lo anterior, en razón de que el promovente manifestó que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión, y del capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte que únicamente manifiesta que unos familiares le dijeron que se han presentado elementos de la policía judicial en su domicilio, quienes les manifestaron que existe una orden de aprehensión girada en su contra, señalando al efecto que anteriormente hubo una denuncia en su contra en el mes de agosto de dos mil diecisiete, ante la Fiscal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, por el supuesto delito de lesiones, sin que nunca lo llamaran a declarar; sin embargo no se desprende si tiene conocimiento de quién lo denunció ante dicha fiscalía, ni cuando se hizo sabedor de la misma. Ahora, en lo que se refiere al requisito que prevé la fracción II del artículo 108, de la Ley de Amparo, el promovente señaló en su demanda que por la naturaleza de los actos reclamados no existe tercero interesado (penal); sin embargo, del arábigo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de la Materia, se desprende que tiene dicho carácter la víctima del delito u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño, resultando evidente, que contrario a lo declarado por el impetrante de amparo, sí existe un tercero interesado cuando se reclama una orden de aprehensión, ya que previo a la misma debe de existir una denuncia y solicitud de que se gire dicha orden; por lo que, el promovente debió señalar a quién le asiste tal carácter, o en caso de desconocerlo, debió indicar tal situación bajo protesta de decir verdad, lo cual, no realizó. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador que en el escrito de demanda sí existe la manifestación "bajo protesta de decir verdad"; sin embargo, el promovente la realizó específicamente en el capítulo de antecedentes del acto reclamado y no así, respecto al apartado del tercero interesado, como lo dispone el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, a fin de tener el dato complementario para proveer sobre la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II y V, 112 y 114, fracción II, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que por escrito con las copias necesarias para correr traslado a las partes, dentro del término de cinco días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído y bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, precise lo siguiente: PRIMERO. Deberá precisar quien lo denunció, o en su caso, manifestar sí actualmente lo desconoce, y cuando tuvo conocimiento de dicha denuncia. SEGUNDO. Deberá indicar nombre y domicilio del tercero interesado (son aquellas personas que establece el artículo 5, fracción III, inciso c), o en su caso, si no lo conoce, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis XXVII.3o.105 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SÓLO ES EXIGIBLE QUE SE CONTENGA EN EL ESCRITO ACLARATORIO LA EXPRESIÓN FORMAL "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 108, FRACCIONES II Y V, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto indicado prevé los requisitos que deben expresarse en una demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra, la protesta de decir verdad, únicamente: a) cuando se afirme desconocer el nombre y domicilio del tercero interesado; y, b) respecto de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Asimismo, el artículo 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda cuando se presentaren deficiencias, irregularidades o se hubiere omitido algún requisito; sin embargo, sólo es exigible que se contenga en el escrito aclaratorio la expresión formal "bajo protesta de decir verdad", cuando tenga relación con los supuestos inicialmente mencionados (a y b); de ahí que es indebido que en una prevención se exija dicha expresión respecto de requisitos de la demanda diferentes a los aludidos o que no tengan vinculación con esas afirmaciones pues, atento a su naturaleza, no lo requieren; en consecuencia, es excesivo solicitarlo y, ante su incumplimiento, la determinación de tener por no presentada la demanda de amparo es ilegal. (Lo subrayado es propio). Apercíbase al impetrante de amparo que de no cumplir con lo requerido con anterioridad en el término concedido, se tendrá por no presentada la demanda que se provee, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tienen los estrados de este juzgado. Por otra parte, se tienen por autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gilberto Bandala Martínez, Luz María León Farfán, Roberto Carlos Bandala León, Elizabeth Bandala Martínez y Rene Peralta Bandala, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco acreditaron contar con dichos documentos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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