Miguel Angel Gonzalez Castillo

Expediente 805/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
805/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Gonzalez Castillo
  • Lic. Mario Eleazar Ramirez Barba

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel González Castillo, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DEL MES Y AÑO EN CURSO, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso *******da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de siete de julio actual, por lo que téngase dando el debido cumplimiento al requerimiento en cita. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Igualmente, el artículo 107 fracción V, de la Ley de la Materia establece: "El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esencia, se hace consistir en la orden verbal por parte de la Titular de la mesa II de patrimoniales sin detenido de Pachuca, Hidalgo, de no tomar comparecencia de aceptación y protesta de cargo al quejoso en su calidad de Asesor Jurídico conferido por parte de Juana Patricia Don Juan Don Juan, por no tener cédula profesional y sólo haber exhibido una autorización provisional para ejercer la profesión de licenciado en derecho. De lo anterior se deduce que el juicio de amparo en la vía indirecta procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que, para dilucidar en qué vía se podrá reclamar una violación cometida en el curso del procedimiento, habrá que distinguirse si ésta tiene o no, efectos de imposible reparación. Así las cosas, el acto reclamado no es un acto dictado dentro del juicio que tenga efectos que sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, solamente produce efectos intraprocesales que se traducen en una reserva al aquí quejoso en lo que obtiene su cédula profesional, sin que la misma traiga aparejada una afectación directa y actual a sus derechos sustantivos o adjetivos, en grado predominante o superior. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Pleno, agosto de 1992, página: 11, la cual es del texto y rubro siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El concepto de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica del afectado. Por otro lado, es preciso señalar que si bien existen una serie de excepciones en las que procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el diverso numeral 107, fracciones III y IV, de su Ley Reglamentaria, entre otras, será siempre y cuando se trate de actos en el juicio cuya afectación sea en grado predominante o superior que sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse por la vía constitucional, pues si se trata de aquéllas que lesionen las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación en grado predominante o superior o afecten a personas extrañas a juicio. En síntesis, los actos dentro de juicio son de imposible reparación en los supuestos siguientes: a) Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de los derechos fundamentales de que se trate. b) Complementario de lo anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, visible a página 9, que dispone: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por lo tanto, el acto reclamado en el presente juicio consiste en la orden verbal por parte de la Titular de la mesa II de patrimoniales sin detenido de Pachuca, Hidalgo, de no tomar comparecencia de aceptación y protesta de cargo al quejoso en su calidad de Asesor Jurídico conferido por parte de Juana Patricia Don Juan Don Juan, por no tener cédula profesional y sólo haber exhibido una autorización provisional para ejercer la profesión de licenciado en derecho, no es de aquellos que le causen una afectación de imposible reparación, atendiendo a las siguientes consideraciones: Es pertinente destacar un marco jurídico de la figura de asesor jurídico, establecido en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece: "Artículo 110. Designación de Asesor jurídico En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor." (Énfasis añadido) Por su parte, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su inciso c), fracción I, reconoce como derecho de la víctima u ofendido, el siguiente: "Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;..." Ahora debe decirse que con el cambio de paradigma constitucional que inicio en dos mil ocho con la publicación de las reformas a la Constitución en materia de seguridad pública y justicia penal, que concluyeron en dos mil once con la reforma en materia derechos humanos y amparo, y el desarrollo jurisprudencial nacional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha delineado el marco jurídico actual de protección y defensa de los derechos humanos de las víctimas del delito. A partir de ello, debe puntualizarse que para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito, se creó la figura del Asesor Jurídico, con la que se pretende evitar la violación a los derechos de las víctimas y que el Asesor Jurídico de Atención a las Víctimas, cuente con la destreza y competencia necesarias para cumplir con su función técnica y adecuada. Para ello, se estableció que debe ejercerse por profesionales del derecho capacitados en el sistema penal acusatorio y el litigio adversarial oral, pues la normatividad requiere que tanto el imputado como la víctima, no versados en derecho, estén asistidos por representantes jurídicos que puedan apoyar y auxiliar adecuadamente en el procedimiento, esto es, que sea licenciado en derecho o abogado titulado, para lo cual, deberá acreditar su autorización desde el inicio de su intervención con la cédula profesional, razón por la que, no es procedente el amparo indirecto ya que no le causa una afectación de imposible reparación el acto que aquí reclama el quejoso pues como se ha dicho es un derecho de las víctimas que al ser representados por asesores jurídicos éstos desde el principio de su intervención cuenten con cédula profesional. Pues de estimar lo contrario, es decir, considerar que algunas violaciones procesales -que no tienen una ejecución de imposible reparación- son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto por producir una "afectación en grado predominante" o "afectación superior" generaría inseguridad jurídica, dado que daría lugar a hacer interpretaciones subjetivas (ante la indeterminación de estos últimos conceptos) para establecer casuísticamente los actos dentro de juicio susceptibles de combatirse mediante el amparo indirecto. Por tanto, se reitera que el acto que reclama el quejoso consistente en la orden verbal por parte de la responsable en que no le es reconocida la calidad de asesor jurídico a cargo de Juana Patricia Don Juan Don Juan, en la carpeta de investigación de origen, por no tener cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho, no es acto que sea de imposible reparación, que afecten materialmente sus derechos sustantivos. Máxime que atendiendo al derecho de la víctima el promovente del amparo, al no contar con cédula profesional que lo acreditara como perito en la materia, no satisface el presupuesto legalmente requerido para asesorar a la víctima en la carpeta de investigación de origen. En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción V aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CASTILLO, en contra de actos de la licenciada Karla Selene Romero Hernández, titular de la Mesa de Patrimoniales II sin Detenido en Pachuca, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 805/2017-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. PREVENCIÓN En este sentido el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, los artículos 108, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica.." En términos de los artículos 112 y 114 de la Ley de amparo, requiérase al promovente MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CASTILLO, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: ÚNICO.- Aclare sí el acto que señala como reclamado consistente en que la autoridad responsable "No haga valer el documento de la autorización provisional para ejercer la profesión de licenciado en derecho expedida por la Dirección General de Profesiones" fue de manera verbal o en su caso exhiba o transcriba el contenido del acuerdo en el cual se asentó el acto que por esta vía reclama. Apercibido que de no cumplir con la anterior prevención, se procederá en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo vigente. En el entendido que deberá exhibir tantas copias de su escrito aclaratorio como partes señaló en el juicio en que se actúa; ello con fundamento en el numeral 110 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en los mismos términos que el criterio jurisprudencial anterior, la jurisprudencia P./J. 36/2001, publicada en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." SANCIONES POR HECHOS FALSOS. También se hace del conocimiento al quejoso que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. AUTORIZADOS Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la misma Ley a la licenciada Juana Castillo Serrano, profesionista de quien se encontró registro de su cédula en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en el escrito que se provee. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano