Miguel Angel Gonzalez Castillo

Expediente 245/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
245/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Gonzalez Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el aviso de veintidós de junio de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de veintiuno del citado mes y año, que en lo conducente dice: URUAPAN, MICHOACÁN, A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de once de mayo del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  2. Principal

    I. Con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de catorce de mayo de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de once del citado mes y año, que en lo conducente dice: Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Miguel Ángel González Castillo, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 245/2018-I. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, estos últimos interpretados en sentido contrario y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis:... En efecto, los referidos preceptos legales disponen: ... Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis:... Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis:... Tesis:... Ahora, en el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de dieciséis de abril del año en curso, dentro del toca de apelación número I-107/2018, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí promovente, en contra de la resolución interlocutora de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dentro del incidente de litisconsorcio pasivo necesario, dentro del juicio ordinario civil 591/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, en la cual determinó declarar improcedente dicha incidencia. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó el promovente. Por auto de catorce de julio de dos mil diecisiete, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda promovida por Christian Fernando Ángeles Vilchis, en la vía ordinaria civil, sobre reivindicación de inmueble, frente al aquí quejoso Miguel Ángel González Castillo. En su oportunidad en aquí quejoso contestó la demanda e interpuso entre otras cosas la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Mediante auto de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo a Christian Fernando Ángeles Vilchis, contestando en tiempo el incidente de litisconsorcio pasivo necesario y se ordenó abrir el incidente a prueba por el término de ocho días. Seguido el trámite del juicio, el veintiocho de febrero del año en curso, el Juez responsable, dicto sentencia interlocutoria dentro del incídete de litisconsorcio pasivo, en la cual determinó declarar improcedente dicha incidencia. Posteriormente el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido mediante proveído de trece de marzo de la presente anualidad, en donde se le tuvo por admitido. Seguido el tramite respectivo, le toco conocer a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, la cual, médiate resolución dictada el dieciséis de abril del año en curso, dentro del toca civil I-107/2018, determinó entre otras cosas, confirmar la sentencia interlocutoria apelada y condenar al apelante, aquí quejoso al pago de las costas originadas en el citado recurso. Determinación que constituye el acto reclamado. Antecedentes que el promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis:... Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del toca de apelación número I-107/2018, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí promovente, en contra de la resolución interlocutora de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dentro del incidente de litisconsorcio pasivo necesario, dentro del juicio ordinario civil 591/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del quejoso, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior, es así en virtud de que la resolución de dieciséis de abril del año en curso, dictada dentro del toca de apelación número I-107/2018, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí promovente, en contra de la resolución interlocutora de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dentro del incidente de litisconsorcio pasivo necesario, dentro del juicio ordinario civil 591/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, en la cual determinó declarar improcedente dicha incidencia, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva en el citado juicio ordinario civil familiar de origen; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado sea adverso al aquí quejoso, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. A más de que, la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el negocio principal, de ser contraria a los intereses del quejoso, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante el medio de defensa que en su momento, en su caso, éste haga valer. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, el acto de autoridad que se combate no es de aquéllos que de manera inmediata cause un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Apoya lo anterior, el criterio II.1o.C.4 K (10a.), sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006576, de rubro siguiente: ... Sin que obste a lo anterior el hecho de que en la resolución reclamada se haya realizado pronunciamiento en torno al pago de gastos y cosas, ya que la resolución reclamada es de carácter intraprocesal y por tanto deben reclamarse como unidad al hacerse valer como violación adjetiva en la vía de amparo directo. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 29/2009, sustentada por la Primera Sala de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio dos mil nueve, novena época, tomo XXIX de rubro y texto siguientes: ... Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, en contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Miguel ángel González Castillo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. ... Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones... Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...

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