Miguel Ángel González Bernal

Expediente 664/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
664/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel González Bernal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que, sobreseyó el presente juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; debiendo agregar a estos autos el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, dejando sin efectos la medida suspensión decretada; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Por otra parte, al no haber promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Gestora de la Primera Región Judicial del Estado y de por si y en representación de los Jueces de Control que integran el Centro de Justicia Penal Sal Sede San Luis Potosí . Dichas autoridades manifiestan que no son ciertos los actos reclamados, por la parte quejosa. Con su contenido dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva. Se informa a las partes que los informes en cita se encuentran disponibles para consulta en el expediente físico y electrónico; sin embargo, comuníqueseles que en términos del artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en caso de carezcan de acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna sobre dicha consulta, se tendrá por satisfecha la vista ordenada. Vista la certificación secretarial se advierte que en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, este Órgano Jurisdiccional determinó reservarse en relación a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables. Toda vez que ya obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, al efecto se provee: La parte quejosa ofreció como pruebas las siguientes: "(.) 1.- La imagen del número de teléfono donde recibí el aviso de la orden de aprehensión librada en mi contra 2.- La recuperación jurisdiccional ante las telefónicas telcel o movistar del informe y datos del titular de la línea 2 bis.- La ubicación del teléfono móvil el día 16 de mayo de año 2023 a las 9:45 horas 3.- La investigación del motivo de la llamada mediante la orden jurisdiccional que se realice a la policía cibernética de la federación para efectos de conocer si la llamada mencionada es base de una amenaza en mi agravio o intento de extorsión o preámbulo de un ataque a mi integridad física o un dato de buena fe (.)" De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, esa facultad que se otorga a los quejosos no es irrestricta, sino que debe satisfacer ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido tenga relación con los hechos en controversia, lo que se conoce como principio de pertinencia, idoneidad o utilidad de la prueba. El principio de pertinencia se actualiza cuando el medio de convicción de que se trata guarda relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. En tanto que, el principio de idoneidad consiste en que la prueba debe ser el medio apropiado y adecuado para acreditar el hecho que se pretende demostrar, por tanto, se rige por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal. En el caso, el quejoso reclama privación de la vida, desaparición forzada, orden de aprehensión, presentación, privación de la libertad y arraigo, pues refirió que, el diecisiete de mayo del año en curso, recibió una llamada del número telefónico en donde le hicieron saber "TE VOY A HACER FAVOR, TIENE OTRA ORDEN DE APREHENSIÓN POR PASARTE DE... CON LAS AUTORIDADES DE LA FISCALÍA Y LOS JUECES. MEJOR CUÍDATE PORQUE A LO MENOS HASTA..." Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables negaron los actos reclamados. Por tanto, las pruebas que ofrezca el quejoso deben ser pertinentes e idóneas para acreditar la existencia de los actos que negaron las responsables. Desechamiento prueba de investigación de policía cibernética. En cuanto a la prueba consistente en la investigación del motivo de la llamada mediante la orden jurisdiccional que se realice a la policía cibernética de la federación para efectos de conocer si la llamada mencionada es base de una amenaza en su agravio o intento de extorsión o preámbulo de un ataque a su integridad física o un dato de buena fe, la misma no es pertinente ni idónea para acreditar la existencia de los actos reclamados. El artículo 21 Constitucional dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.)" De dicho numeral se advierte que, el Ministerio Público es el facultado para la investigación de delitos y quien tiene bajo su mando a las policías, quienes actuaran bajo su conducción y mando. Ahora bien, la prueba que ofrece el quejoso tiene como finalidad que este juzgado requiera a la policía cibernética de la federación para que investigue el motivo de la llamada que el quejoso dice recibió el diecisiete de mayo del año en curso, para determinar si la misma es base de una amenaza, intento de extorsión o ataque a la integridad física. Por tanto, el mencionado medio de prueba no es pertinente ni idóneo para demostrar la existencia de los actos reclamados, pues no es facultad del suscrito realizar actos de investigación a efecto de ordenar a la policía cibernética que se investigue el motivo de la llamada que el quejoso dice recibió, ya que dicha facultad es exclusiva del Ministerio Público, conforme al numeral 21 constitucional. Por tanto, se desecha la prueba consistente en la investigación del motivo de la llamada mediante la orden jurisdiccional que se realice a la policía cibernética de la federación. No obstante, se dejan a salvo los derechos del quejoso para que promueva lo conducente ante el Ministerio Público, en caso de considerar que los hechos que menciona son motivo de delito en su contra. Por otra parte, en cuanto a las pruebas marcadas como 2 y 2 bis consistentes en la recuperación jurisdiccional ante las telefónicas o del informe y datos del titular de la línea, así como la ubicación del teléfono móvil el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, las mismas no son pertinentes ni idóneas, pues tienden a tratar de demostrar que el quejoso recibió la llamada en la que se le informó sobre la existencia de los actos reclamados, los cuales negaron las responsables. Como se precisó en párrafos que anteceden, el quejoso reclama privación de la vida, desaparición forzada, orden de aprehensión, presentación, privación de la libertad y arraigo. Ahora bien, conforme al artículo 16 Constitucional no puede librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es decir las ordenes de privación de libertad que reclama el quejoso, deben dictarse por autoridades jurisdiccionales. Así mismo, el artículo 67, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras las órdenes de aprehensión y comparecencia. En el caso, todas las autoridades responsables negaron los actos reclamados. Por tanto, las pruebas que ofrece el quejoso a fin de que se requiera las telefonías de y para que proporcionen datos de la llamada telefónica que recibió, en la cual refiere que se le informó de la existencia de una orden de aprehensión en su contra, no son pertinentes ni idóneos para demostrar la existencia de dicha orden, pues la misma solo puede ser dictada por autoridades judiciales y constar por escrito. De igual forma, dichas pruebas no son pertinentes ni idóneas para demostrar la existencia de los actos consistentes en privación de la vida y desaparición forzada, ya que de la propia demanda se aprecia que el quejoso se encuentra en su domicilio gozando del beneficio de prisión preventiva domiciliaria, por lo que la existencia o no de la llamada que refiere no tiende a demostrar que existan actos tendientes a privarlo de la vida o desaparecerlo. En consecuencia, se desechan las pruebas documentales vía informe que ofrece el quejoso. Finalmente, en relación a la prueba marcada como 1 consistente en imagen de número de teléfono donde el quejoso refiere que recibió aviso de la orden de aprehensión librada en su contra, la cual se encuentra inserta en la propia demanda de amparo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de Amparo se admite, asimismo, se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Adscrita a la Cuarta Región Judicial, Sala cede Ciudad Valles, San Luis Potosí al efecto se provee. Vista la certificación que antecede, En consecuencia agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio signado por Jueza de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Adscrita a la Cuarta Región Judicial, Sala cede Ciudad Valles, San Luis Potosí, toda vez que ya se acordó al respecto.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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