Miguel Angel González Avalos

Expediente 10/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
10/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
28/01/2015

Partes del expediente

  • Miguel Angel González Avalos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de doce de enero de dos mil quince, que dice: "Ensenada, Baja California, doce de enero de dos mil quince. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel González Ávalos, por propio derecho, contra actos de: 1. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, con sede en San Quintín, Baja California. 2. Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, con sede en San Quintín. 3. Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Quintín, Baja California. 4. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, con sede en San Quintín, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 10/2015-I-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: La ilegal admisión de la demanda laboral, registrada bajo el expediente 110/2014, del índice de las autoridades responsables. Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado lo constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte; . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en juicio, siempre que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en la garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado, la ilegal admisión de la demanda laboral, registrada bajo el expediente 110/2014, del índice de la autoridad responsable. En efecto, el acto reclamado consistente en el proveído que admitió a trámite la demanda laboral promovida por Leobardo Jiménez Zavala, no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio natural, en caso de serle favorable al quejoso, y en el supuesto de no ser así, éste estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del juicio de amparo directo que promueva en contra de la referida sentencia definitiva que en su momento se dicte. Resulta aplicable al caso por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo conducente, la Tesis 3ª. 43, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". También es aplicable al caso la Tesis IV.2o.J13/, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 538, Tomo III, Junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial.". Así mismo, por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo que es conducente, ilustra lo mencionado con la Tesis XXI.10.28 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 768, Tomo IV, Septiembre de 1996, Materia Común, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS: La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel González Ávalos, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Boulevard Ramírez Méndez, número 1147, Fraccionamiento Bahía, de esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia a Ardían Romero Renteria e Hilario Arturo Manuel Trejo, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que respecta a Ángel Yahir López González y Rubén Ceseña Ruiz, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente el quejoso, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado exhortado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".

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