Miguel Ángel Gonzalez Abarca
Expediente 1574/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1574/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Ángel Gonzalez Abarca
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1574/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el resolutivo primero sobreseyó, y en el segundo punto resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se sobreseyó y negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: En consecuencia, al quedar evidenciado que es constitucional el acto reclamado y ser infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, Por lo anteriormente expuesto, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ ABARCA, por cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ ABARCA, contra el acto consistente en el acuerdo de aceptación de competencia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, reclamado a la autoridad Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por las razones indicadas en el considerando sexto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1574/2018-Il, promovido por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ABARCA, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el nueve de agosto de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ABARCA, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. (fojas 2 a 5) SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de agosto de dos mil dieciocho el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, admitió a trámite la demanda; fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, solicitó el informe justificado y ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. (fojas 6 a 12) Mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda de amparo y ordenó su remisión a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos. (foja 83 a 86) Por proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, se aceptó la competencia, se convalidaron las actuaciones existentes y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. (fojas 93 a 95) Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en: El acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró incompetente para conocer del juicio laboral 01/693/2018 y remite el expediente al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos. Por otra parte, el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, consiste en: El acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el que se avoca al conocimiento del juicio burocrático 01/387/2018-II, y acepta la competencia declinada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para conocer la demanda presentada por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ABARCA. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos al rendir sus informes justificados (fojas 14 a 16). Al respecto, la Junta responsable exhibió copia certificada del acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho y el Tribunal responsable remitió copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/387/2018-II (fojas 41 y 71), de los que se advierte la existencia de los actos reclamados; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos señaló que la conducta de la que se duele el hoy quejoso se encuentra efectuada conforme a derecho y emitida por una autoridad competente, siguiendo los lineamientos previstos por la Ley, por lo que considera que no se han violentado los derechos fundamentales del quejoso, y por tanto estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Además, citó como apoyo la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, página 6673, Quinta época, de rubro: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL"; y la diversa tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXVI, página 1815, Quinta Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL". Sin embargo, se desestima la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la argumentación en que está sustentada, se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues es necesario analizar la constitucionalidad del acto impugnado a efecto de determinar si causa afectación a la esfera jurídica del quejoso. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 187973, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página 5 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Respecto a las tesis que como apoyo cita sobre la inexistencia del acto reclamado resultan inaplicables, porque la propia autoridad señaló de forma categórica que es cierto el acto reclamado, para lo cual remitió copia certificada de los acuerdos de veintidós de mayo y dieciocho de junio de dos mil dieciocho que en vía de amparo se combaten, además no guardan relación con el motivo de improcedencia que hace valer, sino que se trata de una hipótesis de sobreseimiento que no se actualiza en el presente asunto. Por otra parte, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama el proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en virtud del cual, la junta señalada como responsable declaró procedente declinar competencia para conocer y resolver el juicio laboral 01/387/18-II a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Para una mayor comprensión del asunto, conviene realizar una reseña de las constancias que obran en autos: 1.- El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ABARCA, presentó demanda en la que reclamó diversas prestaciones a SERVICIOS DE SALUD MORELOS ante la Junta Especial en turno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. 2.- Posteriormente, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, declaró procedente declinar competencia para conocer y resolver el juicio laboral 01/387/18-II en favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama el acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual la Junta Local Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se declara incompetente para conocer del juicio laboral y ordena remitir los autos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por ende, no puede considerarse como de ejecución irreparable, al adolecer de definitividad por cuanto a los efectos que ésta produce, puesto que el perjuicio acaece cuando el órgano jurisdiccional al que se remite la demanda acepta su competencia, dado que esta actuación procesal es la que evidentemente le depararía perjuicio jurídico. Lo anterior es así, ya que si bien procede el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el precepto 107 fracción VIII de la Ley de Amparo, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente no puede considerarse determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino en el caso de que aquéllas se torne definitiva. Máxime que en el caso, la parte quejosa también reclama como diverso acto el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en el juicio laboral 01/387/18-II, mediante el cual acepta la competencia planteada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Sirve de apoyo por analogía en el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 10/2013 (10a.), Décima Época, con registro 2003073, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, materia común, página 1380, del rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, respecto del acto consistente en el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho dictado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Al no existir diversa causal de improcedencia que se hagan valer, ni advertirse de oficio, se procede al estudio de fondo planteado del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión, se reseñan los antecedentes del acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho. De las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, registrado ante la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ABARCA, demandó en la vía laboral a SERVICIOS DE SALUD MORELOS, diversas prestaciones (foja 20 a 33 ). 2.- Mediante acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a quien por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda, de oficio, declinó competencia para conocer del juicio laboral 01/387/18-II, y ordenó remitir los autos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 35 a 38). 3.- El once de junio de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje notificó a la apoderada legal de la parte actora en el juicio laboral de origen, el proveído mediante el cual se declaró incompetente (foja 39). 4.- Mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos se avocó al conocimiento del juicio, registrándolo con el número 30/92/18 y requirió al promovente con la finalidad de que adecuara la demanda en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido se continuaría el procedimiento laboral y dicha omisión quedaría bajo su más estricta responsabilidad, en el caso concreto, su conducta se valoraría al momento de resolver en definitiva el asunto. Este último acuerdo constituye ahora el acto reclamado (fojas 41 y 42). 5.- El siete de agosto de dos mil dieciocho, la parte quejosa desahogó la prevención citada (foja 44). 6.- El catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda interpuesta por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ABARCA contra SERVICIOS DE SALUD MORELOS en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (fojas 54 a 55). SEXTO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son infundados para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicarán más adelante, sin que en el particular se advierta queja deficiente que suplir. Cobra aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala 2a./J. 67/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, Página 263, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).". En primer lugar, debe precisarse que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos al emitir el auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual previno a la parte actora, aquí quejosa para que ajustara su demanda a los términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, aceptó de forma tácita la competencia propuesta por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por tanto, resulta patente que el Tribunal responsable hizo suyos todos los argumentos y motivos que tomó en consideración para declinar la competencia; aspecto de especial importancia pues será necesario atender a ello al conocer de la constitucionalidad del acto reclamado. Resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 28/2004, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, Página 320, de rubro: "COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN TÁCITA." Ahora bien, de la interpretación gramatical del artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador ordinario estableció de forma expresa un supuesto especial de procedencia del juicio de amparo bi-instancial en contra de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y..." No obstante, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), determinó que dicho precepto tenía que ser interpretado de la forma más coherente con los contenidos de la Constitución, en esa tesitura definió que en este supuesto específico, dicha hermenéutica, llevaba a considerar que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra dichos actos, siempre que éstos sean definitivos, es decir, que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, esto es, la que acepta o rechaza la competencia declinada o inhibida, siempre que no existan medios ordinarios de defensa pendientes de agotarse. Así, en el presente asunto, la última resolución consiste en el acuerdo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, porque es la que materializa y define el conocimiento del asunto de origen y es en su caso la que genera agravios o trasciende a la esfera jurídica de las partes y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado, por ende su estudio se integrará con las razones y motivos que la originaron, esto es el acuerdo de la Junta, que no obstante no constituir materia del amparo por sí solo, el Tribunal Estatal convalidó la declinatoria, y se sustentó en lo ahí resuelto para aceptar la competencia, pues de no hacerlo así, no existiría el acto reclamado, por lo que se deben analizar como una unidad en aras de crear certeza y seguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la Décima Época Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Así como, la Jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 22, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.". Por tanto, aunque se abordará el estudio del acuerdo de prevención de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, sólo se hará por cuanto a que como quedó precisado constituye la aceptación tácita de la competencia en el conocimiento del asunto. Ahora bien, la parte quejosa aduce en su capítulo de conceptos de violación que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución; sin embargo, no formuló conceptos de violación respecto de los artículos 8 y 17, por lo que se procede al estudio del presente asunto únicamente a la luz del contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, respecto de los que enderezó diversas argumentaciones. Pues sin soslayar las garantías contenidas en los preceptos 8 y 17 constitucionales, como se adelantó no se aprecia queja deficiente que suplir que imponga el análisis oficioso del debido acato de los preceptos constitucionales citados, resultando pertinente señalar que en el caso no se aprecia transgresión al derecho de petición ni al de acceso a la justicia que de manera integral contemplan al observase que fue atendido el reclamo planteado y sobre todo que se pretendió fincar competencia a la autoridad competente por la que dichos preceptos son atendidos con cabalidad. Establecido lo anterior, se aprecia que, mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, convalidó el acuerdo de la Junta en el que declinó la competencia planteada a su favor, en el cual se vertieron los siguientes argumentos: Es un hecho público y notorio que el ente demandado SERVICIOS DE SALUD MORELOS constituye un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, por tanto las relaciones laborales con sus trabajadores y su competencia se encuentran contempladas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Los organismos descentralizados al ser entidades integrantes de la administración pública paraestatal forman parte del poder ejecutivo, situación aplicable a los ámbitos de gobierno local y municipal, porque la descentralización administrativa en cualquiera de los tres órdenes de gobierno guarda la misma lógica, es decir crear entes dotados de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujetos a controles indirectos para desarrollar sus actividades administrativas específicas. Las legislaturas de las entidades federativas están facultadas constitucionalmente para regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo a los apartados "A" o "B" del artículo 123 constitucional, incluso de manera mixta, sin estar obligadas a sujetarse a uno de ellos en especial. La legislación local cuenta con atribuciones para regular las relaciones trabajo entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores, resultando aplicable la Ley del Servicio Civil, por tanto al ser SERVICIOS DE SALUD MORELOS un organismo público descentralizado se surte la competencia a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en un juicio promovido por el trabajador en contra del organismo público descentralizado. La creación de SERVICIOS DE SALUD MORELOS derivó del acuerdo de coordinación para la descentralización de los Servicios de Salud, lo que abona a determinar la competencia a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en la entidad. En este orden de ideas, resulta pertinente precisar que SERVICIOS DE SALUD MORELOS, como fue valorado por el Tribunal responsable al convalidar la incompetencia planteada, efectivamente constituye un organismo público descentralizado de la administración pública estatal tal como se advierte de su decreto de creación, que de forma expresa le atribuye esa naturaleza, además que forma parte del poder ejecutivo estatal en sentido amplio, ya que al ser una entidad integrante de la administración pública paraestatal guarda una dependencia indirecta y mediata, sin existir con el Ejecutivo una relación jerárquica, pero se vincula en distintos grados con el titular de dicho Poder, a través de diversos mecanismos de control y vigilancia por parte de éste (de manera horizontal), es decir se trata de un ente dotado de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujeto a controles indirectos para desarrollar sus actividades administrativas específicas. La anterior conclusión se corrobora de los artículos 1, y 2 del Acuerdo 824 que crea el organismo SERVICIOS DE SALUD MORELOS, vigente a partir del veintisiete de noviembre de 1996, que establece: "ARTÍCULO 1.- Se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio legal en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO 2.- El objeto del organismo descentralizado Servicios de Salud Morelos será dirigir, operar, administrar y supervisar los establecimientos y servicios de salud y los recursos humanos, materiales y financieros que la Secretaria de Salud transfiera al Gobierno del Estado de Morelos; igualmente prestara servicios de salud a la población abierta en el Estado, dentro de su esfera de competencia y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Morelos. De la lectura de los artículos transcritos se advierte que la demandada en el juicio laboral de origen, aquí tercera interesada, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es regular dirigir, operar, administrar y supervisar los establecimientos y servicios de salud y los recursos humanos, materiales y financieros que la Secretaria de Salud transfiera al Gobierno del Estado de Morelos; así como prestar servicios de salud a la población en el Estado. Ahora bien, de la lectura integral del propio acuerdo se advierte que en su naturaleza de organismo descentralizado SERVICIOS DE SALUD MORELOS pertenece al propio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ya que su creación atendió al impulso a la federalización, con la participación del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Morelos; con la asistencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Inclusive, el artículo 6 del acuerdo en cita prescribe que el Organismo demandado cuenta con una Junta de Gobierno y un Director General, siendo la Junta el órgano superior y será presidida por el Gobernador del Estado. Así también, cuenta con un órgano de vigilancia, cuya integración está a cargo de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, según lo establece el artículo 11 de la legislación en comento. De lo que se advierte de una interpretación sistemática, que efectivamente SERVICIOS DE SALUD MORELOS forma parte del Poder Ejecutivo, ya que como quedó señalado guarda vinculación en distintos grados con el titular de dicho Poder, a través de diversos mecanismos de control y vigilancia, esto es, se trata de un ente dotado de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujeto a controles indirectos para desarrollar sus actividades administrativas específicas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 178/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, Página 729, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO.". En ese sentido, contrariamente a lo aducido por la quejosa, resulta apegada a derecho la resolución emitida por el Tribunal responsable, ya que en las jurisprudencias 130/2016 y 131/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó los criterios previamente sustentados relativos a que la competencia para resolver los conflictos entre los organismos descentralizados y sus trabajadores, corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al regirse por el apartado "A" del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Cierto, la Segunda Sala de Nuestro Alto Tribunal, se apartó del criterio general sostenido anteriormente, pues consideró que las entidades federativas están facultadas constitucionalmente para regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados "A" o "B" del artículo 123 constitucional, incluso de manera mixta, sin estar obligadas a sujetarse a uno de ellos en especial, por lo que el Estado de Morelos determinó que el régimen aplicable es el apartado "B" del precepto constitucional mencionado, porque dispuso normativamente en el artículo 40, fracción XX, inciso L) que los vínculos entre los Poderes del Estado y sus trabajadores, se regirán por las leyes que se expidan para tal efecto y, en ese sentido, la legislación burocrática local, incluye a las entidades paraestatales dentro de su ámbito de aplicación, sin que ello transgreda la Carta Magna, en razón de la flexibilidad concedida a las entidades federativas para legislar al respecto. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, Página 1006, de rubro y texto: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los 'Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial." Así como la jurisprudencia 2a./J. 131/2016 (10a.), Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, Página 963, de rubro y texto: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL LEGISLADOR SECUNDARIO TIENE FACULTADES PARA SUJETAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ESA ENTIDAD. Conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Por tanto, si en uso de sus facultades, el legislador secundario sujetó las relaciones de los organismos públicos descentralizados del Estado de Quintana Roo y sus trabajadores a lo previsto en el apartado B del precepto 123 constitucional y, en consecuencia, a la legislación local -Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de esa entidad-, ello no transgrede el texto constitucional, ya que el legislador local que expidió este último ordenamiento está facultado para hacerlo.". Criterios que ponen de manifiesto que el legislador local cuenta con atribuciones para regular las relaciones de trabajo entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores, conforme a cualquiera de los regímenes previstos en los apartados "A" y "B" del artículo 123 constitucional. En ese sentido, el artículo 40, fracción XX, inciso L), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone: "Artículo 40.- Son facultades del Congreso: (.) XX.- Expedir Leyes relativas a la relación de trabajo entre los Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y sus trabajadores y la seguridad social de dichos trabajadores, sin contravenir las siguientes bases: (.) L).- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal de Arbitraje." Por su parte, los artículos 1, 2, 8, 11 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. Dado que por la naturaleza de su función, al ser depositarios de un poder, u ostentar la representación de un organismo y por carecer de la condición de subordinación, quedan excluidos de la definición prevista en el párrafo que antecede, el Gobernador, los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral; los Diputados locales, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos de la Entidad, los Titulares de las Dependencias que integran la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal. Artículo 8.- Esta Ley regirá las relaciones laborales entre los poderes del Estado y los Municipios con sus trabajadores. Los trabajadores de confianza, sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de seguridad social, por lo que en cualquier tiempo y por acuerdo del titular de la dependencia dejarán de surtir sus efectos los nombramientos que se les hayan otorgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40 fracción XX inciso M) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos." Artículo 11.- Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores: para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios". De lo anterior se advierte que el artículo 40 fracción XX inciso L) de la Constitución Política del Estado de Morelos contempla la facultad del Congreso de expedir Leyes relativas a la relación de trabajo entre los Poderes del Estado y sus trabajadores y respecto de la seguridad social de dichos trabajadores, con el señalamiento expreso de que los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal de Arbitraje. Por otra parte, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en lo que interesa regula las relaciones de trabajo que se establezcan entre el Gobierno Estatal y sus trabajadores, señalando el artículo 2° que el trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal y sus trabajadores. En consecuencia, debe entenderse que los artículos citados de la Ley del Servicio Civil no se refieren únicamente a los trabajadores del Estado en sentido estricto, sino también a los organismos paraestatales, ya que de forma expresa el artículo recién citado así lo señala, aunado a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 178/2012 (10a.), que como quedó asentado, señala que dichas entidades forman parte del ejecutivo en sentido amplio. En específico el 114 de la citada legislación señala que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores, en consecuencia, a SERVICIOS DE SALUD MORELOS al tener la naturaleza de organismo descentralizado que forma parte del poder ejecutivo estatal, le resultan aplicables los preceptos legales de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que deriva en la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer del juicio burocrático instaurado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ABARCA contra SERVICIOS DE SALUD MORELOS, adversamente a lo alegado por el peticionario del amparo. Por tanto, no asiste la razón a la quejosa al manifestar que la relación de trabajo que mantuvo no fue en calidad de trabajador de una entidad paraestatal o paramunicipal, debido a que SERVICIOS DE SALUD MORELOS, se constituye como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que en su criterio le debe aplicar el artículo 123, apartado A de la Constitución, ya que como quedó señalado la Corte definió que los organismos descentralizados al ser entidades integrantes de la administración Pública paraestatal forman parte del poder ejecutivo, criterio que se hace extensivo al orden estatal, por participar de la misma lógica, por tanto al hablar del Ejecutivo del Estado debe entenderse que quedan comprendidos los entes descentralizados como el que en el juicio natural fue señalado como demandado, por lo que resulta infundado el concepto de violación. Así, contrario a lo manifestado por el quejoso, es incorrecto que la facultad otorgada a las legislaturas locales, contenida en el artículo 123, apartado B, de la Constitución se encuentre limitado a los Poderes de la Unión y Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores y que al no laborar para ninguno de ellos, su relación laboral debe regirse por el apartado A del referido precepto. Esto atiende a que como se precisó, los Estados Federados tienen la potestad constitucional para regular las relaciones laborales entre los distintos órganos locales -centralizados, descentralizados e incluso constitucionalmente autónomos- y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con el apartado A o el apartado B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin obligación a sujetarse a alguno de ellos en especial. Así, contrario a lo manifestado en los conceptos de violación, la naturaleza jurídica del organismo descentralizado SERVICIOS DE SALUD MORELOS, no permite concluir que el régimen jurídico aplicable, sea el previsto en el apartado A, del artículo 123 Constitucional, toda vez que de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 8, 11 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, expedida por el Congreso del Estado, en uso de la facultad conferida por el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal y 40, fracción XX, inciso L), de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Morelos, así como de los artículos 1 y 2 del Acuerdo 824 de Creación del organismo SERVICIOS DE SALUD MORELOS, que definen a la aquí tercera interesada como un organismo público descentralizado, se concluye que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos es la autoridad competente para conocer del juicio burocrático de origen. Por tanto, la determinación del Tribunal responsable al avocarse al conocimiento y por ende aceptar la competencia planteada por la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos en el juicio de origen resulta constitucional, porque considera que la relaciones laborales entre la quejosa y el trabajador actor se rigen por el artículo 123, apartado B, de la Constitución, lo cual como se ha establecido, resulta correcto. Respecto a las tesis que cita como apoyo a sus conceptos de violación, por tratarse de criterios derivados de interpretaciones efectuadas a legislaciones de diversos Estados de la República o criterios que son anteriores a la Jurisprudencia de la Corte que señala que cada legislación secundaria establecerá el régimen aplicable del artículo 123 de la Constitución, no resultan aplicables al caso concreto, dada la obligatoriedad de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el entendido que el Alto Tribunal, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.), en el que sostuvo que las relaciones de dichos organismos mencionados con sus trabajadores, sólo podían ser regulados de acuerdo con el apartado A del artículo 123 constitucional y actualmente se debe atender a la legislación de cada Estado para determinar el régimen pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Tesis: VI.1o.P. J/26, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Página 1225, Novena Época, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD.", que establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete en Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federal. En consecuencia, al quedar evidenciado que es constitucional el acto reclamado y ser infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, Por lo anteriormente expuesto, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ ABARCA, por cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ ABARCA, contra el acto consistente en el acuerdo de aceptación de competencia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, reclamado a la autoridad Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por las razones indicadas en el considerando sexto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite los autos del juicio de amparo 1302/2018 de su índice, con motivo de la incompetencia planteada en favor de este órgano jurisdiccional por conocimiento previo; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo anterior, este juzgado asume conocimiento, fórmese el expediente 1574/2018-ll y ordena acusar recibo correspondiente al Juzgado declinante. COMPENSACIÓN. En atención a lo anterior, instrúyase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente de la presente demanda. CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES E INFORME A LAS PARTES Ténganse por convalidadas las actuaciones que conforman el presente expediente 1574/2018-ll realizadas por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, derivadas del juicio de amparo 1302/2018, para los efectos legales a que haya lugar. Además, comuníquese a las partes que las promociones relativas al juicio de amparo 1302/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, deberán ser dirigidas al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el diverso juicio 1574/2018-ll. INFORMES JUSTIFICADOS. Toda vez que ya obran en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los mismos, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIONES. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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