Miguel Ángel Gómez Sánchez

Expediente 1180/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1180/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Gómez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer al respecto, en razón a que no se aperturó incidente de suspensión respectivo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto, el oficio signado por el Suplente de la Presidencia y el Secretario Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, adjuntando copia certificada del escrito de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, presentado el veinticuatro de agosto siguiente y del auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral J/O/991/2015, de su índice. Al efecto se acuerda: Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho dentro del expediente laboral J/O/991/2015, por medio del cual solicitó se requiriera a la parte demandada, para que exhibiera la cantidad que por concepto de subsistencia de la parte trabajadora, fijó en la interlocutoria de suspensión de once de julio de dos mil dieciocho, con motivo del amparo indirecto interpuesto contra el laudo de cuatro de abril del año en curso. Por su parte, con las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Junta responsable, emitió proveído en el cual tuvo por recibido el escrito presentado por el apoderado legal de la parte quejosa el veinticuatro de agosto del año que transcurre, y en atención a su contenido, determinó no acordar favorable su solicitud, argumentando que el trece de agosto de esta anualidad, se había desechado por extemporánea la demanda de amparo directo promovida por la parte demandada, registrada con el número 946/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, radicada ante esa autoridad laboral con el número de expediente A/D/203/2018; por lo cual, se ordenó su archivo definitivo como asunto totalmente concluido; dejando a salvo sus derechos para solicitar el auto de ejecución en términos del artículo 950, de la Ley Federal del Trabajo; evidenciándose con ello que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos. Lo anterior es así, pues si el acto reclamado lo constituía precisamente la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, y de acuerdo a lo antes narrado se evidenció que la autoridad responsable proveyó el citado escrito, mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, queda manifiesto que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, ya que con la emisión de ese proveído, dichos efectos fueron destruidos en forma total e incondicional. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable no haya acordado favorablemente lo solicitado por el impetrante de amparo, en razón de que ésta no está obligada a proveer de conformidad las promociones que le hagan llegar las partes, sino únicamente a acordarlas por escrito y dentro del término que prevé el artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo. Orienta a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis del rubro y texto siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario." Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 77, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la misma ley invocada. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el informe de cuenta, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    Vistas, las razones de cuenta, suscritas por el Auxiliar de Actuario Zona Norte Oriente, y Zona Centro, y el Jefe de la Unidad de Notificadores Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por las cuales manifiestan la imposibilidad para entregar los oficios 15339/2018 y 15340/2018, a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y al tercero interesado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ambos residentes en esta ciudad, por los motivos que ahí exponen. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, dígase al Actuario adscrito a este Juzgado, que por su conducto remita los oficios de cuenta a la multicitada Unidad de Notificadores, a efectos de que una vez que permitan el ingreso a dichas dependencias, la Unidad de Notificadores pueda hacer entrega de los oficios de referencia, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto, se tiene por recibido el escrito de la parte quejosa +++ por medio del cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso; en consecuencia, provéase lo conducente. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda que promueve +++ contra el acto de la autoridad responsable denominada: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO De la demanda de garantías se advierte que se reclama: La omisión de acordar escrito de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho dentro del expediente laboral A/D/203/2018, por medio del cual solicita, se dicte auto de requerimiento, por concepto de subsistencia dictado en interlocutoria de suspensión de once de julio de dos mil dieciocho. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión respectivo, por haber sido solicitado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117, de la ley normativa del juicio de garantías, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibida que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se le impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1, de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en Boulevard Andrés Serra Rojas, número 1090, de la Colonia Paso Limón, Nivel 3, Sección B, Edificio anexo a la Torre Chiapas, de esta ciudad, quien deberá ser emplazado a juicio, por medio de oficio que al efecto se gire. Por otra parte, la parte quejosa, ofrece como medios de prueba la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana, por tanto, con apoyo en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas y desahogadas atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente. Asimismo, ofrece como pruebas el expediente laboral J/O/991/2015, por tanto, este juzgado se reserva proveer sobre el mismo, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado.

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