Miguel Ángel Gómez Pérez
Expediente 1743/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1743/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Miguel Ángel Gómez Pérez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA Y POR LISTA EN PÁGINA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PRONUNCIADO POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1743/2017-I-A, PROMOVIDO POR MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ, POR PROPIO DERECHO Y CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE PUBLICO A.C., QUE EN LO CONDUCENTE TRATA: Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental. De conformidad con el último párrafo del punto décimo primero, del acuerdo anteriormente citado, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a este juzgado de distrito a recoger los documentos originales que exhibió en el presente juicio de amparo; apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, se destruirán junto con el expediente.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental. De conformidad con el último párrafo del punto décimo primero, del acuerdo anteriormente citado, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a este juzgado de distrito a recoger los documentos originales que exhibió en el presente juicio de amparo; apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, se destruirán junto con el expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ...., por propio derecho y como Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional del Trasporte Público, Asociación Civil; regístrese bajo el número 1743/2017-I-A. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: -El acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 424/2015, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que ordena a las autoridades Director General de Tránsito, Vialidad y Trasporte; y, Subdirección de Transporte Público, ambos del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, así como a la Secretaría de Movilidad (en su calidad de autoridad vinculada), todos del Estado de México, dar cumplimiento a la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil quince, esto es, verificar que los transportes de pasajeros en modalidad de taxis de sitio que presentan servicio en los lugares ahí señalados, cuenten con su concesión autorizada y en caso de no ser así proceder conforme a la ley. DESECHAMIENTO Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, segundo párrafo de la fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen, cuando se trata de actos de ejecución, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, la "última resolución" que se dicte dentro del procedimiento de ejecución del juicio del que provenga el acto reclamado es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues así lo establece la Ley de Amparo, pues esto tiene el fin de que se evite el abuso del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", es decir, la determinación que contenga el acuerdo conclusivo de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y uno, tomo XIII, de abril de dos mil uno, la cual indica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página un mil seiscientos setenta y dos, tomo XXIX, de febrero de dos mil nueve, que indica: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Así, la parte quejosa, reclama en el presente sumario de amparo, el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 424/2015, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que ordena a las autoridades Director General de Tránsito, Vialidad y Trasporte; y, Subdirección de Transporte Público, ambos del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, así como a la Secretaría de Movilidad (en su calidad de autoridad vinculada), todos del Estado de México, dar cumplimiento a la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil quince, esto es, verificar que los transportes de pasajeros en modalidad de taxis de sitio que presentan servicio en los lugares ahí señalados, cuenten con su concesión autorizada y en caso de no ser así proceder conforme a la ley. Por tanto, el acto reclamado no es la "última resolución" dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de referencia, en contra de la cual proceda el juicio de amparo; es decir, son actos emitidos en un juicio en el que la quejosa fue parte -tercero interesado-; y, por ende, escuchada en defensa de sus intereses, por lo que no puede ser señalado como una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento a la sentencia, o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo. En efecto, la finalidad de lo anteriormente expuesto es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como facultad del Estado para tutelar la impartición de justicia, pues como ya se señaló, si bien tales actos no tienden directamente a obtener el cumplimiento de la sentencia, pues únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el inicio del procedimiento respectivo, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. A su vez, se tienen como autorizados a las personas que indica en términos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PROCEDO A EMPLAZAR Y NOTIFICAR POR LISTA Y POR LISTA EN PÁGINA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ, EL ACUERDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDO POR EL JUZGADO SEGUNTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EMITIDO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1743/2017-I-A, PROMOVIDO POR MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ, QUE EN LO CONDUCENTE TRATA:...Vista la demanda de amparo promovida por ...., por propio derecho y como Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional del Trasporte Público, Asociación Civil; regístrese bajo el número 1743/2017-I-A. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: -El acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 424/2015, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que ordena a las autoridades Director General de Tránsito, Vialidad y Trasporte; y, Subdirección de Transporte Público, ambos del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, así como a la Secretaría de Movilidad (en su calidad de autoridad vinculada), todos del Estado de México, dar cumplimiento a la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil quince, esto es, verificar que los transportes de pasajeros en modalidad de taxis de sitio que presentan servicio en los lugares ahí señalados, cuenten con su concesión autorizada y en caso de no ser así proceder conforme a la ley. DESECHAMIENTO Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, segundo párrafo de la fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen, cuando se trata de actos de ejecución, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, la "última resolución" que se dicte dentro del procedimiento de ejecución del juicio del que provenga el acto reclamado es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues así lo establece la Ley de Amparo, pues esto tiene el fin de que se evite el abuso del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", es decir, la determinación que contenga el acuerdo conclusivo de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y uno, tomo XIII, de abril de dos mil uno, la cual indica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página un mil seiscientos setenta y dos, tomo XXIX, de febrero de dos mil nueve, que indica: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Así, la parte quejosa, reclama en el presente sumario de amparo, el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 424/2015, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que ordena a las autoridades Director General de Tránsito, Vialidad y Trasporte; y, Subdirección de Transporte Público, ambos del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, así como a la Secretaría de Movilidad (en su calidad de autoridad vinculada), todos del Estado de México, dar cumplimiento a la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil quince, esto es, verificar que los transportes de pasajeros en modalidad de taxis de sitio que presentan servicio en los lugares ahí señalados, cuenten con su concesión autorizada y en caso de no ser así proceder conforme a la ley. Por tanto, el acto reclamado no es la "última resolución" dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de referencia, en contra de la cual proceda el juicio de amparo; es decir, son actos emitidos en un juicio en el que la quejosa fue parte -tercero interesado-; y, por ende, escuchada en defensa de sus intereses, por lo que no puede ser señalado como una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento a la sentencia, o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo. En efecto, la finalidad de lo anteriormente expuesto es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como facultad del Estado para tutelar la impartición de justicia, pues como ya se señaló, si bien tales actos no tienden directamente a obtener el cumplimiento de la sentencia, pues únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el inicio del procedimiento respectivo, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. A su vez, se tienen como autorizados a las personas que indica en términos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
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