MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GÁMIZ y Otros.
Expediente 2004/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2004/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GÁMIZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GÁMIZ, EL ACUERDO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Miguel Ángel Gómez Gámiz, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 2004/2015 que le corresponde. De oficio se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del citado acto, como a continuación se expone: HIPÓTESIS NORMATIVAS El referido artículo prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De acuerdo con la disposición transcrita, antes de acudir al juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el promovente debe agotar previamente los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo solamente procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos de excepción expresamente previstos. Por otra parte, para determinar qué recurso ordinario procede contra el auto reclamado, es preciso tomar en cuenta lo establecido en el artículo 260 del Código de Procedimientos Administrativos, que establece lo siguiente: "Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como de los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido." Asimismo, los artículos 162 y 166 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, disponen lo siguiente: "Artículo 162. El procedimiento a través del cual se impondrán las sanciones por conductas que violen disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, captadas por cualquier dispositivo o medio tecnológico, será el siguiente: I. Las actas contendrán el nombre y domicilio del propietario del vehículo, de conformidad con el Registro Vehicular correspondiente; placa, marca y modelo del vehículo; lugar, fecha y hora en que fue cometida la infracción; descripción de la infracción cometida y la especificación de las disposiciones violadas, así como nombre y firma de la autoridad facultada para imponer la sanción. II. La prueba física que arroje el dispositivo tecnológico, en la cual conste la conducta infractora, se contendrá en el acta de infracción, y III. Se notificará dicha acta de infracción en el domicilio de la persona que aparezca como propietario del vehículo. "Artículo 166. Contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito y seguridad vial procederá el recurso de revocación, en los términos establecidos por esta Ley y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (.)" HECHOS En el caso, el acto reclamado consiste en la imposición de la boleta de infracción con folio A10039035, de diez de octubre de este año, por la cantidad de $263.00 (doscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), así como así como el cobro de la misma. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo indirecto es improcedente, porque en contra del acto reclamado procede el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, previsto en el artículo 166 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, que resulta idóneo para confirmar, modificar, revocar o anular el acto administrativo recurrido. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis: Época: Décima Época Registro: 2005193 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II Materia(s): Administrativa Tesis: XVII.2o.P.A.5 A (10a.) Página: 1192 "MULTA CONTENIDA EN UNA BOLETA DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO. CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN IMPUGNABLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. La multa contenida en una boleta de infracción de tránsito constituye una resolución impugnable mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 104 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, al contener una sanción económica que debe cubrirse en determinado plazo, dado que se considera un crédito fiscal, en términos del artículo 31, último párrafo, del Código Fiscal de la entidad, por ser un aprovechamiento, sin que deba obligarse al presunto infractor a que acuda ante el oficial calificador para instaurar el procedimiento administrativo que prevé la indicada ley, previo a la interposición del referido recurso". Época: Novena Época Registro: 165890 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: III.2o.A.216 A Página: 1478 "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO CONTRA LAS BOLETAS QUE IMPONEN SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, POR NO AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 196 DE DICHA LEY. De conformidad con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando el quejoso no agota antes los medios de defensa o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. Así, es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra las boletas que imponen sanciones por infracciones a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco y su reglamento, por no agotar previamente el recurso de inconformidad previsto en el artículo 196 de dicha ley local, que dispone que los agraviados por tales actos podrán impugnarlos por esa vía ante la Secretaría de Tránsito y Vialidad de la entidad; además de que la propia legislación establece la posibilidad de suspender la ejecución de las sanciones sin exigir mayores requisitos que los que al efecto establece la Ley de Amparo, pues basta la interposición del escrito de inconformidad para obtener la medida cautelar". En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Apolonio Gamboa Ruiz, Rafael Martínez Rodríguez, Ricardo Morales Carrasco, Alejandro Rivadeneyra Rodríguez Aracely y Margarita ambas de apellidos Onofre Delgado, Sergio Toledo Antonio y Brenda Trujillo García, debido a que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo citado a los demás profesionistas que indica, por no tener su cédula registrada. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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