Miguel Ángel Girón Adame

Expediente 285/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
285/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Girón Adame

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil veintiuno. VISTO; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto dictado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar; en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, este órgano jurisdiccional ha realizado la valoración documental respectiva, con lo que también se da cuenta, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de abril de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Miguel Ángel Girón Adame, por propio derecho, contra actos del Subdirector de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Respecto de los actos precisados con antelación, esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los actos consumados de un modo irreparable son aquéllos que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas, que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, como en el caso acontece. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. En el caso, los actos reclamados por el quejoso, se hicieron consistir en la incomunicación que sufrió al ser trasladado del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS - Michoacán"., Ahora bien, de la propia demanda el quejoso bajo protesta de decir verdad, señaló que el traslado se llevó a cabo sin previa notificación a sus abogados o alguno de sus familiares, por lo que estima que hubo incomunicación por parte de las autoridades responsables adscritas al Centro Regional de Reinserción Social, ubicado en Cieneguillas, Zacatecas, En ese sentido, toda vez que los actos reclamados consistentes en la incomunicación del quejoso de la que fue objeto con motivo del traslado que se efectúo el veintinueve de marzo del año en curso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS - Michoacán", se considera que tal actos se encuentran consumados de un modo irreparable, pero ya no se encuentra recluido en ese centro, por lo que es indudable que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, ya que el acto reclamado consistente en la incomunicación se realizaron en todos y cada uno de sus efectos y consecuencia jurídicas, cuando se efectuó el traslado el cual al momento de la presentación de la demanda ya se consumó, por lo que materialmente el quejoso no puede ser restituido en sus derechos humanos, en virtud de que no se pueden retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de los mismos y evitar que sea segregada o incomunicada, por ende, no existe la posibilidad de que ésta pueda gozar nuevamente del derecho tutelado que consideró violado, más aún, ya no puede discutirse la validez de los actos reclamados. Luego, como ya se acotó, se reclama la determinación del traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS- Michoacán"; su ejecución y la calificación de legal de la misma. Sin embargo, los dos primeros actos, previo a ser reclamados por la vía constitucional, deben ser impugnados ante el Juez de Ejecución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas - no obstante señale la parte quejosa como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sanciones de la capital, pues manifiesta la parte quejosa que no se le dio intervención a Juez alguno para que autorizara el traslado-, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, pues no debe perderse de vista, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Supuestos de excepción a la causal de improcedencia en estudio que no se configuran en el caso, porque como ya quedó establecido en párrafos precedentes, las hipótesis para la procedencia de los medios ordinarios de defensa en análisis, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro de correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan. Incluso, se itera, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. De igual forma, procede a desechar la demanda de amparo respecto a la resolución que calificó de legal el traslado del quejoso Miguel Ángel Girón Adame del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, donde se encontraba interno, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS- Michoacán"; pues esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Como se puede apreciar, existe disposición expresa de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el sentido de que toda resolución en la que un juez del orden penal califique la legalidad de la determinación administrativa de traslado ordenada por una autoridad penitenciaria, será recurrible a través del recurso de apelación. En ese orden, el quejoso reclama del Juez responsable que calificó como legal el traslado ejecutado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno al quejoso Miguel Ángel Girón Adame, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS- Michoacán"; y su ejecución. Por tal motivo, si la resolución reclamada calificó como legal la orden administrativa de traslado emitida en contra del aquí impetrante, resulta inconcuso que esa determinación, es recurrible a través del recurso de apelación, previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, al no haberse agotado dicho recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se estima que el solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues dicho medio de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo acudir al amparo. Finalmente, debe destacarse que en este caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que el quejoso está exentos de agotar el medio de impugnación aludido en esta determinación, antes de acudir al juicio de amparo. Se estima lo anterior, pues los actos que se reclaman no se encuentra dentro del catálogo de actos establecido en los artículos 22 constitucional y 15 de la ley de la materia; tampoco se trata de alguno que implique una afectación a la libertad del quejoso en virtud de que, como ya se dijo, el recurrente se encentra interno en un centro de reclusión desde antes de que se llevara a cabo el traslado del que se duele, tampoco se trata de un auto de vinculación y, finalmente, el solicitante del amparo no comparece a esta instancia como tercero extraño al procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada, por ser él quien detenta el carácter de sentenciado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVI, XVIII y XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, segundo párrafo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones, a Olga Hilda Valenzuela Arellano y Rocío Maldonado Trejo, toda vez que no se acreditó que dichas personas sean profesionistas en derecho. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calzada Obrero Mundial, número setecientos tres (703), colonia Alma Obrera, en Zacatecas, Zacatecas.

  3. Principal

    SE PUBLICA SÍNTESIS DEL AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de abril de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Miguel Ángel Girón Adame, por propio derecho, contra actos del Subdirector de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Respecto de los actos precisados con antelación, esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los actos consumados de un modo irreparable son aquéllos que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas, que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, como en el caso acontece. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. En el caso, los actos reclamados por el quejoso, se hicieron consistir en la incomunicación que sufrió al ser trasladado del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS - Michoacán"., Ahora bien, de la propia demanda el quejoso bajo protesta de decir verdad, señaló que el traslado se llevó a cabo sin previa notificación a sus abogados o alguno de sus familiares, por lo que estima que hubo incomunicación por parte de las autoridades responsables adscritas al Centro Regional de Reinserción Social, ubicado en Cieneguillas, Zacatecas, En ese sentido, toda vez que los actos reclamados consistentes en la incomunicación del quejoso de la que fue objeto con motivo del traslado que se efectúo el veintinueve de marzo del año en curso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS - Michoacán", se considera que tal actos se encuentran consumados de un modo irreparable, pero ya no se encuentra recluido en ese centro, por lo que es indudable que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, ya que el acto reclamado consistente en la incomunicación se realizaron en todos y cada uno de sus efectos y consecuencia jurídicas, cuando se efectuó el traslado el cual al momento de la presentación de la demanda ya se consumó, por lo que materialmente el quejoso no puede ser restituido en sus derechos humanos, en virtud de que no se pueden retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de los mismos y evitar que sea segregada o incomunicada, por ende, no existe la posibilidad de que ésta pueda gozar nuevamente del derecho tutelado que consideró violado, más aún, ya no puede discutirse la validez de los actos reclamados. Luego, como ya se acotó, se reclama la determinación del traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS- Michoacán"; su ejecución y la calificación de legal de la misma. Sin embargo, los dos primeros actos, previo a ser reclamados por la vía constitucional, deben ser impugnados ante el Juez de Ejecución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas - no obstante señale la parte quejosa como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sanciones de la capital, pues manifiesta la parte quejosa que no se le dio intervención a Juez alguno para que autorizara el traslado-, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, pues no debe perderse de vista, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Supuestos de excepción a la causal de improcedencia en estudio que no se configuran en el caso, porque como ya quedó establecido en párrafos precedentes, las hipótesis para la procedencia de los medios ordinarios de defensa en análisis, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro de correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan. Incluso, se itera, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. De igual forma, procede a desechar la demanda de amparo respecto a la resolución que calificó de legal el traslado del quejoso Miguel Ángel Girón Adame del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, donde se encontraba interno, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS- Michoacán"; pues esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Como se puede apreciar, existe disposición expresa de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el sentido de que toda resolución en la que un juez del orden penal califique la legalidad de la determinación administrativa de traslado ordenada por una autoridad penitenciaria, será recurrible a través del recurso de apelación. En ese orden, el quejoso reclama del Juez responsable que calificó como legal el traslado ejecutado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno al quejoso Miguel Ángel Girón Adame, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS- Michoacán"; y su ejecución. Por tal motivo, si la resolución reclamada calificó como legal la orden administrativa de traslado emitida en contra del aquí impetrante, resulta inconcuso que esa determinación, es recurrible a través del recurso de apelación, previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, al no haberse agotado dicho recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se estima que el solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues dicho medio de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo acudir al amparo. Finalmente, debe destacarse que en este caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que el quejoso está exentos de agotar el medio de impugnación aludido en esta determinación, antes de acudir al juicio de amparo. Se estima lo anterior, pues los actos que se reclaman no se encuentra dentro del catálogo de actos establecido en los artículos 22 constitucional y 15 de la ley de la materia; tampoco se trata de alguno que implique una afectación a la libertad del quejoso en virtud de que, como ya se dijo, el recurrente se encentra interno en un centro de reclusión desde antes de que se llevara a cabo el traslado del que se duele, tampoco se trata de un auto de vinculación y, finalmente, el solicitante del amparo no comparece a esta instancia como tercero extraño al procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada, por ser él quien detenta el carácter de sentenciado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVI, XVIII y XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, segundo párrafo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones, a Olga Hilda Valenzuela Arellano y Rocío Maldonado Trejo, toda vez que no se acreditó que dichas personas sean profesionistas en derecho. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calzada Obrero Mundial, número setecientos tres (703), colonia Alma Obrera, en Zacatecas, Zacatecas.

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