Miguel Ángel Garibay
Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Garibay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés.********************CAUSA EJECUTORIA********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa.********************En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS********************Devuélvanse al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, las documentales con las cuales se formaron dos tomos de pruebas.********************ARCHIVO********************Ahora, se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obran glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es CONSERVABLE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal. ********************TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE********************Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos.********************DESTINO DE INCIDENTE********************En relación con el incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyase transcurridos tres años, el cual será contado a partir de esta propia fecha.********************Lo anterior dentro de los treinta días siguientes. ********************NOTIFÍQUESE.******************** Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 106/2023-III, promovido por Miguel Ángel Garibay o Miguel Ángel Garibay Flores, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, Miguel Ángel Garibay o Miguel Ángel Garibay Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, así como de los actos que indicó en el propio ocurso. En ese escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que, previas prevenciones y sus cumplimientos, por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento de las terceras interesadas Alejandra Vargas Aguilar y la menor de identidad reservada de iniciales N.A.G.V.; así como la designación del representante especial de la infante antes citada, por lo que se giró oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en esta ciudad; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se recibió el oficio signado por el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el cual designó a la licenciada Olivia Benítez Reyes, asesora jurídica federal adscrita a esa delegación, a efecto de que fungiera como representante especial de la menor citada; en ese acuerdo, también se recibió la misiva firmada por la antes mencionada, en la que aceptó la designación referida. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de terceras interesadas a la tutora especial en cuanto Delegada Regional en la ciudad de Zamora, Michoacán, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familiar del Sistema DIF Michoacán, y al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Zamora, Michoacán, de las que se ordenó su emplazamiento. Por escrito presentado el día de la audiencia constitucional, con número de folio 6937 la tercera interesada formuló alegatos. A las diez horas con cuarenta minutos del quince de mayo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia administrativa con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, de sus cumplimientos de prevención, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional consisten en: El proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se requirió a la parte actora, aquí quejosa, para que en lo subsecuente realizara el pago de la pensión alimenticia provisional a favor de la menor de identidad reservada de iniciales N.A.G.V., tomando como base el salario mínimo diario vigente a esa anualidad -2022- por la cantidad de $172.87 pesos y respecto del presente año -2023- por $207.44 pesos. El acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, en el que, en atención a las manifestaciones de inconformidad de la parte actora, aquí quejosa, la autoridad responsable indicó, entre otra cuestión, que la pensión alimenticia provisional no fue modificada en el acuerdo precisado en el párrafo anterior, toda vez que quedaba subsistente la decretada en autos, y que correspondía a un salario mínimo vigente. La precisión apuntada obedece a que el quejoso en su escrito inicial de demanda si bien solo señaló expresamente como acto reclamado el contenido en el inciso b); sin embargo, de su lectura integral y de las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado (tomo de pruebas II), se advierte que su inconformidad la hace valer, entre otras cosas, en el sentido de que no se debió "modificar" o "actualizar" la pensión alimenticia provisional previamente decretada. De ahí que se advierta que ambos actos se encuentran estrechamente vinculados, y sea dable analizarlos de manera conjunta en la presente instancia constitucional. Además, como se explicará más adelante, la autoridad responsable al emitir la segunda de las actuaciones, con motivo de la inconformidad manifestada por la parte actora, la primera mencionada aún no adquiría firmeza, no obstante, reiteró y abundó las razones de su actuar. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación la autoridad responsable aceptó la existencia de los actos que se le atribuyeron, lo que acredita la certeza de las actuaciones impugnadas en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que integran el juicio de origen; documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de constancias expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente, se traen a glosa los siguientes antecedentes. 1. Miguel Ángel Garibay o Miguel Ángel Garibay Flores promovió en la vía ordinaria oral familiar la disolución del vínculo matrimonial sin expresión de causa que lo unía con Alejandra Vargas Aguilar, así como la propuesta de convenio de divorcio, y el pago de gastos y costas judiciales. De la citada propuesta de convenio se observa que, en su cláusula quinta, se asentó: "(.) QUINTA. En relación a (sic) los gastos de alimentación, casa, vestido, asistencia médica, educación y demás que comprendan la obligación de dar alimentos, que para mi hija ., el suscrito me comprometo a pagar los días primero al día cinco de cada mes la cantidad de $2,500.00 . por concepto de pensión alimenticia en la cuenta bancaria que para tal efecto señale mi aun esposa la C. ALEJANDRA VARGAS AGUILAR, misma que deberá también hacerse cargo de los gastos que mi menor hija tenga por dicho concepto de alimentos ya que es su obligación, asimismo, me comprometo a realizar de manera puntual el pago del arrendamiento de la casa en la cual se encuentran habitando ella y mi menor hija, lo cual haré de manera directa con el arrendador siempre y cuando mi situación económica no cambie y la ahora demandada no se encuentre viviendo con otra persona en dicho domicilio.se conviene expresamente que la garantía para asegurar el cumplimiento de pago por concepto de alimentos, el suscrito entrega a este Juzgado mediante transferencia bancaria, la cantidad de $5,000.00 .. Asimismo, exhibo a la presente la mensualidad correspondiente a este mes, para efecto de que le sea notificada a la hora (sic) demandada tal consignación. Cantidades que propongo ya que mi situación económica es inestable, ya que el trabajo que actualmente tengo es temporal y hay ocasiones que me he quedado varios meses sin trabajo en el campo. (.)." 2. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, que por razón de turno conoció inicialmente de la demanda precisada en el párrafo anterior, la registró con el número de expediente 855/2019, y requirió al promovente para que dentro del plazo de tres días aclarara si la suma que ofreció como garantía alimentaria era de $5,000.00 pesos o bien si correspondía a la que obraba en el depósito de la referencia alfanumérica anexa al escrito de cuenta. 3. Hecho lo anterior, el siete de agosto de dos mil diecinueve, el citado Juzgador admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, designó tutor especial para la menor de edad de iniciales N.A.G.V., y la intervención correspondiente del Ministerio Público adscrito. 4. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, la demandada Alejandra Vargas Aguilar contestó la incoada en su contra, manifestó su inconformidad con la propuesta de convenio presentada por el actor y, en ese acto, presentó su contrapropuesta, de la que se advierte que en su cláusula cuarta indicó: "(.) Cuarta. Pensión Alimenticia. Se propone que tanto durante y después que se declare ejecutoriada la sentencia de divorcio, el señor Migue (sic) Ángel Garibay, proporcione en favor de nuestra hija . de manera mensual la cantidad de $15,000.00 . numerario que se solicita sea depositado los primeros cinco días de cada mes a la cuenta bancaria registrada en favor de la suscrita. Pensión alimenticia que se solicita sea ministrada en favor de nuestra hija hasta la mayoría de edad y/o puedan concluir una carrera a nivel licenciatura o desempeñar profesión o arte, si así lo deseara. Numerario la cual (sic) incrementará conforme aumente el índice nacional de precios al consumidor que publica periódicamente el Banco de México, S.A. en el diario oficial de la federación o en cualquier otro medio. Por lo que ve a la educación universitaria de nuestra multicitada menor, la manera de cubrir dichos gastos será determinada según las circunstancias de cada uno de los progenitores llegado su momento y, en caso de controversia, nos someteremos a la jurisdicción del juez competente. Por lo que a los alimentos que deban darse entre cónyuges, de acuerdo a lo establecido por el numeral 258 del Código Familiar vigente en el Estado, se solicita a su señoría fije una cantidad por concepto de alimentos compensatorios en favor de la que suscribe, por el periodo que duró nuestro matrimonio. toda vez que la suscrita actualmente no laboro por tener que atender las necesidades y atenciones de mi menor hija . situación que debidamente se acreditará de acuerdo a lo establecido por el numeral 847 de la ley en cita, por lo que solicito se señalen días y horas de despacho para ello. (.)." 5. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a la parte actora con la contrapropuesta presentada por la demandada, y se decretó como medida cautelar de fijación de pensión alimenticia provisional a favor de la menor de iniciales N.A.G.V., la cantidad de $102.68, equivalente a un salario mínimo diario, esto es, de $3,080.04 mensuales, la que debería depositar el actor ante ese Tribunal, de manera adelantada, para lo cual tendría que gestionar su depósito mediante el sistema de fondo auxiliar para la administración de justicia del Poder Judicial del Estado, apercibido que de no realizarlo de manera voluntaria se procedería a su embargo. 6. En auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, se recibió el escrito presentado por la parte actora, por el cual manifestó que insistía en los términos de la propuesta de convenio que ofreció con el escrito inicial. 7. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, señaló que en cumplimiento al acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado, de uno de octubre de ese año, que aprobó el dictamen relativo a la modificación de la especialización por materia de los Juzgados Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, para que conozcan de la materia familiar y cambio de denominación oficial; por ende, se inhibió de conocer del asunto, y dejó los autos originales a la disposición de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que se avocara al conocimiento del asunto. 8. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se avocó al conocimiento del asunto, el que registró con el número 130/2019. 9. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la demandada Alejandra Vargas Aguilar solicitó la actualización de la pensión alimenticia provisional decretada por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, al tenor de lo siguiente: "(.) .dado que se estableció un salario mínimo diario por ese concepto, en ese entonces, el salario mínimo ascendía a la cantidad de $102.68 . en forma diaria, por lo que, mensualmente se generaba el importe de $3,080.03. Respecto a la pensión alimenticia provisional, la misma de acuerdo al criterio de nuestro más Alto Tribunal de Justicia de la Nación de rubro: 'PENSIÓN ALIMENTICIA, DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDAN, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA AL SALARIO MÍNIMO Y NO A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA).', la misma hace referencia al salario mínimo, sin establecer importe alguno, por la cuestión de que el mismo, se modifica periódicamente ya sea semestral o anualmente. Es por ello que el salario mínimo diario para esta anualidad es la cantidad de $123.22 . lo que viene siendo en forma mensual (30 treinta días), el importe de $3,696.60 . lo que legalmente corresponde al monto de la pensión alimenticia provisional. Luego entonces, si nos remitimos a las constancias de este juicio, se tiene por acreditado que el deudor alimentario MIGUEL ÁNGEL GARIBAY, no ha cumplido cabalmente con exhibir el monto actual de dicha pensión alimenticia decretada en su contra, ya que ha exhibido únicamente $3,080.04 . lo cual es erróneo, ya que mensualmente y desde el mes de enero de este año, ha dejado de depositar la cantidad de $616.20 . y a la fecha, han transcurrido 8 meses, de enero a agosto de esta anualidad, cuyo número multiplicado por aquel importe que ha omitido exhibir para ajustarse al salario mínimo diario que corresponde a esta anualidad, da como resultado la cantidad de $4,929.60. cuyo importe solicito se le requiera al deudor alimentario MIGUEL ÁNGEL GARIBAY, para que dentro del plazo de 3 tres días exhiba el mismo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en su contra conforme lo establece el numeral 464 del Código Familiar del Estado. Asimismo, deberá requerírsele al deudor alimentista MIGUEL ÁNGEL GARIBAY, para que en lo sucesivo, deberá exhibir el importe mensual que corresponda a la pensión alimenticia provisional decretada en su contra, conforme al importe vigente del salario mínimo diario que en esta anualidad es de $123.22 . y así sucesivamente, cuando se incremente el importe del salario mínimo diario, así deberá cumplir con tal requisito. (.). 10. En acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, el Juez responsable determinó que no ha lugar a realizar el "ajuste" a que hacía alusión la demandada, ya que no era el momento procesal oportuno para efectuarlo, de conformidad con el numeral 985, fracción VI, (sic), dado que la revisión de las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias ya decretadas, se efectuaría dentro del desahogo de la audiencia preliminar. 11. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós, la demandada solicitó la actualización del pago de pensión alimenticia correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós, dado que en ese año, el salario mínimo era por la cantidad de $172.87 pesos, por ende, por cada mes ascendía a $5,186.01, mientras que el correspondiente a la anualidad de dos mil veintitrés el salario mínimo sería la cantidad de $207.00 de manera diaria y de $6,210.00 pesos de forma mensual 12. Por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Juez responsable requirió a la demandada para que cuantificara el monto que se le adeudaba y los periodos que se hubieren dejado de cumplir de forma íntegra. También precisó que a efecto de garantizar el interés superior de la menor de edad inmiscuida en ese asunto, virtud que la sola entrada en vigor de la resolución de actualización del salario mínimo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada el uno de diciembre de cada anualidad era suficiente para que fuera obligatoria en el país, en cualquier ámbito, incrementándolo automáticamente en cualquier orden; requirió al actor para que cumpliera con el pago de alimentos provisionales decretados en autos, con el valor actualizado correspondiente, considerando el salario mínimo diario, el cual ascendía a ese año por la cantidad de $172.87 pesos y, para el siguiente -2023-, éste se incrementaría a $207.44 pesos; lo anterior salvo que el deudor alimentario demostrara que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. Proveído que constituye uno de los actos impugnados en la presente instancia constitucional. 13. Por acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, el Juez responsable recibió el escrito presentado por la apoderada del actor, en el cual se inconformó en cuanto a la actualización de los montos referentes al pago de pensión alimenticia provisional decretados en el acuerdo precisado en párrafos anteriores. No obstante, la autoridad responsable le indicó que si bien era cierto que mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veinte, se negó a su contraria realizar el ajuste solicitado, también era cierto que dicha determinación recayó propiamente a que ésta, en su escrito presentado el treinta y uno de agosto de aquella anualidad, solicitó que el deudor alimentario cubriera el faltante de la pensión alimenticia desde enero de ese año, tomando como base la actualización del salario mínimo vigente en ese entonces. Por ese motivo, sostuvo que la determinación de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, fue dictada en los términos ahí previstos; sin que se perdiera de vista que la pensión alimenticia provisional no fue modificada, toda vez que quedaba subsistente la decretada en autos, y que correspondía a un salario mínimo vigente; por ende, requirió únicamente al deudor alimentario para que el pago de la pensión alimenticia lo hiciera conforme a su valor actual del salario mínimo. Auto que constituye el diverso impugnado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Infundada causal de improcedencia prevista en las fracciones XII y XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo Mediante escrito presentado el día de la audiencia, la parte tercera interesada indicó que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que desde el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve se fijó así la pensión alimenticia y ésta no se controvirtió. Lo anterior resulta infundado, debido a que el acuerdo precisado en el párrafo anterior no es el acto reclamado en la presente instancia constitucional, sino los diversos y posteriores proveído que, a consideración del quejoso, le generan una afectación por la actualización automática de la pensión. De ahí que resulten improcedentes las causales de improcedencia referidas. Cabe aclarar que en el presente asunto, respecto del acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente sentencia, a criterio de este Juzgador, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, en cuyo caso, se entenderá que el quejoso consiente tácitamente los actos reclamados. Lo anterior debido a que si bien tal proveído fue notificado el veinte del mismo mes y año, también lo es que previo a que feneciera el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio constitucional, la autoridad responsable abordó nuevamente el punto jurisdiccional ahí establecido y abundó sus razones en el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, como se explicó previamente, por tanto, el plazo para la promoción de la demanda de amparo, empezó a contar desde que se emitió el último acuerdo citado, al encontrarse estrechamente vinculados. El cual cabe señalar se promovió en dicha temporalidad, pues entre la fecha de emisión del acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, y la presentación de la demanda de amparo, treinta y uno de ese mes y año, transcurrieron exactamente quince días hábiles. Por ende, si la parte quejosa en su demanda de amparo indicó bajo protesta de decir verdad que conoció del acto reclamado el once siguiente, es evidente que su presentación fue oportuna. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación vertidos para controvertir los actos reclamados son infundados, como se verá más adelante. I. Síntesis de los conceptos de violación La parte quejosa refiere que las resoluciones impugnadas violan sus derechos fundamentales de audiencia, seguridad y certeza jurídica, contempladas en el artículo 17 Constitucional, así como los principios de congruencia y exhaustividad, porque la autoridad responsable aumentó los alimentos provisionales decretados en acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, sin el procedimiento respectivo contemplado en el artículo 474 del Código Familiar vigente en el Estado. Disposición normativa que establece que las medidas cautelares podrán ser revisadas de oficio o a petición de parte y, en su caso, modificadas en la audiencia preliminar o audiencia de juicio, según corresponda, en la cual se presenten los medios de prueba idóneos. Además señala que en la medida cautelar de fijación de alimentos provisionales decretada en el acuerdo antes citado, la autoridad responsable, en momento alguno, determinó un aumento del salario mínimo de manera anual; en consecuencia, afirma que no es procedente que cada año se incremente la pensión referida, aunado a que no fue establecida por convenio o sentencia. Por ello sostiene que de manera arbitraria la autoridad responsable concedió el aumento de la pensión alimenticia provisional, pese haber negado en dos ocasiones la misma solicitud y contradiciendo sus propias determinaciones, contra lo previsto en los artículos 712 y 733 del Código Familiar del Estado de Michoacán. También indica que le causa perjuicio que la Jueza familiar le requiera el pago faltante de dicha medida cautelar desde enero de dos mil veinte, tomando en cuenta la actualización del salario mínimo. Además refiere que la madre del menor también está obligada a proporcionarle alimentos, lo que no tomó en cuenta el Juez familiar para decretar el aumento de la pensión provisional referida. Argumentos que, como se adelantó, resultan infundados. Veamos. II. Marco constitucional y legal Para arribar a dicha afirmación es necesario especificar tres temas: a) interés superior del menor; b) alimentos; y, c) fundamento constitucional de actualización del salario mínimo. a) Interés superior del menor El interés superior del menor es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los infantes consagrados en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esta lógica, se ha enfatizado reiteradamente que la plena observancia de dicho principio exige, entre otras cosas, tomar en cuenta los aspectos dirigidos a proteger y garantizar el desarrollo de los menores y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores en el proceso de elaboración de leyes, diseño de políticas públicas y aplicación de las normas concernientes a la infancia. Así, es necesario reconocer que la configuración del interés superior del menor como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. El interés superior del menor no puede definirse a priori y de forma unívoca y definitiva para todos los casos; esto porque cumple con varias dimensiones o funciones normativas, como pauta interpretativa aplicable a las normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas y niños; y, como principio jurídico rector que exige una máxima e integral protección de los derechos cuya titularidad corresponde a un menor de edad. En el ámbito jurisdiccional, este principio se proyecta como un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un menor de edad en el caso en concreto o que pueda afectar sus intereses. En virtud de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado que el interés superior del menor ordena a todos los órganos jurisdiccionales la realización de una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de estos previstos en la Constitución, tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez. Por lo que, frente a medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Lo que implica que su participación en los procesos jurisdiccionales tenga un mínimo de garantías para que sea breve y necesaria. Apoya lo expuesto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores." b) Alimentos Los alimentos son los satisfactores que, en virtud de un vínculo reconocido por la ley, una persona con capacidad económica debe proporcionar a otra que se encuentra en estado de necesidad, a efecto de que esta última cuente con lo necesario para subsistir y vivir con dignidad. Los cuales van más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención. Lo anterior en atención a que el objeto de la obligación de alimentos consiste en la efectividad del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, es indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no solamente aquellas relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio. La Constitución Federal establece en su artículo 4°, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Ahora, la procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de estos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de estos, consistente en la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. En ese orden, la obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos e hijas y el correlativo derecho de estos a percibirlos es una expresión de solidaridad que deriva de diversos derechos y principios constitucionales orientados a la protección y tutela integral de los niños, niñas y adolescentes. Entre otros principios constitucionales que se encuentran inmersos en esta figura se encuentran: la prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos e hijas; el derecho de los niños y niñas a acceder a un nivel de vida digna y adecuada; el respeto a su interés superior y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección. Del mismo modo, la institución jurídica de los alimentos surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, se concluye que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y, (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Entre las necesidades normales de un "jefe de familia", se encuentran los alimentos, que conforme el artículo 443 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, comprenden: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los hijos, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. c) Fundamento constitucional de actualización del salario mínimo. El fundamento constitucional de la actualización del salario mínimo general se encuentra establecido en la fracción VI, apartado A, del ordinal 123, el que establece que la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos; entre dichas necesidades de un jefe de familia, se encuentran comprendidos los alimentos que se integran por la manutención en general antes indicada. III. Caso concreto y decisión Ahora, el juez familiar responsable, en el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, requirió al actor, aquí quejoso, para que en lo subsecuente realizara el pago de la pensión alimenticia provisional conforme a los salarios mínimos, relativos a los años dos mil veintidós y dos mil veintitrés, que ascendían a las cantidades de $172.87 pesos y $207.44 pesos, respectivamente. Consideraciones que este órgano jurisdiccional estima ajustadas a derecho, debido a que, contrario a lo señalado por el quejoso en su demanda de amparo, en el acuerdo antes citado, el Juez responsable actualizó únicamente el pago de los alimentos provisionales a cargo de dicho deudor alimentario, de manera oficiosa, por el equivalente al monto que en esas datas aplicaba a un salario diario mínimo, y no de manera fija la cantidad de $102.68 pesos en forma diaria, como lo pretende el quejoso; al indicar que esa cantidad correspondía al salario mínimo de ese año dos mil diecinueve; por ende, se observa que no la fijó de manera discrecional por ese monto. También se observa que para salvaguardar el derecho al mínimo vital a favor del infante, el juez responsable implementó esa medida de carácter positivo y social que aminora las barreras que impiden el pleno goce de derechos fundamentales, como el respeto a la dignidad y a la subsistencia de la infante. Además que al estar involucrados derechos de una menor, el análisis del acto reclamado es con base en el lineamiento jurídico de su interés superior. En ese contexto, es fundado y motivado el requerimiento del pago de la pensión provisional, con su respectiva actualización, pues como se advierte del anterior marco normativo, el interés superior del niño debe ser considerado como algo primordial que requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. Es decir, si la responsable de manera inicial -auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve- fijó una pensión alimenticia provisional por el equivalente a un salario mínimo -incluso, inaplicando lo establecido en el artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, es decir, por el equivalente a una Unidad de Medida de actualización-, por ende, también resulte ajustado a derecho que tal monto deba de ser actualizado conforme al salario mínimo general vigente al año dos mil veintidós, y a partir del uno de enero de dos mil veintitrés. Ello, acorde con el propio dispositivo 123 constitucional, apartado A, fracción VI, transcrito con anterioridad, pues la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos; entre dichas necesidades de un jefe de familia, se encuentran comprendidos los alimentos que se integran por la manutención en general que incluye, entre otros, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; además, los correspondientes para su educación y, en su caso, proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Por lo que, debido al aumento en el costo de la vida y, que el acreedor alimentista no viera reducida su pensión, la cual se encuentra ligada automáticamente al aumento del salario, entonces, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario vigente. En ese sentido, es jurídicamente factible establecer que la pensión alimenticia también debe ser actualizada conforme al aumento del salario mínimo vigente en cada uno de los años en que esté obligado a otorgar esa prestación; lo cual, además, cumple con el principio de proporcionalidad de los alimentos establecido en la codificación en cita. Sin que pase inadvertido por el que suscribe que la autoridad responsable no precisara dicho criterio en el acto reclamado y las razones de ésta; sin embargo, ello resulta intrascendente, pues el análisis efectuado, además de ser eficaz para dar respuesta a los conceptos de violación, también se estimó necesario porque en el acto reclamado se retomó el diverso auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se fijó de manera oficiosa la pensión alimenticia provisional en esos términos y, con base en ello, en los actos reclamados se hace referencia, de manera esencial, al incremento automático legal antes referido; pero, más aún, a la circunstancia consistente en el hecho notorio de que el salario mínimo general de manera anual se compone de un incremento; de ahí que éste sea automático. Por tanto, es legal que en la pensión alimenticia provisional ordenada oficiosamente por el juez responsable sí deba tomarse en cuenta la actualización general correspondiente al salario mínimo vigente para el año 2022, y el correspondiente para el año 2023, pues estos, dada su naturaleza, van más acorde con la finalidad de dicha pensión alimenticia. Tanto es así que en la ejecutoria que derivó en la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), se advierte que la razón por la cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito determinó que debía tomarse en cuenta el salario mínimo para cuantificar las pensiones alimenticias, lo era que entre éste y la Unidad de Medida de Actualización existía una diferencia sustancial en cuanto a su valor y los montos de sus actualizaciones, lo cual no resultaba benéfico para la menor acreedora alimentaria, como a continuación se expone: ".Lo que indica que entre ambas bases o medidas, existe una diferencia sustancial en cuanto a su valor y los montos de sus actualizaciones y, en esa tesitura, cambiar la unidad de medida como pretende hacerlo el tribunal de alzada (es decir, sustituir a los salarios mínimos decretados por el Juez natural, por unidades de medida y actualización) provocarían automáticamente un decremento en la pensión alimenticia de que se trata, lo que en modo alguno puede estimarse como benéfico a la menor acreedora alimentaria; constituyendo ello una razón más para sustentar la postura de este órgano colegiado." De ahí que las resoluciones reclamadas no violen los derechos fundamentales de audiencia, seguridad y certeza jurídica, contempladas en el artículo 17 Constitucional, con la actualización que aplicó la autoridad responsable en el proveído impugnado de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, porque al estar contemplada ésta desde el momento en que se fijó la pensión provisional que sería por un salario mínimo, procedía su actualización conforme a los años que de manera posterior transcurrieran y, por eso, no había lugar a agotar el procedimiento respectivo contemplado en el artículo 474 del Código Familiar vigente en el Estado. Por tanto, al estar precisado de manera clara que la pensión alimenticia provisional correspondería a un salario mínimo diario, no era necesaria la existencia de algún pronunciamiento en específico por parte del Juzgador en el proceso para que éste se actualizara o no. Además, como lo señaló la autoridad responsable en el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, al realizar dicha actualización no está contradiciendo lo establecido en el acuerdo de tres de septiembre del mismo año, ni el diverso de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, porque respecto al segundo le dijo que no había lugar a fijar pensión provisional dado que ésta ya se había establecido en acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Mientras que en el primer proveído, negó realizar un ajuste o incremento a la pensión alimenticia provisional por la temporalidad solicitada por la parte demandada, y no así que desde ese momento se realizara la actualización de dicha medida cautelar; por ende, se observa que se trata de actos de contenidos distintos a los reclamados en la presente instancia constitucional. De ahí lo infundado de esta parte de su concepto de violación. Ahora, de los actos impugnados se advierte que la autoridad responsable en momento alguno le requirió al actor, aquí quejoso, el pago faltante de la pensión alimenticia desde enero de dos mil veinte, dado que se observa que únicamente le requirió para que en lo subsecuente realizara los pagos de pensión alimenticia provisional de manera actualizada con base en el salario mínimo diario correspondiente al de dos mil veintidós y dos mil veintitrés, por lo que se observa que el solicitante del amparo parte de una premisa inexacta; de ahí que resulte inatendible esta parte de su argumento. En otro aspecto, respecto al argumento vertido por el solicitante del amparo, en el sentido de que la autoridad responsable debió tomar en consideración que la madre de su menor hijo también está obligada a proporcionar alimentos, éste resulta infundado, debido a que en los acuerdos impugnados, y como lo precisó en el segundo mencionado la responsable, la actualización referida no se trató de un aumento de la pensión alimenticia con motivo de las circunstancias particulares del actor, sino únicamente se requirió dicho pago con motivo de la actualización decretada con base al salario mínimo de los años dos mil veintidós y dos mil veintitrés, respectivamente; por ello, es que no resultara procedente establecer una diversa condena en contra de la progenitora del menor. Más aún que la progenitora cumple con la obligación alimentaria al tener bajo su guarda y custodia a la menor. De ahí lo infundado de esta parte de sus argumentos. Por último, se precisa que la orden de realizar el descuento reclamado, con su respectiva actualización, involucra derechos de una menor; por lo que debe señalarse que en el presente juicio también opera la suplencia de la deficiencia de la queja en su favor, representada por la tercera interesada, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su interpretación conforme, de acuerdo a lo que establece el artículo 1° Constitucional, por tratarse de un caso en el que se encuentran involucrados derechos de menores. Por tanto, este juzgador está obligado a salvaguardar sus derechos, ya que hasta este momento se advierte que se encuentra en circunstancias de desventaja frente al quejoso, lo que la coloca en un estado de vulnerabilidad. Al respecto sustentan las anteriores determinaciones la Jurisprudencia 191/2005 de contenido siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." En las anotadas condiciones, dado el calificativo de los conceptos de violación que se hicieron valer por la parte quejosa, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Respecto a las diversas manifestaciones formuladas por la tercera interesada Alejandra Vargas Aguilar y la representante especial de la menor de iniciales N.A.G.V., es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Así, por lo expuesto y conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Garibay o Miguel Ángel Garibay Flores, en contra de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy diecisiete de mayo de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.GABK
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo 106/2023-III promovido por Miguel Ángel Garibay o Miguel Ángel Garibay Flores por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede. Secretario dé cuenta con los informes justificados. EL SECRETARIO: Se hace constar que en el presente expediente la siguiente autoridad rindió informe justificado: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. EL JUEZ: Téngase por rendido el informe justificado de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que tanto la parte quejosa como la autoridad responsable adjuntaron diversas documentales, de la última mencionada se ordenó formar dos tomos de pruebas, documentales que se tuvieron por admitidas y desahogadas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Al tenerse por admitidas tales documentales y no existir diverso medio de prueba que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que tanto la tercera interesada Alejandra Vargas Aguilar y la representante especial de la menor de iniciales N.A.G.V., formularon alegatos. EL JUEZ: Ténganse por rendidos los alegatos de referencia, y al no existir diversas manifestaciones al respecto, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIECon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, se observa que el día de hoy la autoridad señalada como tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en Zamora, Michoacán acusó recibió del oficio dirigido a ésta. En tal virtud, se iniciará a computar el plazo de ocho días para que la citada tercera interesada de imponga de los autos de obran dentro del presente sumario. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ALEGATOS Por otra parte, agréguese a los presentes autos los escritos signados por ********************, en cuanto representante especial de la menor de identidad reservada de iniciales ******************** a través de los cuales realiza una serie de manifestaciones en vía de alegatos, respecto de los cuales se ordena hacer relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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