Miguel Angel Garcia Zambrano

Expediente 640/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
640/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
22/08/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Garcia Zambrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto de tres del mes en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no existen documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III último párrafo relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Décimo Noveno Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, mediante los cuales, cumple el requerimiento formulado en autos, pues remite las constancias que se solicitaron. Asimismo, glósense el ocurso y anexo restantes de la autoridad responsable, mediante los cuales en alcance a su informe de ley, remite diversas constancias. Por tanto, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba en este juicio la referida documental, la cual tiene valor probatorio pleno, acorde con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora bien, de las constancias que integran el presente expediente, se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica de la peticionaria, de modo que ya no puede producir efecto alguno; en consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, por los motivos y razones que a continuación se exponen. Al respecto, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el primer caso, se cancelan jurídicamente los efectos de las medidas cautelares controvertidas, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producían los actos originalmente reclamados, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad, esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva resolución, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin éste y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con los actos en principio combatidos. Ese primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce, siendo esta nota distintiva la que hace inaplicable a esa clase de actos la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". El criterio recién citado, que sustenta y define el segundo supuesto precisado previamente, derivó de asuntos en los cuales se analizaron exclusivamente actos administrativos que por regla general, no se emiten a partir de procedimientos con las formalidades que exige el actuar de una autoridad judicial, sino que generalmente constituyen determinaciones unilaterales del imperio estatal, que no exigen un acto posterior que sustituya o modifique el estatus generado por el acto reclamado, porque no son más que expresiones de las diversas atribuciones del Poder Ejecutivo cuya finalidad es regular el comportamiento de los gobernados o exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones, a diferencia de la función jurisdiccional que tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a las partes que acuden a litigar ante los tribunales. En esa medida, la revocación unilateral del acto por parte de la autoridad administrativa debe ser tal, como establece el criterio en cita, que no admita duda sobre la persistencia de los efectos del acto, esto es, que en ese caso no basta una anulación formal del acto jurídico pues para que la causal de improcedencia en estudio se verifique en ese supuesto, será necesario que la conducta de hacer por parte de la responsable anule las consecuencias jurídicas y materiales del acto reclamado, esto es, que el desistimiento de la pretensión estatal respecto del gobernado debe ser incondicional y efectivo. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos respecto del acto reclamado consistente en el traslado ejecutado del quejoso, atribuido al Subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad y otras autoridades, respectivamente; esto es, la sustitución procesal del acto reclamado por otro y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se hubieran cometido en aquél, sin afectar el nuevo contexto generado por la determinación emitida con posterioridad, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del justiciable ya no se determina por tal acto, sino por el acuerdo de veinticuatro de julio del año en curso -en que se autorizó el traslado del quejoso-, emitido por el Juez Décimo Noveno Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad -autoridad no responsable-, que sin dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, sin anularlo o revocarlo, actualmente rige su situación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, de rubro: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS". Dicho de otra forma, el acuerdo de veinticuatro de julio del año en curso, sustituyó procesalmente el traslado del justiciable, atribuido al Subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad y otras autoridades, respectivamente, cesando las consecuencias que producía, porque el traslado reclamado ya no agravia a la parte quejosa, puesto que es ahora la determinación emitida por el Juez Décimo Noveno Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, el que, en su caso, le ocasionaría un perjuicio. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, de título: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho a las doce horas. Sin que haya lugar a dar vista al quejoso con el referido acuerdo de veinticuatro de julio del año en curso, dado que ya tenía conocimiento de tal determinación, pues en su contra interpuso recurso de apelación, que se admitió el veintisiete del mes en cita, como se advierte de las constancias remitidas por el Juzgado Décimo Noveno Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, a las que se otorgó valor probatorio pleno. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de julio de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento de cuenta, enviado por el representante social de la Federación adscrito, en atención a su contenido, permítase la consulta vía electrónica del presente expediente, ya que proporcionó usuario autenticado. Por otra parte, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, con apoyo en los preceptos 9 y 28 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que se mencionan y como domicilio para recibir notificaciones el que se señala. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba la documental que acompaña al comunicado que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de la constancia que se adjuntó, fórmese por separado un anexo, respetando su sello, rúbrica y folio. Ahora, de dicho anexo se advierte que la autoridad oficiante remitió al Juzgado Décimo Noveno Penal de esta ciudad -autoridad no responsable-, diversas constancias a efecto de que se pronuncie en cuanto a la autorización del traslado del quejoso. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera necesario para estar en condiciones de resolver el presente asunto, requerir al juez citado, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, remita copia certificada, completa, ordenada y legible de la determinación que emita en cuanto a la autorización en definitiva del traslado del justiciable, así como la respectiva notificación realizada al quejoso; en caso contrario, manifieste si lo hará o no. En el entendido que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con apoyo en la fracción I del numeral 237, en relación con el precepto 259 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del país, publicada en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, cuyo rubro es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, con apoyo en el artículo 28 fracción I, de la ley de la materia, téngase como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Con fundamento en el numeral 119 de la ley en cita, se tiene como prueba la documental que acompaña al comunicado de cuenta, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.

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