Miguel Ángel García Torres
Expediente 1652/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1652/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero
- Miguel Ángel García Torres
Actuaciones
- Principal
****** Visto el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco de Juárez, se tiene devuelto diligenciado el exhorto 979/2019; por tanto, glósese a los autos para los efectos legales correspondientes, dese de baja del libro de comunicaciones oficiales enviadas que se lleva en este juzgado federal y téngase al quejoso Miguel Ángel García Torres, notificado del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. En ese orden, vista la primera certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso Miguel Ángel García Torres, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dentro del término concedido para tal efecto; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional. Por otra parte, vista la segunda certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. *********
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, por medio del cual acusa recibo del exhorto 979/2019, e informa que procedió a su diligenciación. De lo que se toma conocimiento.
- Principal
Por recibido el oficio y anexos signado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco de Juárez, mediante el cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por************, por propio derecho, contra actos del Administrador Regional Chilpancingo, Guerrero y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado, acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto y remítase el acuse de estilo correspondiente. Regístrese en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 1652/2019 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que ******, reclama lo siguiente: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: 1.- La orden verbal de las autoridades ordenadoras, de obligarme a que me tomen una fotografía para poder entrar o acceder a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, específicamente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, ubicado en la Planta baja del edificio La Cortina. 2.- La orden verbal de las autoridades ordenadoras, de negarme la entrada o acceso a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, específicamente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para presentar una demanda de amparo indirecto, bajo el pretexto de que es obligatorio que me tomen una fotografía para poder ingresar al edificio La Cortina. 3.- La ejecución de dichas órdenes verbales, por parte de los elementos de seguridad del Instituto de la Policía Auxiliar Estatal de Guerrero, al no permitirme la entrada o acceso a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, específicamente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para presentar una demanda de amparo indirecto, sino me toman la fotografía, manifestando que es requisito obligatorio la toma de la fotografía para poder ingresar al edificio La Cortina. [.]." Señala como autoridades responsables a: [1] Administrador Regional en Chilpancingo, Guerrero (ordenadora). [2] Coordinador de Seguridad del Poder Judicial de la Federación (ordenadora). [3] Elementos de Seguridad del Instituto de la Policía Auxiliar Estatal de Guerrero, que están en el filtro de la entrada del edificio la cortina, planta baja, boulevard Vicente Guerrero., Co. 125 KM. 274, fraccionamiento la Cortina, Chilpancingo de los Bravo, código postal 39090 (ejecutora). En el caso, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en el artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal; [.]. La norma reglamentaria establece una causa de improcedencia del juicio de amparo, relativa a cuando se combatan actos del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de que la causa de improcedencia en cuestión alude a los actos del Consejo de la Judicatura Federal, es conveniente tener en cuenta lo establecido tanto en el artículo 94, como en el 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. [.]" "Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. [.] Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. (.)". De lo anterior se colige que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden de ideas, de una interpretación sistemática de ambos numerales, se advierte que no procede juicio ni recurso alguno en contra de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que emite en materia de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y la excepción a ello se encuentra expresamente delimitada en las disposiciones de mérito. Por su parte, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que, establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación en dos de enero de dos mil quince, en lo que interesa establece: ACUERDO LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES TÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO PRIMERO OBJETO Artículo 1. El objeto del presente Acuerdo es: Establecer las disposiciones en materia de recursos humanos, en específico: Los criterios para la determinación de la temporalidad de los nombramientos del personal de confianza y la prórroga de los mismos; La integración, custodia, conservación, depuración y préstamo de los expedientes del personal del Consejo de la Judicatura Federal; Las relativas a la separación de servidores públicos por incapacidad física o mental para el ejercicio de sus cargos; Lo referente a las relaciones burocrático laborales en el Poder Judicial de la Federación; La jornada y el horario de trabajo de los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas; Los lineamientos generales para la operación del registro automatizado de entrada y salida de servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; La regulación de premios que se otorgan a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación; DEROGADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 05/10/2015. Derogado; Las bases del funcionamiento de la prestación denominada Fondo de Reserva Individualizado para los servidores públicos de nivel operativo del Poder Judicial de la Federación, que se incorporen a dicho programa; así como regular en el ámbito administrativo la forma, condiciones y especificaciones para su instrumentación; REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 22/02/2016. La regulación de la prestación de los servicios de custodia, alimentación, medicina preventiva y educación que proporciona el Consejo a los hijos de servidores públicos que laboran en el Poder Judicial de la Federación; REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 22/02/2016. Aspectos relativos a licencias; y ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 22/02/2016. La regulación del Programa de vivienda para magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación; Establecer las disposiciones relacionadas con recursos materiales y servicios generales, en específico: Las bases y procedimientos a los que deberá sujetarse el Consejo en las contrataciones que celebre en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma, en ejercicio del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución; La regulación de los procedimientos y demás acciones relacionadas con: La adquisición, aprovechamiento, conservación, mantenimiento, inventario, enajenación y desincorporación de los inmuebles federales al servicio del Poder Judicial de la Federación; El arrendamiento de los bienes inmuebles que requiera para el funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; La administración de aquéllos inmuebles que tenga concedidos en comodato; y Las instancias responsables de cumplir y hacer cumplir las disposiciones conducentes en la materia; REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/10/2019. Las relativas a la atribución de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de emitir opinión o dictamen jurídico respecto de los proyectos de contratos, convenios, órdenes de servicio, pedidos, bases de coordinación o cualquier otro instrumento que genere derechos u obligaciones de cualquier tipo al Consejo, que elaboren en el ámbito de su competencia las áreas administrativas; Las reglas de carácter general que deben observarse para la desincorporación de los bienes muebles al servicio del Poder Judicial de la Federación; La regulación de la administración y destino final de los bienes asegurados no reclamados y decomisados en los procedimientos penales federales, que hubieran sido puestos a disposición del Consejo antes del catorce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, respecto de los cuales los órganos jurisdiccionales hayan emitido el certificado de disponibilidad respectivo; REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/10/2019. Lo relativo al Comité de Tecnologías de la Información; y Determinar las atribuciones que se delegan a las unidades operativas encargadas de la administración de los edificios en propiedad o en uso del Poder Judicial de la Federación, ubicados en el Distrito Federal y la zona conurbada, en materia de recursos materiales, servicios generales y servicios de mantenimiento y conservación, así como establecer su organización y funcionamiento; Establecer las disposiciones relacionadas con recursos financieros, en específico: Reglamentar, en el Consejo, lo previsto en los artículos 100, 126, 127 y 134 de la Constitución; los artículos 68 y 81, fracciones II, XIII, XVII, XVIII, XXX y XXXIV de la Ley Orgánica; las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y demás emitidas por el Pleno, en materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos del Poder Judicial de Federación; ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 24/07/2015. Bis. Las que regulan la autorización de comisiones, así como la asignación y comprobación de recursos por concepto de viáticos y transportación, para aquellos servidores públicos designados para el cumplimiento de los objetivos de sus programas o para el desempeño de las funciones que tienen encomendadas; REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 19/03/2015. La regulación para la toma de decisiones en materia de inversión de los recursos financieros, de carácter presupuestal y no presupuestal administrados por el Consejo, para el óptimo manejo de sus recursos; y Las relativas a la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, de conformidad con lo previsto en el Título Décimo Segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Las disposiciones en materia de comunicación social; Las condiciones de Seguridad Institucional, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, mediante la prevención de riesgos en la seguridad de los servidores públicos, el buen funcionamiento del servicio al público y los espacios donde se presta el mismo, para lo cual se establecen las disposiciones que regulan la organización, participación, programas, recursos humanos y materiales, que en pleno respeto a los Derechos Humanos cumplan con dicho fin; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 05/02/2015. Establecer las disposiciones en materia de protección civil que deberán observarse en el Poder Judicial de la Federación; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 05/02/2015. Establecer las disposiciones relacionadas con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación emitida por el propio Consejo; y ADICIONADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 05/02/2015. Regular la Compilación Normativa. Artículo 2. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por: Acuerdo: Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; Adecuaciones presupuestarias: Modificaciones que se realizan durante el ejercicio, al presupuesto autorizado o los ajustes a los calendarios financieros, con el fin de permitir un mejor cumplimiento de los objetivos y programas autorizados. Las adecuaciones comprenden traspasos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas de recursos; Administraciones de edificios: Las unidades operativas encargadas de la administración de los edificios en propiedad o en uso del Consejo, ubicados en la Ciudad de México y en la zona conurbada; Administración de Inmuebles: La Dirección General de Servicios Generales, a través de los administradores de los Inmuebles ubicados en la Ciudad de México y en la zona conurbada, y la Coordinación de Administración Regional, por medio de las Administraciones Regionales o Delegaciones Administrativas, tratándose de los inmuebles ubicados en el interior de la República; Administración Regional: Las Administraciones Regionales, adscritas a la Coordinación de Administración Regional; Adscripción: La asignación de un servidor público a un órgano Artículo 525. La Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo la operación de los sistemas de seguridad y vigilancia de los inmuebles; la realización de los estudios para la instalación de los equipos de seguridad y emergencia con que se deban contar en los centros de trabajo. La Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo y la Coordinación de Administración Regional, a través de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas, en sus respectivos ámbitos de competencia y responsabilidad, tienen a su cargo la realización de los estudios para la prevención de siniestros; y la instalación de los equipos de emergencia con que se deban contar en los centros de trabajo. Las tres unidades administrativas, deberán gestionar y dar seguimiento, ante las áreas administrativas competentes, las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo que puedan afectar la seguridad de las personas y de los bienes inmuebles. SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA DEL CATASTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/10/2019. Artículo 526. El inventario de inmuebles comprende el acervo de todos los bienes inmuebles administrados por el Consejo. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/10/2019. Artículo 527. El Responsable Inmobiliario, a través del Coordinador de Administración Regional, y del Director General de Servicios Generales, en su ámbito de competencia, deberán establecer y mantener actualizado, con carácter permanente, un sistema de administración de inmuebles, que contendrá la información del inventario de los bienes inmuebles a que se refiere el artículo anterior. La Coordinación de Administración Regional, a través de sus Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas, deberá proporcionar la información requerida por la Dirección General de Servicios Generales, cuando se trate de inmuebles adquiridos por cualquier figura legal, en destino y comodato que se encuentren a disposición del Consejo, en el interior de la República. Cualquier modificación que se realice respecto al inventario, régimen jurídico, obra pública y, en general, aquella que afecte su situación física, jurídica o administrativa, deberá informarse de inmediato a la Dirección General de Servicios Generales, para la actualización del catastro general. Artículo 528. El Catastro de Inmuebles del Consejo es el registro sistematizado de documentos que contiene el control de la situación física y jurídica, así como administrativa de los inmuebles adquiridos o destinados al Poder Judicial de la Federación. Artículo 529. El Catastro de Inmuebles del Consejo tiene como propósito constituir un instrumento de apoyo y consulta para alcanzar sus fines en las labores sustantivas de las áreas administrativas, mediante su plena identificación física. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/10/2019. Artículo 530. Corresponde a la Dirección General de Servicios Generales, la compilación, organización, guarda, actualización y control de la información y documentación relativa al catastro de los inmuebles administrados por el Poder Judicial de la Federación. La Coordinación de Administración Regional, y las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos; y de Inmuebles y Mantenimiento, en su ámbito de competencia, proporcionarán oportunamente a la Dirección General de Servicios Generales la información y documentación a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 531. El Catastro de Inmuebles del Consejo contendrá, cuando menos, la siguiente información y documentación: I. Clave del inmueble; II. Dictamen técnico de las características del inmueble, elaborado por la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento; III. Situación jurídica, en específico si se trata de adquisición, destino o comodato; IV. En su caso, valor de adquisición del inmueble; V. Original de la escritura pública del contrato o instrumento donde conste la adquisición o legal posesión del inmueble o, en su caso, el acuerdo de destino; VI. Datos de inscripción en los registros públicos de la propiedad federal y de la entidad federativa donde se ubique físicamente el inmueble; VII. Acta de entrega-recepción en que se haga constar el inventario, condiciones de instalación y equipos propios del inmueble, o a falta de ésta, constancia suscrita por el responsable del inmueble que así lo señale; y VIII. En su caso, órganos jurisdiccionales o áreas administrativas alojados en el inmueble. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/10/2019. Artículo 532. La Coordinación de Administración Regional y la Dirección General de Servicios Generales, y las Administraciones Regionales, informarán al Responsable Inmobiliario todo cambio de situación respecto de los inmuebles administrados en cada entidad federativa, considerando la obligación del Consejo de salvaguardarlos, llevando a cabo las acciones pertinentes a fin de evitar que los mismos sean objeto de invasiones por terceros, vandalismo o de tiradero de desechos o cualquier acción que ponga en riesgo los inmuebles. En toda adquisición de inmuebles, la Dirección General de Servicios Generales deberá tramitar, tan pronto como sea posible, que los servicios de agua potable y energía eléctrica se presten a nombre del Consejo. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/10/2019. Para el caso de las contribuciones vinculadas a los inmuebles al servicio del Poder Judicial de la Federación, se deberá dar aviso a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que gestione las exenciones de pago que procedan, salvo lo previsto en el artículo 176, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Asimismo, se establecerán las medidas de seguridad, vigilancia y protección civil, para preservar la seguridad e integridad física de los servidores públicos, público usuario y, en general, de los bienes que conforman su patrimonio, las cuales deberán ser compatibles con las expedidas por las autoridades federales y locales. TÍTULO SEGUNDO SEGURIDAD CAPÍTULO PRIMERO SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES Artículo 918. Las disposiciones de este Capítulo son de observancia obligatoria para todos los servidores públicos y visitantes que pretendan ingresar o se encuentren dentro de las instalaciones. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 19/03/2015. Artículo 919. La Coordinación de Seguridad es la responsable de la seguridad institucional, conforme a lo dispuesto por los artículos 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y lo establecido en este Acuerdo. La Coordinación de Seguridad deberá instrumentar el Plan Estratégico de Seguridad Institucional, tomando como ejes rectores, entre otros, las bases normativas y orgánicas y los programas en la materia. Artículo 920. Los planes, programas, procedimientos, protocolos, lineamientos, manuales, así como las acciones específicas y demás instrumentos normativos en materia de seguridad institucional, deberán ser difundidos mediante los procedimientos internos que determine el Consejo para su conocimiento y observancia, y tendrán como objetivos específicos: I. Salvaguardar la integridad de las áreas administrativas y los órganos jurisdiccionales, así como de los servidores públicos y visitantes; II. Preservar la autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación; y III. Coordinar acciones con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad en el Poder Judicial de la Federación, así como con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas, de carácter nacional e internacional, en materia de seguridad. Artículo 921. Todas las instalaciones deberán contar con un análisis de riesgo. En las instalaciones, la Administración de Inmuebles deberá colocar en lugar visible, las medidas de acceso, estancia y salida de las mismas, con el propósito de orientar a servidores públicos y visitantes, así como transparentar las mismas. SECCIÓN SEGUNDA PROGRAMAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 19/03/2015. Artículo 922. La Coordinación de Seguridad presentará al Pleno para su consideración y, en su caso, aprobación, el Plan Estratégico de Seguridad Institucional, el cual se mantendrá actualizado en todo momento. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 19/03/2015. Artículo 923. La Coordinación de Seguridad, elaborará las propuestas y desarrollos de los planes, programas, procedimientos y sistemas, tendentes a preservar la seguridad de los servidores públicos, instalaciones y demás bienes del Poder Judicial de la Federación, los cuales se someterán a la aprobación de la Comisión correspondiente. Artículo 924. La Coordinación de Seguridad, con la participación de la Dirección General de Recursos Humanos, reclutará y seleccionará al personal de seguridad que comisione en las instalaciones, para lo cual tomará en cuenta, entre otras características, las siguientes: I. Perfil, competencias, certificaciones, edad, escolaridad, cargos y funciones operativas, desempeño y evaluaciones; II. Experiencia en la atención o prestación de servicios de seguridad; y III. Dominio de protocolos en materia de acceso a instalaciones; atención ante situaciones de riesgo; despliegue de fuerzas de reacción, amenaza por artefactos explosivos, registro de incidentes, entre otros. ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 10/03/2017. La evaluación de control de confianza será un elemento adicional que se tomará en cuenta para determinar la permanencia y vigencia del nombramiento de los servidores públicos de la Coordinación de Seguridad que ocupen una plaza con funciones de seguridad y vigilancia, cuya realización se efectuará por las autoridades competentes, lo cual será gestionado por la Coordinación de Seguridad. ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 10/03/2017. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/06/2017. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 07/12/2018. Tratándose de servidores públicos de nuevo ingreso, la Coordinación de Seguridad deberá gestionar que se realice la evaluación de control de confianza en un plazo que no podrá exceder de los tres meses a partir de la fecha de su ingreso. Las subsecuentes evaluaciones se realizarán cada tres años, o cuando así lo determine la Comisión de Vigilancia a propuesta de la propia Coordinación, debidamente justificada. ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 10/03/2017. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 07/12/2018. Cuando algún servidor público no acredite la evaluación de control de confianza, el Coordinador de Seguridad elaborará un informe que se someterá a consideración de la Comisión de Vigilancia. Si ésta, con vista en dicho informe y en las constancias que lo soportan, considera que la no acreditación de la referida evaluación se debe a cuestiones que pueden ser subsanadas y que no implican un riesgo para la seguridad de la institución, podrá determinar la permanencia del personal tomando en cuenta la antigüedad y el desempeño dentro del Poder Judicial de la Federación. Artículo 925. La Administración de Inmuebles, en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes atribuciones: I. Aplicar los planes, programas, procedimientos, protocolos, lineamientos, manuales, así como las acciones específicas dictadas por la Coordinación de Seguridad, tendentes a preservar la seguridad de los servidores públicos, visitantes, instalaciones, equipos y demás bienes del Poder Judicial de la Federación; y II. Gestionar y proveer los servicios de mantenimiento para la correcta operación y administración de los sistemas de seguridad en las instalaciones. Artículo 926. La Coordinación de Seguridad atenderá los requerimientos que en materia de seguridad le soliciten las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales y servidores públicos y, en su caso, atenderá en forma oportuna a las llamadas urgentes que se reciban en esta materia. SECCIÓN TERCERA MEDIDAS DE CONTROL PARA EL ACCESO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y VISITANTES REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 19/03/2015. Artículo 927. Los servidores públicos y visitantes que deseen ingresar a las instalaciones, deberán sujetarse a los controles de revisión, registro y demás medidas en materia de seguridad institucional, previstas en este Capítulo y demás disposiciones aplicables. Dichas medidas deberán ser acordes con el respeto a la dignidad de las personas. En ningún caso podrá implementarse la revisión vehicular como medida de seguridad institucional. Artículo 928. El acceso de visitantes a los inmuebles sólo podrá ser autorizado por la Administración de éstos o por los Administradores de los Centros de Justicia Penal, sin perjuicio de que deberán observarse los protocolos, manuales, normas, lineamientos y políticas aplicables. Artículo 929. Queda prohibido ingresar cualquier tipo de armas, sustancias o material peligroso a las instalaciones, con excepción de aquellas personas que con motivo de sus funciones deban ingresarlas, caso en el cual la Coordinación de Seguridad deberá llevar un registro específico de dichas personas. Artículo 930. Los servidores públicos y visitantes deberán portar en forma visible al ingresar a las instalaciones y durante el tiempo que permanezcan en ellas, las credenciales o gafetes que los acrediten como tales. Artículo 931. Para el acceso del personal de las compañías contratistas, prestadores de servicios y proveedores, el administrador del contrato estará obligado a informar a la administración de inmuebles y al personal de seguridad, los nombres, tipo de credencial que portarán, uniformes y demás datos que los identifiquen, debiendo observarse las medidas que para el efecto se establezcan en el protocolo correspondiente. Queda bajo la estricta responsabilidad de los administradores del contrato y de la Administración de Inmuebles, supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad institucional. DEROGADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 18/03/2015. ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 25/05/2015. Artículo 932. El acceso, permanencia y salida de los menores de edad de las instalaciones, se sujetará a lo siguiente: Las niñas y niños sólo podrán ingresar a las instalaciones acompañados de un servidor público o de otro visitante; Los adolescentes podrán ingresar a las instalaciones solos o acompañados de un servidor público o de otro visitante; No se permitirá la salida de ninguna niña o niño de las instalaciones, sin la presencia de la persona con quien ingresaron. En caso de que la niña o niño, pretendan salir de las instalaciones sin la presencia de la persona a que se refiere el párrafo anterior, el personal de seguridad dará aviso de inmediato a ésta; El personal de seguridad deberá brindar protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria, a las niñas, niños y adolescentes, durante su estancia en las instalaciones; Los servidores públicos, en igualdad de condiciones, los atenderán antes que a las personas adultas en todos los servicios que el Poder Judicial de la Federación presta al público en general; No serán sujetos de discriminación alguna; Dentro de las instalaciones los sujetos a que se refiere el artículo 103, primer párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como el personal de vigilancia, deberán fomentar el respeto a todas las personas, a las propias instalaciones y a los bienes que se encuentren en las mismas; y Cualquier persona que tenga conocimiento de una conducta ilícita en contra de una niña, niño o adolescente dentro de las instalaciones lo hará del conocimiento del personal de seguridad, a fin de que se proteja la integridad del menor, sin perjuicio de que, también, lo comunique a las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades correspondiente. Para efectos de este artículo son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. El personal de seguridad se apoyará del personal de vigilancia para el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo. ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 25/05/2015. Artículo 932 Bis. El Consejo, de conformidad con la suficiencia presupuestal y atendiendo a los espacios físicos con los que se cuente en los inmuebles respectivos, destinará espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en las instalaciones en que se lleven a cabo procedimientos de carácter jurisdiccional y administrativo en que deban intervenir. ADICIONADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 25/05/2015. Artículo 932 Ter. En la aplicación de los acuerdos generales y demás disposiciones del Consejo respecto de las niñas, niños y adolescentes, se deberán observar los principios previstos en el artículo 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que correspondan. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/10/2019. Artículo 933. El ingreso y estancia de periodistas y medios de comunicación en las instalaciones, requerirá la previa autorización de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería o del Administrador del Centro de Justicia Penal quienes, en todo caso, deberán dar aviso a la Coordinación de Seguridad a efecto de que se apliquen los protocolos o manuales correspondientes." La transcripción anterior, nos permite conocer que existe un Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que, establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, dicho acuerdo tiene por objeto entre otras cosas, establecer las condiciones de seguridad institucional, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, mediante la prevención de riesgos en la seguridad de los servidores públicos, el buen funcionamiento del servicio al público y los espacios donde se presta el mismo, para lo cual se establecen las disposiciones que regulan la organización, participación, programas, recursos humanos y materiales. De igual forma, dispone que la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, tiene a su cargo la operación de los sistemas de seguridad y vigilancia de los inmuebles; la realización de los estudios para la instalación de los equipos de seguridad y emergencia con que se deban contar en los centros de trabajo; asimismo, es responsable de la seguridad institucional, conforme a lo dispuesto por los artículos 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, dado que debe instrumentar el Plan Estratégico de Seguridad Institucional, tomando como ejes rectores, entre otros, las bases normativas y orgánicas y los programas en la materia. Finalmente, contempla que los servidores públicos y visitantes que deseen ingresar a las instalaciones, deberán sujetarse a los controles de revisión, registro y demás medidas en materia de seguridad institucional. En el caso en concreto, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó: "[.] 2. Al llegar a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, aproximadamente como a las diez de la mañana, en el Edificio La Cortina, Planta Baja, ubicado en el Boulevard Vicente Guerrero No. 125 Km. 274, Fraccionamiento La Cortina, Chilpancingo de los Bravo, ingresé por el filtro de metales, así como, mi portafolio y llaves, dicho filtro se encuentra instalado en la entrada del Edificio La Cortina a cargo de elementos de seguridad de la Institución de Policía Auxiliar Estatal (IPAE). 3. En esos momento un Agente de Seguridad de la Policía Auxiliar Estatal, me pidió que me registrara y también me pidió una identificación, a lo cual el suscrito le conteste que sí, que me diera la una pluma y el papel para que me registrara, por lo que me respondió que el registro lo iba a hacer en la computadora, el suscrito no le conteste nada, otra Agente de Seguridad de la Policía del sexo femenino, me dijo que me acercara porque me iban a tomar una fotografía, por lo que el suscrito le pregunte que para que era la fotografía, por lo que el policía me respondió que era un requisito para poder ingresar, por lo que el suscrito le respondí, que no estaba de acuerdo en que se me tomara una fotografía, por lo que me respondió que si no me tomaban la fotografía no podía ingresar a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Chilpancingo, por lo que le respondí que ya tenía mi identificación en sus manos y que ahí estaba mi fotografía, lo que me respondió que no me dejaría ingresar que era un requisito, si no estaba de acuerdo podía hablar con su jefe, por lo que le contesté que si quería hablar con su jefe, y le llamó por radio. [.]" Sentado lo anterior, se advierte que los actos reclamados por el quejoso Miguel Ángel García Torres, se originaron en razón del actuar de los citados servidores públicos en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que, establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, puesto que corresponde a éstos llevar a cabo los controles de revisión, registro y demás medidas en materia de seguridad institucional. De ahí que si se le solicitó se registrara a fin de ingresar a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en específico, al Edificio La Cortina, Planta Baja, ubicado en el Boulevard Vicente Guerrero No. 125 Km. 274, Fraccionamiento La Cortina, Chilpancingo de los Bravo, fue porque estaban dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que, establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, y dicho que se debía sujetar a los controles de revisión, registro y demás medidas en materia de seguridad institucional. Por tanto, se arriba a la conclusión de que si en el presente juicio el acto reclamado es atribuido a los servidores públicos que actuaron en cumplimiento al Acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio propio de sus atribuciones, éste resulta improcedente, dado que se equipara a controvertir las disposiciones emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, plasmadas en el multicitado acuerdo, por lo que con fundamento en el 61, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo; esto, al resultar improcedente el amparo en su contra, a más que no se está en alguno de los supuestos de excepción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 25/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181762, novena época, tomo XIX, abril de 2004, visible a página 5, de rubro y texto, siguientes: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer y penúltimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables, por lo que no procede juicio ni recurso alguno en su contra. Esa regla sólo admite las excepciones expresamente consignadas en el indicado penúltimo párrafo del artículo 100 constitucional, relativas a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las que podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el recurso de revisión administrativa, únicamente para verificar que se hayan emitido de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Atento a lo anterior, resulta indudable que contra los actos y resoluciones emitidos por el citado consejo no procede el juicio de garantías, aun cuando éste se intente por un particular ajeno al Poder Judicial de la Federación, lo cual no pugna con la garantía de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, pues ésta no es absoluta e irrestricta y, por ende, no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador y menos aún de los previstos por el Constituyente Permanente. DOMICILIO. Toda vez que el quejoso tiene su domicilio en calle Nacozari, número 36, colonia Electricistas, Código Postal 39710 de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio señalado en el párrafo que antecede, y notifique al quejoso ***********, el presente acuerdo, haciéndole entrega de copia autorizada; asimismo, lo requiera en el acto de la diligencia para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien lo haga dentro del término de tres días, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído; de igual forma, lo aperciba que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le realizaran por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito. Además, se solicita al juez exhortado ordene y faculte al funcionario que deberá realizar la diligencia en comento, se constituya en horas y días inhábiles a fin de lograr la notificación del tercero interesado de referencia; tal y como lo como lo ordena el artículo 17 Constitucional, en relación con el diverso 21 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Barrera Gallardo, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tiene como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Jairo Joonathan Buendía García, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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