Miguel Angel Garcia Salgado
Expediente 251/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Miguel Angel Garcia Salgado
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veinte de marzo del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel García Salgado, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Miguel Ángel García Salgado, por el cual da cumplimiento en tiempo y forma a la prevención realizada el siete de marzo del año en curso, por lo que se pasa a resolver de la siguiente forma: DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel García Salgado, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de derechos. En efecto, se advierte la actualización la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma genera. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la lectura de los artículos transcritos se advierte que la acción de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad. Por tanto, interpretando en sentido contrario la regla contenida en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible concluir que cuando el acto reclamado no le es atribuible a una autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Anterior a la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esas consideraciones se apoyan en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ese concepto de autoridad responsable se amplió, porque en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor se estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, para que el juicio de amparo proceda contra un acto de particular, se requiere: a) Que sea equivalente a los de autoridad, es decir, debe existir un particular que establezca una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que con él se afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. c) Que el acto atribuido emane de un mandato de alguna norma general. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo y su aclaración se advierte que la quejosa reclama en esencia la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, la contestación incompleta e incongruente a su petición formulada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en la que solicitó informe sobre su adeudo respecto del servicio de agua potable con número de cuenta 140962. Ahora bien, debe decirse, que el suministro de agua potable por parte del organismo responsable se traduce en la prestación de un servicio público como medio para la realización del interés general de que las personas contemos con ese líquido vital; el cual se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes. Por ende, si el acto reclamado deriva de esa relación contractual que dio origen al servicio de agua potable con número de cuenta 140962, es evidente que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues con él no crea, modifica o extingue por sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de la quejosa, sino que derivan del consentimiento de la voluntad del contratante, mas no de una relación de supra a subordinación. Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia P./J. 92/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, página 693, de rubro y texto siguientes: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto. Por tanto, si la omisión reclamada de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, deriva de la relación contractual que dio origen al servicio de agua potable con número de cuenta 140962, pues los datos que solicita tienen relación con tal servicio, es evidente que la misma no puede ser considerada acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos, 1, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por Miguel Ángel García Salgado. Es importante señalar que la causa de improcedencia estudiada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese al presente juicio el escrito signado por Celestino Calva Moreno en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por el cual solicita copias certificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de derechos; en consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas que refiere, previa razón de recibo que obre en autos. En el entendido de que derivado de las labores de este Juzgado, dichas copias serán entregadas únicamente en el horario comprendido entre las doce horas con treinta minutos y las catorce horas con treinta minutos y conforme a la carga laboral. Notifíquese.
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