Miguel Angel García Ortiz

Expediente 637/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
637/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel García Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 637/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Martín García Granados y en representación del menor de iniciales M.A.G.O., reclama del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades lo siguiente: SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, al rendir su informe previo aceptaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, no obra el informe previo requerido a la Segunda Secretaria de Acuerdos de dicho Juzgado, ni el acuse de recibo por el cual se le requirió, no obstante y en virtud de que la autoridad ordenadora (Juez responsable) aceptó la existencia del acto reclamado, para el único efecto de resolver la suspensión definitiva, se presume cierto. SEGUNDO. En ese contexto, es menester destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, es conservar la materia de la litis y evitar a la parte quejosa la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables a la parte quejosa está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: El perjuicio del interés social. La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora Es decir, a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Además, la modalidad de la suspensión que se analiza permite la existencia de un primer pronunciamiento del juzgador, el cual se emite con motivo de la solicitud inicial de la medida al cual se denomina suspensión provisional y que se resuelve con base únicamente en los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), sin analizar la existencia de los actos materia de la suspensión (pues ello será objeto de pronunciamiento en otro momento). Esto porque al proveer sobre la suspensión provisional, el órgano de amparo sólo cuenta con lo expresado y aportado (en su caso) por el quejoso, pues no ha dado intervención a las autoridades responsables para que manifiesten sobre la suspensión provisional. Por tanto, se trata de una medida que se otorga sobre la base del principio de buena fe, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Amparo y tras determinar que la naturaleza de los actos materia de la suspensión permite su paralización. Una vez que la autoridad fue requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Con base en lo anterior, este juzgador considera pertinente analizar el contenido del numeral 139 de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo." Del precepto en estudio, se destaca que en los casos en que proceda la suspensión, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable, la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. En ese contexto normativo, el asunto que nos ocupa actualiza la hipótesis que se comenta, ya que en el supuesto de ejecutarse el acto reclamado podrían generarse consecuencias no reparables a la parte quejosa. Decisión: Con base en lo hasta aquí expuesto, y con fundamento en los artículos 126, 128, 138, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute el acto reclamado, hasta en tanto se notifique que la sentencia que se dicte dentro del expediente principal del cual deriva el presente incidente, haya quedado firme. Lo anterior en razón de que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/2014, sostuvo que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, implica que el desarrollo de estos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, garanticen y aseguren que todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior de la niñez implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 7/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 10, que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". Tocante al caso en concreto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3799/2014, sostuvo que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad. Así, en atención al interés superior del menor, este órgano jurisdiccional considera que debe concederse la suspensión definitiva, ya que con esta medida se conserva el ámbito familiar al que el menor quejoso se encuentra sujeto y se procura su estabilidad emocional. Lo anterior, sin que ello implique que se deba paralizar el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, sino que dicha medida tendrá efectos hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables que ha causado ejecutoria la sentencia que deba emitirse en el juicio principal. Asimismo, se precisa que, la suspensión concedida no repercute en los alimentos al menor, pues con base en lo manifestado por la parte quejosa al momento de solicitar la mediada suspensional manifestó que el menor quejoso se encuentra en un entorno de armonía. Por último, se precisa que, en caso de existir subsisten las convivencias con la madre del menor en los mismos términos en que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado. En el entendido de que la presente medida cautelar no surtirá efecto alguno, si a consideración de la Juez responsable y bajo su más estricta responsabilidad el menor de iniciales M.A.G.O., se encontrara bajo peligro de sufrir daños físicos o psicológicos reales e inminentes, de acuerdo al caudal probatorio con que cuenta. Sin que sea necesario el otorgamiento de garantía alguna, dado que con los efectos de la medida concedida, no se causan daños o perjuicios cuantificables económicamente a ninguna de las partes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Martín García Granados y en representación del menor de iniciales M.A.G.O., respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que no obran la totalidad de los informes previos de las autoridades responsables, así como tampoco los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales les fue solicitado; razón por la cual no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para esta fecha, misma que se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TRES MINUTO DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe previo rendido por el Actuario adscrito al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 21, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Sin incidente. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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