Miguel Ángel García Luna

Expediente 454/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
454/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel García Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregara los autos la misiva de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del oficio 9861/2022, por el que se remitió la demanda de amparo promovida por José Antonio Ruíz de la Cruz, en representación de los directos quejosos Miguel Ángel García Luna y Miguel García Mayoral, contra actos del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Mixteca, residente en Asunción Nochixtlán, Oaxaca; asimismo comunica que aceptó la competencia declinada. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. Además, al tratarse de un asunto en que este órgano de control constitucional se declaró legalmente incompetente, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso j), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado precepto 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese..

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por José Antonio Ruíz de la Cruz, en representación de los directos quejosos Miguel Ángel García Luna y Miguel García Mayoral, contra actos del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "De la autoridad responsable en su doble aspecto tanto ORDENADORA COMO EJECUTORA reclamo: la ilegal resolución de la autoridad responsable, dictada en la audiencia de fecha catorce de junio del año dos mil veintidós dentro de la causa penal 212/2020 acumulada con la causa penal 243/2021 al índice del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del circuito judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en la que la responsable ordeno la separación de las causas penales y en consecuencia el desahogo de pruebas y el dictado de la sentencia de manera separada, en las referidas causas penales 212/2020 y 243/2021, cuando del auto de apertura a juicio se señaló que dichas causas penales ya estaban acumuladas y por ello, las pruebas debían desahogarse conforme al auto de apertura a juicio y dictarse una sola sentencia y no dos sentencias como lo determinó la responsable, por lo que, dicha determinación es violatoria de derechos fundamentales, contenidas en los artículos 1°, 14, 16 y 17, 20 apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 454/2022-I-A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTO DE INCOMPETENCIA Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Es aplicable en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (Agosto de 1992), Octava Época, del rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional, antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto emita, puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de que juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, confirme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. En ese sentido, la ley prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. Por otra parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se deduce que, por regla general, será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). c) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). En efecto, la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. De lo anterior se sigue que, la competencia para conocer de actos que requieren ejecución material, se surte en favor de determinado Juez de Distrito, según el momento correspondiente al período de ejecución, pues cuando no existen aún actos tendientes a lograr ésta, adquiere aplicación la primera hipótesis, cuando apenas existe la prevención de llevar a cabo la ejecución del acto, opera la segunda, y así, las subsecuentes, en un orden sucesivo que el legislador establece. Cabe señalar que de esas hipótesis, solamente la primera atiende en forma estricta al lugar en que "debe" ser ejecutado el acto reclamado, pues las restantes admiten salvedades, al dar competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción sobre el lugar donde se pretenda ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, a pesar de que debiera ser ejecutado en otro sitio y no en esa jurisdicción. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada consiste en la resolución dictada en la audiencia de catorce de junio del año dos mil veintidós, dentro de la causa penal 212/2020 acumulada con la causa penal 243/2021 al índice del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en la que la responsable ordenó la separación de las causas penales y en consecuencia el desahogo de pruebas y el dictado de la sentencia de la misma forma. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio. Esto es así, partiendo de que de conformidad con el citado Acuerdo, Asunción Nochixtlán, Oaxaca, forma parte del territorio en el cual ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, tal y como se advierte de lo siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.] Apoya lo anterior, por identidad de razones jurídicas la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Además, la diversa tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí, que se concluya que corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno, dado que es en esa jurisdicción donde se va a ejecutar el acto reclamado. Como apoyo a lo anterior se cita la tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original de la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y, solicítese al Juez que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIONES Y CONSULTA ELECTRÓNICA Los justiciables señalan domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin embargo también solicita recibirlas electrónicamente; por lo que a efecto de que tenga conocimiento de la presente y subsecuentes determinaciones, de conformidad con los artículos 3 y 26 fracción IV de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39, se autoriza la consulta a los usuarios "ruizdelacruz.cai" y "ruizdelacruz.teh", por lo que en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, realícense las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, registro 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." AUTORIZADOS Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como autorizados para recibir notificaciones a las personas que menciona, por así haberlo peticionado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. FOLIO 6645 Por último, se tiene por recibido el escrito signado por José Antonio Ruiz de la Cruz, a través del cual exhibe cuatro juegos de copias del escrito de demanda, para los traslados respectivos, mismas que se remitirán con su original a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Notifíquese.

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