Miguel Angel García López

Expediente 2163/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2163/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • María Lourdes de Dios Vasconcelos
  • Miguel Angel García López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 2.VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; el escrito de demanda mediante el cual Maria Lourdes de Dios Vasconcelos, quien promueve a favor de su esposo MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 2163/2019-2. Se reserva pedir los informes de ley y señalar fechas para la celebración de las respectivas audiencias, hasta en tanto sea ratificada la demanda por parte del directo agraviado, así como de proveer respectos de los diversos actos no previstos en el citado artículo 22 constitucional, que también se reclaman. SUSPENSIÓN DE PLANO De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a fin de que cese inmediatamente la incomunicación, golpes y malos tratos que se dice sufre MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ, por encontrarse dentro de las conductas prohibidas por el artículo 22 constitucional, esto es, para que cesen de inmediato dichos actos, y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el citado precepto constitucional, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso del goce de los derechos fundamentales peticionados. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción de los oficios correspondientes, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. En la inteligencia que el hecho que se encuentre el directo quejoso interno en los separos y/o instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco o Centro de Procuración de Justicia del Estado de Tabasco, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues la autoridad responsable debe respetar los derechos humanos mínimos del impetrante del amparo, como lo son, el acceso a la comunicación y visitas con familiares y abogados, deambular en el espacio donde se encuentra recluido, suministro de alimentos y atención médica; todo ello, en condiciones de higiene suficiente que le permita satisfacer sus necesidades inmediatas. Ahora bien, se comisiona a la licenciada Hilda del Rosario Notario Jiménez, para que se constituya en las instalaciones que ocupan los separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco o Centro de Procuración de Justicia del Estado de Tabasco, o en cualquier otro centro de reclusión o internamiento de esta localidad, en el que indica la promovente se encuentra interno el quejoso MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ, a fin de que dé fe de la integridad física de éste, de su estado de salud, así como del lugar en donde se encuentra recluido y le notifique el presente auto al directo quejoso, bajo los lineamientos que dispone el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor por María Lourdes de Dios Vasconcelos, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde a lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Requiérase a las autoridades responsables a fin de que permitan el acceso a la actuaria de este juzgado a sus instalaciones, para que se encuentre en posibilidad de llevar a cabo la diligencia encomendada; apercibidos que de oponer obstáculo alguno al buen desarrollo de la referida diligencia, puede configurar el delito de desacato directo a una orden judicial, previsto por el artículo 262 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizados a los profesionistas que menciona en la misma, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, por no haber acreditado que se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados, ni que sus cédulas se encuentren registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad y previa comprobación o mención del número de registro de su patente, se les pueda ampliar los términos de tal autorización. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DIGITALIZACIÓN Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

  2. Incidental

    MESA 2.VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 136, 138, 139, 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 2163/2019-2, promovido por María Lourdes de Dios Vasconcelos, a favor de su esposo MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ, contra actos del Fiscal General del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO DE INFORMES PREVIOS Y APERCIBIMIENTO Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, en relación con el 140, ambos de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda, pídase a las autoridades responsables informes previos, el que deberán rendir por duplicado y también podrán remitir al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del término de cuarenta y ocho horas; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente incidente y cumplir con el principio de constitucionalidad de impartición de justicia pronta y expedita, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria, debiendo manifestar si es o no cierto el acto reclamado, remitiéndose al efecto copia simple de la demanda de amparo; apercibidas que en caso de omisión, se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, dígase a las autoridades que si omiten rendir su informe previo, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades las penas en que incurren al afirmar hechos falsos u omitir el que le conste en relación con el acto reclamado, penas estas previstas en el artículo 262 fracción I de la ley aplicable, y la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo VI, septiembre de 1997, página 695, bajo el rubro: "INFORME PREVIO, MULTA POR NO RENDIRLO O ENVIARLO EXTEMPORÁNEAMENTE". FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las doce horas con dos minutos del tres de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente expediente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte impetrante de amparo señala como acto reclamado: ".la orden de detención que libraron en contra de mi esposo MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ misma que ejecutaron las restantes señaladas como responsables ejecutoras, quienes lo mantienen incomunicado y sujeto a golpes, malos tratos y hasta con el temor fundado de que lo lleguen a privar de la vida con tal de hacerlo confesar delitos que no ha cometido." CONCESIÓN DE LA SUSPENSION PROVISIONAL Ahora, y en razón de que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra recluido en los separos y/o instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco o Centro de Procuración de Justicia del Estado de Tabasco; en virtud de lo anterior, conforme a lo establecido por los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder la suspensión provisional, para el efecto de que MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que hace a su libertad personal en el lugar de su reclusión y a disposición de la autoridad administrativa por lo que hace al procedimiento que se le instruye; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Asimismo, para el efecto de que dentro de los plazos a que se refiere el artículo 16 constitucional, sea consignado a la autoridad judicial que se estime competente o, en su caso, puesto en libertad si no ha lugar a su consignación; en ambos casos, las autoridades responsables deberán remitir al expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, así como a los presentes cuadernos, copia certificada de la puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional o de la puesta en libertad correspondiente. De consistir la detención por parte de autoridades distintas del Ministerio Público, para el efecto de que sin dilación dichas autoridades pongan al quejoso a disposición del Ministerio Público, para que éste, determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos mencionados con antelación. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del plazo indicado en el párrafo que antecede, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. En el entendido de que las autoridades responsables deberán rendir informe dentro del improrrogable término de CUARENTA Y OCHO HORAS, a que alude el propio artículo 128 ibídem, así como dictar las medidas que adopten respecto a esta determinación suspensiva, y de no advertirse de las constancias respectivas la flagrancia o urgencia a que se refiere el precepto constitucional en cita, o no rendir el aludido informe dentro del plazo citado, se pondrá en inmediata libertad al quejoso, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables; apercibidas que de no cumplir con lo ordenado anteriormente, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que proceda a incoar la averiguación previa correspondiente, ya que la conducta que se le atribuyera pudiera ser constitutiva de delito, conforme a las leyes aplicables correspondientes. La suspensión no surtirá efecto legal alguno, si se trata de un delito de los señalados como graves, en cuyo caso la suspensión sólo tiene el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar de reclusión, y a disposición de la autoridad que le instruye el expediente penal relativo. Tampoco surtirá la medida cautelar si el quejoso fue detenido en flagrancia o bien se trate de una orden privativa de libertad dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, y se otorga sin perjuicio de que con mayores elementos que las partes aportan pueda modificarse en todo o en parte conforme lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que para el otorgamiento de la suspensión sólo se tomó en cuenta el peligro en la demora, los perjuicios que pudiera sufrir el particular con la ejecución de los actos y la clase y cantidad de actos y autoridades que la parte quejosa señaló; de ahí que las responsables al rendir su informe previo deben manifestar en forma expresa la naturaleza, modalidades y característica del delito por el que se emitió la orden privativa de libertad, los artículos que lo prevén y sancionan, el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias a imponer y si se trata o no de un delito grave. De igual manera, no surtirá efecto la medida cautelar en cuestión, si la detención fue ordenada y ejecutada por autoridades distintas a las señaladas por el impetrante de amparo. Con la salvedad de que las anteriores hipótesis no comprenden los actos reclamados consistentes en la incomunicación, golpes y malos tratos, señalados por el impetrante de amparo, en virtud, de que ello fue materia en la suspensión de plano que le fue concedida en el juicio principal del que deriva el presente incidente. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizados a los profesionistas que menciona en la misma, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, por no haber acreditado que se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados, ni que sus cédulas se encuentren registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad y previa comprobación o mención del número de registro de su patente, se les pueda ampliar los términos de tal autorización. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este incidente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto y, para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

  3. Principal

    MESA 2.VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto lo de cuenta, toda vez que el quejoso MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por María Lourdes de Dios Vasconcelos, mediante el cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrán remitir al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio de constitucionalidad de impartición de justicia pronta y expedita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir los informes justificados en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitan el que les conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir sus informes justificados, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tales informes en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rindan se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dichos informes por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las TRECE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. INCIDENTE. Por separado y duplicado, tramítese incidente de suspensión por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 125 de la Ley de Amparo.

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