Miguel Angel Flores Serna
Expediente 1034/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 33 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Miguel Angel Flores Serna
- Miguel Angel Sánchez Rivera
- Miguel Angel Sánchez Rivera y Otros.
- Miguel Angel Flores Serna y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por ******************** autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta ocurre a ofrecer pruebas supervinientes consistentes en: Documental pública vía oficio consistente en copia certificada de la carpeta número ********************ante la Unidad de Investigación Especializada en Delito de Operación con recursos de procedencia ilícita y en Extinción de Dominio del Estado de Nuevo León, la cual refiere se ha reactivado. Prueba de inspección judicial/ocular en las instalaciones de la Especializada en Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y en Extinción de Dominio del Estado de Nuevo León, respecto a los puntos siguientes: La existencia de la carpeta de investigación ********************Se señale la fecha en que fue reactivada la carpeta de investigación que se señala en el punto anterior. Documentación pública vía oficio consistente en copia certificada de la videograbación de la audiencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial número ********************ante el Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado de Nuevo León. En razón a lo anterior, respecto a las probanzas identificadas con los números arábigos 1 y 2, para que se acredite la existencia de la carpeta de investigación ********************su reactivación, y se requiera copias de la misma, cabe señalar que al rendir su informe justificado la Jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey (foja 300, auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés), manifestó lo siguiente: Al respecto, debe decirse que desde que se presenta la demanda, el quejoso debe estar preparado para demostrar la existencia del acto reclamado y su inconstitucionalidad, sobre todo en aquellos casos en que éste no le resulta desconocido, al exponer en la demanda sus particularidades; sin que con ello se desconozca que la negativa del acto por parte de la autoridad responsable, genera una consecuencia específica para el quejoso, pues le irroga la carga probatoria para acreditar su existencia. De ahí que se justifique que cuente con la posibilidad de aportar las pruebas que estime pertinentes, respecto de lo cual, el artículo 119 de la Ley de Amparo, incluso regula la oportunidad con que deben ofrecerse la prueba de inspección judicial, que guarda correlación con la fecha señalada para la audiencia constitucional, y una excepción aplicable cuando se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Ahora bien, si la autoridad se limita a negar el acto que se le reclama, en realidad no está aportando hechos o constancias novedosas, que no fueran del conocimiento del justiciable; por el contrario, sólo fija su postura, respecto de lo alegado en la demanda; por lo que en este caso no opera la excepción antes referida, para el ofrecimiento de las pruebas que requieren preparación, cuando la intención del oferente es acreditar el acto, con base en los hechos que eran de su conocimiento desde la presentación de la demanda, ya que debió ofrecer las que tuviera a su alcance, en un procedimiento en el que se privilegia su expeditez y se le brinda una amplia posibilidad de probar; sin que la consecuencia legal de presumir cierto el acto reclamado cuando la autoridad no rinde su informe justificado, sea una regla general a la que deba sujetar su oferta probatoria, sino un caso de excepción, que se reglamentó para hacer funcional un juicio de control constitucional, en un país en donde debe prevalecer el Estado de Derecho y en el que los actos de las autoridades se presumen constitucionales y de buena fe. En tal virtud, en supuestos como el que se refiere, no es dable supeditar la oportunidad en el ofrecimiento de pruebas, a uno diverso, como es la distribución de las cargas probatorias sobre la comprobación de la existencia del acto reclamado, si desde el escrito de demanda se externan las particularidades de éste, con base en hechos que el quejoso alega de su pleno conocimiento, y son precisamente los que se pretenden acreditar con el ofrecimiento de las pruebas; por ello, no se justifica su ofrecimiento inoportuno, bajo el argumento de que son pruebas supervinientes y que se pretende desvirtuar la negativa del acto reclamado contenida en el informe justificado. Lo que no se contrapone con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVO.", ya que en dicho criterio, si bien es cierto que se reconoce la posibilidad de desvirtuar en la audiencia constitucional la negativa del acto reclamado, también lo es que no permite que se lleve a cabo mediante el ofrecimiento inoportuno de las pruebas que se estimen pertinentes para tal finalidad. Por tanto, no ha lugar admitir las pruebas identificadas con los números arábigos 1 y 2. A mayor abundamiento el informe de autoridad que se pretende, mediante la respuesta a una serie de cuestionamientos que plantea la parte quejosa vinculados con los actos reclamados; virtualmente se traduce en una confesional provocada, la cual está prohibida por la Legislación de la Materia. Resulta aplicable la tesis IV.3o.A. 19 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, del tenor siguiente: "DOCUMENTAL VÍA INFORME DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA CONFESIONAL POR POSICIONES PROSCRITA POR LA LEY DE AMPARO. La nota distintiva entre las pruebas testimonial y confesional consiste en el sujeto a cargo de quien se ofrece; si la ofrecida versa sobre la declaración de un tercero, a través de una serie de cuestionamientos sobre hechos que le constan, debatidos en el juicio, se estará ante la presencia de una prueba testimonial; por el contrario, la declaración de una de las partes, mediante un interrogatorio, constituye una prueba confesional por posiciones. Por ende, la probanza ofrecida en el juicio de garantías, consistente en la "documental vía informe" a cargo de una autoridad responsable, mediante la respuesta a una serie de cuestionamientos que plantea la parte quejosa vinculados con los actos reclamados; virtualmente se traduce en una confesional por posiciones, proscrita por el artículo 150 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis XIX.5o.1 K, del entonces Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que dice: "INFORME DE AUTORIDAD RESPONSABLE OFRECIDO COMO PRUEBA QUE IMPLICA CONFESIÓN PROVOCADA. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. De la interpretación teleológica del artículo 150 de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que este numeral no solamente prohíbe la prueba de posiciones, sino que la intención del legislador fue prohibir la confesional provocada, sea mediante posiciones, declaración de parte o informe de autoridad, conteniendo interrogantes con la intención de provocar aceptación de hechos imputados a las autoridades responsables; lo anterior, atendiendo a que ningún resultado práctico tendría prohibir la confesión por posiciones y permitir la declaración de parte o el informe de autoridad en los términos antes precisados; en tal virtud, es claro que la finalidad de la norma en comento es que las partes no se interroguen entre sí sobre hechos imputados. Debiendo precisarse que el informe de autoridad no está prohibido por la legislación de la materia, pudiendo solicitarse a aquellas que no tengan el carácter de responsables e, inclusive, de las que sí tengan esa cualidad, pero no por sucesos que impliquen la confesión de los atribuidos en la demanda, como la inconstitucionalidad del acto reclamado. En la inteligencia de que en el proceso constitucional de amparo no se prohíbe la confesional espontánea, verbigracia, al rendirse el informe con justificación, o al señalarse por el quejoso la fecha en que se hizo sabedor de los actos reclamados." En ese orden de ideas, la probanza identificada con el numeral 3, dígase al promovente que no ha lugar acordar de conformidad su petición, dado que los DVDS que alude en su escrito de cuenta, relativos al proceso penal ********************ya obraban agregados a los presentes autos; empero, se detectó que uno de ellos se encontraba dañado, motivo por el cual se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable, su substitución. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Liliana Margarita Villarreal Medrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que a través del oficio 33148/2023, del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en cumplimiento a lo solicitado, remitió dos discos en formato DVD que contienen las audiencias llevadas a cabo durante el proceso penal 4556/2023. Sin embargo, de un nuevo análisis de los discos de trato, se aprecia que el segundo se encuentra dañado (27/3/2023 y 14/4/2023); por tanto, con fundamento en los artículos 75 y 117, párrafo quinto, ambos de la Ley de Amparo y numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, es necesario REQUERIR al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, para que en el plazo de tres días computado legalmente, remita a la brevedad el DVD de trato, vía ESTAFETA. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia VI.2o. J/76, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 376, del rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ FEDERAL DEBERA RECABARLAS OFICIOSAMENTE.". Bajo el apercibimiento que de no ser omiso a lo anterior; o, bien, informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, en términos de los numerales 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Liliana Margarita Villarreal Medrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 2307/2023-utm4-mty, firmado por el Agente del Ministerio Público en apoyo a las labores de la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey, con residencia en Monterrey, Nuevo León, por el cual en cumplimiento al proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, remite el informe requerido y señala que el representante de la víctima de iniciales A.M.M. lo es su hermana menor de edad de iniciales E.Y.M. representada por sus padres adoptivos Ana Claudia López Leal y Carlos Enrique Atoche Kong; al efecto, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta para que obre como en derecho corresponda. Sobre ese contexto, de un análisis exhaustivo de los presentes autos, se colige que con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado, a la víctima de iniciales A.M.M. representado legalmente por la licenciada Valeria González Scott Palma, Asesora Jurídica adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con residencia en Monterrey, Nuevo León. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, expídase mediante correo electrónico el oficio (con efectos de emplazamiento) que derive del presente auto con transcripción íntegra, al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda de amparo y auto admisorio. Asimismo, hágase del conocimiento del asesor victimal que se señalaron las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el verificativo de la audiencia Constitucional. Por lo que se instruye al Actuario Judicial de la adscripción, para que obtenga el acuse respectivo de la recepción de dicha minuta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Liliana Margarita Villarreal Medrano, quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que no fue posible el desahogo posible el desahogo de la audiencia constitucional señalada en el presente juicio de amparo, atendiendo a la circular 29/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la suspensión de plazos y términos procesales, debido al Paro Nacional de labores en toda la república a partir del diecinueve y hasta el veintinueve de octubre de este año. Lo que se asienta en esta propia fecha, para los efectos legales conducentes. En esa virtud, se señala las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; lo que se ordena notificar a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Liliana Margarita Villarreal Medrano, quien autoriza y da fe.
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