Miguel Ángel Flores Carvajal, representante de

Expediente 510/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
510/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2016

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Flores Carvajal, representante de
  • Ana Gabriela Buentello Cervantes, albacea denifinitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de María de Lorudes Cervantes y Cedillo, heredera de la sucesión de Anselmo Cervantes Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Miguel Ángel Flores Carvajal, representante de las señoras Ana Gabriela y Rocío del Socorro, ambas de apellidos Buentello Cervantes, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de María de Lourdes Cervantes y Cedillo, quien a su vez es heredera de la sucesión a bienes de Anselmo Cervantes Hernández, por medio del cual solicita se ordene la devolución de las constancias que integran el expediente 401/2015, de la estadística del Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, con la finalidad de que dicha autoridad esté en aptitud de resolver el recurso de revocación interpuesto, así como de los documentos que se acompañaron al escrito de demanda. En consecuencia, dígasele que se esté a lo ordenado en proveído de treinta de mayo del año en curso, en donde se ordenó remitir el expediente 401/2015, al Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, así como la devolución de los documentos que exhibidos por éste y que obran agregados al presente juicio de amparo.

  2. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MIGUEL ÁNGEL FLORES CARVAJAL, REPRESENTANTE DE LAS SEÑORAS GABRIELA Y ROCIO DEL SOCORRO, AMBAS DE APELLIDOS BUENTELLO CERVANTES O SUS AUTORIZADOS, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE MAYO DEL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 510/2016-II, QUE ESTABLECE: Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, a la parte promovente, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de trece de mayo de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, a la parte promovente, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de trece de mayo de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Tlaxcala; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en el acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, mediante el cual remite en efecto devolutivo el original del expediente 401/2015 relativo al juicio de inexistencia y nulidad de escritura, promovido por Miguel Ángel Flores Carvajal, en representación de las señoras Ana Gabriela y Rocío del Socorro, ambas de apellidos Buentello Cervantes, por su representación, en contra de Gregorio Carrillo Luna y Paula Lira de Carrillo, mismas que serán tomadas en consideración a fin de determinar sobre la procedencia del juicio constitucional promovido. Por tanto, se deja insubsistente el apercibimiento formulado en auto de requerimiento a la responsable en cita. En diverso aspecto, agréguese a los autos el escrito signado por Miguel Ángel Flores Carvajal, representante de las señoras Ana Gabriela y Rocío del Socorro, ambas de apellidos Buentello Cervantes, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de María de Lourdes Cervantes y Cedillo, quien a su vez es heredera de la sucesión a bienes de Anselmo Cervantes Hernández, por medio del cual en cumplimiento a los requerimientos efectuados en proveído de cuatro de mayo del año en curso, exhibe copia certificada por el Notario Público Número Tres del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala del instrumento notarial dos mil cuatrocientos veintisiete de veinticinco de mayo de dos mil siete, otorgado ante la fe de la Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Hidalgo. Asimismo, precisa los actos reclamados y las autoridades a las que se los atribuye. Para mejor proveer, se estima conveniente precisar el acto reclamado en el presente juicio, a saber: El proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, así como sus consecuencias, consistentes en el envío del oficio al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, para que ordene a quien corresponda haga la cancelación de la inmovilización de la anotación marginal que se ordenó mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, con número de oficio mil quinientos diecisiete, de fecha nueve de julio de dos mil quince, respecto del inmueble que se encuentra inscrito bajo la partida número seiscientos veintiuno, a foja ciento sesenta y tres vuelta, de la Sección Primera, Volumen cien, del Distrito Judicial de Hidalgo. Mismo que atribuye al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y Secretario de Acuerdos adscrito a dicho juzgado, como ordenadoras y al Oficial de Partes del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala y Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, como ejecutoras. En ese orden de ideas, se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta el promovente en cita; sin que pase inadvertido el hecho de que del instrumento notarial que exhibe se advierta que únicamente la señora Ana Gabriela Buentello Cervantes otorgó poder general a favor de Miguel Ángel Flores Carvajal, no así la señora Rocío del Socorro Buentello Cervantes; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Tlaxcala, se desprende que ésta al momento de radicar el juicio natural el dieciséis de junio de dos mil quince, reconoció la personalidad con la que se ostentaba el aquí promovente, por lo que se surte la hipótesis prevista en el artículo 10 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el contenido del escrito de demanda así como el diverso aclaratorio, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Asimismo, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte inconforme, deriva del hecho que se encuentra en trámite un recurso que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado consistente el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado por la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Tlaxcala en el expediente 401/2015 relativo al juicio de inexistencia y nulidad de escritura, promovido por Miguel Ángel Flores Carvajal, en representación de las señoras Ana Gabriela y Rocío del Socorro, ambas de apellidos Buentello Cervantes, por su representación, en contra de Gregorio Carrillo Luna y Paula Lira de Carrillo. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" Para así considerarlo, es menester precisar que la causa de improcedencia contenida en el precepto legal transcrito se actualiza cuando concurran las circunstancias siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia del acto o actos de autoridad señalados como reclamados en el juicio de amparo. Lo anterior se justifica, por un lado, porque la norma legal transcrita, exige que el recurso o medio de defensa legal, pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, resultado que se podrá obtener si son los medios apropiados, esto es, que estén instituidos expresamente por la ley y regidos por un procedimiento para su tramitación, oponibles a leyes o actos que lesionen los intereses del quejoso, mediante los cuales pueda lograr la invalidación o modificación de esos actos; y, por otra parte, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, es decir, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiere interpuesto. Robustece lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Diciembre de 2000, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." La citada jurisprudencia resulta aplicable a pesar de que interpreta el artículo 73, fracción XIV de la Ley de Amparo abrogada, ya que es de contenido esencialmente igual al artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo vigente. La actualización de la citada causa de improcedencia se demuestra con las constancias remitidas por la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Tlaxcala, de las que se advierte que en acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad en cita, admitió el recurso de revocación interpuesto por el justiciable en contra del proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciséis y, ordenó correr traslado a su contra parte en el juicio natural, para que dentro del término de tres días contestara y transcurrido ese término, ordenó traer los autos a la vista para dictar la resolución correspondiente, en términos de los artículos 504, 505 y 506 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto, del auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 401/2015 relativo al juicio de inexistencia y nulidad de escritura, promovido por Miguel Ángel Flores Carvajal, en representación de las señoras Ana Gabriela y Rocío del Socorro, ambas de apellidos Buentello Cervantes, por su representación, en contra de Gregorio Carrillo Luna y Paula Lira de Carrillo, se advierte que la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Tlaxcala, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, para que ordene a quien corresponda haga la cancelación de la inmovilización de la anotación marginal que se ordenó mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, con número de oficio mil quinientos diecisiete, de fecha nueve de julio de dos mil quince, respecto del inmueble que se encuentra inscrito bajo la partida número seiscientos veintiuno, a foja ciento sesenta y tres vuelta, de la Sección Primera, Volumen cien, del Distrito Judicial de Hidalgo. Inconforme con dicha determinación, a través de escrito de veintisiete de abril del año en curso, recibido en la oficialía de partes del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Tlaxcala, Miguel Ángel Flores Carvajal, en representación de las señoras Ana Gabriela y Rocío del Socorro, ambas de apellidos Buentello Cervantes, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de María de Lourdes Cervantes y Cedillo, interpuso el recurso de revocación, previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, como a continuación se indica: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos." En ese sentido, como ha quedado señalado, en contra del auto de diecinueve de abril del año en curso, el veintisiete de abril siguiente, el promovente interpuso el recurso de revocación, el cual se admitió en proveído de tres de los corrientes, tal como se aprecia de las constancias remitidas por la autoridad responsable. En este contexto, si la parte quejosa fue quien interpuso el recurso de revocación y, este se admitió y está pendiente de resolver, medio de defensa legal que constituye la vía idónea para conducir a la insubsistencia del acto reclamado y sus consecuencias, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En esta tesitura, se demuestra que en el caso se satisfacen los requisitos que actualizan la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, respecto del proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente 401/2015 relativo al juicio de inexistencia y nulidad de escritura, promovido por Miguel Ángel Flores Carvajal, en representación de las señoras Ana Gabriela y Rocío del Socorro, ambas de apellidos Buentello Cervantes, por su representación, en contra de Gregorio Carrillo Luna y Paula Lira de Carrillo. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

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