Miguel Ángel Fernández Castillo
Expediente 579/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Fernández Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán, por el cual solicita se le informe si la sentencia emitida dentro del juicio de origen ya causó ejecutoria. En ese sentido, hágase de su conocimiento que el treinta de diciembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al encargado del despacho dentro del juicio de amparo 579/2021, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia oficial del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5153/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 579/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 16548, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Al respecto el juez acuerda: Téngase por recibido el pedimento de cuenta, el cual se ordena relacionar en la etapa correspondiente. Enseguida la secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de Zamora, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló los de su intención. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de la Representación Social y declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, en el buzón de la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, compareció la defensora pública federal de Miguel Ángel Fernández Castillo, a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de Zamora, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6º, 13, 311, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 20 y 24 del Código Penal del Estado de Michoacán. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 579/2021 y se admitió mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceros interesados a Carlos Iván Rivera Chávez y Sandra Pérez León, asesores de la víctimas directa Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado, por lo que se ordenó su emplazamiento; sin embargo, dichos asesores informaron que la víctima directa falleció y dentro de la causa penal de origen se reconoció como víctima indirecta a Jaime Eduardo Ayala Arancibia, por tanto, con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se le tuvo reconocido el carácter de tercero interesado en el presente juicio y se ordenó su emplazamiento. Asimismo, en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, también se reconoció el carácter de tercero interesado a José Eduardo Delgado Estrada, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por ser el fiscal que tuvo intervención en la audiencia que controvierte el peticionario de amparo. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y ahora se resuelve conforme a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el once de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 457/2021, por su probable responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito de secuestro, conforme a los artículos 9º, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b) y c), y fracción II, incisos b) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los numerales 7, fracción II, 8 y 9 primer párrafo y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en agravio de Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado. Acto que atribuyó al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en un disco que contiene la videograbación de la audiencia mediante la cual se vinculó al quejoso al proceso de origen y las constancias digitalizadas que integran la carpeta administrativa relativa a la causa penal 457/2021. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en sus pedimentos manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato de la fiscal federal, relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye el auto de vinculación dictado contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y le da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Luego, al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos, en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental, de modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa, pues dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que, se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, de manera que, para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; elementos que se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Se agrega, que bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio de los actos reclamados se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por el juez responsable al dictar el auto de vinculación a proceso dictado el once de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa 457/2021, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado; ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba; es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo, a través de su defensora pública, expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en los conceptos de violación que formuló en su demanda, la defensora pública del quejoso, esencialmente, señala: Que la determinación reclamada es violatoria de sus derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 Constitucionales, porque no hay dato de prueba suficiente, pertinente y razonable que sea bastante para sostener el auto de vinculación a proceso del aquí quejoso. Que el juez responsable sin fundar ni motivar determinó la no exclusión de dos datos de prueba que se tildaron de ilicitud, al haberse obtenido en contravención a los derechos humanos del imputado, desestimando los argumentos expresados por esa defensa, referentes al vaciado de datos de los teléfonos celulares y al oficio que remitió la empresa de telefonía Dipsa, S.A. de C.V., mismos que fueron obtenidos en fecha anterior a la autorización judicial, misma que se otorgó a destiempo, teniendo entonces razones suficientes para su exclusión, como son la obtención sin autorización judicial previa. Que en relación con lo anterior, el juez responsable no establece con base objetiva, fundada y motivada, de dónde concluye que la fecha de intervención de los teléfonos es un error, porque al establecerse una fecha anterior a los hechos no se genera certeza sobre los aparatos intervenidos y por ello ambos datos de prueba debieron ser excluidos. También aduce que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se narra el hecho imputado en el informe policial homologado son contradictorias con las narradas por el testigo Jaime Eduardo Ayala Arancibia, por lo que existen diversas versiones del hecho imputado y el juez responsable no fundó ni motivó por qué la versión del informe policial homologado y la del testigo no se desvirtúan si se contraponen, y si el hecho tal cual fue imputado no se acredita, debía desestimarlo. Que la defensa mostró placas fotográficas del lugar donde supuestamente se cobraría el rescate y es totalmente distinto al que señaló en diversa actuación la fiscalía y el testigo, evidenciando que se introducen tres lugares diferentes como el lugar del supuesto cobro, lo cual no fue debatido por la fiscalía y fue aceptado por el propio juez, quien no fundó ni motivó sobre los argumentos vertidos por esa defensa y no les dio contestación exhaustiva. Al respecto, son infundados los motivos de disenso expresados por la defensa del quejoso, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al peticionario de amparo le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida consideración que el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa 457/2021, el once de junio de dos mil veintiuno, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y porque lejos de beneficiarle, le perjudica y no le reporta utilidad alguna. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Es así, pues basta imponerse de la reproducción de la audiencia inicial celebrada el once de junio de dos mil veintiuno, para advertir que el Agente del Ministerio Público, expuso medularmente, como hecho delictivo, lo siguiente [Min. 00:09:20 del registro de audio y video]: Que el ocho de junio de dos mil veintiuno, Jaime Eduardo Ayala Arancibia, recibió llamadas telefónicas provenientes de la línea número 3511240011, donde una voz masculina le decía tener a su cuñado Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado, mismo que se encuentra desaparecido desde el día cuatro de junio del año en curso, exigiéndole primeramente la cantidad de treinta y cinco mil pesos, posteriormente veinte mil pesos, para finalizar con la entrega de tres mil pesos para ese mismo momento, indicando que el dinero lo tenía que mandar en un taxi, por lo cual Jaime Eduardo Ayala Arancibia solicitó el apoyo de un amigo de nombre Jorge Enrique Torres Acevedo, mismo que conduce un vehículo tipo taxi con número económico 27, quien accedió a su solicitud por lo que proporcionó el número telefónico de éste al sujeto activo. Que el taxista entregaría el dinero en la calle Allende, esquina con 13 de Septiembre, junto a Las Canteras, colonia San Pedro en el municipio de Jacona, Michoacán, mientras la víctima acudió a solicitar apoyo de la Policía Municipal indicándoles el lugar donde se llevaría a cabo el pago, señalando que el sujeto activo llegaría a cobrar el dinero en una bicicleta y como seña particular traería puesta una playera de futbol del equipo de las chivas; que esto lo sabía porque mantenía comunicación constante con el taxista que le iba a hacer el favor de llevar el dinero. Motivo por el cual, aproximadamente a las trece horas con cuarenta minutos, los policías municipales Jesús Eduardo Fermín Villalpando, Segura Jiménez y Juan Carlos Bedolla González, llegaron al lugar indicado por el reportante a bordo de un vehículo oficial, con número económico 003, momento en el que a escasos metros de distancia lograron apreciar que en la ventanilla del taxi, del lado del copiloto, a bordo de una bicicleta y con la playera de las chivas, se posicionó Miguel Ángel Fernández Castillo, mismo que pidió el pago de los tres mil pesos y a través de la ventanilla el conductor que se encontraba dentro del vehículo se los entregó y en ese momento, de los tres mil pesos sacó un billete de la denominación de cien pesos y se lo dio al taxista como pago del servicio del taxi. Por lo anterior, los elementos de la policía se aproximaron al lugar pidiéndoles identificarse, y el taxista se identificó como Jorge Enrique Torres Acevedo, corroborando que se trataba del amigo de la víctima indirecta, y posteriormente se identificó Miguel Ángel Fernández Castillo, a quien le solicitaron realizarle una revisión, localizándole en la mano derecha el paquete de billetes de diversas denominaciones que le había entregado el taxista, por la cantidad de dos mil novecientos pesos; asimismo, en la bolsa derecha del pantalón, le encontraron dos teléfonos celulares uno de la marca Kodak color negro con amarillo y otro de la marca Sedac de color azul con blanco. Por lo que siendo las trece horas con cincuenta minutos del propio ocho de junio de dos mil veintiuno, Miguel Ángel Fernández Castillo, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, entre los que destacan [Min. 00:54:00 del registro de audio y video]: 1. Informe policial homologado, respecto de la detención de Miguel Ángel Fernández Castillo, en la que participaron los elementos Jesús Eduardo Fermín Villalpando, Sullivan Segura Jiménez y Juan Carlos Bedolla González, quienes dan cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la detención del imputado. 2. Entrevistas de los elementos Jesús Eduardo Fermín Villalpando, Sullivan Segura Jiménez y Juan Carlos Bedolla González, [Min. 00:19:10] quienes en forma individual pero coincidente dieron cuenta de los hechos que les constaron y percibieron con sus sentidos, el primero encargado de asegurar los objetos e indicios que portaba Miguel Ángel Fernández Castillo, siendo el paquete que contenía los dos mil novecientos pesos, después de dar los cien pesos por el servicio del taxi; el segundo elemento se encargó de inspeccionar al taxista Jorge Enrique Torres, sin encontrar algún objeto delictuoso y el último elemento nombrado fue el encargado de dar seguridad perimetral en el lugar de los hechos; elementos policiacos quienes además indicaron que recibieron el reporte de la víctima indirecta, mismo que les informó que su cuñado estaba desaparecido desde el viernes cuatro de junio de dos mil veintiuno, y fue hasta el martes ocho del mismo mes y año que recibió llamadas telefónicas donde le exigían la cantidad de treinta y cinco mil pesos a cambio de no hacerle daño a su cuñado, que posteriormente veinte mil y al final tres mil pesos, mismos que debía mandar en un taxi, por lo que contactó a su amigo Jorge Enrique para llevar el dinero en su taxi con número 27. Que también les manifestó que el dinero debía entregarlo en la calle Miguel Allende esquina con calle 13 de septiembre, frente a las tabiqueras de la colonia San Pedro de Jacona Michoacán, lugar al que se arribaron a las trece horas con cuarenta minutos y lograron ubicar al taxista y a la persona a bordo de una bicicleta blanca con playera de las chivas, percatándose de que intercambiaban el paquete y por ese motivo llevaron a cabo la detención de Miguel Ángel Fernández Castillo, así como los objetos que portaba el sujeto activo. 3. Entrevista de Jaime Eduardo Ayala Arancibia, [Min. 00:24:50] quien refirió que tuvo conocimiento de la privación de la libertad de Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado, toda vez que es su cuñado pues se encuentra casado con su hermana y en días anteriores realizaron el reporte de desaparición correspondiente; que el ocho de junio de dos mil veintiuno desde aproximadamente las nueve horas con cincuenta y tres minutos empezó a recibir llamadas a su línea telefónica 3511446161, proveniente de la línea 3511240011 donde una voz masculina le dijo tener a su cuñado y se identificó como "J.C." perteneciente al cartel de los "Viagra"; preguntándole cómo le iban a hacer para que le entregara a su cuñado ofreciéndole la víctima una camioneta a cambio, pero el sujeto activo le dijo que no le interesaba, que quería la cantidad de treinta y cinco mil pesos; que la víctima le dijo que no tenía esa cantidad por lo que el sujeto le dijo que para ese momento tenía que entregarle al menos tres mil pesos; que primeo le dijo que se los depositara y luego que mejor se los mandara en un taxi. Que aproximadamente a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos recibió otra llamada del mismo número y misma persona quien le preguntó si ya tenía al taxista que le iba a llevar el dinero, que le diera su número y él mismo le pagaría el servicio; que en ese momento se cortó la llamada pero enseguida el sujeto activo comenzó a enviarle mensajes a través de la aplicación de WhatsApp y le preguntó dónde quería que le entregara a su cuñado quien tenía problemas con el cartel, que eran deudas, que se lo iba a entregar pero que lo tenía que sacar de Jacona y de Zamora; que no podía entregárselo limpio porque tenían que golpearlo; que a la víctima lo único que le interesaba era recuperar a su cuñado con vida por lo que tenía que juntar la cantidad de treinta y cinco mil pesos, que no quería camionetas ni quería otra cosa; que la víctima le proporcionó el número del taxista 3515091819; asimismo, señaló el entrevistado que la hermana de la víctima directa y esposa del entrevistado también recibió mensajes por medio de la red social Facebook, y que la imagen que aparecía de perfil, era la misma que le aparecía a él en WhatsApp. Finamente, en entrevistado exhibió y dejó a disposición de la Fiscalía el teléfono celular en el que estuvo recibiendo las llamadas y mensajes del sujeto activo. 4. Entrevista de Jorge Enrique Torres Acevedo, [Min. 00:31:15] taxista encargado de entregar el pago, quien refirió que no conoce a Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado; que tenía conocimiento de que se encontraba desaparecido desde el cuatro de junio porque tiene amistad con Jaime Eduardo Ayala Arancibia, cuñado de la víctima quien el ocho de junio le llamó por teléfono, le informó lo sucedido y le pidió entregar la cantidad de tres mil pesos que le estaban pidiendo y le indicó el lugar donde debía llevarla; que el sujeto activo se comunicó con él a través de la línea telefónica 3511240011, y primeramente le dijo que le llevara el dinero a la base de Jacona, y le contestó que se encontraba ahí en ese momento, por lo que el sujeto le indicó que se dirigiera hacia la Quinta Virginia de la misma ciudad de Jacona, y que lo esperara en la entrada, que ahí lo vería a bordo de una bicicleta con playera de las chivas y ahí espero hasta que llegó el imputado quien es un sujeto de complexión robusta, a quien ya había visto en otras ocasiones, toda vez que por la actividad de transporte que realiza lo había visto en el municipio de Jacona Michoacán, mismo que se acercó por la ventanilla del copiloto y le solicitó los tres mil pesos, que se los entregó y de esa cantidad que le dio previamente le pagó un billete de cien pesos por el servicio, mismo que exhibió y dejó a disposición de la Representación Social; que en ese momento llegaron los policías municipales y detuvieron a Miguel Ángel Fernández Castillo quien es la persona que iba a cobrar el dinero. 5. Informe de investigación de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, realizado por el agente investigador Oscar Iván Reyes Vázquez, mediante el cual informó que en esa fecha se trasladó a la ciudad de Jacona Michoacán, con el fin de realizar la inspección del lugar donde se realizó el pago, en compañía de perito criminalista, donde también se reunieron con Jorge Enrique Torres Acevedo y con el elemento de la policía municipal Jesús Eduardo Fermín Villalpando; que se constituyeron en la calle ubicada entre las calles 13 de septiembre y Allende de la colonia San Pablo, y como referencia a veinte metros antes del acceso de la Quinta Virginia, lugar en que señaló el testigo Jorge Enrique que realizó la entrega de los tres mil pesos y el elemento indicó que aseguró al imputado. 6. Informe realizado por el propio agente investigador Oscar Iván Reyes Vázquez, el nueve de junio de dos mil veintiuno, donde se entrevistó con la persona de nombre Jessica Jazmín Cruz Flores, esposa de la víctima directa, quien les informó que su esposo Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado desapareció desde el cuatro de junio de dos mil veintiuno; y que en días anteriores había acudido ante la autoridad a informar sobre su desaparición. 7. Informe de telefonía de la empresa Dipsa, S.A. de C.V., de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, respecto de la línea telefónica 3511240011 misma que corresponde al sujeto activo, así como de la empresa AT&T, relativa a la línea telefónica 3512359977; correspondiente a la víctima directa, ratificado ante el Juez Primero de Control, del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. 8. Opinión técnica pericial relativa a la inspección ocular del lugar de los hechos, emitida por el perito Miguel Ángel Tata Lázaro de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, en la que asentó que se constituyó en el lugar de los hechos ubicado en la calle sin Nombre de la colonia San Pedro de Jacona, Michoacán, por fuera del inmueble de un solo nivel, donde el taxista Jorge Enrique Torres Acevedo, señaló que entregó el pago de tres mil pesos al sujeto activo y el elemento de la policía municipal Jesús Eduardo Fermín Villalpando informó que se llevó a cabo la detención de Miguel Ángel Fernández Castillo. 9. Dictamen pericial de nueve de junio del año en curso, emitido por la perito Nancy García Ramírez, relativo a la identificación de IMEI de los dos aparatos telefónicos que le fueron asegurados al imputado. 10. Dictamen pericial sobre extracción y análisis de información de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, relativo a los teléfonos celulares que dejaron a disposición del agente del Ministerio Público los entrevistados Jorge Enrique Torres Acevedo y Jaime Eduardo Ayala Arancibia, de los que se solicitó el vaciado de la información contenida únicamente respecto de la línea telefónica 3511240011, en la que se concluyó que sí se obtuvo la información de la línea indicada. 11. Descripción y fijación fotográfica de objetos, de nueve de junio del año en curso, realizada por perito criminalista, respecto de los billetes de distintas denominaciones asegurados por los elementos de la policía municipal de Jacona, Michoacán, así como de la bicicleta en la que viajaba Miguel Ángel Fernández Castillo y del billete de cien pesos que dejó a disposición el entrevistado Jorge Enrique Torres Acevedo. 12. Entrevista recabada a Beatriz Juan de Dios Alvarado, de fecha diez de junio del año en curso, esposa de Jaime Eduardo Ayala Arancibia, quien señaló que en su cuenta de Facebook recibió mensajes de un perfil que le decía que le pasara su número, que él sabía de su hermano y al proporcionárselo le envió mensaje diciendo que él y sus gatilleros habían levantado a su hermano; que le marcara si le interesaba y que necesitaba darle treinta y cinco mil pesos para regresarle a su hermano. 13. Estudio psicológico practicado a Jaime Eduardo Ayala Arancibia de doce de junio de dos mil veintiuno, realizado por la perito en psicología Susana Ramírez Ledesma quien concluyó que se encontró daño psicológico con síntomas que refieren una alteración clínica que sufre una persona con motivo de haber sufrido un evento violento. 14. Acta de reconocimiento de persona de diez de junio de dos mil veintiuno, en la que participa como reconocente Jorge Enrique Torres Acevedo, y como reconocido el imputado Miguel Ángel Fernández Castillo, persona que identificó como a la que le entregó los tres mil pesos. 15. Dictamen pericial de reconocimiento de persona, emitido el diez de junio del año en curso por el perito criminalista Jorge Luis García Juárez, en el cual da cuenta de los dos movimientos que se realizaron en la diligencia de reconocimiento de Jorge Enrique Torres Acevedo, en la que identificó a la persona Miguel Ángel Fernández Castillo como aquella que participó en los hechos que se investigan. 16. Análisis de datos conservados de diez de junio de dos mil veintiuno, realizado por Sergio Ramírez Méndez, agente especializado adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, en el que analizó el número telefónico 3511240011, del cual se comunicaron con la víctima indirecta para realizar la exigencia económica y ponerse de acuerdo con el pago. Hecho que la ley señala como delito. En concordancia con lo anterior, [Min.02:04:06] el juez responsable determinó que atendiendo a los actos de investigación que se recabaron, y concretamente a la petición de la defensa en el sentido de que se excluyeran algunos medios de prueba por su ilicitud, por atentar contra el derecho humano de la privacidad, consistente en la información de nueve de junio de dos mil veintiuno, proporcionada por Telcel respecto de las líneas telefónicas, porque la autorización del juez federal es de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, es decir, un día después de que se solicitó dicha información. Al respecto, señaló que contrario a lo que expuso la defensa, el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo sexto, contempla la posibilidad de que sí se puede solicitar esa información cuando está en riesgo la vida de una persona, es decir, la ley contempla excepciones cuando se trata de hechos delictivos como en el caso lo es el de secuestro, en el que se están ventilando cuestiones relacionadas con la integridad física de una persona, la cual incluso a la fecha no ha sido localizada, por lo que en este caso está surtida esa excepción para que la fiscalía solicitara esos informes incluso antes de que el juez diera la autorización, precisamente por el riesgo que representa dejar pasar el tiempo en este tipo de situaciones, pues la ley contempla que sí se puede realizar tomando en consideración esos parámetros, por lo que se advierte la fiscalía cumplió con dicho requisito. A continuación, también señaló que la anterior información fue posteriormente ratificada por un juez, lo que le da legalidad porque si no se hubiere ratificado la información proporcionada respecto de las líneas telefónicas, la misma no se podría utilizar; sin embargo, acertadamente sostuvo la responsable que al existir esa ratificación, se torna legal la información recabada. De igual forma, respecto de la solicitud de la defensa consistente en la exclusión de los datos inscritos en el oficio 956190/2020, donde se resume la extracción de los aparatos telefónicos porque dicho oficio señala que es de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, esto es, antes de entregarse los aparatos a la fiscalía y de que se otorgara la autorización respectiva, el juez responsable reiteró los argumentos relativos a que, en el caso, se surte la excepción que la ley contempla para que se pudiera ordenar dicha extracción incluso previo a que se otorgara la ratificación o autorización del juez federal; asimismo, por lo que se refiere a la fecha, determinó que se trata de un error porque en la data indicada la fiscalía aún no contaba con los aparatos telefónicos. Criterio que en concepto de quien esto resuelve se considera legal, dado que como bien lo sostuvo el juez responsable, al tratarse del hecho delictivo que la ley señala como secuestro, nos encontramos en un caso de excepción, y las acciones desplegadas por el agente del Ministerio Público tenían la finalidad de localizar y liberar a la víctima del secuestro, de modo que el derecho humano del inculpado que le asistía para salvaguardar su privacidad, debe soportar esa transgresión cuando se encontraba de por medio la integridad física de la víctima del delito y, por ende, titular también del derecho fundamental a la vida, por lo que la solicitud de vaciado de información de los teléfonos celulares y la información que remitió la empresa de telefonía Dipsa, S.A. de C.V., previo a la autorización del juez federal, en este caso es asumida válidamente por la representación social con el objetivo principal de avanzar en la investigación, para ubicar su paradero y, en su caso, lograr su liberación. Se considera lo anterior, porque el precepto legal 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que la autoridad responsable apoyó su determinación, ya fue sometido a control constitucional ante el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de marzo de dos mil dieciocho, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su acumulada 11/2014 presentada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en contra de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa resolución, el Tribunal Pleno declaró la invalidez del primer párrafo del citado artículo 303, mas no así de los restantes párrafos del aludido precepto legal, por ende, la aplicación que del párrafo sexto invocó el juzgador responsable para determinar como válida la información obtenida de los aparatos telefónicos localizados al investigado aquí quejoso, se considera apegada a la legalidad. Aunado a lo anterior, como bien lo puntualizó la autoridad responsable, no se debe perder de vista que la etapa en la que nos encontramos es preliminar, esto es, no se va a dictar sentencia ni se va a determinar ninguna pena, sino a establecer si existen datos suficientes para que siga la investigación de una manera judicializada, que es lo único que se determina a través del auto de vinculación, y que además en esta etapa se está trabajando con datos de prueba, con referencias e información que fue asentada en actas que obran en la carpeta de investigación, es decir, no se está llamando a las fuentes de información para que ratifiquen la información o digan lo que les consta, por lo que de momento es factible tomar la circunstancia relativa a la fecha asentada, como un error. De suerte que, como lo señaló el juzgador responsable, esas situaciones se pueden dirimir en otra etapa cuando acudan las fuentes de información y es entonces cuando se puede verificar si se trata de un error o no, y se valorará de la forma en que corresponda en la etapa procesal oportuna, pero no por el momento, dado que la referencia a que hacen los datos de prueba en esta etapa son suficientes para determinar que cumplieron con la legalidad y licitud, y encuentran concordancia en la investigación, por ello, en forma acertada determinó que la ponderación de esos actos es positiva, en términos de los artículos 265 y 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, en forma correcta el juez responsable sostuvo que los datos de prueba recabados logran sustentar el cuadro fáctico que la fiscalía propuso, en el hecho que la ley contempla como delito de secuestro, porque existió la privación de libertad de la víctima, lo que así se desprende de sus familiares, concretamente con lo señalado por su esposa Jessica Jazmín Cruz Flores, quien dijo que desde el cuatro de junio su esposo Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado desapareció, y acudió a dar cuenta a la autoridad sobre su desaparición; que además, el ocho del mismo mes y año indicado, se corroboró que la víctima está privada de su libertad cuando los familiares empezaron a recibir llamadas, la víctima indirecta a través de llamadas telefónicas, así como Beatriz Juan de Dios Alvarado, hermana de la víctima directa y esposa de Jaime Eduardo Ayala Arancibia, a través de la red social de Facebook y posteriormente vía WhatsApp, donde se les exigía un monto pecuniario por la liberación de la víctima. Información que acertadamente la autoridad responsable consideró útil y suficiente para acreditar el segundo presupuesto del hecho delictivo de privación de libertad, esto es, la finalidad de esa privación que lo es el de obtener un rescate como lo señala en la fracción I inciso a) de la Ley Federal Antisecuestro, lo cual relacionó con lo manifestado por la víctima indirecta Jaime Eduardo Ayala Arancibia, quien empezó a recibir llamadas y mensajes donde se le exigía una cantidad de dinero por la liberación de la víctima, hasta quedar en la suma de veinte mil pesos, de la cual entregaría primeramente tres mil pesos y se pactó esa suma como parte de ese rescate para que liberaran a la víctima. Lo cual robusteció el juez natural con lo señalado por Jorge Enrique Torres Acevedo, persona a la cual la víctima indirecta le pidió ayuda para entregar la cantidad del rescate, y lo que así corroboró dicho testigo quien es el taxista que acudió a entregar ese dinero y al momento de entregarlo fue cuando se realizó la detención del investigado ahora imputado. De igual forma, corroboró lo anterior con los informes de líneas telefónicas; la opinión técnica relacionada con esas líneas, así como el dictamen de extracción y el análisis sobre datos conservados practicados a los aparatos telefónicos; intervenciones técnicas de las que se advierte que existió comunicación entre el número que corresponde al imputado con el de la víctima indirecta y además con el número del taxista pues se identificaron los números de IMEI de esos aparatos y se dio cuenta de que los teléfonos que le fueron localizados al investigado, son precisamente los que se utilizaron para llevar a cabo esas comunicaciones. Lo anterior además lo relacionó el juzgador responsable con lo expuesto por la víctima indirecta en relación con la finalidad de la privación de la libertad y que ese fin perseguido era el de obtener un rescate, así como el estudio psicológico que le fue practicado a dicha víctima el cual da credibilidad a todo lo que narró, porque presenta sintomatología relativa a esos hechos, lo cual abona a su dicho. Además, tomó en cuenta la inspección de objetos de los billetes que fueron entregados como rescate, así como la bicicleta que le fue requerida al investigado, y que desde un principio la víctima indirecta informó que el sujeto activo acudiría a recoger el dinero a bordo de ese objeto de transporte. Así también, destacó el informe de investigación donde se hizo la inspección del lugar del pago del rescate y la detención del imputado, circunstancia respecto de la cual la defensa señaló que no se encuentra debidamente precisado el lugar de detención y pago del rescate, porque la víctima indirecta señaló otro domicilio; sin embargo, al respecto se pronunció el juez de control en el sentido de que, por el momento, lo que se toma en cuenta para definir el lugar donde se llevó a cabo el pago y se detuvo al investigado, es lo que se desprende de la investigación del lugar efectuado por el agente Oscar Iván Reyes Vázquez, quien acudió en compañía de un elemento de la policía y del taxista, y ellos fueron quienes le indicaron el lugar exacto donde se llevó a cabo la entrega del dinero y detención del investigado, lo que constituye un dato objetivo porque en los documentos algunas personas pueden dar un mismo domicilio de forma diferente; sin embargo, las dos personas que estuvieron involucradas tanto en el pago como en la detención del imputado, son las que indicaron el lugar exacto, lo cual -reiteró- es de manera preliminar y está sujeto a ratificación o rectificación con lo que se desprenda de la investigación complementaria y que se va a dirimir de manera concreta al momento que sean desahogados los medios de prueba. Por tanto, en forma correcta sostuvo dicho juzgador, que si bien puede haber cierta variación, no se deja en estado de indefensión al imputado pues en concreto sí se advierte como lugar de los hechos el ubicado en la colonia San Pablo antes del acceso a la Quinta, ello apoyado en un dato objetivo que es el informe de investigación del agente Oscar Iván Reyes Vázquez, el cual es un lugar preciso y ubicable que no influye en el derecho de defensa del imputado. De ese modo, se comparte el criterio del juez responsable, quien estimó suficientes los datos de prueba aportados para tener por acreditado el hecho señalado como secuestro, a que se refiere el artículo 9, fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pues la víctima fue privada de su libertad el cuatro de junio de dos mil veintiuno y se exigió un rescate para su liberación; por tanto, fue correcta la determinación de tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de secuestro en agravio de Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado. Probable participación. Respecto de la probable participación de Miguel Ángel Fernández Castillo, en el hecho que la ley señala como delito de secuestro, el juez responsable estableció que se cuenta con indicios razonables para acreditar su probable participación en calidad de autor, lo que -destacó- si bien se debe dividir el delito de secuestro en momentos de privación, de cautiverio y el que se refiere a la acción o entrega de algún rescate, lo cierto es que se ubica al imputado como la persona que hizo las llamadas y envió los mensajes para pedir el monto pecuniario y además como la persona que acudió al momento de recoger el dinero del rescate, lo que así se sostiene pues se cuenta con el señalamiento directo del taxista Jorge Enrique Torres Alvarado, quien lo vio e incluso señaló algunas de sus características físicas, y posteriormente acudió a realizar el acto de investigación de reconocimiento de persona donde lo reconoce como la persona a quien le entregó el pago del rescate. Lo anterior, lo concatenó el juez responsable con lo señalado por los elementos de la policía municipal quienes acudieron al lugar del pago del rescate donde detuvieron al investigado quien dijo llamarse Miguel Ángel Fernández Castillo y en esencia son coincidentes con todos los actos de investigación, máxime que le fueron encontrados dos teléfonos los cuales al hacer los análisis correspondientes, son los aparatos que fueron utilizados para comunicarse con la víctima indirecta y con la persona que fue a entregar el rescate, de lo que concluyó que existe la probabilidad de que el imputado fue quien realizó dichas actividades. Así también, acertadamente expuso la autoridad responsable, que no se encuentra acreditada alguna causa de excluyente de incriminación ni extinción de la acción penal, por lo que consideró que el hecho que la ley señala como delito de secuestro se cometió de manera dolosa, en términos de los artículos 8 y 9 del Código Penal Federal, dado que cualquier persona sabe que privar de la libertad a otra y pedir un rescate por su liberación es un delito y aun así se realizaron los actos para materializar ese hecho, por lo que se satisfacen los elementos subjetivo y objetivo de ese dolo, el conocimiento y la voluntad. También, determinó como autor material al imputado en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal, dado que se advierte que ejecutó las acciones tendientes a obtener un rescate a través de la privación de la libertad de una persona, por lo que dictó auto de vinculación en su contra por el hecho que la ley señala como delito de secuestro en detrimento de Víctor Manuel Juan de Dios Alvarado, y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa pues ese hecho delictivo está incluido como aquellos a los que se tiene que aplicar dicha medida. En ese estado de cosas, se estima que contrario a lo que sostiene la defensora pública del quejoso, existen datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para vincularlo a proceso, y que se acreditan los elementos constitutivos del hecho que la ley señala como delito de secuestro, así como su probable intervención en su comisión y en ese sentido, también es acertada la determinación de conceder la medida consistente en la prisión preventiva oficiosa, atento a lo que dispone el artículo 19, segundo párrafo, Constitucional, durante todo el tiempo que dure el proceso. Por lo mismo, también es infundado el alegato de la defensa relativo a que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que expusieron los aprehensores en su informe policial homologado son contradictorias con las narradas por el testigo Jaime Eduardo Ayala Arancibia, por lo que al haber diversas versiones sobre las circunstancias del hecho imputado, tal cual fue imputado, este no se acredita y debe desestimarse. Al respecto, cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues como lo señaló el juzgador natural, será en la etapa de juicio donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público cumplen esas características, y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el imputado participó en su comisión, para justificar el auto de vinculación. De modo que, no se advierte vulneración al derecho de defensa del quejoso pues en el caso de que se trata y en atención al cúmulo de consideraciones expuestas, es inconcuso que el juez responsable tuteló en todo momento a favor del quejoso el principio de presunción de inocencia, al constatar que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, valorados en el estado procesal en que actuó, resultaban suficientes para demostrar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; máxime que en la etapa procesal en que se dictó el acto reclamado, estos no han sido desvirtuados por otros medios de convicción; de ahí que su eficacia demostrativa subsiste para los efectos indicados. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar. Apoya lo anterior, la tesis II.2o.P.80 P (10a.), publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2019450, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar." En ese estado de cosas, el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad, lo cual en este caso, a criterio de quien aquí resuelve, se encuentra cumplido cabalmente. Así también, cabe señalar que tal derecho de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad; circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, se advierte que en oposición a lo que argumenta la defensa del quejoso, en el acto reclamado sí se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso, se justipreciaron los datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público y los cuales fueron considerados por el juez responsable como idóneos, pertinentes y suficientes; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia1 de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron cuatro meses en la audiencia inicial- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por tanto, fue legal la determinación del juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación, aunado a que dio contestación a los argumentos y objeciones hechas valer por la defensa y contrario a lo aducido por esta, sí fundó y motivó su determinación. Se sostiene lo anterior porque, -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada la responsabilidad del quejoso en los hechos que se le imputaron, sino sólo tiene como consecuencia hacer del conocimiento del imputado los motivos por los que se sigue la investigación en su contra, aunado a que el plazo concedido para la investigación complementaria es de cuatro meses lapso durante el cual puede presentar pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyeron. Además, como también se estableció en párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan acreditados en la especie, al tenor de los datos de prueba referidos anteriormente. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Fernández Castillo, por conducto de su defensora pública, contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la autoridad responsable en la causa 457/2021, el once de junio de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito de secuestro, por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Hágase nueva relación de dicho pedimento en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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