Miguel Angel Fernandez Álvarez

Expediente 385/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
385/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2016

Partes del expediente

  • Miguel Angel Fernandez Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional interpuesta por Miguel Ángel Fernández Álvarez, por conducto de su apoderado legal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que se desechó la demanda de amparo, además, se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUEINTE AUTO: Ensenada, Baja California, a doce de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, formulado por Miguel Ángel Fernández Álvarez, por conducto de su apoderado legal Guillermo Andrés Casillas Suárez, personalidad que acredita con copia certificada de la escritura 40,603, volumen 1,496, de tres de septiembre de dos mil quince, otorgada ante la fe de la licenciada Socorro Álvarez Ascencio, Notaria adscrita a la Notaría Pública Número 5 de esta ciudad, mediante el cual promueve juicio de amparo indirecto contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 385/2016. Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: "IV.- Acto reclamado: La privación del derecho de posesión y de propiedad, respecto de una fracción de aproximadamente 104,758 metros cuadrados pertenecientes a la parcela cerril con superficie de 33-35-04 hectáreas ubicadas en la Delegación Municipal de Francisco Zarco, Baja California." El promovente en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad manifiesta que en el expediente número 676/97 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de primera instancia de esta ciudad, con fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, fue declarado heredero a bienes de la sucesión de Miguel y Jesús, ambos de apellidos Fernández Villalobos. Señala, que en la sección de inventarios del aludido juicio testamentario, la parcela cerril de 33-35-04 hectáreas referida pertenece en propiedad a los citados en el párrafo que antecede. Finalmente, sostiene el impetrante que el uno de agosto de la anualidad que transcurre se enteró del inminente acto desposesorio de una fracción de aproximadamente 104,758 metros cuadrados ubicadas dentro de la parcela cerril de 33-35-04 hectáreas propiedad única y exclusiva de la sucesión de Miguel y Jesús, ambos de apellidos Fernández Villalobos, de la cual el quejoso aduce ser heredero y poseedor. Manifestaciones a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por tratarse de una confesión expresa, dispositivo legal que señala: "Artículo 95. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita la que se presume en los casos señalados por la Ley". Precisados que fueron los antecedentes de la demanda intentada por esta vía de control constitucional, es menester acotar que conforme a los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, es deber de éste órgano de control constitucional verificar la procedencia de la misma, precisando si se actualiza o no una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que imponga su desechamiento. Debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En otro términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Ahora bien, del escrito de petición del amparo, se aprecia que en el caso se actualiza dicho supuesto, que obliga a este Juzgado a desechar de plano la demanda promovida. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, que puntualizan: En el particular, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario: el quejoso en su carácter de heredero de la sucesión a bienes de Miguel y Jesús, ambos de apellidos Fernández Villalobos carece de legitimación para promover el juicio de amparo. Los numerales en comento disponen que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. Sobre esa base, de los preceptos 1592 y 1593 del Código Civil para el Estado de Baja California establecen que: "ARTICULO 1592.- El albacea debe deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia." ARTICULO 1593.- Son obligaciones del albacea general: I.- La presentación del testamento; II.- El aseguramiento de los bienes de la herencia: III.- La formación de inventarios; IV.- La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; V.- El pago de las deudas mortuorias hereditarias y testamentarias; VI.- La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VII.- La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII.- La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra de ella; IX.- Las demás que le imponga la Ley. Así, de los preceptos transcritos en precedentes se advierte que las únicas personas facultadas legalmente para salir en defensa del haber hereditario en juicio, son el albacea, o en su caso, el interventor judicial, según las circunstancias del caso en concreto. En el caso concreto, el promovente acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña al juicio 797/2008, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de este partido judicial, en virtud de que, sin ser parte ni haber sido llamada al mismo, se le pretende privar de una fracción de aproximadamente 104,758 metros cuadrados ubicadas dentro de la parcela cerril de 33-35-04 hectáreas propiedad única y exclusiva de la sucesión de Miguel y Jesús, ambos de apellidos Fernández Villalobos, de la cual el quejoso aduce ser heredero y poseedor. Sin embargo, el quejoso no cuenta con facultades para promover el juicio, virtud a que las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo pueden ser ejercitadas por el representante legal de la sucesión, esto es, por el albacea de la misma, esto es, Jorge Fernández Álvarez. Entonces, quien se encuentra debidamente legitimado para promover el juicio de amparo, cuando algún acto de autoridad violente los derechos constitucionales correspondientes a la masa hereditaria de la sucesión, lo es el albacea de la misma y no algún heredero, como en el caso acontece, pues el simple hecho de que el ahora quejoso haya sido reconocido o declarado heredero del autor de la herencia, no significa que lo convierta en propietario del bien que defiende, sino que el derecho que reclama como un patrimonio común, es una mera expectativa de derecho del legatario de la herencia, que en su caso quedará definido con la adjudicación de los bienes de la masa hereditaria que se verifique en el juicio sucesorio respectivo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia visible en la página 1462, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Agosto de 2004, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea. Así también, es aplicable a lo anterior la tesis visible en la página 1082, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Febrero de 2003, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual. Bajo esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 17 Constitucional y el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse en el juicio de garantías en que se actúa. Finalmente, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que en copia certificada anexó a su demanda, previa copia certificada que en su lugar se deje y constancia que de su recibo obre en autos, y se tiene como domicilio procesal el ubicado en calle Segunda, número 1086, Zona Centro, de esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma el licenciado Rubén Reynoso Barbosa, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, encargado del despacho a partir del uno al quince de agosto de dos mil dieciséis, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2116/2016, de fecha siete de junio del año en curso, quien actúa ante la licenciada Adriana Margarita Castillo García, Secretaria que autoriza y da fe.

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