Miguel Ángel Félix Rivas

Expediente 253/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
253/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Félix Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de nueve de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo 295/2021-VI, de su índice, del que se advierte, sustancialmente, que dicho órgano jurisdiccional aceptó el returno planteado por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del presente juicio. ARCHIVO Atento a lo expuesto, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso i), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes que se hayan formado con motivo del returno. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes se formó con motivo del returno planteado por el Juzgado oficiante. Por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General.

  2. Principal

    En virtud de no haberse presentado la promovente, a notificarse personalmente del auto de dos de marzo del presente año, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo que se dice firmada por ****, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de **, en su carácter del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 253/2021-III-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). RETURNO Vista la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), aparece el juicio de amparo 95/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el que figuran como parte quejosa Arturo Herrera Valles y Fernando Aviña Alvarado, en el cual reclamó el contenido de la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, con base en lo expuesto, este juzgado advierte la actualización de causa de returno, en términos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales; y su reforma por Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, que en su integridad, establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos o de los titulares de los órganos jurisdiccionales podrá determinar criterios específicos de relación. Dichos criterios deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, y compilarse en un listado que se difundirá a través del portal de Intranet del Consejo. La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos deberá elaborar y mantener actualizado el listado a que se refiere el párrafo anterior. Quedan exentas de crear algún antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo, así como las órdenes de cateo que resulten indispensables para las averiguaciones previas, ello para los órganos jurisdiccionales que las dictan, y no así para los que conocen del amparo. Los acuerdos internos respecto del turno de los asuntos, emitidos por los titulares de los órganos jurisdiccionales, carecen de validez. Cualquier cuestión no prevista se resolverá de plano por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos mediante consulta, sin suspender el trámite ni generar conflicto por razón del turno asignado. Para su solución deberá remitirse únicamente copia certificada de las constancias que se estimen indispensables; así como la propuesta que se plantee y, de resultar procedente, se realizarán las adecuaciones en el sistema computarizado para los casos subsecuentes". En el particular, se estima que se actualiza el supuesto de turno por antecedente previstos en el artículo 46 fracción IV, del Acuerdo General antes invocado. En el caso, del escrito inicial de demanda, se desprende que la promovente Miguel Ángel Félix Rivas, reclama de Lic. Guadalupe Chávez Reyes, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Centro del Estado de Sinaloa., la resolución dictada el tres de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal 576/2020, mediante la cual se dice ordenó la colaboración de un defensor público con la defensa particular del acusado Fernando Aviña Alvarado. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), aparece el juicio de amparo 95/2021 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, del cual se desprenden los siguientes antecedentes: ( Que el juicio de amparo 95/2021, se promovió contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, donde resultó como acto reclamado el contenido de la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en la que fue removido del cargo de abogado Arturo Herrera Valles, abogacía que ejercía a favor de Fernando Aviña Alvarado; (El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo 95/2021; la cual en lo que interesa es del tenor siguiente: "ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Del escrito de demanda se advierte que el promovente reclama al Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el contenido de la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en la que fue removido del cargo de abogado particular a Arturo Herrera Valles abogacía que ejercía a favor de Fernando Aviña Alvarado. En esa medida, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente , se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así, del análisis integral que se realiza al libelo constitucional, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable, por los motivos que se exponen a continuación. En ese contexto, se advierte que respecto de la resolución reclamada, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. De la disposición constitucional transcrita se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreparable. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese caso ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo-, debe producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio, y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda el resultado del fallo. En ese tenor, como se anticipó, se considera actualizada la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En efecto, la determinación que se reclama en la que al quejoso Arturo Herrera Valles fuera removido del cargo de abogado particular de Fernando Aviña Alvarado, misma que fue dictada en audiencia del veintiuno de enero de dos mil veintiuno, por el Juez responsable, no genera una afectación de imposible reparación a los derechos sustantivos de los promoventes, puesto que ello no significa que no se pueda nombrar en un futuro a Arturo Herrera Valles como abogado particular de Fernando Aviña Alvarado; de manera que pese a que se le haya removido dicho cargo, es factible que el justiciable pueda volver a obtener dicho nombramiento, lo que se advierte de la citada resolución, pues el juez de la causa le hizo del conocimiento al procesado que quedaba expedito su derecho de nombrar un abogado. Así, si en un futuro es deseo de Fernando Aviña Alvarado, nombrar a Arturo Herrera Valles como abogado particular, la afectación que pudo resentir dada la determinación del Juez responsable, desaparecería por completo, pues quedaría enteramente satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende a derechos sustantivos, en tanto que de darse ese supuesto no quedaría huella alguna en la esfera jurídica del interesado. Con motivo de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el numeral 113 de la Ley de la materia". Lo expuesto, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al artículo 2o., de la Ley de la Materia. Se cita en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Lo anterior revela que el juicio en que se actúa y el diverso proceso constitucional 95/2021, fueron promovidos por distintos quejosos, sin embargo, lo relevante es que los actos que aquí se impugnan, habrían derivado de la causa penal 576/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, la cual se sigue contra Fernando Aviña Alvarado. Ahora, no obstante que del contenido íntegro de la resolución antes transcrita no se alude que los actos reclamados en esa demanda de amparo (95/2021) hubiesen derivado de la causa penal 576/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, al realizar una consulta en la dirección electrónica: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp Se advierte que efectivamente el juicio de amparo 95/2021, derivó de la causa penal 576/2019, tal como se observa de la certificación de cuenta y de la imagen que enseguida se digitaliza: De manera que se actualizan los supuestos de turno por antecedente previstos en el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General antes invocado, por lo que el presente asunto debe turnarse al citado Juzgado, puesto que los actos reclamados en la presente instancia constitucional se habrían originado de la misma causa penal de la que derivan los actos inherentes al anterior juicio de amparo 95/2021 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Al respecto se cita, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II, página 68, registro 1002126, que dice: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo". En las relatadas condiciones, en aplicación del citado dispositivo normativo del Consejo de la Judicatura Federal y con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo que el Juzgador Federal antes referido tiene del asunto en cuestión, y en virtud de los antecedentes generados por los ya descritos juicios de amparo 95/2021, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado considera que corresponde el conocimiento de este asunto, por razón de turno, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad. En consecuencia, envíese el presente juicio de amparo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que éste a su vez comunique a este juzgado si acepta el conocimiento del asunto, y de ser así, proceda en términos de lo previsto en el artículo 46 del Acuerdo Plenario en consulta. CUADERNO DE ANTECEDENTES Fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de las constancias conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en las instalaciones que ocupa el Instituto de la Defensoría Pública en el Estado, ubicada en el edificio de la Vice Fiscalía Regional Zona Centro, en avenida Alfonso G. Calderón, sin número, Cuarta Etapa del Desarrollo Urbano Tres Ríos, de esta ciudad, asimismo, se tienen designados como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ana María Sánchez Ibarra, María del Pilar Islas Flores y Pedro Flavio Ornelas Cárdenas, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gilberto Gastelum Serrano, Manuel Gómez Rizo y José Francisco Martínez Reyes, por no contar con dicho requisito, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, a efecto de no incurrir en dilación procesal alguna y atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior, así como para las subsecuentes que resulten necesarias en el presente asunto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento a la circular 2/2014 de tres de octubre de dos mil catorce y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.

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