Miguel Ángel Espinoza Nava
Expediente 1154/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Miguel Ángel Espinoza Nava
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 1154/2023 de la estadística de este órgano federal con motivo de la competencia declinada y que lo registró como amparo directo 706/2023; asimismo, informa que una vez que cuente con el informe justificado de la autoridad responsable se pronunciará con respecto a la competencia declinada; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese la comparecencia de la parte quejosa, mediante la cual ratifica su escrito por el cual desahoga la prevención formulada en autos. INCOMPETENCIA En ese sentido, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 34, 47 y 170, todos de la Ley de Amparo, pues se estima que quien debe conocer del asunto es un Tribunal Colegiado de Circuito. Para corroborar tal determinación, debe analizarse lo relativo a la competencia como presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional. En ese contexto, las leyes procesales señalan criterios para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales, entre los que se encuentran, la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En dicho aspecto, la Ley de Amparo contempla los siguientes parámetros: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Ahora, para efectos del estudio pretendido, en el presente asunto interesa destacar la tercera de dichas hipótesis; es decir, la definida por el grado. La competencia por grado, también llamada funcional o vertical, se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica, en la que las facultades se ordenan por grados y, como consecuencia de ello, los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa. Al respecto, los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." De dicha transcripción se obtiene que el amparo directo procede cuando se reclama una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, y conforme al ordinal 170, fracción I, párrafo segundo, de la ley de la materia, se entenderá por sentencias definitivas aquellas que deciden el juicio en lo principal y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que lo dan por concluido. Ahora, para analizar si este juzgado es o no competente para resolver el presente juicio de amparo en atención al criterio delimitativo ya señalado, deben establecerse, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, los actos reclamados por la parte quejosa, atribuidos a la Primera Sala Familiar en Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en: La sentencia emitida el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el toca ********************, del índice de la Primera Sala Familiar en Tlalnepantla, Estado de México, que confirma la sentencia definitiva de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Supernumerario Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, derivada del expediente ********************. Respecto de la precisión de los actos reclamados, se advierte que la nueva resolución dictada por la Primera Sala Familiar en Tlalnepantla, Estado de México, que confirmó la diversa sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, constituye una sentencia que puso fin a la controversia sobre el estado Civil de las personas y el Derecho Familiar. Por tanto, se considera que la determinación reclamada consistente en la sentencia emitida el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el toca ********************, del índice de la Primera Sala Familiar en Tlalnepantla, Estado de México, que confirmó la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Supernumerario Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, derivada del expediente ********************, constituye una sentencia respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario a través de la cual pueda revocarse o modificarse. En consecuencia, la determinación de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el tribunal de segunda instancia, es reclamable a través del juicio de amparo directo. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 168729, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, octubre de 2008, página 2031, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. SU CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DICTÓ EL FALLO QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. El amparo directo promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria pronunciada en un juicio de garantías uniinstancial, es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que dictó el fallo que concedió la protección constitucional, pues es precisamente a dicho órgano al que corresponde pronunciarse sobre el particular, y no a uno diverso, en la medida en que la resolución del juicio de amparo primeramente intentado fue de su conocimiento. En efecto, el criterio de rubro: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. A QUÉ TRIBUNAL COLEGIADO CORRESPONDE SU CONOCIMIENTO.", emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 341, Tomo V, marzo de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resulta orientador para establecer que la resolución de los diversos juicios de amparo que se promuevan en contra de las sentencias que cumplimentan una ejecutoria de amparo, previamente dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, compete al órgano jurisdiccional que previno en su conocimiento, debido a que lo más conveniente es que conozca de él, a efecto de privilegiar la prevalencia del principio de seguridad jurídica que opera en favor de los quejosos. Lo anterior no se contrapone al contenido de los Acuerdos Generales 13/2007 y 12/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en casos como el de la especie no se trata de dilucidar una cuestión inherente al turno de asuntos, de conformidad con las reglas y sistemas previstos para tal efecto, sino de establecer una cuestión de carácter competencial en relación con el conocimiento de un juicio de garantías uniinstancial, vinculado con el cumplimiento de una sentencia de amparo, tal como lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver el conflicto competencial 159/2007, en cuya ejecutoria determinó que atendiendo al principio de seguridad jurídica, compete al Tribunal Colegiado de Circuito que hubiere prevenido en el conocimiento de una primera demanda de amparo y, por ende, que pronunció sentencia en el juicio en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, el conocimiento del segundo o ulteriores juicios de garantías promovidos en contra de las resoluciones en que se hubiere dado cumplimiento al fallo protector." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos numerales 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo. Por ende, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los autos originales de este juicio de amparo y anexo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos legales a que alude el artículo 47 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, mediante el cual remite el escrito de la parte quejosa por el que pretende desahogar la prevención formulada en autos, así como seis copias de traslado y un anexo. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo dado que no lo solicita. En ese sentido, vista la promoción signada presuntivamente por la parte quejosa mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en autos; ahora bien, advirtiendo la falta de identidad entre la firma que aparece en dicho escrito y la plasmada en su demanda, se requiere al ocursante para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta; apercibiéndola, que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Lo anterior, sin perjuicio que, si al ratificar la firma del escrito de mérito, se advierta una diferencia notoria entre ésta y la plasmada en su demanda, este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Espinoza..., por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 1154/2023-VIII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN (...) Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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