Miguel Ángel Espinosa Ayala
Expediente 1108/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Espinosa Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 110-02-12106/2022, suscrito por la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional adscrita a la Secretaría de Economía, con sede en la Ciudad de México, por el que acusa recibo del diverso 11139/2022, con el cual se le notificó el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 5699 recibido vía interconexión y signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso oficio número 11140/2022 del índice de este tribunal, en el que se le notificó el proveído de dieciocho de mayo pasado dictado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por medio de la cual se Negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó negar el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por tanto, se ordena conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio; y, la que otorga calidad de cosa juzgada. Por otro lado, toda vez que la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió para la substanciación del presente juicio de amparo, un tomo en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 78/2021-1, y a la fecha se encuentra concluido el presente juicio; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en atención al escrito de cuenta suscrito por Everardo Juárez Ibáñez, en cuanto apoderado de la moral tercero interesada Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, Sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1108/2021-III, promovido por Miguel Ángel Espinosa Ayala, por su propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, por Miguel Ángel Espinosa Ayala, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: Congreso de la Unión. Cámara de Senadores. Cámara de Diputados. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Juez Segundo de Distrito del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. "IV. ACTOS RECLAMADOS. "De las autoridades responsables marcadas con los incisos del A), B) y C) reclamo su participación, según corresponde en la iniciativa, discusión y votación del Código de Comercio, por ser la norma que contiene los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394, mismos que se tildan de inconstitucionales. Por lo que respecta al PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se reclama la aprobación, expedición, refrendo, promulgación, publicación y en consecuencia, la entrada en vigor del Código de Comercio, por ser la norma que contiene los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394, los cuales se tildan de inconstitucionales. De las autoridades responsables marcadas con los incisos E) y F) reclamo el primer acto de aplicación en perjuicio del suscrito de las normas tildadas de inconstitucionales, al practicar el embargo de fecha 27 veintisiete de octubre de la presente anualidad, trabado al bien mueble de mi propiedad consistente Toyota Hilux CAB GAT DIESEL 4x4, modelo 2018, número de serie MR0HA8C00JI088946, motor IGD.0380840, 4 cilindros, 4 puertas, clave ISAN 1520606, transmisión automática, la cual se insiste, resulta ser propiedad del suscrito tal y como lo ampara la factura número MAH058 expedida por la sociedad mercantil denominada FAME PERISUR S. de R.L. de C.V., siendo este acto de aplicación en mi perjuicio del contenido en los artículos 1392 y 1394 del Código de Comercio, en el juicio ejecutivo mercantil número 78/2021, que sobre pago de pesos, promueve en contra de mi poderdante, la persona jurídica denominada "FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO", ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECTORIZADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO." SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Posteriormente, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil uno, se tuvo como tercera interesada a FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO", ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, a quien se emplazó debidamente a juicio (fojas 48 y 49) y, finalmente se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se reclama una norma general (ley federal), con motivo del primer acto de su aplicación, emitido por una autoridad jurisdiccional federal, con ejecución dentro del ámbito territorial en que este órgano federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis aislada P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis Constitucional, los cuales se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de sus atribuciones: La discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, autorización, refrendo y publicación de los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394 del Código de Comercio. Mientras que del Juez Segundo de Distrito del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad y del Actuario judicial de su adscripción. Se impugna el acto de aplicación de tales ordenamientos consistente en el auto de exequendo de siete y quince de julio de dos mil veintiuno, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 78/2021, cuya ejecución se atribuye al Actuario, durante la materialización de la diligencia de embargo llevada a cabo el veintisiete de octubre de la anualidad referida. Sirve de apoyo a estas consideraciones, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través de la Directora General de Asuntos Jurídicos (fojas 63 a 67), el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía (fojas 78 a 88), al rendir los respectivos informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos atribuidos (identificados en el inciso a), en el respectivo ámbito de su competencia, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del Código de Comercio, de manera particular los artículos 1390 Ter, 1393 y 1394. Lo anterior es así, aun cuando por una parte la Directora de General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía, hayan negado el acto que se le reclamó, ya que su negativa se expresó en relación con el resto de los actos reclamados, no así por cuanto hace a los preceptos legales tildados de inconstitucionales. De igual manera, las responsables Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no rindieron su informe con justificación, no obstante de que fueron debidamente notificados para ello, como se advierte de los acuses de recibo que obran a fojas 105 y 106; por lo que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos a dichas autoridades a ellas reclamados. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por analogía, la siguiente jurisprudencia: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y de interés general, no se necesita acuerdos probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Ahora bien, con independencia de la aceptación o no de los actos reclamados por parte de las citadas autoridades responsables, la existencia de las normas que se combaten está plenamente acreditada, por estar publicada en un medio de difusión general como es el diario oficial de la Federación, lo que constituye un hecho notorio para jueces y tribunales, en términos de lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º. Sobre el particular, es aplicable el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Del mismo modo, es ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, que a la letra dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En relación con el acto concreto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, las autoridades responsables Juez Segundo de Distrito del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, así como el Actuario Judicial de su adscripción, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 40 y 41, en su orden), aceptaron la existencia del acto que se les reclama; acompañando el titular del citado órgano jurisdiccional, copia certificada del expediente 78/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por los apoderados legales de FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO", ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, en contra del ahora quejoso; actuaciones a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. Las causas de improcedencia que se adviertan de oficio, o que hagan valer las partes, deben estudiarse preferentemente, atento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, y, conforme a la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el caso, el Presidente de la República, por conducto de la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía, indica que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con el 63 fracción V de la Ley de Amparo, ya que el promovente, en contra del acto concreto de aplicación, debió agotar el recurso de apelación en su contra. La improcedencia de mérito, se estima infundada, y para ello, debe establecerse que el quejoso, a través de este juicio constitucional, solamente reclama la aplicación de los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394 del Código de Comercio y como acto de aplicación los proveídos de siete y quince de julio de dos mil veintiuno, cuya ejecución se atribuye al Actuario, durante la materialización de la diligencia de embargo llevada a cabo el veintisiete de octubre de la anualidad referida y no como lo precisa la autoridad responsable. En ese sentido, deviene infundada esta invocación de improcedencia, toda vez que no debe perderse de vista que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé como caso excepción a la regla general de agotar previamente los medios ordinarios de defensa, cuando se reclama una disposición legal con motivo de un acto concreto de aplicación, tal como acontece en la especie, ya que es optativo para el justiciable acudir de manera inmediata o interponer el recurso que proceda de manera previa a la acción constitucional; de ahí que sea infundada la pretensión de improcedencia que se alega. A título ilustrativo, se cita la tesis de clave I.6o.C.86 K, publicada en la página 968, del tomo XXIII, relativo al mes de abril de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR RECURSO ALGUNO. De acuerdo con el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el quejoso en el juicio de garantías puede, a voluntad, contra el primer acto de aplicación de la ley, agotar el recurso que proceda y posteriormente acudir al amparo contra la resolución que en éste se dicte, o bien ejercitar la acción constitucional, pero en ninguno de estos supuestos, si no se agota el recurso establecido por la ley estimada inconstitucional trae como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías, dado que si bien es cierto la fracción XIII del artículo y ley invocados establecen su improcedencia cuando existen recursos o medios de defensa dentro del procedimiento judicial que rige el acto reclamado, también lo es que cuando opera la excepción prevista en el comentado tercer párrafo de la fracción XII, que imperativamente preceptúa que si en contra del primer acto de aplicación combatido procede algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado "... será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo", por consiguiente, antes de acudir a éste, no existe la obligación de agotar recurso alguno cuando se reclama principalmente la inconstitucionalidad de una ley, en virtud de que sería contrario a los principios de derecho el que se exija a los quejosos someterse a las disposiciones de la ley cuya obligatoriedad impugnan, por conceptuarla contraria a la Constitución." Asimismo, la representación presidencial alega que en el caso se hace patente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no causan a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, ya que las consecuencias de la posible violación podrían ser favorables si la sentencia que ponga fin al contencioso mercantil le es favorable. Es infundada esta postura, ya que el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto; de ahí que se considere que la determinación controvertida, al contener una orden para que se embarguen bienes de la demandada, es susceptible de afectar la libre disposición de los mismos, afectación que aun obteniendo la quejosa una sentencia favorable no podrá ser resarcida, por lo cual se estima que en su contra sí procede el juicio de amparo indirecto. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 6/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 6/2010, en la página 114, tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exeqüendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exeqüendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo". Por otro lado, indica la autoridad de trato que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo, refiriendo que la parte quejosa carece de interés jurídico, ya que no acredita una afectación. Lo anterior, con base en los argumentos esenciales de que no acredita la existencia del acto concreto de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales y la sola vigencia de la ley no irroga una afectación a la parte quejosa, sino que lo que le causa un perjuicio es el acto de aplicación de las normas controvertidas, en la que no ha tenido injerencia el Presidente de la República; aunado a que la lectura de los conceptos de violación, revela que se dirigen a cuestionar aspectos de legalidad y no de constitucionalidad. En ese sentido, debe calificarse de infundada la pretensión que se atiende. Cierto, en principio los argumentos en que se sustenta la hipótesis de improcedencia propuesta por la referida autoridad, es infundada por cuanto hace a la falta de interés jurídico que le atribuye a la parte quejosa para controvertir las normas que tilda de inconstitucionales al referir la inexistencia del acto de aplicación, puesto que de las constancias del juicio de origen se advierte la existencia del auto de exequendo de siete y quince de julio de dos mil veintiuno, por lo que dicha causal la invoca sin sustento legal alguno. De igual modo, la referida autoridad pierde de vista de que en este asunto no se controvierten los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394 del Código de Comercio, por su sola vigencia, es decir, en su carácter de norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, sino con motivo de actos concretos de aplicación, esto es, en su calidad de preceptos heteroaplicativos o de individualización condicionada. Ello, en la medida que la lectura de la demanda de amparo pone de relieve que el impetrante señala como actos que condicionan su aplicación, el proveído de exequendo de siete de quince de julio de dos mil veintiuno, que admitió a trámite el juicio de origen y ordenó el embargo de bienes de la parte quejosa. De ahí que si en dicha determinación se aplicaron los dispositivos en cita que impugna la parte quejosa, resulta obvio que está en condiciones de controvertir su constitucionalidad a través de esta vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas generales con motivo del primer acto de su aplicación que cause un perjuicio al justiciable. Tal conclusión atiende a que del diverso numeral 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la citada legislación, se desprende que para impugnar una disposición de observancia general que no causa afectación con su sola vigencia, es menester que exista un acto concreto de aplicación, pues sólo de este modo es posible considerar que la misma podría causar un detrimento a los derechos públicos subjetivos de los justiciables, en la medida que se reclama en su forma heteroaplicativa. Por otro lado, contrario a lo que afirma la representación presidencial tampoco se actualiza la improcedencia alegada desde la perspectiva de que la quejosa no cuestiona aspectos de constitucionalidad, sino de legalidad en la aplicación de dichos preceptos. Es así, toda vez que el contenido de los conceptos de violación no puede llevar a determinar la improcedencia del juicio de amparo, pues al momento que se formulan argumentos de disconformidad, ello implica que deben ser motivo de calificación por parte de este órgano jurisdiccional, esto es, si tienen por efecto o no controvertir la constitucionalidad de las normas reclamadas, siempre que no se actualice una causal de improcedencia por razones ajenas que no deben involucrar la forma como se plantean los disensos. Sirve de apoyo la tesis LXX/2002 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, consultable en la página 445m tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, que indica: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso." También es aplicable en los mismos términos la tesis CLXXV/2000, pronunciada por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 447, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." En otro orden, la representante del Presidente de la República, aduce que la quejosa omitió formular conceptos de violación eficaces, pues de los esbozados en la demanda no se aprecia una correlación sucinta y razonada de como los principios constitucionales se ven trasgredidos en su perjuicio con la expedición y promulgación; lo que torna improcedente el presente asunto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso 108, fracción VIII, de la propia legislación. Esta postura es infundada, pues basta acudir al libelo constitucional para apreciar que en la especie existen los argumentos a que hace referencia la fracción VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el contenido de los conceptos de violación no puede llevar a determinar la improcedencia del juicio de amparo, pues al momento que se formulan argumentos de disconformidad, ello implica que deben ser motivo de calificación por parte de este órgano jurisdiccional, esto es, si tienen por efecto o no controvertir la constitucionalidad de las normas reclamadas, siempre que no se actualice una causal de improcedencia por razones ajenas que no deben involucrar la forma como se plantean los disensos. No se inadvierte que la quejosa omitió formular conceptos de violación contra el acto de aplicación y sólo los expresa en contra de la ley reclamada; sin embargo, ello no torna improcedente el presente asunto, bajo el contexto acabado de reseñar (artículo 61 fracción XXIII, y 108 fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo). Lo anterior, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si se reclama una ley y su acto de aplicación, cuya existencia quedó acreditada en autos -como ocurre en el caso concreto- no se surte el referido motivo de improcedencia si la quejosa omite formular conceptos de violación contra el acto de aplicación y sólo los expresa en contra de la ley, porque en tal hipótesis se entiende que el acto concreto se viene impugnando en vía de consecuencia, por los vicios de inconstitucionalidad que se atribuyen al ordenamiento. Esta consideración encuentra sustento en el criterio de la Superioridad publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, mayo de 1997, Novena Época, página 158, de sinopsis: "AMPARO CONTRA LEY. CUANDO SE IMPUGNA JUNTO CON EL ACTO DE APLICACIÓN Y SÓLO SE FORMULAN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTRA AQUÉLLA, TAL OMISIÓN NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO. El artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, previene que la demanda deberá formularse por escrito, en la que se expresen, entre otros requisitos, el concepto o conceptos de violación; de aquí se sigue que de no expresarse éstos, la acción de amparo, por regla general, es improcedente en términos del numeral citado, en relación con el artículo 73, fracción XVIII, de la referida ley; pero si lo que se reclama es una ley y su acto de aplicación, cuya existencia quedó acreditada en autos, no se surte el referido motivo de improcedencia si la quejosa omite formular conceptos de violación contra el acto de aplicación y sólo los expresa en contra de la ley, porque en tal hipótesis se entiende que el acto concreto se viene impugnando en vía de consecuencia, por los vicios de inconstitucionalidad que se atribuyen al ordenamiento". Por otro lado, la propia autoridad señala que también se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61 fracción XXIII, en estrecha vinculación con el diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo, pues a su decir, se está en presencia de actos futuros e inciertos, en la medida de que se aduce principalmente como acto reclamado el embargo de bienes propiedad del quejoso, lo cual también es desacertado puesto que de las constancias que conforman el juicio ejecutivo mercantil de origen, la cuales gozan de plena eficacia jurídica al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, se obtiene que el auto de exequendo de quince de julio de dos mil veintiuno, ordenó el embargo de bienes de la aquí quejosa, por ser un derecho de garantía a favor de la parte tercero interesada; lo que lleva a desestimar la causa de improcedencia que se analiza bajo el contexto apuntado. Por último, aduce la representante legal del Presidente de la República, que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, aduciendo que la expedición y promulgación del Código de Comercio, se consumaron desde el momento de su emisión. Al respecto, se estima infundada dicha causal, toda vez que el hecho de que se haya efectuado la expedición y promulgación del Código de Comercio, en específico los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394 que se reclaman, no pueden considerarse con consumados de manera irreparable, ya que siguen produciendo sus efectos, a través del auto de aplicación que impugna, lo que no impide el análisis de su constitucionalidad. En tal virtud al haberse declarado infundadas las causas de improcedencia hechas valer y al no existir diversas que hayan hecho valer las partes ni tampoco se advierta de oficio por este Juzgador, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de la inconstitucionalidad. Por cuestión de método, se realiza el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario de amparo en relación con el tema de inconstitucionalidad que atribuye a los citados numerales, desde el punto de vista material de los preceptos y no en cuanto a su proceso de creación; de modo que, los argumentos de inconstitucionalidad material, son de estudio preferente, pues en caso de que alguno resultara fundado, la declaración de inconstitucionalidad afectaría a todo el ordenamiento legal, e incluso al acto de aplicación, siendo ocioso el estudio de legalidad, en primer término, del acto de aplicación. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis número I.15o.A.4 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1064, tomo XXI, marzo de dos mil cinco, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, la cual es del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. ORDEN DE ESTUDIO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y MATERIAL DE UN ORDENAMIENTO GENERAL. De lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución General de la República se desprende que un ordenamiento general puede ser cuestionado alegando su inconstitucionalidad formal o su inconstitucionalidad material. En el primer supuesto, controvirtiendo el ordenamiento en atención a vicios en su creación que pudieron haberse suscitado en su emisión o promulgación, o bien, sobre argumentos relativos a la carencia de facultades de la autoridad expedidora, es decir, haciendo referencia a la inconstitucionalidad del procedimiento que se exige para la formación de la ley y a la falta de facultades de las autoridades para expedirlas; en el segundo supuesto, sobre la base de argumentos relativos a vicios propios y concretos en uno o varios de los artículos del ordenamiento, esto es, concretando la violación a preceptos específicamente impugnados, prescindiendo del organismo del que emane y de la forma como se elaboró la ley, para tener en cuenta, exclusivamente, la naturaleza propia y esencial de un precepto legal o de un acto en el cual se concreta y exterioriza la ley. Al tenor de esas precisiones, es patente que la eficacia y trascendencia de los argumentos de inconstitucionalidad formal e inconstitucionalidad material son distintas, pues los primeros conducen necesariamente a la declaración de inconstitucionalidad del ordenamiento general y de sus actos concretos de aplicación, mientras que los segundos, a la declaración de inconstitucionalidad del precepto legal tildado de inconstitucional por vicios propios y de igual manera de sus actos de aplicación. En esa tesitura, si en una demanda de amparo se reclama un precepto legal y al respecto se hacen valer argumentos de inconstitucionalidad formal y subsidiariamente argumentos de inconstitucionalidad material, los primeros son de estudio preferente, pues en caso de que alguno resultara fundado, la declaración de inconstitucionalidad afectaría a todo el ordenamiento legal, y sólo en caso de que éstos no prosperen deben estudiarse los otros, siempre y cuando los preceptos legales particularmente controvertidos, de revestir naturaleza heteroaplicativa, hayan sido aplicados en perjuicio del quejoso.". Son infundados los conceptos de violación que plantean la inconstitucionalidad de los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394 del Código de Comercio. Al respecto, la parte solicitante del amparo básicamente sostiene que los citados preceptos legales trasgreden su derecho fundamental de audiencia, pues sin ser oído y vencido en forma previa a la emisión del acto privativo, facultan a la autoridad judicial para ordenar el embargo de bienes en el juicio mercantil ejecutivo, además de que aun cuando quedara insubsistente el aseguramiento no podría ser restituida de la afectación producida durante el tiempo que no tuvo la disposición de los bienes. Añade que cuando se embargan y secuestran bienes dentro de un juicio de esa índole, sin previa audiencia del gobernado, se rompe el equilibrio procesal favoreciendo al accionante, ya que dichos actos (embargo y secuestro) tienen una ejecución de imposible reparación al reo, que no es susceptible de repararse por el hecho de obtener sentencia favorable en la contienda principal, pues aun cuando se levantara el embargo, no podría restituírsele en la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embargo, dado que ese menoscabo en el disfrute de la garantía durante ese lapso, quedó irreparablemente consumada. Y que entonces al no prever las disposiciones legales que se combaten, un procedimiento por virtud del cual se le deba dar intervención y audiencia al demandado, antes de desposeerlo y privarlo de sus bienes es lógico y jurídico concluir su inconstitucionalidad, por violación a las garantías de audiencia y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Como preámbulo se destaca que, aun cuando el auto de exequendo es un acto de imposible reparación porque implica el embargo de bienes, esto sólo atañe a la posibilidad de combatirlo a través de esta vía de amparo, pero en ningún modo puede significar, por sí mismo, que las disposiciones que lo prevén sean inconstitucionales, de ahí que sea necesario realizar el estudio correspondiente. Es ilustrativa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS RESPECTO DE SU ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DE UN PROCESO JURISDICCIONAL, NO IMPLICA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS. La circunstancia de que el juicio de amparo resulte procedente respecto del acto de aplicación de una ley, que tuvo lugar dentro de un proceso jurisdiccional, en virtud de tener sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, de ninguna manera implica la inconstitucionalidad de la ley reclamada y de su acto de aplicación, pues el hecho de que este último tenga tales efectos, en tanto que constituye un requisito de procedencia de la instancia intentada, únicamente otorga al quejoso el derecho a obtener, de no actualizarse una diversa causa de improcedencia de las previstas en el artículo 73 del propio ordenamiento, una resolución en la que el órgano de control constitucional determine si tales actos de autoridad se apegan o no a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, la parte quejosa parte de una premisa errónea al considerar que los supuestos previstos en los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394 del Código de Comercio, por cuanto al embargo de bienes, constituye un acto de privación violatorio de la garantía de audiencia. Para determinar los alcances de la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo, resulta necesario trascribirlo: "Artículo 14. .Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". La garantía de audiencia, a la que se constriñe el artículo trascrito, consiste en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como lo son la vida, la libertad y sus propiedades o posesiones. Ahora bien, el acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, lo es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; en cambio, en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un fin diverso. Así, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo, se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por lo contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto en forma previa al acto, la garantía de audiencia, mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva precisamente de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen las garantías de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad, y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación, que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, supuesto que ambos pueden generar esa "privación", y en esa medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia. Por ello es que se afirma que la distinción establecida por los numerales 14 y 16 de la Constitución deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia, de los efectos a que puede dar lugar. Los perjuicios -en sentido amplio- al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución como por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; lo que no puede servir de base para distinguir entre ellos, pues ese efecto puede presentarse en ambos. Tampoco puede estimarse que la distinción entre dichos actos esté constituida por su mayor o menor reparabilidad, como lo pretenden los quejosos, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. Es por ello, que el análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre la juridicidad del mismo, lo que supone que, previamente, se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de lo que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, como se dijo, para concluir si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional debe atenderse a su finalidad. Sobre el particular, cabe invocar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 81, tercera parte, séptima época, a foja 15, que señala: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURIDICA, GARANTIAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCION. ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional". Ahora bien, el texto de los artículos 1390 Ter, 1392, y 1394 del Código de Comercio es el siguiente: "Artículo 1390 Ter.- El procedimiento ejecutivo a que se refiere este Título tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución previstos en el artículo 1391. Artículo adicionado DOF 25-01-2017 "Artículo 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. "Artículo 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." Del análisis de los artículos transcritos, se desprende que establecen una medida provisional consistente en la orden de embargo, dictada en un procedimiento judicial, que tiene como finalidad el aseguramiento en el cumplimiento de una obligación por parte del deudor demandado a favor del acreedor, promovente del juicio; así como la forma de efectuarlo. El embargo es un acto judicial, que tiene por objeto la afectación de un bien del deudor para garantizar el pago de un crédito, con la consecuente indisponibilidad del bien afectado, mientras se resuelve en definitiva la procedencia del pago que se reclama, afectación que se realiza a través de la ejecución de la orden judicial respectiva y la entrega del bien secuestrado a un depositario, o bien, el nombramiento de un interventor en los casos en que la conservación del bien secuestrado lo requiera, como lo es el de las negociaciones mercantiles. De ahí que, del análisis de los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394 del Código de Comercio vigente, se desprende que establecen una medida provisional consistente en la orden de embargo y el procedimiento que ha de seguirse para llevarlo a cabo, los cuáles son dictados en un procedimiento judicial, que tiene como finalidad el aseguramiento en el cumplimiento de una obligación por parte del deudor demandado a favor del acreedor, promovente del juicio, fundado en un documento que trae aparejada ejecución. Por otro lado, es conveniente establecer que el embargo es un acto judicial el cual tiene por objeto la afectación de un bien del deudor para garantizar el pago de un crédito, con la consecuente indisponibilidad del bien afectado, mientras se resuelve en definitiva la procedencia del pago que se reclama, afectación que se realiza a través de la ejecución de la orden judicial respectiva y la entrega del bien secuestrado a un depositario, o bien, el nombramiento de un interventor en los casos en que la conservación del bien secuestrado lo requiera, como lo es el de las negociaciones mercantiles. Tal afectación, que se realiza a través del embargo, no implica una privación de la propiedad del ejecutado, ni la constitución de un derecho real a favor del acreedor, quien no tiene ningún poder sobre la cosa embargada, sino que su efecto consiste en poner el bien objeto del embargo a disposición del Juez, para procurar garantizar el pago que se reclama, y su naturaleza, por tanto, es provisional. En estas condiciones, es dable considerar que el embargo que se llegue a practicar en bienes propiedad de los agraviados, es un acto judicial que no produce privación en los derechos que se señalan en el artículo 14 constitucional, por lo que la constitucionalidad de su regulación no depende de que aisladamente se cumpla, en el acto mismo, con la exigencia de la garantía de previa audiencia al afectado, ya que dicho acto forma parte de un procedimiento judicial que es el que debe cumplir los requisitos que antes quedaron precisados, en tanto que la resolución que se dicte en éste será la que constituya el acto privativo y no el embargo que, en forma precautoria y como medida de aseguramiento, se decreta para garantizar el pago reclamado. Por esta razón, carecen de sustento los razonamientos del quejoso, atinentes a que la causa de la privación a consecuencia del embargo, deriva de las normas reclamadas, porque como ya se ha indicado, ni el embargo provisional ni su consecuencia constituyen actos de privación definitiva. Además, debe tenerse presente que la posibilidad de ordenar un embargo siempre deriva del acreditamiento de la contraparte, de un derecho preexistente, que da lugar a la emisión del auto ejecutivo, por lo que la falta de establecimiento de la garantía de previa audiencia se justifica con la finalidad de asegurar los bienes del deudor para el cumplimiento efectivo de una obligación a cargo del ejecutado, que proviene de un derecho exigible, cuya invalidez requiere prueba en contrario. Por lo tanto, aunque el embargo constituyera un acto de molestia al afectado, su establecimiento en el ordenamiento legal reclamado no contraviene lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en tanto que se trata de una medida provisional dictada en un procedimiento, y por ende, no constituye un acto privativo de los que refiere el citado precepto constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 53/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." De igual forma, resulta aplicable la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro señala: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." De ahí que resulten infundados los conceptos de violación que vierte la parte quejosa cuando aduce que el embargo y secuestro tienen una ejecución de imposible reparación al reo, que no es susceptible de repararse por el hecho de obtener sentencia favorable en la contienda principal, pues aun cuando se levantara el embargo, no podría restituírsele en la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embargo, dado que ese menoscabo en el disfrute de la garantía durante ese lapso, quedó irreparablemente consumada, por lo que al no prever las disposiciones legales que se combaten, un procedimiento por virtud del cual se le deba dar intervención y audiencia al demandado, antes de desposeerlo y privarlo de sus bienes es lógico y jurídico concluir su inconstitucionalidad, por violación a las garantías de audiencia y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En efecto, lo anterior es así, puesto que la garantía de audiencia, como ya se mencionó, consiste en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como lo son la vida, la libertad y sus propiedades o posesiones. Ahora bien, el acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, lo es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; en cambio, en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un fin diverso. Así, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo, se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por lo contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado, de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto en forma previa al acto, la garantía de audiencia, mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva precisamente de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen las garantías de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad, y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación, que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, supuesto que ambos pueden generar esa "privación" y, en esa medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia. Por ello es que se afirma que la distinción establecida por los numerales 14 y 16 de la Constitución deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Los perjuicios -en sentido amplio- al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución como por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; lo que no puede servir de base para distinguir entre ellos, pues ese efecto puede presentarse en ambos. Tampoco puede estimarse que la distinción entre dichos actos esté constituida por su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto, y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre la juridicidad del mismo, lo que supone que, previamente, se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de lo que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, como se dijo, para concluir si un acto queda regido por lo dispuesto por el artículo 14 constitucional debe atenderse a su finalidad. Sobre el particular, cabe invocar el siguiente precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." Ahora bien, el texto del artículo 1392 del Código de Comercio es el siguiente: "Artículo 1392.- Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien." Artículo reformado DOF 24-05-1996, 10-01-2014 Del análisis del texto transcrito, se desprende que establece una medida provisional consistente en la orden de embargo, dictada en un procedimiento judicial, que tiene como finalidad el aseguramiento en el cumplimiento de una obligación por parte del deudor demandado a favor del acreedor, promovente del juicio. Ahora bien, el embargo es un acto judicial, que tiene por objeto la afectación de un bien del deudor para garantizar el pago de un crédito, con la consecuente indisponibilidad del bien afectado, mientras se resuelve en definitiva la procedencia del pago que se reclama, afectación que se realiza a través de la ejecución de la orden judicial respectiva y la entrega del bien secuestrado a un depositario, o bien, el nombramiento de un interventor en los casos en que la conservación del bien secuestrado lo requiera, como lo es el de las negociaciones mercantiles. La afectación que se realiza a través del embargo no implica una privación de la propiedad del ejecutado, ni la constitución de un derecho real a favor del acreedor, quien no tiene ningún poder sobre la cosa embargada. Su efecto consiste en poner el bien objeto del embargo a disposición del Juez, para procurar garantizar el pago que se reclama, y su naturaleza, por tanto, es provisional. En estas condiciones, la orden de embargo con el nombramiento de un depositario interventor, es un acto judicial que no produce privación en los derechos que se señalan en el artículo 14 constitucional, por lo que la constitucionalidad de su regulación no depende de que aisladamente se cumpla, en el acto mismo, con la exigencia de la garantía de previa audiencia al afectado, ya que dicho acto forma parte de un procedimiento judicial que es el que debe cumplir los requisitos que antes quedaron precisados, en tanto que la resolución que se dicte en éste será la que constituya el acto privativo y no el embargo que, en forma precautoria y como medida de aseguramiento, se decreta para garantizar el pago reclamado. Por esta razón, carece de sustento el razonamiento del quejoso, atinente a que la causa de la privación en el depósito deriva de la norma reclamada porque, como ya se ha indicado, ni el embargo provisional ni su consecuencia constituyen actos de privación definitiva. Además, debe tenerse presente que la posibilidad de ordenar un embargo siempre deriva del acreditamiento de la contraparte, de un derecho preexistente, que da lugar a la emisión del auto ejecutivo, por lo que la falta de establecimiento de la garantía de previa audiencia se justifica con la finalidad de asegurar los bienes del deudor para el cumplimiento efectivo de una obligación a cargo del ejecutado, que proviene de un derecho exigible, cuya invalidez requiere prueba en contrario. Respecto de las medidas cautelares, como de la que se trata en la especie, nuestro Mas Alto Tribunal ha sostenido que las características procesales de estas medidas son: "a) son medidas provisionales en cuanto a que sólo duran hasta la conclusión del proceso; b) son accesorias, en cuanto no constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen de un proceso principal; c) son sumarias, en cuanto que por su misma finalidad se tramitan en plazos muy breves, y; d) son flexibles, en cuanto que pueden ser modificadas o revocadas cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan.". También sostuvo que las características inherentes a tales medidas provisionales son las que justifican su existencia, y es en su carácter de provisionalidad en donde radica su constitucionalidad, por no tratarse de actos privativos definitivos. Debe ponerse de manifiesto que tratándose de medidas precautorias, la propia Constitución autoriza que se actúe en contra de un particular aun antes de oírlo en su defensa, como sucede con el artículo 16 de dicho cuerpo legal que permite que los Jueces expidan órdenes de aprehensión antes de que el afectado sea escuchado en su defensa; así también en materia civil se han aceptado procedimientos ejecutivos en los que el afectado es lesionado en sus derechos en forma cautelar, antes de ser oído. Sustenta el anterior criterio, la tesis aislada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época en Materias(s): Constitucional, Civil, bajo el Registro digital: 232162, que a la letra dice: "EMBARGO O SECUESTRO. GARANTÍA DE AUDIENCIA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE.- Del texto del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, que consagra la garantía de audiencia, se desprende que para que proceda la privación de alguno de los bienes tutelados por este precepto (propiedades, posesiones o derechos) es necesario que medie un juicio en el que el afectado, después de ser oído y admitidas sus pruebas, resulte vencido, caso en el cual ya no puede considerarse conculcada la garantía de audiencia. En esas condiciones, si dentro de un procedimiento o previamente a él, una autoridad competente priva a un particular de una propiedad, posesión o derecho, no puede considerarse que dicha privación sea definitiva, y que con ello se viole la garantía de audiencia, pues, precisamente, el acto de embargo o secuestro tiene lugar dentro o previamente al procedimiento en el que se cita al afectado para que haga valer sus defensas, estando siempre sujeto el acto de privación a las resultas del procedimiento, para que en caso de que el afectado resulte vencido se lleve a cabo la privación definitiva." Por tanto, aunque el embargo constituyera un acto de molestia al afectado, su establecimiento en el ordenamiento legal reclamado no contraviene lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en tanto que se trata de una medida provisional dictada en un procedimiento y, por tanto, no constituye un acto privativo de los que refiere el citado precepto constitucional. Pues, siendo la garantía de audiencia, la prerrogativa que el numeral constitucional mencionado establece en favor del gobernado, consistente en otorgarle la oportunidad de defensa previo al acto privativo de la libertad, la propiedad, posesiones o derechos, cuyo respeto impone a las autoridades la obligación de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, por ser éstas las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto de privación, que según quedo anotado en párrafos precedentes, se traducen en el cumplimiento de requisitos tales como: 1. La notificación del inicio del procedimiento; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar y; 4. El dictar una resolución que dirima las cuestiones debatidas; resulta evidente que para ello, debe tratarse de un acto de privación definitiva, y no como sucede en la especie, de un acto en el que el precepto reclamado autoriza al juzgador a ordenar, en el supuesto de no pago del adeudo demandado, el embargo de bienes suficientes que garanticen dicho adeudo, que sólo redundaría en un acto de privación provisional, por tratarse de una medida precautoria, encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar el éxito de una reclamación. Ciertamente, es de explorado derecho que los actos de privación que el artículo 14 constitucional condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables; de lo que se sigue que no cabría considerar que el magno dispositivo prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezca como medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, como lo es el embargo previsto por el artículo 1392 del Código de Comercio, encaminados como se dijo, al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar el éxito de una reclamación en base a un título de crédito que lleva aparejada ejecución, que en todo caso queda sujeto a la tramitación normal del juicio de que se trate en que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en su momento procesal oportuno la resolución correspondiente. De ahí lo infundado de sus conceptos de violación en estudio. Por último, resultan inoperantes las manifestaciones que vierte el quejoso en su demanda de amparo, cuando aduce que el Juez Segundo de Distrito responsable se encontraba obligado a estudiar la procedencia de la vía intentada por la parte actora, misma que fue planteada en términos de lo dispuesto por el primer párrafo de ese numeral; y, que el estado de cuenta certificado que fue presentado y que el juez tuvo como documento fundatorio de la acción, no cumple con los requisitos establecidos en el numeral en cita, ya que carece del requisito preciso en relación al número de escritura, puesto que dicho requisito no fue llenado. Fundando dicho criterio en la tesis del rubro: "ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO. LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PUEDEN SER MATERIA DE ESTUDO OFICIOSO.". Sin embargo, como ya se señaló, dichos argumentos son inoperantes, puesto que no constituyen la materia de la inconstitucionalidad de los numerales 1390 Ter, 1392 y 1393 del Código de Comercio que reclama, así como el acto de aplicación que lo constituyen los autos por los que se decretó el auto de exequendum y el acto de aplicación relativo al embargo practicado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; aunado a que dentro de las actuaciones que constituyen el presente juicio constitucional, se desprende que con fecha veinticuatro de diciembre de la anualidad referida, el juez de Distrito de origen, declaró improcedente el incidente de improcedencia de la vía que promovió el allá demandado y aquí quejoso (fojas 57 a 60 de autos). En esas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación en estudio, procede negar el amparo a la parte quejosa por lo que hace a las normas generales reclamadas. Lo cual se extiende al auto de exequendo en que se aplicaron, así como su ejecución atribuida al actuario responsable, al no haberse reclamado por vicios propios. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta y siete, del tomo I, primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada.". Es conveniente precisar, que las jurisprudencias que sustentan esta sentencia constitucional, fueron invocadas tomando en consideración que no se oponen a lo establecido por la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Miguel Ángel Espinosa Ayala, por su propio derecho, respecto de los actos que reclamó del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, autorización, refrendo y publicación de los artículos 1390 Ter, 1392 y 1394 del Código de Comercio, así como respecto de los actos de aplicación y su ejecución, atribuidos al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y el Actuario Judicial de su adscripción, por las razones expuestas en el quinto considerando de la presente sentencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en que los permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.-
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