Miguel Ángel Escalona Grijalva
Expediente 619/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/02/2019
Partes del expediente
- Miguel Ángel Escalona Grijalva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos, el oficio de cuenta y anexo que se acompaña, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio administrativo 442/2018. En razón de que este asunto se desechó por improcedente, y mediante auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, la presidencia de este tribunal colegiado declaró firme el citado auto; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atento a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que el presente expediente no tiene relevancia documental y es destruible, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante nuevamente acusa recibo de los autos, del juicio administrativo 442/2018. Finalmente, devuélvanse el presente asunto al archivo de este tribunal colegiado. Cúmplase. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, estado de México, a veintidós de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación hecha por la secretaria de acuerdos de este tribunal colegiado, en la que se hace constar que transcurrió el plazo de tres días, que establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que se impugnara el auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, en el cual la presidencia de este tribunal colegiado desechó por improcedente la demanda de amparo promovida. En esas condiciones, al no interponer medio de impugnación alguno; en consecuencia, se declara firme tal proveído. Consecuentemente, devuélvanse a la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los autos originales del juicio administrativo 442/2018, solicitando el acuse respectivo. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de enero de dos mil diecinueve. . Se tiene por recibido el oficio de cuenta con el que se remite la demanda de amparo de que se trata, así como los autos originales del juicio administrativo 442/2018, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Acúsese recibo. No pasa desapercibido para esta presidencia, que en el oficio de cuenta, la magistrada de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, señala que remite, entre otras cosas, su informe con justificación, el cual no es recibido por este tribunal con las constancias que se anexan al mismo; no obstante lo anterior, se hace innecesario requerir a la autoridad responsable, a efectos de que lo remita, toda vez que, resultaría ocioso, pues, se advierte que la demanda de amparo es improcedente, de acuerdo a las consideraciones siguientes: De un análisis realizado a la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Escalona Grijalva, por derecho propio, se advierte que señala como autoridades responsables: "(.) III.- III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridad responsable en su carácter de ordenadora: LA TERCERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, LIC. LYDIA ELIZALDE MENDOZA (.) Como EJECUTORAS: AL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA TERCERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO (.)", y como acto reclamado: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO.- La SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA TERCERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, LIC. LYDIA ELIZALDE MENDOZA, bajo el número de expediente 442/2018, de fecha 25 de octubre del año en curso y que me fuera notificada por estrados por la anunciada autoridad ordenadora el 13 de noviembre de 2018, tal y como lo acredito con la razón de estrados publicada por DICHA SALA REGIONAL por conducto del actuario habilitado LIC. DAVID AXELL MAGAÑA BENÍTEZ (.)". Sentencia que se tiene a la vista, con lo que se acredita su existencia, en la cual se resolvió: "(.) PRIMERO.- Se declara el S O B R E S E I M I E N T O del presente juicio administrativo intentado por Miguel Ángel Escalona Grijalva, en contra de los actos emitidos por el Coordinadora de Verificación Comercial, dependiente de la Tesorería Municipal y Coordinación Municipal de Protección Civil, ambos del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, así como Juan Guillermo Mendoza V., en su carácter de visitador adscrito a la Coordinación de Verificación, atendiendo al segundo considerando de la presente sentencia (.)" Por su parte, el artículo 285, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 285.- Procede el recurso de revisión en contra de: (.) III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; (.)" Como se ve, el artículo transcrito establece que procede el recurso de revisión, entre otras hipótesis, en contra de las resoluciones que decreten el sobreseimiento en el juicio, con lo que se llega al convencimiento de que la demanda de amparo resulta ser improcedente, en razón de que la parte quejosa no agotó previamente el recurso ordinario que establece la ley que rige el acto reclamado, a través del cual puede ser modificada o revocada la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio administrativo 442/2018. Máxime, que dicho código no permite a la promovente renunciar al medio de impugnación referido. Por otra parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: --- I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Artículo del que se obtiene que, el juicio de amparo directo, competencia de los tribunales colegiados de circuito, procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, o que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, en contra de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. En tales condiciones, si en el presente caso, el acto reclamado consiste en la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio administrativo 442/2018, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es claro que no se trata de una sentencia definitiva, pues, como se expuso, puede ser modificada o revocada por medio del recurso de revisión previsto en el artículo 285, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Cuestión que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Tiene aplicación la jurisprudencia número P./J.17/2003, sustentada por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo VXIII, correspondiente al mes de Julio de 2003, en la página 15, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." Es preciso señalar, que no es inadvertido para esta presidencia que también se señala como autoridad responsable al actuario adscrito a la sala responsable, sin embargo, dicho servidor público no puede revestir la calidad de autoridad responsable en el presente asunto, pues no dicto la sentencia que se reclama en la presente vía, aunado a que no se le atribuyen actos propios. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, 170 y 179 de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Escalona Grijalva, por derecho propio, en contra de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio administrativo 442/2018, del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo I, correspondiente al mes de Abril de 2015, en la página 95, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Asimismo, con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. Notifíquese personalmente. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
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