Miguel Ángel Ernesto Del Valle Rogel

Expediente 2044/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2044/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
07/09/2016

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ernesto Del Valle Rogel
  • Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos para los efectos legales a los que haya lugar el escrito de cuenta, por medio del cual, el autorizado legal de los terceros interesados, solicita la devolución de los documento que exhibió en el presente juicio de garantías. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del citado código, como lo solicita el promovente devuélvase los documentos que refiere, previo desglose y copia que en su lugar se deje en autos así como de razón que por su recibo se asiente, por persona autorizada para tal efecto.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 2044/2015, promovido por Miguel Ángel Ernesto del Valle Rogel, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Miguel Ángel Ernesto del Valle Rogel, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: Autoridades Responsables. "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ---A). JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO; con domicilio en Privada Benito Juárez sin número, Barrio El Salitre, Tenancingo, Estado de México." Acto Reclamado. "IV. LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: --- a).- Sentencia Interlocutoria de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince dictado en autos del Juicio Sucesorio Intestamentario numero 1094/2012 radicado ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México y notificado el día dos de diciembre de dos mil quince, en la que resuelve infundado e improcedente el recurso de revocación interpuesto por el suscrito." SEGUNDO. El impetrante de garantías señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, cuyo titular mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil quince (fojas 11 a 13), admitió a trámite la demanda de amparo, solicitándose el informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, por lo que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y previo diferimiento, fue celebrada en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. II. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a tomar en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal contexto, de la atenta y cuidadosa lectura de la demanda de amparo y del informe justificado se obtiene que la parte quejosa reclama: - La resolución interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil quince, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1094/2012, que resuelve el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de noviembre de dos mil quince. Es aplicable la jurisprudencia número 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, sirve sustento la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." III. Certeza del acto reclamado. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 17 a 20); por ende, se tiene por acreditada su existencia. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 1094/2012, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario." IV. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, las causas de improcedencia se analizan de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo o en caso de que las partes invoquen alguna de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de la materia; en consecuencia, toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice alguna, resulta procedente entrar al estudio de la litis constitucional planteada, sin que sea obligación analizar todas las causas de improcedencia previstas por el precepto en cita. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, Tomo VII, Junio de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." V. No transcripción de los conceptos de violación. Los conceptos de violación se contienen en la demanda, que no se transcriben en virtud que la Ley de Amparo no contiene dispositivo legal que así lo ordene; además, esa cuestión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." VI. Constitucionalidad del acto reclamado. Son inoperantes los conceptos de violación expuestos, como se explica. Previo a constatar el aserto anterior, y para mejor comprensión del asunto, es necesario relacionar los siguientes antecedentes: El diez de octubre de dos mil doce, el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México, recibió la demanda signada por Lilia Magdalena Martha y José Alberto, ambos de apellidos del Valle Rogel mediante la cual demandaron la Sucesión Intestamentaria a bienes de Manuel del Valle Estrada, apoyándose en los hechos y preceptos de derecho que estimaron conducentes. En auto de once de octubre siguiente se admitió a trámite la demanda. En diligencia de seis de noviembre de dos mil doce, se llevó a cabo el emplazamiento de Miguel Ángel Ernesto del Valle Rogel, hoy quejoso, en su calidad de presunto heredero, y mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre siguiente, solicitó se le reconociera su derecho a heredar. Por resolución de veinticuatro de febrero de dos mil quince, se declararon como únicos y universales herederos a Lilia Magdalena Martha, José Alberto, Emma Virginia María de Jesús y Miguel Ángel Ernesto, todos de apellidos del Valle Rogel. El diez de marzo de dos mil quince tuvo verificativo la junta de herederos, en la que, por mayoría de votos, se nombró como albacea de la sucesión a Lilia Magdalena Martha del Valle Rogel, quien aceptó y protestó el cargo conferido. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil quince, Lilia Magdalena Martha del Valle Rogel, inició la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario, para lo cual presentó el inventario y avaluó de los bienes que constituían el caudal hereditario, entre los que destaca el inmueble ubicado en el lote marcado con el número uno, de la subdivisión del inmueble ubicado en la esquina de las calles Madero y Pablo González Casanova, antes la Paz, de Tenancingo, Estado de México; inmueble que se encontraba en arrendamiento, manifestando que los contratos relativos los tenía el heredero Miguel Ernesto del Valle Rogel, quien fue removido del cargo de albacea en el diverso juicio 171/2011, del índice del mismo juzgado. Mediante escrito de dos de julio de dos mil quince, Lilia Magdalena Martha del Valle Rogel, albacea de la sucesión intestamentaria, solicitó se requiriera a Miguel Ángel Ernesto del Valle Rogel, para que exhibiera los contratos de arrendamiento celebrados. Por auto de tres de julio siguiente, se dio vista a Miguel Ángel Ernesto, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho importase. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil quince, Lilia Magdalena Martha del Valle Rogel, albacea de la sucesión intestamentaria, solicitó que la ejecutora adscrita se constituyera en el inmueble inventariado a efecto de que fuesen requeridos los arrendatarios y exhibieran los contratos de arrendamiento, recibos de pago de rentas, y que los pagos subsecuentes se cubrieran a través del juzgado. En auto de treinta y uno de julio siguiente, se acordó el escrito antes descrito, por lo que se ordenó notificar en el inmueble que conforma la masa hereditaria a: la persona moral denominada Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria, Sociedad Anónima de Capital Variable; Herbalife, por conducto de Salvador Sánchez Díaz; Grupo Financiero Ibursa; y, a María Becerra "N", haciéndoles saber que las rentas las debería pagar a la representante legal de la sucesión a bienes de Manuel del Valle Estrada. En proveído de la misma fecha se aprobó la segunda sección de inventarios y avalúos. Mediante escrito presentado el quince de septiembre de dos mil quince, Miguel Ángel Ernesto del Valle Rogel, manifestó que el contrato celebrado con la empresa Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encontraba exhibido en el juicio 171/2011, por lo que se encontraba imposibilitado para exhibirlo; respecto de la persona moral Herbalife, no se había celebrado contrato, ya que él tenía dicho negocio; y que respecto a María Becerra Guadarrama, dicha persona es su concubina, y quien actualmente le ayuda con el negocio de "tortería", por lo cual también se encontraba imposibilitado para presentar un contrato de arrendamiento, ante su inexistencia. El escrito de referencia fue acordado en auto de diecisiete de septiembre siguiente, por lo que se ordenó dar vista a los coherederos con su contenido. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil quince, el albacea de la sucesión, solicitó se pusiera en posesión material del inmueble referido. En proveído de veinticuatro de septiembre siguiente, se ordenó requerir a Miguel Ángel Ernesto del Valle Rogel, para que entregara el local comercial respecto del negocio Herbalife, y el diverso que ocupaba su concubina como "tortería" y/o el importe correspondiente a la renta de los locales ocupados. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil quince, Lilia Magdalena Martha del Valle Rogel, albacea de la sucesión intestamentaria, solicitó se requiriera nuevamente a Miguel Ángel Ernesto del Valle Rogel, la entrega de los locales comerciales, así como el importe de la renta donde se ubica el negocio "Tortería Emanuel". En auto de la misma fecha, se acordó el escrito de referencia, apercibiendo de multa en caso de incumplimiento. En desacuerdo con lo anterior, Miguel Ángel Ernesto del Valle Rogel interpuso recurso de revocación, y por auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince se admitió a trámite. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, se resolvió el citado medio de impugnación cuyo resolutivo dice: "ÚNICO. Por las consideraciones que han quedado vertidas en la presente resolución, se declara infundado e improcedente el agravio hecho valer por MIGUEL ÁNGEL ERNESTO DEL VALLE ROGEL, en consecuencia, se confirma el auto de fecha once de noviembre de dos mil quince, quedando firme y con efectos legales el mismo." La resolución anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, una vez efectuado el análisis de los citados conceptos de inconformidad contenidos en la demanda de amparo, como se adelantó, resultan inoperantes. Lo anterior es así, ya que una parte de los argumentos expresados son una reiteración o repetición, casi literal, de los agravios expresados en el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 1094/2012. En este sentido, si las alegaciones vertidas en los referidos motivos de disenso en la realidad tan sólo reiteran los agravios, sin controvertir las consideraciones del fallo cuya constitucionalidad se cuestiona, demostrándose en su caso su ilegalidad; entonces, indiscutible resulta que deben declararse inoperantes, al no rebatir lo razonado por la autoridad responsable. Así, para confirmar objetivamente la conclusión de que algunos conceptos de violación son ineficaces y deben desestimarse, por ser una real y verdadera reiteración de las inconformidades vertidas en los agravios planteados ante el Juez responsable, es conveniente relacionar el texto del escrito de expresión de agravios del hoy inconforme, para constatar lo que ahí se asentó. Agravios. Conceptos de violación. 1.- Dicho auto, viola los principios esenciales del procedimiento contenido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación directa con los artículos 6.225 del Código Civil del Estado de México y 1.134 del Código Procesal de la Materia, mismos que a la letra dicen: --- (Se transcriben). --- Auto que a la letra dice: --- (Se transcribe parte conducente). --- Lo anterior es así, pues dicho auto viola el artículo 14 Constitucional, en virtud de que su Señoría pasa por alto que es indispensable respetar el derecho de audiencia del suscrito como poseedor, pues pasa por alto que también tengo derecho a la posesión de los bienes hereditarios; consecuentemente es que dicha entrega de posesión en todo caso se debe hacer encuadrándose en los términos de ley para evitar dejarme en estado de indefensión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esto es así pues la simple lectura del dispositivo 6.225 de la ley sustantiva de la materia contempla que los herederos tenemos derecho a la posesión de los bienes hereditarios, en consecuencia y como la misma Albacea lo ha manifestado es el suscrito quien en todo momento he detentado dicha posesión, es que la entrega de esta tiene tiene que ser en vía incidental, lo anterior a efecto de que no dicha entrega no me vulnere mis derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; en virtud de que el albacea deberá justificar la razón por la cual solicita la posesión, es decir, de que realizará actos tendientes a obtener recursos en pro de efectuar los gastos de administración que caen dentro de su esfera de acción, y que la entrega de la posesión material sólo se justifica cuando se comprueba que los herederos dilapidan los bienes o impiden al albacea el desempeño de su función; pues de otra manera se les privará del derecho a la posesión legítima que les concede la ley, lo que sería violatorio de garantías individuales; por lo que su Señoría deberá resolver la litis incidental, con el ánimo de lograr un debido equilibrio entre las obligaciones del albacea y los derechos de los herederos, porque la naturaleza especial de la institución jurídica del albacea le implica una representación tanto en favor del autor de la herencia como de los derechos de los herederos, por lo que no podría válidamente aceptarse que, si el albacea no justifica la necesidad de tener la posesión material del inmueble, deba ineludiblemente entregársela ésta en detrimento de intereses que también el albacea está obligado a salvaguardar y representar en el procedimiento sucesorio, como son los derechos de los herederos. Sirve de sustento la siguiente Jurisprudencia: --- (Transcribe datos de localización). --- "BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIA LA PROMOCIÓN DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL)." (Se transcribe). --- 2.- Dicho auto, viola los principios esenciales del procedimiento contenido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación directa con los artículos 6.227 del Código Civil del Estado de México y 1.134 del Código Procesal de la Materia, mismos que a la letra dicen: --- (Se transcriben). --- Auto que a la letra dice: --- "." --- Lo anterior es así, pues dentro de las obligaciones de los albaceas a que se refiere el artículo 6.227 de la ley sustantiva de la materia, de ninguna de ellas se desprende literalmente que este deba tener la posesión de los bienes que conforman la masa hereditaria, consecuentemente y al no existir dispositivo legal por el cual le deba entregar la posesión del bien hereditario a la Albacea, es que el auto dictado por su Señoría me deja en total estado de indefensión, en virtud de que el albacea judicial no puede tener, ni aun de manera interina, la posesión de los bienes, sino que sólo los recibirá por inventario y tendrá el carácter de simple depositario, sin poder desempeñar otras funciones administrativas que las de mera conservación y las referidas al pago de las deudas mortuorias con autorización judicial; situación la anterior que su Señoría deberá de valorar al momento de resolver en definitiva el presente recurso. --- Sirve de sustento la siguiente Tesis: --- (Transcribe datos de localización). --- "ALBACEA JUDICIAL. CARECE DE FACULTAD PARA TENER, AUN INTERINAMENTE, LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS BIENES DEL DE CUJUS, CUANDO ÉSTOS ESTÁN EN POSESIÓN DE LOS HEREDEROS, PUES SU FUNCIÓN ES LA DE SIMPLE DEPOSITARIO SIN MÁS ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE LAS DE MERA CONSERVACIÓN Y LAS REFERIDAS AL PAGO DE LAS DEUDAS MORTUORIAS." (Se transcribe). --- Por las consideraciones expuestas, me veo en la necesidad de recurrir al auto referido, a fin de que éste sea revocado y, en su lugar, se dicte el que en derecho corresponde, por ir en contravención a lo dispuesto en los preceptos legales invocados en este escrito. PRIMERO.- Se violan los principios esenciales del procedimiento contenido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación directa con los artículos 6.225 del Código Civil del Estado de México y 1.134 del Código Procesal de la Materia, mismos que a la letra dicen: --- (Se transcriben). --- Lo anterior es así, pues dicho auto viola el artículo 14 Constitucional, en virtud de que su Señoría pasa por alto que es indispensable respetar el derecho de audiencia del suscrito como poseedor, pues pasa por alto que también tengo derecho a la posesión de los bienes hereditarios; además que el suscrito posee desde hace más de veinte años el local que pretende que le sea entregado al albacea de la sucesión intestamentaria sin embargo el local que pretende le sea entregado es en el que trabajamos mi concubina como el suscrito, para obtener el medio económico para vivir, y al entregar la posesión a la albacea de la sucesión me dejaría sin trabajo ya que de la venta de la tortería es con la que nos mantenemos tanto mi concubina y el suscrito, por lo que el Juez de origen al emitir en el auto que a la letra dice requiérase a MIGUEL ÁNGEL ERNESTO DEL VALLE ROGEL para que entregue el local respecto del negocio Herbalife y el que ocupara su concubina como tortería y/o el importe correspondiente a la renta de los locales ocupados me deja sin medios para dejarme sin trabajo y por consecuencia el medio con el cual sufrago los gastos más inmediatos. Pasando por alto que el local que pretenden les haga entrega desde que mis padres vivían me lo entregaron para que lo utilizara de negocio y poder mantener a mi familia y que mis hermanos estuvieron de acuerdo pues durante más de veinte años permitieron que el suscrito MIGUEL ÁNGEL ERNESTO DEL VALLE ROGEL lo tuviera en posesión sin ningún problema, y ahora sin justa causa la albacea pretende que le sea entregado, y el juez de origen sin concederme garantía de audiencia emite el requerimiento del local dejando al suscrito en completo estado de indefensión. --- Lo anterior es así, pues dicho auto viola el artículo 16 Constitucional, en virtud de que el juez de origen al requerirme la entrega deja al suscrito en completo estado de indefensión ya que de ninguna forma funda ni motiva la causa legal de su requerimiento aunado que no se me concede la garantía de audiencia a la cual tengo derecho sin tomar en cuenta que el suscrito he poseído el bien en calidad de propietario en forma pacífica, pública y de buena fe, desde que mis padres en vida me lo entregaron para que pudiera utilizarlo de negocio y así mantener a mi familia, estando todos mis hermanos de acuerdo con la decisión de mis padres ya que por más de veinte años he poseído el local sin ninguna oposición de nadie a pesar de que mis padres hayan fallecidos y ahora el juez violando lo establecido en el artículo 16 que a la letra dice: (Se transcribe). --- Esto es así pues la simple lectura del dispositivo 6.225 de la ley sustantiva de la materia contempla que los herederos tenemos derecho a la posesión de los bienes hereditarios, en consecuencia y como la misma Albacea lo ha manifestado es el suscrito quien en todo momento he detentado dicha posesión, es que la entrega de esta tiene tiene que ser en vía incidental, lo anterior a efecto de que no dicha entrega no me vulnere mis derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; en virtud de que el albacea deberá justificar la razón por la cual solicita la posesión, es decir, de que realizará actos tendientes a obtener recursos en pro de efectuar los gastos de administración que caen dentro de su esfera de acción, y que la entrega de la posesión material sólo se justifica cuando se comprueba que los herederos dilapidan los bienes o impiden al albacea el desempeño de su función; pues de otra manera se les privará del derecho a la posesión legítima que les concede la ley, lo que sería violatorio de garantías individuales; por lo que su Señoría deberá resolver la litis incidental, con el ánimo de lograr un debido equilibrio entre las obligaciones del albacea y los derechos de los herederos, porque la naturaleza especial de la institución jurídica del albacea le implica una representación tanto en favor del autor de la herencia como de los derechos de los herederos, por lo que no podría válidamente aceptarse que, si el albacea no justifica la necesidad de tener la posesión material del inmueble, deba ineludiblemente entregársela ésta en detrimento de intereses que también el albacea está obligado a salvaguardar y representar en el procedimiento sucesorio, como son los derechos de los herederos. Sirve de sustento la siguiente Jurisprudencia: (Transcribe datos de localización). "BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIA LA PROMOCIÓN DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL)." (Se transcribe). --- SEGUNDO.- Se violan en mi perjuicio los principios esenciales del procedimiento contenido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación directa con los artículos 6.227 del Código Civil del Estado de México y 1.134 del Código Procesal de la Materia, mismos que a la letra dicen: --- (Se transcriben). --- Lo anterior es así, pues dentro de las obligaciones de los albaceas a que se refiere el artículo 6.227 de la ley sustantiva de la materia, de ninguna de ellas se desprende literalmente que este deba tener la posesión de los bienes que conforman la masa hereditaria, consecuentemente y al no existir dispositivo legal por el cual le deba entregar la posesión del bien hereditario a la Albacea, es que el auto dictado por su Señoría me deja en total estado de indefensión, en virtud de que el albacea judicial no puede tener, ni aun de manera interina, la posesión de los bienes, sino que sólo los recibirá por inventario y tendrá el carácter de simple depositario, sin poder desempeñar otras funciones administrativas que las de mera conservación y las referidas al pago de las deudas mortuorias con autorización judicial; situación la anterior que su Señoría deberá de valorar al momento de resolver en definitiva el presente recurso. --- Sirve de sustento la siguiente Tesis: (Transcribe datos de localización). --- "ALBACEA JUDICIAL. CARECE DE FACULTAD PARA TENER, AUN INTERINAMENTE, LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS BIENES DEL DE CUJUS, CUANDO ÉSTOS ESTÁN EN POSESIÓN DE LOS HEREDEROS, PUES SU FUNCIÓN ES LA DE SIMPLE DEPOSITARIO SIN MÁS ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE LAS DE MERA CONSERVACIÓN Y LAS REFERIDAS AL PAGO DE LAS DEUDAS MORTUORIAS." (Se transcribe). --- Por las consideraciones argumentadas y expuestas anteriormente solicito a este Órgano de Justicia Constitucional se declare la ilegalidad del auto de fecha nueve de octubre de dos mil quince (sic) dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, y con base a ello se nos (sic) otorgue LA PROTECCIÓN Y EL AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL, para efectos de que se deje condene (sic) a la autoridad demandada a emitir una nueva sentencia, donde se admita a trámite la apelación propuesta (sic). Atendiendo al cuadro comparativo que antecede, tales motivos de disenso son inoperantes al constituir una reiteración textual de lo aducido en los agravios expuestos ante el Juez responsable en el recurso de revocación. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia II.2o.C. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 845, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 2000, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.- Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Ahora, en cuanto a los conceptos de violación en los que el quejoso sostiene que: a. El inmueble requerido lo ha poseído desde hace más de veinte años, siendo que dicho local comercial es en el que trabaja con su concubina para obtener el medio económico para vivir, y al entregar la posesión al albacea de la sucesión se le deja sin trabajo, ya que de la venta de la "tortería" es con la que se mantiene junto con su concubina. b. Que el local cuya entrega se pretende, desde que sus padres vivían se lo entregaron para que lo utilizara de negocio y poder mantener a su familia, además de que sus hermanos estuvieron de acuerdo pues durante más de veinte años permitieron que lo tuviera en posesión sin ningún problema, y ahora sin justa causa el albacea pretende que le sea entregado. c. El juez de origen sin concederle garantía de audiencia emite el requerimiento del local dejándolo en completo estado de indefensión. d. Se soslaya que posee el bien en calidad de propietario en forma pacífica, pública y de buena fe, desde que sus padres en vida se lo entregaron para que pudiera utilizarlo de negocio y así mantener a su familia, estando todos sus hermanos de acuerdo con la decisión de sus padres. Los anteriores conceptos de violación reseñados son también inoperantes, atento a que no fueron expuestos como agravios en el recurso de revocación, por ende, tal circunstancia impide su análisis en el juicio de garantías, toda vez que no formaron parte de la litis natural; razón por la cual lo procedente es desestimar los motivos de inconformidad que se hacen valer. Se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia número 332, visible en la página 222 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI Materia Común, que a la letra dice: "LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si una cuestión no ha sido materia del debate ante las autoridades de instancia, no puede serlo de la litis constitucional, ya que ello sería contrario a la técnica del amparo, conforme a la cual la sentencia que en éste se pronuncie, sólo tomará en consideración las cuestiones planteadas en el debate ante la potestad común." En tales circunstancias, si los argumentos ahora expuestos no fueron planteados vía agravio en el recurso de revocación, y no se advierte una violación manifiesta a la ley que hubiere dejado sin defensa al impetrante de garantías, pues precisamente los pudo haber hecho valer en el medio de impugnación aludido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 12/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 39, Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios". Finalmente, debe precisarse que la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, en razón de que el Juez responsable estableció los antecedentes del recurso de revocación, determinó de manera correcta la litis, atendió a los agravios formulados por el recurrente, ahora quejoso, los cuales calificó de infundados e inoperantes; asimismo, invocó los fundamentos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como del Código Civil aplicable en la entidad. En consecuencia, la resolución reclamada está fundada y motivada, dado que se expusieron las razones que llevaron a confirmar el auto recurrido, debido a que por confesión expresa del recurrente, los locales comerciales se encuentran generando activos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 268, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1241, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación; Apéndice 1917-Septiembre 2011, Novena Época, cuyo rubro y contenido dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así como la tesis número P. CXVI/2000, del Pleno del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 143, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación, y al no haberse evidenciado que el acto reclamado sea violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, lo que procede es negar la protección federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a ********************, por propio derecho, respecto del acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintidós de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual devuelve diligenciado al exhorto 304/2016, número de orden 507/2016, de este índice, enviado para realizar la primera notificación del presente juicio a la tercera interesada L.F.V.R. Acúsese el recibo correspondiente. Las anotaciones correspondientes háganse en el libro respectivo. Luego, visto lo asentado de manera precedente, así como el estado procesal de los autos, se advierte que los acuerdos de veintidós de diciembre de dos mil quince, diecinueve de enero de dos mil dieciséis y veintidós de junio último, se notificaron el seis de julio de dos mil dieciséis, al tercero interesado; por tanto, el plazo de tres días otorgado en la última de las actuaciones referidas, a fin que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió sin que así lo hiciera; razón por la cual, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado en la determinación mencionada y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal al tercero interesado en cita, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de los autos, se advierte que por determinación de veintidós de los cursantes (folio 226), este órgano jurisdiccional ordenó el emplazamiento del tercero interesado ********************, por medio de exhorto, sin que al dictado de este proveído se cuente con la diligencia respectiva o la razón de su imposibilidad; así, para permitir lo anterior y no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con quince minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, para su verificativo.

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