Miguel Ángel Domínguez Rojas

Expediente 457/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
457/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Domínguez Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el treinta de mayo de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Glósese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, firmado por el Encargado del Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado correspondiente al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de dicho Instituto, en virtud de haber sido recibido en forma extemporánea a la hora de la audiencia constitucional, la cual se celebró y se emitió la sentencia correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 457/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal -recibida el diecinueve siguiente-, Miguel Ángel Domínguez Rojas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, y Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del referido instituto y delegación, consistentes en: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: De ambas autoridades reclamo: 1. Del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca se reclama la falta de resolución a mi solicitud para que me sea otorgada la pensión por viudez por muerte de mi extinta concubina, Concepción Moctezuma Ramírez, misma que por ley me debe ser otorgada y que dicha autoridad ha omitido resolver de manera procedente. 2. Del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo, Delegación Oaxaca (sic) se reclama la falta de resolución a mi solicitud para que me sea otorgada la pensión por viudez por muerte de mi extinta concubina, Concepción Moctezuma Ramírez, misma que por ley me debe ser otorgada y que dicha autoridad ha omitido resolver de manera procedente." Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. En proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda de mérito, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio; aunado a que las autoridades responsables tienen su domicilio dentro del territorio en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo se precisa las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Delegado y Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, la omisión de emitir resolución a la solicitud para que se le otorgue al quejoso la pensión por viudez de quien en vida fuera su concubina, Concepción Moctezuma Ramírez. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. Por su parte, se tiene como presuntivamente cierto el acto reclamado al Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que no rindió informe con justificación, pese a estar debidamente emplazada. Cabe destacar que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, de ahí que la negativa de la autoridad responsable no es una negativa simple, sino calificada, porque importa una afirmación, de modo que las autoridades deben acreditar que, previo a la presentación de la demanda de amparo, emitieron la resolución relativa a la pensión cuya omisión se les reclama, pero siempre y cuando se encuentren obligadas a realizar esa conducta. Así, para determinar la existencia del acto (omisión de emitir la resolución de otorgamiento de pensión) se debe partir del análisis integral y sistemático de la garantía constitucional que se aduce infringida, de las obligaciones que de estas se derivan a cargo de las autoridades a quienes se formula una solicitud por parte de un gobernado y de los hechos que quedaron demostrados en el sumario en que se actúa. De esa forma, cuando el acto reclamado, se trata de una omisión en que ha incurrido alguna autoridad, el órgano jurisdiccional debe, en primer lugar, analizar y formarse convicción de si existe o no la conducta de omisión que se les atribuye a las responsables, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para luego definir si es o no inconstitucional, es decir, se debe establecer si existe o no la conducta de no hacer que se reclama de las autoridades responsables. Así, el peticionario de amparo se encuentra constreñido a demostrar que las citadas autoridades responsables a quienes les imputó la abstención de emitir la determinación para que se le otorgue la pensión por viudez reclamada, estaban obligadas a proceder en el sentido pretendido en su demanda. Esto es, para poder tener por existente el acto de autoridad de aspecto negativo es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que se realizó una solicitud, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a éstas, que cumplieran con la solicitud que pudiera no obrar en su poder. Entonces, la parte quejosa debe acreditar que ejerció su derecho de pedir en forma escrita, pacífica, de manera respetuosa y, precisamente, ante las autoridades en cuestión. Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, la parte quejosa exhibió como medios de convicción los siguientes: Copia simple de lo actuado dentro del juicio de jurisdicción voluntaria número 314/2020, radicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Oaxaca, del cual se advierte que el quejoso tuvo una relación de concubinato con Concepción Moctezuma Ramírez. Copia certificada del acta de defunción de Concepción Moctezuma Ramírez, lo que acredita que dicha persona falleció. Copia simple de la hoja única de servicios con folio 2408/2021 expedida por el Jefe de Departamento de Registros y Controles, mediante el cual se da de baja por defunción de Concepción Moctezuma Ramírez, lo cual acredita que ante el fallecimiento de la persona en cita se le dio de baja. Copia simple del último talón de pago de sueldo de Concepción Moctezuma Ramírez, como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, con número de comprobante 008095043, de lo que se obtiene que dicha persona era trabajadora de dicha institución y obtenía una remuneración. Talón de pago de sueldo de sueldo a nombre del quejoso Miguel Ángel Domínguez Rojas, como trabajador del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con número 012679549, relativo a la segunda quincena de marzo de dos mil veintidós, de lo que se tiene que el quejoso es trabajador de dicha institución y obtiene una remuneración por tal actividad. Copia simple de la credencial de elector a nombre del quejoso Miguel Ángel Domínguez Rojas, con clave de elector DMRJMG78080320H500, expedida por el Instituto Nacional Electoral, lo cual acredita la identidad del promovente de amparo. Del material probatorio se obtiene que el quejoso tuvo una relación de concubinato con Concepción Moctezuma Ramírez, que esta última falleció, por lo cual se le dio de baja como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, en el cual laboran tanto el quejoso como la finada, y que obtenían una remuneración por su actividad, así como la identidad del promovente de amparo; sin embargo de manera alguna se acredita con prueba idónea alguna que se haya realizado la petición a las autoridades responsables. Así, en autos no obra prueba alguna idónea que acredite que la parte quejosa presentó un escrito en el cual solicitara el pago de pensión a su favor ante las autoridades responsables -incluso ante la omisa de rendir su informe justificado-, tal como lo establece el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que éstas no están obligadas a atender a lo que no les ha sido solicitado. Apoya lo anterior las consideraciones en la tesis 2a. CXLI/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 197269, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 366, cuyo sumario es el siguiente: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." En ese sentido, toda vez que no se acreditó que ante las autoridades responsables se realizó una petición de solicitud de pensión por la parte quejosa, no es congruente imputarles la abstención reclamada, es decir, no exhibió el acuse de recibo de su escrito de solicitud de pago de pensión. Máxime que, en su informe justificado la responsable Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, ya que en el punto siete de la demanda de amparo se precisó que la petición fue elevada ante la diversa autoridad responsable. Luego, el quejoso no desvirtuó esa manifestación, además, cobra relevancia el hecho de que toda autoridad tiene la obligación de responder a cualquier petición que se le realice, siempre y cuando el escrito que la contenga le sea allegado de manera directa, siendo esto lo único que daría certeza sobre el conocimiento que tuvo de la misma, ya que de lo contrario se le dejaría en un estado de indefensión tal que la obligaría a responder cualquier solicitud, aun cuando la desconociera. En consecuencia, dado que la negativa informada por la responsable no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia del acto reclamado antes indicado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". SEXTO. Autorizacio´n mediante Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 457/2022, promovido por Miguel Ángel Domínguez Rojas, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de este fallo, en términos de los motivos y fundamentos expuestos en el diverso penúltimo, ambos de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte, la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, contra el auto que declaró cumplida la sentencia de amparo; en consecuencia, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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