Miguel Angel Díaz Rodríguez

Expediente 912/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
912/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Díaz Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a las autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de autos se aprecia que no se pudo notificar personalmente al quejoso Miguel Ángel Díaz Rodríguez, la sentencia firmada el treinta y uno de enero del presente año, por los motivos asentados en la razón actuarial de cuenta; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, proceda cualquiera de los actuarios de la adscripción a realizarle la notificación del referido acuerdo, así como las subsecuentes que surjan en el presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista de estrados que se publica en este Juzgado Federal. Notifíquese. I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 912/2017-IV-A, promovido por ****, en contra de los actos que reclama de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *****, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a este expediente, para los efectos legales correspondientes, el oficio sin número suscrito por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Yucatán, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por sí y en representación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores señalada en este juicio, y anexos que adjunta; que remite en cumplimiento a la solicitud que se le hizo por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes; relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, SE ACUERDA: toda vez que de las constancias que el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Yucatán, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores anexó a su oficio sin número, registrado con el número de promoción 17812, se aprecia que únicamente remitió las documentales relativas al procedimiento de ejecución de los créditos fiscales con número de folio 315152Y7018243100, 315145Y7018243100, 315161Y7018243100 y 315156Y7018243100, sin adjuntar las constancias del procedimiento administrativo que debió llevar a cabo en contra del aquí quejoso, para poder determinar la procedencia de dichos créditos fiscales. En consecuencia, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en mejores condiciones de resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la nombrada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que quede notificada de este proveído, remita a este órgano de control constitucional, copia certificada y legible de todas las constancias antes mencionadas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se le concede, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. En mérito de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia programada para las nueve horas con cincuenta minutos del once de diciembre del año en curso, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que aún se encuentran realizando los trámites pertinentes a fin de que obre correcta y completamente integrado el juicio y así poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional. De ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional para determinar su diferimiento, si en el caso es evidente que la misma en el corto plazo que existe entre la presente y aquélla, sería imposible materialmente que se cumpliera la anteriormente ordenada. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la tesis Décima Época, Registro 2002712, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C.1 K (10a.), Página: 1322, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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